Por Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Desde que se dio la irrupción de los policías comunitarios que se autodenominan Grupo de Paz y Justicia, el 19 de diciembre del 2018, en la comunidad nahua de Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, la confrontación con la policía comunitaria identificada como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), se tornó más violenta. En esa fecha un matrimonio fue asesinado. Los comunitarios de Paz y Justicia acusaron a los miembros de la CRAC- PF de ser los responsables de estos asesinatos, y al mismo tiempo de haber expulsado a familias que no simpatizan con ellos. Ese mismo día, las autoridades comunitarias de la CRAC-PF denunciaron la desaparición de 12 personas de Paraíso de Tepila, tres personas adultas y nueve niños.
En ese mismo día los comunitarios de Paz y Justicia instalaron un retén en el crucero de la carretera que conduce a Rincón de Chautla.
La CRAC-PF demandó la intervención de las autoridades del estado para que se abocaran a la búsqueda de los 12 desaparecidos y demandaron la instalación de un retén militar en Paraíso de Tepila para retirar a los comunitarios de Paz y Justicia. Al no obtener respuesta, las autoridades comunitarias entregaron un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su primera visita a Tlapa el 11 de enero de 2019. Tampoco encontraron respuesta. Ante la ausencia de las autoridades, ambos grupos se atrincheraron. Fue el 27 de enero, como a las 11 de la mañana cuando los comunitarios de Paz y Justicia fueron emboscados cuando se disponían a relevar a sus compañeros en el retén instalado en la entrada a Rincón de Chautla. En esta acción violenta fallecieron 10 policías. Más tarde se suscitó un enfrentamiento entre miembros de la CRAC-PF y comunitarios de Paz y Justicia en la entrada a la comunidad del Rincón de Chautla. En esa refriega murieron dos miembros de Paz y Justicia.
El 4 de febrero de 2019, con motivo de la retención de dos de sus policías comunitarios por parte del grupo rival, la CRAC-PF aplicó la misma medida a siete policías municipales de Chilapa incluidos el director de Seguridad Pública Juan Carlos Jiménez y su papá, así como a siete policías de Paz y Justicia. Esta acción la realizaron en Chicotlán con la finalidad de que entregaran a sus compañeros. La negociación se realizó al siguiente día con la liberación de las 14 personas. Ante la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, los comunitarios de Paz y Justicia empezaron a monitorear los movimientos de las personas pertenecientes a la CRAC-PF. El 4 de mayo fue asesinado en el bulevar de Chilapa, José Lucio, quien se desempeñaba como consejero regional de la CRAC-PF de Xichotlán. También asesinaron a su compañero Modesto Verales. Doce días después fue desaparecida una pareja de San Jerónimo Palantla, cerca de la comunidad de Xochitempa.
Este conflicto cobró notoriedad a nivel nacional cuando se difundió en las redes sociales un video donde siete niños y dos niñas aparecen realizando prácticas de autodefensas y anunciando su adhesión a la CRAC-PF. Desde el 7 de mayo el gobierno del estado reaccionó enviando algunos funcionarios para hablar con los pobladores. Se concretó brindar apoyo con despensas, material de construcción y brigadas médicas. El 17 de mayo se difunden otros dos videos en los cuales algunas mujeres aparecen armadas demandando seguridad al gobierno del estado y a la federación. Ante esta acción mediática, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, acudió con el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra, a la comunidad de Rincón de Chautla. El tema de fondo seguía sin resolverse porque la CRAC-PF exigía medidas de seguridad en el tramo carretero de Chilapa a Hueycantenango, principalmente en el crucero de El Jagüey, donde opera el grupo de Paz y Justicia, que pertenece al grupo de Los Ardillos. Esta advertencia no fue atendida por las autoridades y lamentablemente el jueves 23 de mayo este presagio se cumplió cuando el comandante regional de la CRAC-PF Bartolo Morales Hilario y el policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, fueron levantados en el entronque hacia la comunidad de El Jagüey y sus cuerpos, descuartizados, fueron encontrados distribuidos en seis bolsas en el punto conocido como Las Antenas a orillas de la carretera Chilpancingo-Tlapa, a unos 15 minutos de Chilapa. La violencia continuó, y a menos de dos meses, es decir el 7 de julio el comandante de la policía comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino, fue desaparecido. Cuatro días después su cuerpo fue encontrado cerca de Chilapa. Durante todo el segundo semestre del 2019 se registraron vario asesinatos de mujeres que además fueron torturadas, de policías comunitarios de la CRAC-PF y de vecinos de las comunidades que forman parte de este sistema y algunos jóvenes que siguen desaparecidos.
