Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
El informe trimestral del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, realizado este domingo 5 de abril en Palacio Nacional, nos dejó con más preguntas que respuestas, en torno a la grave crisis que enfrentamos por el coronavirus.
Tomando como referencia las denuncias públicas que están realizando médicos y enfermeras de varias regiones del país, el presidente no emite alguna instrucción precisa para que las autoridades de salud tomen cartas en el asunto de manera inmediata. Es generalizada la demanda de insumos para diagnósticos del COVID – 19. También se requiere la creación de Triages hospitalarios para la valoración clínica preliminar de los pacientes que, de acuerdo a la emergencia, mínimamente debe de haber uno, en cada municipio. Es urgente disponer de espacios para el aislamiento de pacientes infectados. En muchos hospitales hay carencias en cuanto al número de ventiladores volumétricos y en cuanto a personal de salud suficiente y capacitado en el COVID – 19. El reclamo más fuerte del personal médico es la dotación de equipamiento apropiado para la debida atención de los pacientes y para garantizar su protección. Las muertes que han sucedido de sus colegas, pudieron evitarse si se hubieran atendido a tiempo sus planteamientos. El presidente solo expresó sus “condolencias a las familias de quienes han enfermado o han perdido a sus seres queridos en esta contingencia”. Lamentablemente no hizo referencia al personal médico que ha perdido la vida por cumplir cabalmente con su trabajo. En contrapartida, el presidente hizo patente su reconocimiento al “trabajo perseverante y al profesionalismo de la armada, el ejército, la guardia nacional y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”. También hizo un “reconocimiento especial a los ingenieros militares”.
Su mensaje se centró en anunciar el programa emergente para el bienestar y el empleo que forma parte de los postulados de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). En este marco el problema que enfrentamos como nación sobre el COVID – 19, que se encuentra en su segunda fase, el presidente
se redujo a informar que “al día de hoy contamos con 6 mil 425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería de médicos especializados”. Sobre las acciones de salud que ha tomado su gobierno, fue la de informar a la población y emitir recomendaciones preventivas. De dejar la estrategia sanitaria a los médicos especialistas y científicos. Compartió sin triunfalismos, que “México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones por número de habitantes”. Su evaluación sobre estas medidas es que “vamos bien, pero no nos confiemos, sigamos cuidándonos en casa”. Sin embargo, advirtió que “la parte más difícil de la epidemia está por llegar”.
En buena medida el mensaje del presidente se centró en ampliar la información sobre las acciones que ha destinado a la población más pobre y vulnerable del país, como parte de los lineamientos del PND. Sobre el pago de la pensión de adultos mayores, a las niñas y niños pobres con discapacidad, las becas a estudiantes de todos lo niveles escolares. También hizo referencia al programa tandas para el bienestar. El apoyo para los jóvenes construyendo el futuro. Anunció que el programa de producción para el bienestar se extendió a comunidades indígenas y a productores de caña y café, y que el programa del fertilizante incorporaría a los productores pobres de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y Estado de México. Hizo referencia al presupuesto destinado para el mantenimiento de 23 mil escuelas, y el programa que inició en Oaxaca con los caminos rurales.
Además de sus programas estrellas también hizo referencia al inicio de acciones para reactivar rápidamente la economía, resaltando la venta de combustibles a precios bajos, contrario a las medidas que tomaban los gobiernos anteriores. Anunció una inversión de 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas. Hizo referencia al programa sembrando vida, que se ampliará para 200 mil campesinos más y brindará apoyo directo a 190 mil pescadores.
Sobre contratación de personal expresó que habrá recursos para incorporar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras por nueve meses. También convocará para reclutar a 31 mil elementos que van a pasar a formar parte del ejército, de la marina y la guardia nacional.
Sobre el tema de los impuestos remarcó que no los aumentara, ni se crearan otros nuevos. Asumió el compromiso de devolver el IVA “con prontitud a los contribuyentes”, como lo solicitó el sector empresarial. En cuanto al tiempo oficial dedicado a la publicidad del gobierno, ha tomado la decisión de que se entregará a los medios de comunicación “porque en esta nueva etapa el gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda”. Otro compromiso que expresó con demencia es no aumentar la deuda pública, sin embargo, reiteró su postura de continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, y la construcción del primer tramo del Tren Maya, que el 30 de abril se firmará el contrato.
