Redes de Mujeres exigen al Fiscal de Chihuaha no revictimizar a Nohemí y Yulizsa

Texto: Nezthor villarreal/@jesusbkmone

Durante la última semana de enero del 2022, la Fiscalía de Chihuahua anunció la detención de dos personas presuntos responsables de los feminicidios de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres asesinadas el 16 de enero en Ciudad Juárez. 

El Fiscal General, Roberto Fierro Duarte, asegurara que los feminicidios de Tania y Nohemí están relacionados con la delincuencia organizada, la Red Mesa de Mujeres pide al funcionario ahora demuestre lo señalado.

Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres indicó que esperan que las investigaciones comprueben las declaraciones del Fiscal y que sean justas y apegadas a  derecho con el fin de garantizar el acceso a la justicia para sus familias.

“Que las indagaciones puedan comprobar esto que se dice, nos parece un poco rápido arrojar información así, sin embargo, pues bueno, los elementos debería de tener el Fiscal para hacer pública está información”, dijo Yadira Cortés.

Recalcó que al decir algo así, se etiqueta y se estigmatiza a las familias y las víctimas, complicando aún más el caso.

Además, agregó que la Red Mesa de Mujeres y el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez estarán muy al pendiente de este caso.

“No queremos ni una más Tania, no queremos ni una más Nohemí, no queremos ninguna mujer asesinada en esta ciudad“, finalizó.

Cronología de los hechos

Los cuerpos de la pareja fueron localizados la mañana del 16 de enero en un radio de 1.6 kilómetros en la carretera Juárez-Porvenir, a la altura del poblado San Isidro, dentro de bolsas para la basura. Una mujer fue quien alertó a la Guardia Nacional del hallazgo.

Luego del inicio de la investigación y ante los hechos, los Elementos de la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres por Razones de Género detuvieron a Jaqueline Isela C. R. y David R., de 25 y 24 años de edad, quienes enfrentan el cargo de feminicidio agravado y fueron sujetos a prisión preventiva.

Hasta el momento la versión de la Fiscalía era que la pareja fue contactada el 15 de enero por la tarde y abordada por los presuntos responsables, sin que se detallara el motivo del encuentro. 

Los detenidos presuntamente llevaron a la pareja al interior de un domicilio ubicado en la calle Del Ejido, cruce con calle Alejandro Domínguez, del poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez, donde fueron “asesinadas con saña” y posteriormente, sus restos arrojados sobre la carretera.

“El mencionado lugar fue debidamente revisado mediante una orden de cateo, encontrando suficiente evidencia de que ahí se cometió el doble crimen y se obtuvo la orden de aprehensión en contra de la pareja que se encuentra detenida por estos hechos”, sostuvo la Fiscalía.

Tras el asesinato, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) urgieron a las autoridades de Chihuahua a que esclarezcan el asesinato de las dos mujeres, y que se tome en cuenta su orientación sexual en los protocolos de investigación.

Posteriormente, el 28 de enero, el caso pasó de ser un crimen de odio con índole de perspectiva de género a un ajuste de cuentas por crimen organizado puesto que, en la audiencia de vinculación a proceso de los dos detenidos por el doble feminicidio, estos acusaron a las víctimas de que realizaban labores de vigilancia para un grupo delictivo en el Valle de Juárez.

La defensa de los detenidos alegó que sus representados fueron torturados para autoincriminarse, por lo que el abogado defensor pidió al Tribunal de Control que declarara ilícita esas declaraciones y pidió que ordenara la libertad de sus representados.

Ante ello el juez de primera instancia, Lorenzo Villar Chavarría, estipuló que no hay datos que confirmen que los sometieron a tratos crueles e inhumanos, por lo que indicó, que es necesario esperar a los resultados del Protocolo de Estambul –una herramienta para determinar si una persona fue sometida a tortura– que se les practicó a los detenidos.

Por su parte, David R. difundió en la audiencia judicial que la orden de asesinar a la pareja conformada por Nohemí M.M., y Tania M.H., –quien en sus redes sociales se identificaba como Yulizsa Ramírez, se dio desde el Cereso número 3 de Ciudad Juárez.

Las personas acusadas del asesinato de la pareja rindieron declaración ante el Ministerio Público, afirmando haber recibido la instrucción de matar a las víctimas por parte de mandos de la pandilla “Los Mexicles.” 

David dijo que el 15 de enero como a las 10 de la noche recibió la llamada de un contacto que se encuentra recluido en el Cereso 3, de Ciudad Juárez, a quien no le preguntó el nombre, porque así se manejan dentro de ese grupo delictivo para no conocer cuál es la cadena de mando. Esa persona supuestamente le dijo que se comunicara con Jaqueline para que le ayudara a matar a dos mujeres.

Posteriormente David se reunió con Jaqueline y con otro hombre identificado como Roberto, y empezaron por esperar a las víctimas. Primero emboscaron a Nohemí y luego fueron por la otra víctima, la obligaron a subir a la camioneta, fueron a un segundo domicilio donde estaba un niño solo, al parecer el hijo de una de las víctimas, a él le preguntaron si en el inmueble había machetes o algo para cortar.

De esa propiedad se trasladan a la casa de la calle Del Ejido, donde vivían las víctimas quienes eran pareja sentimental. Ahí los presuntos homicidas sujetaron a las víctimas y al parecer la ahora detenida Jaqueline empezó a golpear a las víctimas y a “reclamarles porque andaban con un grupo contrario”, posteriormente ella dio la orden de que las mataran.

Después pusieron los restos humanos en bolsas, los subieron a la camioneta y los tiraron en la carretera Juárez-Porvenir desde el vehículo en movimiento.

De acuerdo con el informe en medicina forense, la causa de muerte de Tania fue descuartizamiento y la de Nohemí decapitación, expuso el juez al momento de darle valor probatorio a ese dato de prueba.

LA RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA FUE:

La vinculación a proceso se dictó por el delito de feminicidio con una pena que se aumenta, por la presunta participación de al menos dos personas en la realización del delito; la alteración de la estructura de los cuerpos,; y por haber expuesto los cuerpos al tirarlos a la vía pública.

El Tribunal aprobó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia a los acusados David R., y Jaqueline C.R.

Al emitir el auto de vinculación a proceso, el juez Lorenzo Villar Chavarría, consideró que los datos de prueba se incorporaron a la carpeta de investigación sin violación a derechos humanos y los consideró suficientes para esta etapa del proceso penal, pues, explicó, para la vinculación el estándar probatorio que se requiere es muy mínimo, únicamente datos que permitan presumir que se ha ocurrido un delito y que las personas arrestadas lo cometieron.

El juzgador indicó que esos indicios son razonables para armar el rompecabezas y más aún al tomar en cuenta que al rendir declaración David y Jaqueline proporcionaron detalles muy finos sobre cómo se cometió el doble feminicidio, algo que no podría hacer alguien que no hubiera estado presente en ese atroz delito. 

 

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