Alrededor de la tres de la mañana del 19 de agosto, vecinos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se encontraban en guardia en el “Parque Resistencia Huentitan” fueron sacados por la fuerza por personal armado que llegó sin identificarse y que después se presentó como personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Con amenazas como “Ya valieron verga”, los policías retuvieron por la fuerza dentro del predio a cerca de 15 jóvenes por más de dos horas, a quienes incomunicaron y amenazaron con desaparecerles, luego de la presión mediática y política ejercida por la comunidad de la universitaria, los jóvenes recuperaron su libertad y pertenencias.
En rueda de prensa, luego del acto que calificaron como violente y represivo, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y vecinos de la zona reafirmaron su posición y anunciaron que la defensa de este parque continuará, esto pese a que el Gobierno de Jalisco ya demostró que está de lado de las inmobiliarias que pretenden adueñarse de este espacio público.
Por Josué Ibarra/ @josueibarrasala
“Estábamos dormidas cuando escuchamos ruido afuera, entró un hombre vestido de civil con un arma larga a la fuerza, nos gritó “ya valieron verga, sálganse”, tomamos rápidamente nuestras pertenencias de valor (solo artículos electrónicos)”, así inicia Abi, estudiante universitaria, su narración sobre lo que esta madrugada le tocó vivir mientras formaba parte de la guardia nocturna dentro de las acciones de resistencia del Parque Huentitán.
Lugar al que arribaron con uso excesivo de la fuerza integrantes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, algunos uniformados y otros de vestidos de civil, para hacer valer, aunque no presentaron una orden formal de desalojo, un mandamiento judicial a favor de “Hoteles Riviera Deluxe y Hotelera Salamanca”, quienes se presentan como los legítimos dueños de un predio que está dentro de un fideicomiso público del Gobierno Municipal de Guadalajara.
“Nos pusimos rápidamente los zapatos y nos sacaron, dividiéndonos en dos grupos en diferentes cuartos, conmigo en una sola éramos 7, tres hombres y cuatro mujeres, no sabíamos que sucedía y al tenernos sentados en el suelo realmente creí que dispararían”.
Este relato contrasta ampliamente con lo que horas más tarde, la Fiscalía del Estado comunicó en un boletín de prensa donde asegura que la acción no fue un desalojo, sino una restitución legal de un predio que ocurrió en apego a derecho y respetando los derechos humanos de todas las personas presentes en un campamento pacífico que llevaba más de 140 días activo para defender un espacio de la ciudad de los intereses inmobiliarios que, desde hace años, acechan la zona de Huentitán.
“Fueron casi 30 min sin saber que sucedía, sin tener comunicación con nadie ni saber si los demás estaban bien, después de una hora aproximadamente nos mencionaron que eran de la fiscalía, que tomarían nuestros datos para hacer público quienes estaban adentro. Tomaron datos como nombre, teléfono, edad y domicilio de cada uno de nosotros, poco a poco se calmaron más y nos permitieron ir al baño, de una por una y sólo las mujeres acompañadas por una oficial”.
A estas actitudes también se sumaron amenazas de desaparecerlos, actitudes que cambiaron cuando al lugar llegaron integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quienes exigieron se les regresara a los jóvenes sus pertenencias y se detuviera el operativo que se hizo de manera irregular y con una orden que no tenía ninguna autorización judicial.
Después de ello, a las y los estudiantes les permitieron ir por sus cosas como; maletas y cobijas, para después llevarlos a todos al área común donde estuvieron cerca de dos horas. Ahí ya se les permitió después hacer llamadas y avisar a familiares, y fue cuando lo ocurrido se hizo público.
“Una vez en el área común, pero aún dentro del parque todos los miembros de la fiscalía guardaron sus armas, dejando sin evidencia que habían portado las mismas, nos mencionaron que nos harían una entrevista a cada uno un miembro de la fiscalía, a todos al mismo tiempo, fue hasta que llegaron de la comisión de derechos humanos que se nos preguntó si estábamos bien”.
La CEDHJ no permitió que se les entrevistará en lo individual. Al final por su intervención, les permitieron sacar sus cosas y salir del Parque; en la narración final de la estudiante está es clara al señalar que:
“Durante todo el proceso nos estuvieron haciendo preguntas sobre quiénes éramos, a qué pertenecíamos, qué hacíamos en el lugar, diciéndonos que era un delito, al principio del operativo le preguntaron su edad a la menor de edad, le dijeron que podía ser niña “desaparecida”, las autoridades acudieron a estas conductas de intimidación emocional, cuando no estamos haciendo nada malo, defendemos algo que es del pueblo y para el pueblo”.
La postura de la Universidad de Guadalajara
Estos hechos y muchos detalles más hicieron públicos en redes sociales los propios jóvenes que fueron víctimas de la violencia policial, tomaron una postura más clara mediante los posicionamientos que realizó tanto la Federación de Estudiantes Universitarios como el Rector General de la Universidad de Guadalarara, Ricardo Villanueva, quien señaló:
“Este Estado confunden autoridad con virilidad, estamos en un Estado donde se usan a la policía para violentar ciudadanos que luchan por sus derechos en lugar de combatir al crimen, la policía llegó con violencia al campamento de vecinos y los desalojaron”.
