Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017
La política institucional de trato selectivo que se ha dado a las víctimas en la CDHDF desde 1993 puede tener fin a partir de la siguiente elección de su presidencia, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Usar los casos y emitir respecto de ellos recomendaciones de manera discrecional y selectiva ha sido la lógica que ha imperado en la CDHDF, y desafortunadamente ha terminado por ser justificada por diversas personas de organizaciones de sociedad civil, academia y las propias instituciones de derechos humanos. El costo de esta justificación ha sido alto, la sociedad hoy no puede saber dónde y qué autoridades violan derechos humanos, y menos aún cuáles de ellas están comprometidas con la reparación del daño.
Aunque en principio eliminar el trato selectivo en la CDHDF es fácil, pues depende fundamentalmente de que quien la presida «deje de bloquear la emisión de recomendaciones» (no requiere reformas legislativas ni reglamentarias, ni cambios institucionales irrealizables), se tienen complejidades que son necesarias atender a fin de que avancemos y podamos establecer estrategias mínimas que tengan como objetivo común la supresión del trato selectivo a las víctimas.
1. Un primer nivel de problematización es sobre los cambios hacia el interior de la institución. Esto a su vez tiene diferentes niveles de complejidad, como son: las formas de trabajo que se han generado para el personal visitador adjunto que investiga las quejas; las funciones de áreas relacionadas con la atención de las quejas; y la necesidad de establecer mecanismos para procesar el nivel de información que se generará a partir de una adecuada atención e investigación de las violaciones de derechos humanos.
a) Como es evidente, una vez que la presidencia de la CDHDF deje de bloquear la emisión de recomendaciones (en razón de que emitir recomendaciones es una decisión exclusiva de la presidencia), el personal visitador adjunto de investigación tendrá que modificar las formas de trabajo que actualmente permiten la selectividad en la institución. Esta dinámica ocurre por el hecho de que sólo se emiten recomendaciones selectivamente y a discreción de presidencia, al haberse generado esquemas de trabajo que operativizan la política institucional de presidencia y que permiten “concluir más fácilmente” los casos como son: evitar calificar los hechos por los derechos que corresponderían (la calificación corresponde a las líneas de investigación que se seguirán en el expediente) simplificando lo que se debería investigar a algo más concluible; depositar en las víctimas la carga de probar los hechos; evitar usar la carga de prueba establecida en la ley de la CDHDF a cargo de las autoridades; dejar de realizar diligencias pertinentes para la documentación del caso; dar por solucionado durante el trámite los casos dando vista a otras autoridades, declinando su propia competencia; buscar concluir el caso alegando incompetencia de la CDHDF porque alguna otra autoridad esté interviniendo (como cuando dicen que “se judicializó” el caso); entre otras.
Dado que el personal visitador adjunto no puede decidir qué será y que no será recomendación, sino que es una decisión exclusiva de quienes dirigen la institución, la defensa o no de la autonomía frente a las autoridades afecta seriamente la operatividad interna. En esta gestión, incluso, se acusa que el personal visitador adjunto ha sido maltratado por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y que esto ha sido avalado por los titulares de las visitadurías generales y la presidencia. En el contexto del trato selectivo que de por sí se realiza en la institución, esta subordinación termina repercutiendo aún más negativamente para las víctimas.
Por ello, la atención a todo esto implica que, además de que se mantenga un perfil de autonomía respecto del gobierno (lo que en general se posiciona por las OSC), institucionalmente se defina claramente el momento a partir del cual se realizará la investigación del caso para determinar la ocurrencia de las violaciones de derechos humanos denunciadas. Y, en caso de que estas hayan existido, se solicite la reparación del daño mediante la emisión de la Recomendación correspondiente; o bien, en caso de no haber existido, se emita el Acuerdo de No Responsabilidad (acuerdo que, dicho sea de paso, lleva más de una década sin usarse). En todo el camino, debería explicar claramente a las víctimas cada uno de los momentos del procedimiento, a fin de que puedan situarse en él, y participar si así lo disponen en la propia investigación del caso.
b) Las áreas de atención a quejas requerirán modificar algunas de sus funciones. Una de las fundamentales se dará en la actual Dirección Ejecutiva de Seguimiento, pues ésta tendría complicaciones para realizar el seguimiento de los cientos de recomendaciones que al año se emitan. Sería necesario considerar que las propias visitadurías dieran seguimiento a la reparación del daño en su dimensión específica al caso, sin embargo, esa Dirección Ejecutiva debería poder dar seguimiento a las garantías de no repetición a fin de contribuir a evaluar la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México.
