Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mientras las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marchaban del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribía en su Facebook “desde la tarde hasta el anochecer visitamos el parque del Jaguar en la majestuosa zona arqueológica de Tulum. Se han restaurado muchos sitios, como este templo de cresterías a la orilla del mar Caribe”. En el primer plano aparece sentado en una de las escalinatas del templo restaurado. Distante del grito estruendoso de los normalistas y de las organizaciones que los acompañaban, el presidente centró su comentario en la majestuosidad de Tulum, sobre la riqueza arqueológica de la cultura maya.
Ante el silencio del presidente, los papás y mamás decidieron quedarse en la capital del país para esperarla respuesta formal del Ejecutivo sobre la fecha de la reunión. Hay mucho enojo y desesperación en las mamás y papás porque nada saben de las investigaciones y mucho menos de los hallazgos en las búsquedas en campo. El fiscal especial se ha erigido en un enemigo de las mamás y papás, porque actúa a contrapelo de ellas y de ellos. Actúa como simple empleado del presidente y está muy lejos de atenderlas líneas de investigación que plantearon los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que han reiterado las mamás y los papás. Existe mucha arrogancia y desprecio contra los familiares. No han tolerado sus reclamos y protestas ante tanta indolencia. Ahora los funcionarios son los ofendidos, los enojados y por eso actúan con desdén. Han dejado de lado las razones que mueven a las madres y padres para protestar ante la falta de respuesta claras y contundentes sobre el paradero de sus 43 hijos.
Se respira un aire contaminado por la insidia. Proliferan los descalificativos por parte del presidente contra las organizaciones civiles que acompañamos a las mamás y papás. Ha suplantado al fiscal general y al fiscal especial y se ha erigido como el juez del caso, haciendo tabula rasa de todo lo que investigó el GIEI. Ha desviado la atención del caso sobre la participación del Ejército en la noche y madrugada del26 y 27 de septiembre y ha centrado sus baterías contra los que llama “pseudo defensores” que no hablamos con la verdad y que actuamos de manera tramposa. Sostiene que defendimos a los mismos acusados. Su enojo lo ha llevado a plantear un diálogo con las madres y padres, pero sin la presencia delos representantes legales.
El presidente quiere justificar el incumplimiento de su palabra empeñada y la verdad porque al día de hoy no ha podido esclarecer el caso Ayotzinapa. En el 2021 se tenía una serie de líneas de investigación sólidas que nos llevaban a la responsabilidad del Ejército en varios niveles. Hay datos de prueba que establecen que el Ejército estuvo vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Los comandantes, tenientes, coroneles del 27 Batallón de infantería recibían dinero de ese grupo criminal, tenían reuniones, facilitaba el Ejército el trasiego de droga de la sierra de Guerrero por Iguala y hasta la zona norte al Estado de México.
Tenían convivencias y comidas, lo que está documentado, y por eso están en la cárcel 16 militares por esa colusión con Guerreros Unidos y que operaban para ellos en Iguala. Ellos son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, pero también responsables de la desaparición de cientos de personas en Iguala. Era un grupo delictivo que mataba, desaparecía, asesinaba y el glorioso 27 Batallón del Ejército facilitaba ese trabajo, le facilitaba sus negocios criminales, eran parte de este negocio.
Ese es el Ejército que defiende este gobierno, al que llama comprometido con la patria, pero que está inmiscuido en negocios criminales como en Iguala. Además de este contubernio hay un testigo que declaró en el Ministerio Público y dos veces con el juez. Afirmó que el 26 de septiembre 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería donde fueron torturados, varios de ellos no resistieron los tormentos, perdieron la vida dentro del Batallón. Los 25 fueron llevados a una colonia en Iguala y ahí fueron asesinados todos, desmembrados, metidos en bolsas negras y llevados a un horno crematorio. Eso relató el testigo y esa línea de investigación no se ha seguido. Es un dato de prueba que ahí está, es un indicio que las autoridades tienen la obligación de investigar. Este gobierno no puede terminar dejando pendiente esta indagatoria. Las madres y padres no pueden quedarse con la duda de si 25 de sus hijos en verdad fueron asesinados dentro del 27 Batallón de Infantería. Este gobierno tiene que entender que este caso no es un problema político, no es un tema electoral, es un caso que requiere investigación. Lo que exigimos es eso, que se esclarezca este hecho ¿Es verdad o no que 25 compañeros fueron asesinados en el 27 Batallón de Infantería del Ejército?
