El autoritarismo de Andrés Manuel: El Nuevo Decreto (Parte 1)

Texto de opinión: Karen Castillo / @karencitatacha

El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto que ha causado preocupación a nivel nacional e internacional dado que, de acuerdo con lo expresado en el DOF,  el Poder Ejecutivo tiene ahora la capacidad de comenzar la construcción de megaproyectos sin tener que cumplir con las leyes establecidas en la Constitución mexicana como lo son, el llevar a cabo estudios de impacto ambiental; garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta previa, libre e informada; y cumplir con las leyes que establecen reglamentos sobre licitaciones y adjudicaciones de proyectos.

“De interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”

Estas son 5 razones por las cuales el nuevo decreto de López Obrador representa una amenaza para la democracia mexicana, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública y los derechos de los Pueblos Originarios y de toda la población mexicana.

1. Falsa democracia

Lo primero que resalta de este nuevo decreto es que el presidente lo basa en el artículo 26 de la Constitución, el cual establece que “el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.” 

Sin embargo, el Artículo 1 del acuerdo firmado por el presidente es contrario a lo que se puede considerar como democrático. Basta con que un solo hombre, el presidente, considere un proyecto como “prioritario”  para que se justifique su realización. El Acuerdo no establece ningún tipo de control o regulación para comprobar que los proyectos designados como prioritarios generen un beneficio real para la población. 

Esto ya ha sucedido con los proyectos “estrella” del presidente Obrador, el mal llamado Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto de Santa Lucía; han sido todos centro de crítica por los impactos negativos en materia ambiental y social que están provocando sin que se pueda asegurar el “beneficio” que generará su construcción.

Por ejemplo, múltiples expertos en temas de energía criticaron la decisión del presidente de construir una nueva refinería en una era en la cual las economías mundiales se alejan de las energías fósiles.

2. El riesgo de la “Seguridad Nacional”

El nuevo decreto plantea que los megaproyectos serán temas de seguridad nacional, la introducción de este concepto es sumamente preocupante, en el contexto actual donde diversos grupos mantienen una oposición a los proyectos que Andrés Manuel López Obrador ha planteado como prioritarios.

México vive las consecuencias de convertir fenómenos como el consumo de drogas y la migración en temas de seguridad nacional. Lo que ha implicado el despliegue del Ejército, la Marina, y la Guardia Nacional en todo el país y ha generado una crisis humanitaria de desapariciones forzadas, asesinatos y feminicidios; sin que la violencia haya disminuido a los tres años de gobierno de López Obrador.

La declaración de AMLO con este nuevo decreto, sitúa a todos los defensores del medio ambiente y los derechos indígenas como amenaza a la seguridad nacional, por lo tanto estaría justificado el uso de la fuerza por parte de las agencias de seguridad, Ejército, Marina y Guardia Nacional contra estos grupos. 

A pesar de la grave problemática de violencia que se vive en el país, y de la cual el Ejército y otras dependencias son responsables, el presidente ha adjudicado todas las ganancias del Tren Maya al Ejército Nacional, dejando de lado temas como la salud ante la pandemia y la educación fuera de las prioridades de la #4t.

3. Sin protección al Medio Ambiente 

El Artículo 2 del nuevo decreto establece que “se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.”

En palabras simples, esto significa que los proyectos determinados como prioritarios, no necesitan contar con ninguno de los requerimientos marcados por la ley entre los cuales se incluye el Manifestación de Impacto Ambiental también conocido como MIA, el cuál sirve para prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente provocado por proyectos u obras.

En el contexto mundial de emergencia climática, el presidente Obrador, intenta eliminar los mecanismos legales de protección ambiental para acelerar los proyectos extractivistas en uno de los sostenes ecológicos más importantes de Latinoamérica, como lo son la Península de Yucatán, la reserva de Calakmul y la Selva Lacandona.

Entre las críticas al proyecto del Tren Maya, se encontró que parte de las obras iniciaron pese a no contar con los MIA ‘s correspondientes, por lo cuál se otorgaron varios amparos a Comunidades y Asambleas Mayas que han logrado frenar las obras.

4. El cinismo: un plazo de 5 días

Aún cuando lo incluido en el nuevo Acuerdo pretende dar completo control al poder Ejecutivo sobre los proyectos “prioritarios”, el presidente demuestra completo cinismo y desdén por las leyes al incluir en el Artículo 2 lo siguiente:

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.”

Es decir, que además de no contar con ningún tipo de control, proyectos que implican el ejercicio de miles de millones de pesos de la población mexicana y que pueden tener impactos ambientales irreparables; deberán ser autorizados en un plazo de cinco días.

¿Son cinco días suficientes para poder analizar los impactos de obras que impactan como en el caso del Tren Maya a más de 5 estados y millones de personas?

¿Se puede decidir en cinco días el destino de miles de millones de pesos y justificarlos con el pensar de un solo hombre?

5. Represión, criminalización, y asesinato de defensores ambientales Indígenas.

Durante 2020 en México ocurrieron 30 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente, con lo cual es el segundo país en el planeta con más crímenes de este tipo, después de Colombia, donde se reportaron 65. 

Estos asesinatos son producto de políticas de Estado que imponen la construcción de megaproyectos en territorios indígenas que tienen como único fin la extracción y explotación de recursos a costa de los derechos y la existencia de los Pueblos Indígenas.

El decreto firmado por el presidente López Obrador, pretende aplastar la organización de los Pueblos frente a sus proyectos prioritarios. El Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el Aeropuerto de Santa Lucia han enfrentado resistencia de Pueblos Indígenas que han promovido amparos y movilizaciones, y que han sufrido la criminalización y estigmatización del presidente Obrador.

El defensor ambiental Indígena, Samir Flores Soberanes, fue asesinado pocos días después de que el Presidente Obrador visitó la comunidad de Huexca, Morelos, en donde nombró a los opositores del Proyecto Integral Morelos como “radicales de izquierda”. Días después del asesinato de Samir Flores, López Obrador declaró en su conferencia mañanera que la consulta para la aprobación de este megaproyecto se efectuaría “a como de lugar”, sin importar el terrible crimen contra Samir y su comunidad. 

Por si fuera poco, Andrés Manuel  se comprometió a cancelar dicho proyecto durante su campaña electoral argumentando,

“Es una ofensa y un agravio para la tierra de Emiliano Zapata que nos quieran imponer la Termoeléctrica de Huexca, es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear”

La criminalización y asesinato de defensores ambientales indígenas puede aumentar como resultado de este nuevo decreto, que además, nombra a los proyectos como temas de seguridad nacional legalizando la represión a los Pueblos Originarios del país y a toda persona que se oponga a los proyectos prioritarios del presidente, y por consiguiente, a la seguridad nacional del país.