A pesar de que el Ejército instaló un retén militar en Paraíso de Tepila, después de los hechos violentos de enero, las desapariciones y asesinatos continuaron durante todo el año. El mismo retén que se ubica en El Jagüey donde se encuentran policías de Paz y Justicia sigue siendo un punto altamente crítico, que no ha sido removido por parte de las autoridades estatales y federales. Por esa razón la CRAC-PF ha desconfiado de las acciones que ha implementado el gobierno del estado, porque no hay avance en las investigaciones de las personas desaparecidas y asesinadas. Los mismos pobladores de esta región indígena, además de sufrir el flagelo de la pobreza son rehenes de los grupos de civiles armados. A pesar de ser un foco rojo el gobierno federal no ha atendido el planteamiento de las autoridades comunitarias de que se pueda enviar un grupo de la Guardia Nacional que tome el control de las operaciones para replegar a los grupos civiles armados.
El asesinato de los 10 músicos de Alcozacán, lamentablemente forma parte de esta cauda de violencia que las autoridades de los tres niveles de gobierno han dejado crecer, poniendo en entredicho su compromiso e imparcialidad para la atención adecuada de este conflicto. No podemos ignorar que es un territorio disputado a sangre y fuego por dos grupos delictivos, que han sido identificados como Los Ardillos y Los Rojos. Ante este ambiente bélico, las autoridades en lugar de implementar una estrategia que prevenga mayores hechos de sangre, se nota que se repliegan y que solo atienden de manera intermitente este conflicto cuando cobra trascendencia nacional. Las investigaciones no dan con los responsables de los hechos violentos a pesar de que las víctimas han señalado a los autores materiales.
Lo que más preocupa es que las autoridades del estado no han tomado decisiones estratégicas para contener esta violencia. Son las comunidades indígenas las que están pagando muy caro la indolencia del gobierno. La situación de las mujeres y los niños es de extrema pobreza, los jóvenes han tenido que migrar y los que se quedan, como los músicos, son asesinados. Otros más se ven tentados a incorporarse a las filas de los grupos delincuenciales. La situación de Chilapa muestra la compleja problemática que se vive en varias regiones del estado y del país, donde los grupos de la delincuencia organizada han adquirido un poder que los coloca por encima de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta situación no es gratuita, se debe a la debilidad de las instituciones y a que las mismas autoridades han sucumbido a intereses macrodelincuenciales, permitiendo que las instituciones se colapsen y sean capturadas por estos grupos.
El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se necesita serenar al país y trabajar en una estrategia más integral que atienda las causas de la violencia, requiere intervenciones al más alto nivel para poder contener esta avalancha delincuencial. No se pueden postergar respuestas a un mediano y largo plazo; se requiere implementar ya acciones coordinadas para desmontar esta estructura delincuencial. Los pueblos indígenas de Chilapa, que han sido grandes artistas y que le han dado identidad e historia a nuestro estado no pueden seguir sometidos por grupos que quieren utilizar sus territorios para imponer negocios de la economía criminal. Sobre todo en esta región sureña de Chilapa lo que sigue prevaleciendo son los balazos y no los abrazos, contrario a lo que ha planteado el presidente de la República.