Asimismo, el periodo para cumplir con la reparación del daño debería ser establecido casuísticamente conforme a criterios predeterminados. Pasado el periodo para el cumplimiento de la reparación, debería disponerse públicamente de la información sobre las autoridades que no realizaron dicha reparación.
c) La determinación de los casos violatorios, de la reparación del daño y de su cumplimiento o incumplimiento por las propias autoridades deben poder ser procesados como información a fin de que la CDHDF homologue sus criterios de atención e investigación mediante la determinación de los estándares aplicables a los casos; así como para que se pueda procesar internamente y difundir la voluntad de reparar el daño por las autoridades, pudiendo identificar por la sociedad aquellas que sean renuentes a reparar y, asimismo, conocer sobre la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad a partir de la atención de los casos.
2. Un segundo nivel de problematización es cómo cambiaría la relación con las autoridades de la Ciudad de México. Las autoridades, al día de hoy, presentan renuencia a que se emitan recomendaciones. Presionan a la CDHDF para evitar su actuación, lo que en el contexto de la relación entre la actual administración de Perla Gómez Gallardo y el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha repercutido aún más negativamente en las mínimas posibilidades del personal visitador adjunto que busca intervenir en los casos para apoyar a las víctimas.
Entonces, además de ser necesario oponerse a la dinámica de subordinación que se ha generado en la CDHDF, es necesario modificar el punto en que se enfocan la observación de los derechos humanos. Es necesario pasar del énfasis en la violación de derechos humanos a la importancia social y política de la reparación del daño de esas violaciones. Mostrar a las propias autoridades que la reparación del daño no sólo beneficia a las víctimas sino que incluso beneficia a la administración pública. En buena medida, es dejar de enfatizar la visión del derecho como un orden coactivo para enfatizar la perspectiva de un orden que posibilita la reparación y el adecuado funcionamiento gubernamental, en la medida en que el derecho sea conforme a los derechos humanos.
Esto es, la CDHDF debería generar una política institucional para incidir en las autoridades a fin de que estas tengan presentes los beneficios de corregir su actuación institucional mediante la reparación del daño, y cumplir así con sus obligaciones generales en materia de derechos humanos.
3. Consecuentemente, un tercer nivel de problematización es sobre la necesidad de también enfocar la comunicación social de las violaciones de derechos humanos a la importancia de la reparación del daño. La sociedad requiere generar que la legitimación de sus autoridades pase porque éstas busquen reparar el daño. Es necesario que las personas identifiquen no sólo a quienes violan derechos humanos, sino sobre todo a quienes buscan que estos funcionen y, por tanto, quienes quieren realizar la reparación del daño.
Es necesario que exista una comunicación social que desde la CDHDF promueva el énfasis que posibilite transitar de emitir menos de 20 recomendaciones a la emisión de cientos de ellas al año.
4. Muchas personas que han trabajado en la CDHDF o que han “legitimado” la selectividad de trato a las víctimas, tienen y tendrán la necesidad de justificar aún esta forma de operación. Incluso buscarán frenar la transformación de la CDHDF en detrimento del derecho de las víctimas a la igualdad y no discriminación. Dirán que eliminar el trato selectivo no es posible, como ya lo han dicho antes. Esto es falso. La institución está preparada para dar el paso que necesita. Sin duda, existen complejidades en el camino, pero son plenamente abordables.
Para hacer frente a esta situación necesitamos al menos a una persona que desde dentro o fuera del campo de los derechos humanos asuma la decisión de eliminar esta selectividad y se postule para la presidencia de la institución. Esta persona tiene hasta el 14 de septiembre para ingresar sus documentos a la ALDF. En caso de no ser lograrse una nueva presidencia con este compromiso, será necesario realizar acciones directas para cambiar la forma selectiva de operación de la institución.
5. Quienes se candidateen para ocupar la presidencia de la CDHDF deberán presentar planes de trabajo como parte de los requisitos de la convocatoria. En ellos deben señalar un diagnóstico de la institución y sus propuestas; y, por tanto, indicar cómo eliminarán la selectividad de trato a víctimas. Esto hace evidente que Perla Gómez no puede continuar al frente porque no sólo no atendió el problema sino que lo empeoró (https://goo.gl/LXkJLR); aunque podría seguir en la institución si es impuesta desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera y sus operadores en la ALDF.
Por ello, una primer medida será revisar y difundir previamente a la elección de la nueva presidencia, cuáles son las candidaturas que propondrán eliminar el trato selectivo a las víctimas y cuáles tendrán por efecto ser un continuismo de ese trato contrario a derechos humanos, ilegítimo e ilegal.
La consigna es: #NoMásTratoSelectivo.
@Cuhtrl
