Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Para el maestro Mario Zamora,
quien demostró su casta de luchador social
tanto en las calles marchando con la CETEG,
como en las trincheras del movimiento social
que siempre ha estado a lado de los 43.
Para el inolvidable compañero Mayran Yolot Benjamín Galeano,
miembro del Concejo de Comunidades Indígenas de la Montaña,
que defendió en todo momento el derecho de los pueblos
a una alimentación segura y suficiente.
Los acontecimientos de violencia que vivimos en estos días en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo y lo que este domingo 30 reportó el Concejo Indígena Popular de Guerrero (CIPOG – EZ), acerca de los disparos que se dieron en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zapexco municipio de Chilapa, en la zona baja de la Montaña, nos muestran el estado de descomposición social, que ha trastocado la convivencia pacífica entre las comunidades vecinas. Lo grave de la situación, es la proliferación de grupos armados que se desplazan sin ningún temor en las carreteras federales y caminos rurales, para irrumpir en localidades que tienen como fin tomar el control del territorio.
Está violencia se expande en las 7 regiones del estado. En la Montaña de Guerrero, que se ha considerado como una de las zonas más pacíficas de la entidad, en este mes se han suscitado hechos de violencia donde las autoridades municipales están siendo señaladas como responsables de la desaparición de varias personas. Los casos de Pablo Hilario Morales originario de Tula municipio de Chilapa y de Samuel Hernández Sánchez, perteneciente a la comunidad de Zacapexco, del mismo municipio, dos jóvenes indígenas que viajaban en una motocicleta en la cabecera municipal de Atlixtac, fueron interceptados por una patrulla de la policía municipal. De acuerdo con información de sus familiares, el 25 de enero del presente año, el joven Pablo se reportó a las 5:40 de la tarde, que había sido detenido por la policía municipal de Atlixtac. Manifestó que desconocía el motivo, porque les habían marcado el alto. Ante este aviso su familia quedó a la espera de otra llamada para corroborar lo que había pasado con los jóvenes. Después de este reporte ya no hubo más comunicación, y sus teléfonos quedaron sin señal. Desde esa fecha sus familiares, han solicitado a la fiscalía general del estado, que realicen las búsquedas correspondientes. También han emplazado al presidente municipal de Atlixtac Marcelino Ruiz, para que investigue a los elementos de la policía que realizaron la detención de los jóvenes.
Por otra parte, los familiares de Javier Sánchez Sánchez un joven del pueblo Me’phaa de la comunidad de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, junto con las familias de Galileo Bruno Morán y su hermano Leonel, de la comunidad de La Unión de las Peras del mismo municipio, hicieron pública la desaparición de los tres trabajadores de la construcción. Manifestaron que alrededor de las 8 de la noche del día 24 de enero, después de hablar con el presidente municipal de Tlacoapa Amado Basurto, perdieron la comunicación y desde esa fecha no aparecen, y tampoco sus celulares tienen señal. Comentan que las tres personas habían sido contratadas por la autoridad municipal para remover el escombro que se encontraba en la carretera a causa de las lluvias. El mismo presidente municipal afirma que sostuvo una plática con las personas desaparecidas, sin embargo, se deslinda de lo que pudo haberles pasado.
En la ciudad de Tlapa, el viernes 21 de enero por la mañana, cuando el licenciado Israel Rojas Villano, salía de su domicilio para dirigirse a su trabajo, fue interceptado por personas armadas que lo bajaron a golpes de su vehículo para llevárselo en otro carro, con rumbo desconocido. De inmediato sus familiares dieron parte al ministerio público para que se realizara la búsqueda y las investigaciones. A las 4 de la tarde del mismo día se tuvo el reporte de una persona asesinada en la colonia del Ahuaje, en la periferia de Tlapa. Lamentablemente sus familiares constataron que se trataba del licenciado Israel, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Al parecer murió por asfixia.
Lo más cruento sucedió el miércoles 26 de enero en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, cuando un grupo armado se desplazó por la carretera federal con camiones blindados, para llegar directo a la comandancia de la UPOEG. En ese lugar se encontraba el maestro Mario Zamora, líder de la CETEG, y miembro destacado del movimiento social de Guerrero en favor de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En el ataque utilizaron granadas y armas de alto poder, con la intención expresa de asesinar a todos los policías que se encontraban de guardia. A pesar de la irrupción sorpresiva, los policías de la UPOEG repelieron la agresión quedando como saldo 4 policías muertos y una persona del bando contrario. No se sabe con exactitud cuántas personas quedaron heridas. Por parte de la UPOEG reportaron a dos de sus compañeros. La información que se tiene es que el mismo grupo agresor, al emprender la huida se encontró con la policía del estado, en la comunidad de Acahuizotla, donde se suscitó un enfrentamiento, perdiendo la vida dos personas del grupo armado. Fue un operativo que les permitió desplazarse sin ningún problema por una de las vías más transitadas del estado. Tuvieron la capacidad para trasladarse en vehículos blindados y hacer bloqueos carreteros a la altura de la comunidad del Ocotito.
