Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Desde la desaparición del presidente electo Daniel Esteban González, junto con su chofer Juventino García Rosas, el 2 de septiembre de 2018, la disputa política por la presidencia municipal de Cochoapa el Grande se tornó truculenta. No solo se dieron las impugnaciones en los tribunales electorales, sino que a nivel local algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados por representantes del Partido del Trabajo (PT), tomaron las instalaciones del ayuntamiento para revertir el triunfo que el Tribunal Electoral Federal (TRIFE), le otorgó a Daniel Esteban. Fueron momentos de mucha tensión, en los que fracturó más la convivencia pacifica entre los pobladores y las divisiones comunitarias se hicieron más profundas.
A pesar de que Cochoapa el Grande es uno de los municipios de reciente creación, desde el 2003 ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al mayor índice de marginación social. Desplazó a Metlatónoc y se colocó en el sótano de la miseria. Su extensión territorial que rebasa las 61 mil hectáreas, lo coloca como uno de los municipios con mayor reserva boscosa en la región de la Montaña. Cuenta con más de 140 comunidades del pueblo Na’Savi, que en su totalidad se dedican a la siembra de maíz de temporal. Lo contrastante de esta riqueza natural es la pobreza ancestral de las familias, que en gran medida se desplazan de sus comunidades para enrolarse como jornaleros agrícolas durante seis meses. La población no encuentra, en su propio hábitat, alternativas económicas para tener un ingreso seguro y garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.
La ilusión que se habían forjado, de que habría una mejoría económica, con la creación del nuevo municipio, se ha tornado en un desenlace fatal. No solo se han empantanado por la disputa sorda que protagonizan cada periodo electoral los partidos políticos, sino que se profundiza la desigualdad social y se recrudece la violencia. Los 17 años como nuevo municipio no han significado mejoría alguna entre la población indígena mayoritariamente analfabeta y con un alto grado de monolingüismo entre las mujeres. La violencia se enseñorea contra ellas, y las mismas autoridades comunitarias y municipales, son parte de este sistema de justicia patriarcal. Es sumamente grave la situación de indefensión que enfrentan las mujeres. Se han registrado varios casos de feminicidios que la fiscalía no ha investigado, por esa visión racista y discriminatoria que tienen contra las mujeres indígenas.
La lucha que emprendieron los compañeros y compañeras del Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre de 2019, obligó a que las autoridades del estado se avocaran a su búsqueda en las colonias periférica de Tlapa. En estas jornadas se lograron encontrar los restos de Daniel Esteban y de Juventino García, a un año y cuatro meses de su desaparición. Este hallazgo generó mayor encono y una situación de ingobernabilidad en el municipio. La misma presidenta municipal, Edith López Rivera, ha hecho públicas las amenazas que ha recibido, y por eso mismo, se desplaza con escoltas y su presencia en el ayuntamiento es esporádica. En la cabecera municipal nadie se siente seguro y tampoco hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y los mismos elementos de la policía. Hay un sentimiento de orfandad y desamparo. No hay una autoridad que proteja a las mujeres que son víctimas de violencia. El trato es despótico e insensible. La compasión por el más débil no existe, los pleitos por tierras proliferan y las deudas son el mejor negocio de las autoridades municipales y los abogados, privando de la libertad por cualquier motivo a las personas. El colapso de las instituciones ha dado pauta para el incremento de la violencia y la justicia por propia mano.
El cierre del año 2019 fue trágico por el asesinato del expresidente municipal Luciano Moreno López, quien fue interceptado por personas armadas en pleno baile realizado en la cabecera de Cochoapa el Grande. En ese mismo evento, también fue lesionada la excandidata a presidenta municipal del PRI, Hermelinda Rivera Francisco. En este año arreció la violencia con el asesinato de Alberto Martínez Flores, quien se desempeñaba como comisariado de Bienes Comunales de este núcleo agrario. El 15 de marzo, en la colonia Tepeyac del municipio de Tlapa, fue arteramente asesinado Benjamín Ponce Martínez, quien contendió para presidente municipal de Cochoapa el Grande, por el Partido del Trabajo (PT). Fue sorprendido en su domicilio por su agresor cuando jugaba con su pequeña hija. Tres días después por el cerro De La Garza, una región inhóspita del municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinada una familia de Yozondacua, cuando se desplazaban en su vehículo. El papá tenía parentesco con el comisariado de Bienes Comunales, Alberto Martínez. El primero de junio, el chofer de la ruta de Cochoapa el Grande – Ometepec, Felipe Chávez Flores, fue herido a balazos, cuando desplazaba en su vehículo, quedando gravemente herido.