Por otro lado, surgieron más datos de investigación, que el 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo hacía labores de contrainteligencia. Inscribió a dos soldados en la Normal Rural de Ayotzinapa para hacer tareas de contrainteligencia. No sabemos si los ejércitos de Latinoamérica todavía hacen eso o si en Europa los ejércitos harán eso. La Normal Rural de Ayotzinapa es el enemigo de los gobiernos. Ese es el Ejército que hoy en día tenemos en México, ese es el Ejército que defiende este gobierno, un Ejército que inscribe a sus soldados en un centro educativo, un Ejército acostumbrado, como en el viejo régimen, a mirar comunistas por todos lados. Hoy de igual forma no ha cambiado nada, es el mismo Ejército que ve en los estudiantes a guerrilleros y que ve en los pobres a los insurrectos, a los que tienen que vigilar porque cuestionan al gobierno. Esas labores de contrainteligencia que hizo el Ejército en Ayotzinapa permiten inferir que tuvo información previa de los hechos del 26 de septiembre. Supo todo lo que estaba pasando antes, durante ese día y también tuvo información de cuando los normalistas llegaron a Iguala, porque había dos soldados que siguieron los autobuses y hubo dos soldados que estuvieron en el C4 monitoreando en tiempo real el movimiento de los estudiantes. Esta información la tiene la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), pero no le dan seguimiento a esta línea de investigación y el mismo presidente se incomoda cuando le preguntan sobre estos hechos.
Cuando estaban desapareciendo a los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, el Ejército mexicano estuvo escuchando todo lo que estaban hablando los policías con el grupo delictivo Guerreros Unidos, qué hacían con los estudiantes y a dónde los llevaban. Esa información la tienen. Y hoy día sabemos eso, porque surgió el dato cuando se estaban revisando los archivos y salió esa información. Ahí se encontró el documento de una comunicación transcrita de una intervención telefónica a un jefe policiaco y a un jefe del grupo delictivo. Están diciendo que a 17 jóvenes se los llevaron de la barandilla municipal a Loma de Coyotes, un lugar afuera de iguala.
Por si fuera poco, en la información que entregó el Ejército mexicano de cerca de 70 mil documentos, hacen falta 866 folios que no se han entregado. Por eso estamos exigiendo la entrega de los 866 folios, porque ahí puede estar información relevante que da respuesta a la pregunta de si asesinaron a 25 estudiantes en el 27 Batallón de Infantería. No es que ahí esté necesariamente la información, pero sí es importante revisar los 866 folios para verificar qué contienen. ¿Cuál otra duda se puede dilucidar? Saber a dónde se llevaron a los 17 estudiantes que fueron sacados de barandillas. Probablemente no haya nada en los 866 folios, pero necesitamos saberlo. Necesitamos que el ejército ponga a disposición esa documentación en la mesa de la Covaj, para que pueda ser revisada y verificada, y probablemente ahí se dilucide dónde están los 17 compañeros de los que habla esa comunicación.
Nuestra única intención es que el presidente nos reciba. Por eso nos hemos instalado en Palacio Nacional a un lado de estas rejas que nos ofenden. Solo queremos una reunión pero que sea antes de las elecciones. El presidente siempre había dicho que las puertas estarían abiertas para el pueblo porque a él lo puso el pueblo, pero miramos que esto no es cierto. Podemos ver aquí que el Palacio está forrado de acero para que nosotros no podamos entrar. Nosotros no tenemos armas, nuestra única arma que traemos son las fotografías de nuestros hijos. Seguiremos luchando, seguiremos alzando la voz porque no vamos a permitir que otra familia sufra lo mismo que nosotros hemos sufrido. Nuestra lucha es para que en México no haya más desaparecidos, para que se acabe la impunidad y para que ya no se siga en cubriendo al Ejército. Seguramente el diálogo que buscamos con el presidente será el último, por eso queremos escuchar su palabra, saber qué avances hay en la investigación. Esperamos que el Ejército le haya entregado los 866 folios. Solo así podemos entender que el presidente tuvo voluntad para llegar al fondo de las investigaciones, de lo contrario terminará su mandato con una gran deuda. Para AMLO el tiempo se agota y la verdad apremia.