A pesar de que los hechos violentos se dieron a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Chilpancingo, la reacción de los cuerpos de seguridad estatal y federal fue tardía. Lo peor es que el trabajo de inteligencia que supuestamente realizan autoridades federales, no detectó los movimientos del grupo armado, cuando de antemano saben que existe una disputa por el control de la droga, en el valle del Ocotito. Es un punto rojo donde la guardia nacional tendría que permanecer. En otros momentos se han suscitado enfrentamientos donde cada bando recoge a las personas asesinadas, quedando impunes estos hechos.
Lo inaudito sucedió con la manifestación pacífica que querían realizar las madres y padres de los 43 estudiantes desparecidos el pasado viernes 28 de enero, cuando más de 800 policías federales y estatales arribaron a la caseta de Palo Blanco, para impedir su protesta. Regularmente las madres y padres, además de realizar su marcha en la ciudad de México el día 26 de cada mes y el 27 en la ciudad de Iguala, acuden a las casetas para hacer pública su exigencia de la presentación con vida de sus 43 hijos, y al mismo tiempo, piden la solidaridad de los automovilistas. Fue increíble imaginar la presencia desproporcionada de elementos de seguridad ante una acción simbólica de papás y mamás, que con las imágenes de sus hijos levantan la voz porque el gobierno no ha dado con su paradero. Las fuerzas de seguridad recibieron la orden para impedir que el movimiento de las madres y padres se apostaran en las casetas, y así evitar su grito de justicia ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Ante los hechos de violencia que han causado pérdidas de vidas humanas, se ha constatado la inacción de las fuerzas del orden para actuar con presteza y replegar a los grupos armados que se desplazan libremente. Las instituciones de seguridad no están funcionando y en Guerrero está ausente el Estado de Derecho. Es increíble que en la misma zona donde las madres y padres se organizaban para protestar, dos días antes un grupo armado haya irrumpido en la comunidad de Buenavista sin que las fuerzas de seguridad reaccionaran con toda su capacidad, para neutralizar y repeler la acción violenta.
Esta descomposición del orden público deja entrever que en el nuevo gobierno los mandos no están a la altura de las circunstancias. Sus respuestas son tardías y timoratas, y más bien, se teme que su prioridad no es replegar o enfrentar a los grupos armados, sino más bien permitir que estas organizaciones criminales cuenten con regiones controladas, como parte de los acuerdos subrepticios que establecen los grupos políticos del estado para mantener intocados intereses macrodelincuenciales. Las Mesas para la Construcción de la Paz, donde supuestamente se analizan los hechos más graves que suceden en Guerrero, siguen sin dar resultados porque todos los acuerdos quedan en el papel y las acciones son meras simulaciones, dejando en estado de indefensión a las poblaciones que recurrentemente piden la presencia de la guardia nacional.
Es preocupante que se quiera festinar los cien días de gobierno con una postura triunfalista cuando la realidad guerrerense registra cotidianamente tragedias, que están demostrando la ausencia de las autoridades y de la inexistencia de un Estado de Derecho. No podemos continuar con un modelo de seguridad que solo prioriza los programas del gobierno federal, sin tomar el pulso de lo que demandan los pueblos y comunidades de las siete regiones del estado. La población se siente inerme ante la proliferación de grupos armados que se han robustecido, a pesar de que supuestamente la guardia nacional viene hacer la panacea para garantizar la seguridad pública. Las autoridades del estado tienen que aprender a coordinarse con las autoridades comunitarias y establecer diálogos respetuosos con las organizaciones de la sociedad civil. Los colectivos de madres y padres son actores estratégicos en esta lucha por la verdad y la justicia, por lo mismo tienen que ser una prioridad en la agenda pública del estado. Existe el riesgo de que se descarrile este modelo de seguridad al dejar crecer a los grupos armados, que no cesan en su afán de ampliar su radio de acción y extender su control territorial a través de las armas.