Un caso que condensa la tragedia que enfrentan las mujeres Na’Savi de este municipio es el de Aurelia Vázquez Velázquez, quien además de padecer la violencia de su esposo, que lamentablemente fue asesinado en su domicilio, sus suegros la señalaron como responsable del homicidio de Santiago Esteban. Fue citada por el ministerio público de Tlapa para declarar como testigo, donde se le aplicó la prueba de rodizonato de sodio, que resultó negativa. Ante la intención fallida de señalarla como responsable de este homicidio, su suegro, la golpeó y con una navaja lesionó su cuello. Le arrebató a sus dos pequeñas hijas una de ellas de cuatro años y la bebé de seis meses. La madre de Aurelia, doña Catalina Velázquez y su hermano, Honorio García Velázquez de 17 años, fueron encarcelados de manera arbitraria en la cabecera de Cochoapa el Grande, por el mismo consuegro, Emilio Esteban, director de Seguridad Pública, porque supuestamente fueron cómplices del homicidio de su hijo Santiago Esteban. Lo más cruento es la desaparición de Aurelia Vázquez Velázquez que, ante la inacción de las autoridades ministeriales y de la misma sindica municipal que no atendieron las denuncias de violencia familiar y la sustracción de menores por parte de sus suegros, el 12 de mayo del presente año fue el último día en que su familia tuvo conocimiento de que se encontraba en el domicilio de sus suegros, obligada por las circunstancias de no ver a sus pequeñas hijas. Lo inaudito fue la actuación de la sindica municipal, que a petición del señor Emilio Esteban y su esposa Aurelia Lorenzo, citaron a Catalina Velázquez para que se presentara el 22 de mayo al ayuntamiento municipal. Fue en esa fecha cuando la sindica junto con los consuegros le reclamaron sobre el paradero de su hija Aurelia, porque no la han ubicado para entregarle a sus dos pequeñas hijas y al hijo mayor de siete años. Fue en ese momento cuando Catalina intuyó que su hija estaba desaparecida y que las autoridades en lugar de investigar su paradero, se empeñaron en criminalizarla y atemorizar a la misma familia.
Hasta la fecha no hay indicios del paradero de Aurelia, tampoco las acciones de búsqueda de las autoridades se han realizado como amerita el caso. El temor es grande, por eso la familia ha optado por guardar silencio y mantenerse oculta.
El pasado 22 de julio fue asesinado el excoordinador de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Zitlatepec, Rufino Gómez González, cuando se dirigía a presentar una ofrenda en el paraje conocido como Piedra de Petate, en San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande, donde fue originario. En el 2018 en la fiesta del sexto viernes de cuaresma realizada en Cochoapa, acompañó a las autoridades de su pueblo junto con la Policía Comunitaria. En la noche cuando resguardaban el baile fue atacado a balazos por personas desconocidas. Fue trasladado al hospital de Tlapa, donde fue atendido teniendo una recuperación larga por lo delicado de la lesión. Fue en la mañana del 22 de julio, cuando llevaba sus flores, en compañía de su esposa y sus dos hijos, que impunemente que nada pudieron hacer cuando personas desconocidas se acercaron y le dispararon. Fue un defensor comunitario que se solidarizó con la lucha emprendida por el Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, y al mismo tiempo, acompañó a las autoridades comunitaria de Tierra Blanca, para exigir al Fiscal Regional que impulsaran la búsqueda y la investigación de tres personas que fueron desaparecidas el 2 de julio del presente año, en el marco de un conflicto agrario que enfrentan con la comunidad de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc.
El pasado lunes 27 de julio como a las 10 horas, se suscitó una balacera atrás de la iglesia de Santiago Apóstol, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. En esta acción violenta murió Alberto Flores, que acompañaba a Carlos Esteban, hermano de Daniel Esteban, y la niña Leticia, de cuatro años de edad, quien caminaba con su hermanito y su mamá, después de haber vendido atole en la pequeña plaza que se encuentra frente al ayuntamiento.
Esta cauda de violencia muestra la crisis de gobernabilidad que se agudizado con la pandemia provocada por el covid – 19, en los municipios de nuestro país. Para colmó de males, las autoridades municipales, se han ausentado de los ayuntamientos y han dejado a la deriva, a una población inerme, que es víctima de la violencia delincuencial y que se encuentran en extrema vulnerabilidad por la precariedad económica y los estragos del coronavirus que se suma al número de muertes que enlutan que nos sumergen en este laberinto del olvido y la violencia.