Como un acto de valentía y como una medida extrema, 12 madres integrantes de la colectiva Madre Yo sí te creo, iniciaron una huelga de hambre este jueves 30 de mayo para exigir al Congreso de Jalisco que apruebe y publique la iniciativa de Ley Vicaria que permanece congelada desde hace más de dos años. Instalaron un campamento afuera del Centro de Justicia para las Mujeres.
La acción responde al ultimátum dado a las y los diputados con fecha del 27 de mayo; sin embargo, hasta el momento ningún representante del Congreso de Jalisco o de la Secretaría General de Gobierno se han acercado a dar certezas o explicaciones sobre su demanda. Tampoco ha acudido personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
De manera simultánea, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco lleva a cabo también una huelga de hambre a las afueras del Poder Legislativo.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“¿Si ya estamos en huelga de hambre y el Estado y el Congreso y diferentes autoridades no se han presentado, entonces, qué tendrán que hacer las mujeres de Jalisco para ser escuchadas. Hoy es la Ley Vicaria, mañana qué otra ley puede ser, qué otra problemática social?” cuestiona Nato Montes, presidenta y fundadora de la colectiva Madre Yo sí te creo, tras 10 horas de haber iniciado la Huelga de hambre por la Ley Vicaria en Jalisco.
A su lado, 11 madres que decidieron poner sus cuerpos y su salud como garantía, para que el Estado, a través del Poder Legislativo cumpla con su deber de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y junto con ésta a sus hijas e hijos, a quienes les han arrebatado junto a su vínculo filial materno.
Nato, Sara Lomelí, Paty Isaac, Chantal, Mayte, Cessna, Ale, Jazmín, Yaneth, Noemí, Arely, Tere, Andrea Paun, Fanny, Lizvette, Liz, Mary Santi, Nati Alaniz, Cecilia y Araceli representan a más de un centenar de mujeres que también viven violencia vicaria y que forman parte de esta colectiva. La mayoría de ellas mantienen vigentes medidas de protección y llevan consigo pulsos de vida por el riesgo que representan sus agresores -todavía libres-.
Se trata de una acción valiente y extrema, han reconocido las madres, a la que fueron orilladas ante el incumplimiento al ultimátum que el pasado 11 de mayo dieron a las y los diputados, quienes por más de dos años han mantenido en “la congeladora” esta iniciativa de ley.
Encadenadas simbólicamente y marcando en el reloj las 10:33 a.m del jueves 30 de mayo, estas 12 madres denunciaron en su pronunciamiento público que, el Congreso de Jalisco, se ha resistido a legislar en favor de una violencia específica de género, como lo es la violencia vicaria, “demostrando apatía e ignorancia”.
Y es que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la constitucionalidad de la violencia vicaria como una violencia de género que se comete en contra de las mujeres, al tiempo que fue publicada desde el 17 de enero de 2024, en el Diario Oficial de la Federación, obligando a los estados a homologar esta determinación en sus legislaciones.
“El Congreso de Jalisco está retardando la aprobación de la ley y peor aún su punto esencial: una ley específica para madres y sus hijas e hijas que están siendo víctimas de esta violencia” afirmó al megáfono, Nato Montes.
Señalaron que, esta legislatura, conformada en su mayoría por mujeres, ha ignorado su lucha y manifestaciones durante estos dos años, es decir, desde que en febrero de 2022 fue presentada la iniciativa de ley. “No permitiremos que el Estado siga vulnerando nuestros derechos con una ley ineficaz” expresaron.
En ese sentido, advirtieron que, personas allegadas al congreso, así como, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Marcela Padilla, han declarado que la obstaculización de la ley se debe a que “hay bancadas opositoras creando incertidumbre y falta de transparencia”.
Las madres han compartido públicamente las razones por las cuales han decidido unirse a esta huelga de hambre, las cuales, versan entre la indignación y el rechazo colectivo a estas formas de violencia estructural e institucional, hasta la manifestación del dolor, el cansancio y la rabia que les provoca esta espera que favorece a sus agresores vicarios y les mantiene lejos de sus hijas e hijos.