Horas más tarde, el presidente de la FEU, Javier Armenta, en una rueda de prensa en la que también participaron vecinos y organizaciones que conforman las resistencia pacífica por el Parque Huentitán, comentó:
“Después de más de diez meses de investigación vecinos, académicos y estudiantes documentamos una serie de actos ilícitos por parte de las autoridades municipales y también omisiones que también son de carácter ilícito que demuestran que han estado en complicidad con la mafia inmobiliaria, mafia que no sólo opera en el Parque Resistencia Huentitan, opera también en el Parque San Rafael, opera también en el cerro de Mixticuil, en los Colomos y en muchos otros espacios, no sólo en Guadalajara si no en el Estado”.
El presidente de la FEU, además mencionó que, desde el 29 de marzo que entraron al predio, se dio un proceso de recuperación del espacio público, pues ahí han plantado más de mil árboles, han rehabilitado la explanada entre avenida Periférico y la Calzada Independencia, lugar donde se impartían clases de salsa e impulsaron cursos de verano.
“Yo le pedí a Ministerio Público que me mostrara la órden del Juez que motivaba este acto, me la mostró hasta las 5 y media de la mañana (dos horas y media después del desalojo)”.
Igualmente recordó lo que les hizo apropiarse pacíficamente de un predio del que los desalojan de manera violenta e ilegal:
“Estamos actualmente en este predio porque el Gobierno de Estado no tuvo los pantalones para promover las acciones jurídicas para despojarnos de un parque, yo me hago una pregunta: ¿Qué pueden esperar los estudiantes y los jóvenes en Jalisco de un fiscal que se atreve a levantar más de cincuenta estudiantes el 5 de junio y sólo cuatro fueron procesados por abuso de violencia sin autoridad de ejercer el derecho? Así nos tratan, ¿ese es el trato que merecemos?”
Hace unas semanas el alcalde de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, había acudido al predio para dialogar con los vecinos y quienes forman parte de esta acción, algo que cuestionó el líder estudiantil, tras lo hechos ocurridos la madrugada del 19 de agosto:
“¿Este es tu dialogo Alcalde? No has dicho nada al respecto, quiero decirles aquí como vecino y como estudiante, no les tenemos miedo porque los pelos de la burra en la mano para documentar su mal actuar los tenemos, no es ningún delito lo que hemos hecho aquí, hemos re habitado este espacio en nombre de la vida, aquí van a venir mis hijos a caminar, tenemos que luchar hoy porque no nos arrebaten estos espacios porque sino no va haber agua para mañana, a mi si me preocupa que en Huentitan el crimen organizado recluten niños y niñas, en lugar de que sean reclutados por el maestro de futbol o el maestro de pintura aquí en el para que, eso sí me preocupa”.
Para concluir, el presidente de la FEU puntualizó:
“El gobierno entiende el lenguaje del dinero, pero no el lenguaje de la vida, pero no vamos a dar un paso atrás y si creen que vamos a guardar silencio están equivocados, ya que no sólo es Huentitan, también son los vecinos de San Rafael y de muchos otros espacios porque estamos cansados de que crean que el espacio público les pertenece, no les pertenece, les pertenece a todos, vamos a recuperar los derechos que nos pertenecen.”
No fue desalojo, sino restitución legal
Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco, emitió un comunicado de prensa donde señaló que las acciones realizadas fueron plenamente legales y forman parte del cumplimiento a un mandamiento judicial del Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, el cual solicitó que el inmueble fuera restituido a las empresas Hoteles Riviera Deluxe y Hotelera Salamanca.
Aclarando además que dicha resolución legal se aprobó el 18 de agosto y que sus actos, apegados siempre a derecho y en pleno respeto de los derechos humanos, se hicieron para restablecer los derechos a los legítimos propietarios del inmueble.
“La diligencia se llevó a cabo apegado a derecho y conforme lo establece la ley respetando en todo momento los derechos humanos de las personas que se encontraban en el lugar, contando con el resguardo de la Policía Estatal para preservar el orden público y garantizar que el procedimiento se realizará dentro del marco legal”.
No obstante, no aclararon el por qué se hizo el desalojo sin presentar dicha orden judicial, el por qué se realizó este acto de madrugada y con exceso de violencia; así mismo omitieron señalar que quienes realizaron el operativo encañonaron y amenazaron con desaparecer a los jóvenes que formaban parte del campamento y resistencia.
Tampoco esto se aclaró en la rueda de prensa del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís, quien reiteró que actuaron por mandato judicial y en apego a derecho.
Hasta la redacción de esta nota, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no se ha pronunciado por estos hechos, mismos que coinciden con una disputa política que tiene su gobierno y la Universidad de Guadalajara por un recorte presupuestal de más de 140 millones de pesos que el mandatario quiere trasladar de la universidad a la construcción de un hospital en Tonalá.
Publicado originalmente en ZonaDocs
[…] Publicado originalmente en Somoselmedio […]