Ciudad de México, a 29 de agosto de 2019.- La periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro, cumple un mes de desplazamiento forzado fuera del país en razón de las agresiones perpetradas el 21 de julio pasado, cuando dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible.
Lydia se vio orillada a salir del país ante la falta de garantías mínimas para ejercer su labor y continuar con el proceso de búsqueda de justicia por los hechos de detención arbitraria, tortura y violencia sexual perpetrados en su contra en diciembre de 2005.
Los actos de violencia cometidos contra ella se ejecutaron a pesar de la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio del año pasado, y la reactivación de las investigaciones que decantaron en órdenes de captura contra diversos policías judiciales del Estado de Puebla y Quintana Roo, así como contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif.
De hecho, la principal línea de investigación respecto al allanamiento y robo cometidos en su agravio se relaciona con la clara intención de propinarle un castigo, amenazas y represalias por la exigencia de justicia y el subsecuente libramiento de las órdenes de aprehensión.
Es inaceptable que en México las sobrevivientes de tortura y violaciones graves a derechos humanos no cuenten con las mínimas garantías para su seguridad e integridad personal. Mientras tanto, los perpetradores y sus cómplices, tiene garantizada la perpetuación de sus acciones criminales en contra de las personas y del interés público.
En días pasados, medios de comunicación en el Estado de Puebla informaron, con base en fuentes fidedignas, que Marío Marín Torres asistió a una fiesta en Atlixco, Puebla el 28 de julio. Es decir, siete días después de la agresión contra Lydia. Asimismo se informa que pobladores de Nativitas Cutempan (su pueblo natal) refieren que el ex gobernador poblano se pasea por el lugar. Hoy, se informa que el ex jefe policíaco Adolfo Karam, a través de sus empresas de seguridad privada, presta servicios de seguridad al Metrobus en la capital poblana.
Con la orden de captura en contra de Kamel Nacif, Adolfo Karam y Mario Marín se abría una oportunidad histórica para que este gobierno revirtiera el patrón de impunidad en la violencia contra mujeres, defensoras y periodistas. Sin embargo parece que los intereses que protegen a la mafia político-empresarial que compone las redes internacionales de pederastia y trata de menores de 18 años, son mucho más grandes que cualquier intento de legitimarse mediante el cumplimiento de la ley.
Por lo anterior, la organización Artículo 19, detalló que considera que la situación se encuentra en el peor de los escenarios: una orden de captura vigente sin ser cumplida y sin visos de ser ejecutada. Sabiéndose impunes, el policía, el político y empresario prófugos ahora escalan la violencia en contra de Lydia Cacho poniendo su vida en riesgo.
Al respecto, la periodista señaló, “estar fuera de mi país es equivalente a una condena o sanción por hacer mi trabajo y por buscar justicia. Me encuentro en situación de desplazamiento forzado con la subsecuente violación de mis derechos humanos a la integridad, libertad y seguridad personales ante la incapacidad del Estado mexicano para protegerme como sobreviviente de tortura y garantizarme justicia; todo parece indicar que el Fiscal General de la República les está dando tiempo a lograr amparos bajo actos de corrupción para argumentar que no les puede detener”.
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para Lydia desde 2009. Ello debido a diversos actos de agresión y atentados cometidos en su contra desde la interposición de su denuncia en la entonces PGR. Hoy la implementación efectiva de esas medidas es más necesaria que nunca. Ante la probada incapacidad gubernamental de dotar de seguridad en su ejercicio de informar y denunciar sobre la mafia de tratantes, además de protegerla en su búsqueda de justicia; el Estado mexicano debe ser supervisado por mecanismos internacionales de manera permanente y acuciosa.
Todo lo anterior se presenta en un contexto de alarmante violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que lejos de revertirse se agudiza.
En este contexto, siguen en proceso los juicios de amparo promovidos por diversos policías prófugos, así como Adolfo Karam, Mario Marín y Kamel Nacif. Los juicios de los tres últimos, radicados en el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito (Cancún, Quintana Roo).
Artículo 19 explicó que “no dudamos que las órdenes de aprehensión giradas por la Magistrada Suárez Préstamo son sólidas para iniciar el enjuiciamiento de los responsables. Tampoco dudamos que, el Magistrado Rodríguez Álvarez, en estricto acatamiento a los deberes fundamentales de garantizar justicia para las víctimas de tortura y violencia de género, negará los amparos a los hoy prófugos. No debemos perder de vista que pesa sobre los funcionarios ministeriales y judiciales la decisión adoptada por un organismo internacional que da cuenta de las múltiples violaciones a los derechos de integridad personal, no discriminación en razón de género, libertad personal y libertad de expresión, así como acceso a la justicia de Lydia.
Resaltaron que la obligación de ejecutar las órdenes por parte de la Fiscalía General de la República con la debida diligencia se mantiene como nuestra principal exigencia. Ello no solamente abonaría a la garantía de acceso a la justicia sino que, dadas las reciente agresiones, se traduce en una verdadera garantía a la seguridad e integridad personal de Lydia Cacho. No existe justificación para retardar la ejecución de las detenciones. Por el contrario, el Estado mexicano incurre en responsabilidad legal y política ante el incumplimiento de sus obligaciones en este aspecto.
Por todo lo anterior Artículo 19 exigió que el Estado mexicano debe de acatar la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a efecto de que se ejecuten sin dilaciones las órdenes de aprehensión contra cuatro policías, Adolfo Karam, Mario Marín y Kamel Nacif. Asimismo exigió al Estado, en particular al gobierno federal, que garantice la seguridad e integridad personal del Lydia Cacho en el marco de implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.