La designación del capitán retirado Juan Jesús Zarco Magaña como contralor general de la UACM provocó una ola de inconformidades dentro de la comunidad universitaria, que denunció la ilegitimidad del proceso y el perfil castrense del funcionario como una amenaza a los principios de autonomía, crítica y participación democrática de la institución.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 12 de abril de 2025 — El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) designó al capitán retirado Juan Jesús Zarco Magaña como titular de la Contraloría General para el periodo 2025–2031, en una decisión que generó un fuerte rechazo de estudiantes, académicos y aspirantes a la Octava Legislatura, quienes acusan irregularidades en el proceso y advierten sobre una ruptura con los principios fundacionales de la universidad.
La elección se realizó el pasado 9 de abril, durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que la Séptima Legislatura —actualmente señalada por haber extendido su mandato más allá del marco institucional— aprobó el nombramiento con 10 votos a favor.
En el comunicado titulado “Por la defensa del autogobierno”, un grupo de académicas, académicos y estudiantes que participan en el proceso para integrar la Octava Legislatura solicitó al Consejo abstenerse de realizar nombramientos sustantivos, como el del contralor, mientras no se renueve formalmente el órgano colegiado.
“La actual legislatura debe limitarse exclusivamente a atender asuntos urgentes. Áreas como la Contraloría requieren de una legitimidad que solo puede otorgar un Consejo renovado conforme a las normas institucionales”, señaló el documento firmado por la Mtra. Fabiana Medina, la Dra. Ana María Hernández, el Dr. Mariano Andrade, entre otros.
Durante la sesión, Zarco Magaña presentó su trayectoria como licenciado y maestro en Derecho, además de su experiencia como oficial de la Marina con más de 30 años de servicio, ocupando cargos relacionados con inspección, contraloría y funciones jurídicas. Entre 2011 y 2015, fue titular del área de quejas y responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, designado por la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, su historial incluye también una solicitud de verificación de antecedentes bajo la Ley Leahy, presentada por el gobierno de Estados Unidos en 2010. Esta legislación prohíbe la asistencia militar a cuerpos implicados en violaciones graves de derechos humanos. La solicitud, filtrada a través de WikiLeaks, involucra a 10 elementos de la Marina, incluido Zarco Magaña, dentro de un programa de cooperación en derechos humanos.
Aunque el documento aclara que no existían pruebas creíbles en su contra al momento de la solicitud, su inclusión en dicha lista ha generado dudas sobre su idoneidad ética y política, especialmente en una institución que promueve una educación crítica, humanista y con sentido social.
En un segundo pronunciamiento, integrantes de la comunidad universitaria exigieron la reposición del proceso de elección del contralor, señalando la falta de auscultación comunitaria, la ausencia de registros estenográficos de las deliberaciones, y la incompatibilidad del perfil militar con la estructura colegiada de la universidad.
“Que el Consejo Universitario elija a un militar en la Contraloría traiciona el proyecto ético de la UACM. ¡Fuera el Ejército de nuestras aulas!”, se lee en una publicación de la Coordinación Del Valle.
La UACM fue fundada en 2001 y obtuvo su autonomía legal en 2005. Desde entonces ha sido reconocida como un proyecto educativo alternativo que garantiza ingreso irrestricto, gratuidad, participación democrática y formación integral, orientado hacia sectores históricamente excluidos.
En este contexto, integrantes de la comunidad advirtieron que decisiones como la actual ponen en riesgo el modelo universitario construido a lo largo de más de dos décadas, basado en la horizontalidad, la crítica y la defensa de derechos humanos.
En contraste, el nuevo contralor tiene una formación en estructuras jerárquicas propias del ámbito castrense y su experiencia universitaria se limita a la docencia en la Universidad Naval, un perfil que, según sus críticos, contradice la identidad académica y política de la UACM.
Ante la polémica, la comunidad universitaria demanda que el Colegio Electoral convoque de forma inmediata a la conformación de la Octava Legislatura, mediante un proceso transparente, participativo y democrático, que recupere la legitimidad institucional del Consejo Universitario y frene decisiones que —afirman— amenazan la autonomía y el rumbo educativo de la universidad.