“Porque vivir en un Jalisco sin ley me mantiene con miedo”,
“Por los más de 1000 días que he vivido sin mis hijos y por la violencia que sigo viviendo en este camino, donde lejos de tener justicia, la violencia institucional sigue creciendo”.
“Porque ya estoy cansada de ser controlada por el papá de mi hijo, sólo por romper el silencio y separarme de él”.
Areli Mendoza, se nombra a sí misma como una sobreviviente de violencia vicaria. A ella, su agresor la denunció con partes médicos falsos que fueron emitidos por el Hospital militar; con este antecedente irregular, ilegal e injusto le arrebataron a sus cuatro hijos, uno de ellos, apenas un bebé de 10 meses que todavía alimentaba con leche materna.
Lleva 446 días sin ellos, pero no se rinde y asegura permanecerá en huelga de hambre los días que sean necesarios “para que oigan mi voz y la de todas las mamás y para que ningún niño o niña pase por lo que mis hijos”.
Yaneth Mora se unió a la huelga de hambre porque confía en que esta ley le permitirá a ella y otras madres, recuperar a sus hijas e hijos. “Llevo tres años en proceso en el que mis hijos no quieren verme, en el que se ha roto mi vínculo filial materno”, cuenta. Narra que ha pasado más de un año sin ver a su hijo el mayor, mientras que, al más pequeño le permiten verlo apenas dos meses al mes una hora y media.
“Díganme si esto es justo, lo veo en un centro (Centro de Convivencia Familiar Supervisada) donde lejos de poder abrazar a tu hijo, a tu hijo le preguntan que si no le incomoda tener a su mamá cerca. Dónde está la justicia, por eso estoy aquí. Porque esta ley no sólo me va a favorecer a mí, le va a favorecer a más madres, a más mujeres que estamos peleando por regresar con nuestros hijos”.
A poco tiempo de cumplirse las primeras 24 horas en huelga de hambre, estas madres afirman que al Gobierno de Jalisco “debería de darle verguenza orillar a las mujeres y madres a manifestarse de esta forma” y, frente a esto, preferir callar. De manera simultánea, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco también lleva a cabo una huelga de hambre a las afueras del Congreso del Estado de Jalisco.
Hasta el momento, el campamento que se encuentra instalado afuera del Centro de Justicia para las Mujeres sólo ha sido visitado por la Directora de esta dependencia, así como la titular del Red de Centros de Justicia para las Mujeres. Ningún representante del Congreso de Jalisco, tampoco de la Secretaría General de Gobierno ha acudido para escuchar las demandas de las madres y mucho menos para generar acuerdos y dar respuestas a sus exigencias.
De la misma forma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no ha hecho acto de presencia en el sitio.
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Desde el campamento, las madres hacen un llamado para solicitar donaciones solidarias de bebidas hidratantes, casas de campaña (en préstamo) y donaciones económicas, que les permitan solventar las necesidades que surjan durante esta acción. Los datos bancarios son: Cuenta 4152313827448338 y CLABE 012 180 01558324066 2 del banco BBVA.
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Jalisco es uno de los cuatro estados pendientes por legislar en materia de violencia vicaria, ya que, si bien, en el país 31 estados han presentado la #LeyVicaria en sus congresos, 27 la han aprobado. Durango es la única entidad que no ha presentado siquiera una propuesta de ley.
En el caso puntual de las legislaciones de Coahuila y Quintana Roo, como han denunciado las colectivas nacionales, éstas carecen de perspectiva de género y, por lo tanto, no garantizan la protección de los derechos humanos de las mujeres, las infancias y adolescencias.
Es decir, se trata de leyes mixtas que conciben a hombres y mujeres por igual como potenciales víctimas de este tipo de violencia y obvian las consideraciones previstas dentro del artículo 7 bis de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia, el cual establece que esta es una de las expresiones de la violencia contra las mujeres en razón de género. Por lo tanto, como un delito autónomo del que sólo pueden ser víctimas las mujeres por su condición de género.