Miguel Ángel Mancera, Senador y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México enfrenta críticas por altos índices de inseguridad y escándalos de corrupción durante su mandato.
Por Redacción / @Somoselmedio
En un intento por postularse como responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, ha vuelto a ponerse bajo el escrutinio público. Sin embargo, su pasado como funcionario público y su desempeño durante su mandato han dejado un lado oscuro que no puede pasarse por alto.
Desde sus inicios en el servicio público en el año 2000 como asesor de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Mancera ocupó diversos cargos en el ámbito de la seguridad y la justicia. Aunque su carrera parecía prometedora, los resultados de su gestión al frente de la capital mexicana lo han convertido en uno de los peores jefes de Gobierno evaluados en los últimos 20 años.
Uno de los aspectos más preocupantes durante su mandato fue la creciente inseguridad en la Ciudad de México. A pesar de sus constantes negaciones, distintos episodios revelaron la presencia y operación de grupos del crimen organizado en la capital. Incluso, un informe de la DEA en julio de 2015 señaló la presencia de cinco grupos delictivos en la ciudad, contradiciendo las afirmaciones de Mancera de que solo existía el narcomenudeo.
El problema de la inseguridad se vio reflejado en el aumento de los homicidios dolosos, con un incremento del 22.34 % durante su gestión en comparación con la administración anterior. Además, casos emblemáticos como el multihomicidio de la Colonia Narvarte y el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio evidenciaron las múltiples fallas en la investigación y la falta de justicia en la Ciudad de México.
Sin embargo, la inseguridad no fue el único aspecto negativo de la gestión de Mancera. Durante su gobierno, se produjo un boom inmobiliario que trajo consigo la exclusión, especulación del suelo y desplazamiento de la población. Las constructoras inmobiliarias, apoyadas por el gobierno de Mancera, levantaron edificaciones de manera desmedida, sin respetar el uso de suelo ni garantizar la calidad de los materiales utilizados.
El terremoto de septiembre de 2017 reveló la corrupción y el favoritismo hacia las inmobiliarias cercanas al gobierno de Mancera. La reconstrucción tras el sismo se convirtió en una oportunidad de negocios para estas empresas, generando acusaciones de corrupción y beneficiando al llamado “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México.
Además, se descubrió que durante su mandato se manipularon las estadísticas delictivas para hacer creer que se habían logrado disminuciones significativas en delitos de alto impacto como el secuestro. Esta alteración de datos alcanzó el 75% de los delitos, según lo revelado por la actual procuradora capitalina, Ernestina Godoy.
En el año 2013, durante la gestión del gobierno del Distrito Federal, se llevó a cabo un incremento del 55.7% en el costo del Metro. El precio del boleto pasó de tres a cinco pesos bajo la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, y con Jorge Gaviño Ambriz desempeñándose como director. Este aumento se justificó como una medida para mejorar el servicio del Metro. Mancera aseguró que los dos pesos adicionales serían destinados exclusivamente a proyectos de mejora y modernización del sistema.
Ante el malestar de los usuarios, el viernes 13 de diciembre, fecha en que entró en vigor la nueva tarifa, surgió el movimiento #PosMeSalto. Este movimiento invitaba a los usuarios a brincar los torniquetes de todas las estaciones y evitar pagar el boleto como forma de protesta. Sin embargo, las autoridades no cedieron y mantuvieron la tarifa establecida.
Con el aumento en el precio del pasaje, las autoridades se comprometieron a crear fideicomisos destinados al mantenimiento mayor de la red, la compra de trenes para la línea 1 Observatorio-Pantitlán, la rehabilitación de trenes, el reemplazo de escaleras eléctricas y la eliminación de los torniquetes en el transbordo de la línea A a las líneas 1, 5 y 9 en Pantitlán.
El 12 de marzo de 2014, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, se produjo un importante anuncio que desencadenaría su mayor conflicto político: el cierre del tramo elevado de la Línea 12. Esta línea había sido inaugurada casi dos años antes por su predecesor, Marcelo Ebrard. El cierre se decidió debido a la detección de fallas estructurales y de diseño que ponían en riesgo la vida de los usuarios, ya que las ruedas de los trenes causaban un desgaste constante en las vías que ya estaban deformadas.
Durante más de un año, se mantuvieron cerradas 11 estaciones mientras se llevaban a cabo revisiones, estudios y el cambio de rieles. Después de una rehabilitación de la infraestructura, la línea volvió a estar operativa.
El 4 de mayo de 2015, dos trenes del metro chocaron en la estación Oceanía de la línea 5 mientras una fuerte lluvia y granizo azotaban la zona. Este incidente fue atribuido a fallas en el sistema de comunicación entre los convoyes.
Tras el colapso de la Línea 12 del Metro, que cobró la vida de 26 personas, la opinión pública señaló a varios funcionarios y exfuncionarios de la Ciudad de México. Uno de ellos fue el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya que durante su administración se cerró el tramo elevado desde Culhuacán a Tláhuac, argumentando fallas estructurales y de diseño, y también ocurrió el terremoto de 2017 que habría causado daños en la infraestructura de la línea.
En marzo de 2018, Mancera dejó su cargo como jefe de gobierno para unirse como asesor a la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya, una candidatura que él mismo buscaba encabezar. Sin embargo, los acuerdos políticos entre los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que conformaron la alianza “Por México al Frente”, lo llevaron a ser incluido en la lista de los senadores por representación proporcional del PAN.
Posteriormente, debido a acuerdos internos, Mancera se unió al PRD como su coordinador. En octubre de 2020, la dirección general de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la CDMX inhabilitó a Mancera como funcionario público durante un año.
Esta sanción se originó a raíz de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que Mancera había participado en spots de radio y televisión en apoyo al candidato presidencial Ricardo Anaya en 2018, mientras aún era jefe de gobierno, lo cual, según la autoridad, “vulneró el principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral”.
