Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Las declaraciones recientes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre la presentación de niños armados por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Alcozacán, municipio de Chilapa, son de suma preocupación. El mandatario identificó este sistema de seguridad y justicia comunitaria, que fue creado con mucho éxito hace 25 años por los pueblos Me’phaa y Na’savi de la Costa – Montaña, con grupos de la delincuencia organizada. Nada más alejado de la realidad, los comentarios que hizo el presidente en su conferencia mañanera del pasado viernes 31 de enero, de que la CRAC-PF haya realizado una “demostración de fantochería, de prepotencia… (de que) esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada, hacen ruido… vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso”. Es claro que esta postura presidencial se focaliza contra las organizaciones criminales que se han fortalecido en los últimos años, debido a la complicidad que prolifera entre lo cuerpos de seguridad del estado, algunos miembros del ejército mexicano y de la marina, así como algunas autoridades estatales y municipales. El señalamiento está hecho sin ningún matiz, se va con todo contra las autoridades de la CRAC-PF, haciendo tabula rasa del prestigio que tiene esta institución indígena en el estado de Guerrero.
Preocupa que al presidente no le compartan información veraz sobre el trabajo que realizan los grupos de la Policía Comunitaria, que se rigen por un reglamento interno y que tienen como base de su funcionamiento la asamblea comunitaria. Deducimos que los altos funcionarios del gabinete de seguridad federal no cuentan con datos fidedignos ni una radiografía clara de lo que esta sucediendo en las diferentes regiones del país, y en el caso concreto, de la Montaña baja de Guerrero. Lo mismo sucede con las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, donde supuestamente se analizan los diferentes escenarios delictivos que se gestan en las siete regiones del estado. Es lamentable que no se tenga el pulso de lo que sucede en municipios donde hay alta incidencia delictiva y donde se ubican varias organizaciones criminales que han tomado el control territorial. También entendemos que hay un seguimiento puntual de los hechos de violencia y de las denuncias que se interponen que dan la pauta para tener un mapa delictivo y en consecuencia tomar acciones de contención y prevención del delito.
El mismo presidente de la república ha expresado que no todos los gobernadores están atendiendo de manera prioritaria el problema de la violencia e inseguridad, porque muchos de ellos no participan en estas Mesas de Coordinación. No sabemos si en realidad hay deficiencias en el conocimiento del contexto y en la información que se procesa o más bien, existen aún intereses macrodelincuenciales que obstaculizan las investigaciones y que mantienen intocado el pacto de impunidad.
El peso de la palabra presidencial cobra dimensiones inusitadas por la representación que ostenta como líder de la nación. Sus opiniones tienen mucha fuerza, al grado que impactan directamente en las personas aludidas. La calificación que da a determinados hechos que suceden en el país tienen una gran carga de veracidad, por lo mismo, lo que llega a decir el presidente en las conferencias mañaneras, un gran sector de la población lo toma como datos irrefutables. El poder que ostenta el presidente no solo es simbólico sino real, por ende, todo lo que dice se transforma en noticia que afecta para bien o para mal a las personas u organizaciones que son motivo de sus comentarios. Por lo mismo, el señalamiento que hizo de la CRAC-PF, no ayuda a clarificar el ambiente de criminalidad, que se da en la región de Chilapa y confunde a los actores que están en esta disputa por el control territorial. Se pone en el mismo nivel a los grupos de la delincuencia organizada que pululan en la región y a las comunidades indígenas que se encuentran adheridas al sistema de seguridad y justicia comunitarias.
Es importante resaltar que los pueblos originarios del estado de Guerrero tienen una cosmovisión que los hace diferentes del resto de la población nacional. Tienen su propia forma de organización social, política y cultural. Como sujetos de derechos, los pueblos y las comunidades deben ser respetados en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.