Solo frente a las cámaras desafío a sus interlocutores virtuales “puedo demostrar que, a la mitad de los hogares del país, ya esta llegando al menos un programa del bienestar y que el 95% de las familias pobres de México, están recibiendo cuando menos un apoyo o beneficio. El primero de diciembre ese es mi compromiso, podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento”.
Con la aprobación de la reforma al artículo cuarto constitucional, se garantiza el apoyo a todos los mexicanos y mexicanas de escasos recursos, como un derecho fundamental. Para el presidente de la república es la reforma social más importante en los últimos tiempos, con la que se apoya ahora “a la población más vulnerable ante la epidemia del coronavirus”.
Resumió que pronto se iniciará la recuperación económica con la formula de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas familias, y a quienes se buscan la vida como pueden día con día. Vaticinó que esta crisis es transitoria y que ha cada quien le toca hacer su parte. Auguró que pronto regresaremos “a la normalidad, venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México, seguirá de pie mostrando al mundo su gloria y su grandeza”.
El informe presidencial en tiempos del coronavirus y escuchado desde la Montaña, tiene un eco muy remoto y poco efectivo para la coyuntura actual. Es un planteamiento, que amplia algunos montos de los programas que recién iniciaron y que aún no están bien asentados en las regiones, por las fallas que existen en su implementación. Es aún muy distante lo que quieren lograr los programas y la forma en como se están operando. Por otra parte, así como están diseñados, llevará más tiempo de lo planeado para lograr lo que el presidente se propone que “el 95% de las familias pobres están recibiendo cuando menos un apoyo”.
Para los pueblos indígenas, y en general, para la población del campo, los nuevos programas sociales son insuficientes porque no logran atender lo que los expertos llaman “la pobreza multidimensional”. Este combate implica tiempo y dinero, y la realidad de más de 40 millones de mexicanos y mexicanas, no esta para aplazar respuestas que son sumamente urgentes.
Un problema extremadamente grave, que cada día se expresa con mayor crudeza, es la carencia de alimentos en las familias que se encuentran en la franja de los pobres. La cuestión del hambre es añejo y muy complejo. Es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los países de América Latina y de África. La misma Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos señala que unos 820 millones de personas en el mundo padecen hambre crónica, es decir, no consumen suficiente energía calórica para llevar una vida normal. De ellas, 113 millones se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria aguda. Un hambre tan grave que supone una amenaza inmediata para su vida o sus medios de subsistencia y les hace depender de la ayuda externa para salir adelante. En este contexto la FAO reitera que no puede permitirse ninguna otra interrupción de sus medios de vida o del acceso de los alimentos que el COVID – 19 pueda conllevar. Cualquier interrupción en las cadenas de suministros de alimentos intensificará el sufrimiento de millones de personas.
La FAO advierte a los gobiernos que “nos arriesgamos a sufrir una crisis alimentaria inminente, si no se toman medidas rápidas para proteger a los más vulnerables y mantener vivas las cadenas mundiales de suministro de alimentos”. Atendiendo a este llamado, consideramos que el gobierno federal debe implementar un programa emergente que se oriente a mitigar el impacto de la pandemia, dotando de alimentos básicos a las familias pobres. En este sentido se requiere destinar una inversión especial para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de las poblaciones más vulnerables ante la amenaza del COVID – 19.
Así como la Secretaria de Salud ha centrado su llamado en quedarse en casa, la Secretaria de Bienestar y de Economía tienen que atender el clamor de millones de familias mexicanas que sobreviven en el campo y la ciudad. Hoy que se ha roto el flujo de recursos económicos vía remesas, por parte de la población migrante que también se encuentra enclaustrada en Estados Unidos se requieren acciones inmediatas y eficaces.
El mismo día en que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, rendía su informe trimestral a la nación, el Concejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, le remitía una carta, a través del director general del INPI Adelfo Regino y al mismo gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, planteándole la grave amenaza que enfrentan a causa de la pandemia del coronavirus y que tendrá un impacto de lamentables consecuencias en su salud y en su sobrevivencia alimentaria. Ante un panorama desolador que se vive en la región por falta de trabajo y la carencia de alimentos, plantean la operación de un programa emergente de dotación de granos básicos para las familias pobres de la Montaña. Al final de su carta, apelan al sentido de justicia y equidad que debe prevalecer en estos momentos críticos de la pandemia. Le recuerdan al presidente que su eslogan “primero los pobres”, tiene que traducirse en hechos. En acciones que protejan la vida y garanticen la seguridad alimentaria de los pueblos de la Montaña.
