Por Max González Reyes
Una de las expresiones de la sociedad mexicana para mostrar su descontento a los gobiernos fue tomar las calles y a través de ello gritar su inconformidad a las distintas políticas llevadas a cabo por los presidentes en turno. Es sabido que incluso algunas de estas manifestaciones fueron silenciadas y dispersadas por instrucciones presidenciales como la de aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Sin embargo, la sociedad mexicana siguió tomando las calles y cada vez que podía llenaba las plazas públicas para manifestar su descontento.
Muchas veces los partidos políticos de la entonces oposición, así como diversas organizaciones, convocaron a marchas y manifestaciones donde su punto culminante era el corazón mismo de la Ciudad de México y del país, el zócalo. Innumerables veces la Plaza de la Constitución fue testigo de pancartas y consignas en contra del gobierno.
No es exagerado mencionar que la presión que generaron esas manifestaciones fueron parte importante para que el proceso de transición a la democracia fuera avanzando de manera gradual en el país. Hoy sabemos que aquel 6 de julio de 1988, cuando se supieron los resultados después de la “caída del sistema”, el zócalo estuvo a reventar esperando instrucciones del ex candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, para asaltar las puertas de Palacio Nacional. También se recuerda aquel recibimiento a la dirigencia de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en febrero del 2000 con una manifestación multitudinaria en el corazón de la ciudad de México.
Todos sabemos que con el paso del tiempo esos que muchas veces marcharon gritando consignas y exigiendo justicia, así como la apertura del sistema político, hoy están en el gobierno y observan ya no desde un improvisado templete, sino desde el palco central de Palacio Nacional.
Esto viene a cuento porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma en materia político-electoral. Su propuesta propone dar un giro radical al árbitro de las elecciones en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE), y a todo el sistema electoral que vigente hoy en día. Dicha reforma propone una reducción en el número de diputados de 500 a 300, así como de senadores para pasar de 128 a 96; disminución del financiamiento a partidos políticos y reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos. De igual manera, propone que la integración de los consejeros de un nuevo organismo que sustituiría al INE, denominado como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Asimismo, la reforma también propone recortar el número de consejeros del INEC de 11 a 7. También propone un financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales; una reducción a 30 minuto diarios de propaganda política en radio y televisión; disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante; y eliminar los órganos electorales locales, entre otras cosas.
Esta propuesta llevó a que diferentes organizaciones convocaran a una manifestación el 13 de noviembre, denominada “En Defensa del INE” contra la reforma electoral promovida por el presidente. La convocatoria no fue menor, y en el acto el único orador fue el ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldemberg, aunque también hubo muestras de apoyo en los estados del país. Desde luego, la convocatoria fue duramente criticada por el Ejecutivo federal. Antes y después de que se realizara el evento, durante las conferencias mañaneras, el presidente López Obrador dedicó buena parte de su tiempo a señalar quiénes eran los que convocaban a esa manifestación. Además, calificó a los participantes de conservadores y de obstruir el desarrollo del país. En particular, el presidente se fue en contra de Woldemberg al que señaló como el maestro del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Posterior a esa marcha-manifestación, el presidente López Obrador convocó a su propia marcha. Escudado en la celebración de su cuarto año que arribó al poder, su movilización la llevó a cabo el domingo 27 de noviembre.
Cabe mencionar que el ahora presidente no salía a marchar desde que era candidato a la presidencia. Sin embargo, la manifestación a la que convocó dista mucho de aquellas en las que participó cuando era líder opositor. Para esta marcha todo el aparato gubernamental estuvo al servicio del ejecutivo. Se utilizó financiamiento y propaganda del estado para la difusión de la convocatoria. Aunado a ello, legisladores y gobernadores de Morena hicieron propaganda; y no se diga la dirigencia nacional de Morena, partido que el mismo presidente creó, que volcó toda su fuerza para apoyar la propuesta presidencial. Es claro que muchos de los participantes fueron por convicción propia, pero también muchos fueron obligados a asistir. Según reportes de los medios, el mandatario tardó más de cinco horas para llegar a la plancha del zócalo.
Más allá de eso, la marcha convocada por el presidente expone la forma de ser del presidente: “si ustedes pueden, yo puedo más”; “si me gritan, yo grito más”, “si ustedes hacen marchas yo hago la mía y vemos quién convoca más”.
Fue de llamar la atención que los días posteriores a la marcha, durante las conferencias mañaneras, el presidente mostrara imágenes de los asistentes a la marcha En Defensa del INE. El mandatario ocupó buena parte de su tiempo para señalar a sus opositores, como si no hubiera temas más importantes por tratar.
Por lo pronto, la marcha de En Defensa del INE demostró que la sociedad sigue activa y atenta a los intentos presidenciales. La amenaza sigue latente pues el presidente alista un plan B de su propuesta electoral original. La moneda aun está en el aire.