Desde antes de la conformación del Estado Nacional, los pueblos indígenas ya contaban con un sistema de justicia propio, que hoy pervive en las comunidades como sistemas normativos internos, que comprenden instituciones, procedimientos, principios y lineamientos, para garantizar la seguridad y justicia comunitaria. La defensa de estos sistemas hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En esta línea de reivindicación de sus derechos, los pueblos indígenas de América -y de manera relevante de México- libraron significativas batallas para afirmarse, reconstituirse y revertir el hostigamiento contra sus sistemas normativos internos. No se deben pasar por alto las discusiones que se han dado en los Organismos y Foros Internacionales como la OIT, el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos indígenas que depende del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con diferentes matices, en el plano internacional se ha establecido el derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos.
Hay quien considera que estos esfuerzos, en el caso de México, cristalizaron en la Reforma Constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de México del año 2001, que como se sabe no fue suficiente para reconocer a cabalidad los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es preciso subrayar que, desde antes de esa contrarreforma, con el influjo digno del alzamiento zapatista de 1994, los pueblos indígenas empezaron a fortalecer sus propias formas de organización social y política: se conformaron los Caracoles en Chiapas; surgieron jueces indígenas en otros estados; y, en Guerrero se conformó en 1995 la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En el estado la CRAC – PC es un ente colectivo de los pueblos originarios, cuyo proceso de surgimiento, desarrollo y consolidación se ha transformado en un sistema de justicia efectivo y exitoso. Las mismas estadísticas lo han demostrado al reducir los niveles de criminalidad en el territorio comunitario de la Montaña y Costa Chica. Los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC hoy en día son seguros; allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aun cuando el funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y denostación permanente por parte de las autoridades. Por esta razón, ha sido inspiración de otros proyectos de seguridad y justicia en nuestro estado y otras entidades.
La CRAC tiene veinticinco años funcionando. Cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, sin asfixiar el dinamismo propio del derecho consuetudinario que por su propia naturaleza es oral y casuístico. Este reglamento es el marco de actuación de la Policía Comunitaria y sus Coordinadores.
La CRAC imparte justicia mediante un proceso eminentemente oral, inmediato, sencillo, expedito, basado en la cosmovisión indígena y la retribución comunitaria. Se rige bajo los principios de imparcialidad e independencia, respetuoso de los derechos humanos universalmente reconocidos. La actuación de policías y coordinadores se somete permanentemente a un exigente mecanismo de rendición de cuentas y control: la Asamblea comunitaria a la cual las autoridades de la CRAC se deben.
Hoy en día la CRAC, con sus casas de justicia en San Luis Acatlán, Ziltlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas y El Paraíso, es un actor fundamental del movimiento social guerrerense y un ejemplo a nivel nacional de la reconstitución de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En medio de la crisis de violencia que azota al país, la CRAC brilla como una alternativa de justicia y seguridad con arraigo comunitario. La CRAC-PF no es una organización delincuencial, tampoco es una institución creada por los pueblos indígenas para la fantochería y la prepotencia.
Es importante decir que el surgimiento de la CRAC-PF en la región de Chilapa se da en el marco de agresiones sistemáticas por comunidades vecinas, debido a conflictos agrarios añejos y a la incursión de grupos de la delincuencia organizada en esta región, que cuentan con la complicidad de autoridades municipales y estatales.
Este asedio creciente y brutal contra las comunidades que se han aglutinado en torno al sistema de la CRAC-PF, por parte del grupo de la delincuencia organizada, ha obligado a que 16 comunidades nauas tomen el acuerdo de implementar medidas de seguridad, redoblando la vigilancia en las entradas a sus poblaciones y estableciendo una guardia permanente que proteja a las familias cuando se desplazan para realizar sus trabajos en el campo. Fue en el marco de estas asambleas donde los principales, las madres y los padres de familia de Ayahualtempa y Alcozacán decidieron incorporar a 19 niños, en las filas de la Policía Comunitaria como una medida extrema, para hacer frente a la violencia criminal. Esta lucha es la que honra a sus antepasados para defender su territorio y su vida, y por lo mismo por ningún motivo “les da vergüenza”.
