En memoria del abogado Joaquín Morales Sánchez,
ex consejo presidente del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Guerrero.
Su artero asesinato el 3 de julio de 2018,
se dio en el marco de una contienda electoral.
La fiscalía del estado tiene la responsabilidad de investigar
los móviles del crimen y dar con los responsables.
Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Con motivo de la asamblea regional de seguimiento convocada por el INPI, para analizar la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano, más de 350 autoridades de los pueblos Na’Savi, Me’phaa y Nauas de la Montaña Alta se mostraron dispuestas a dar la batalla para exigir al Congreso federal, que tome en cuenta este mandato popular para plasmar en la constitución los derechos que les han negado a lo largo de los siglos.
Hace 27 años los pueblos indígenas de Chiapas tuvieron que empuñar las armas, para obligar a que los gobiernos se dieran cuenta que hay 68 pueblos indígenas y más de 12 millones de personas que viven en estas comunidades, representando a más del 10 por ciento de la población nacional. Le declararon la guerra al ejército mexicano, y se iniciaron las hostilidades, para demostrar que nunca más los pueblos indígenas permitirían vivir sojuzgados, por un régimen racista que discrimina a quienes portan otra cultura y otra lengua. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cimbró las estructuras de un sistema político opresor y colonialista. Evidenció a una clase política que ha lucrado con el poder y ha empobrecido a millones de mexicanos, apropiándose del patrimonio que han preservado los pueblos indígenas. Esta irrupción armada mostró la cruda realidad de los pueblos que viven en condiciones de semi-esclavitud. En Chiapas prefirieron morir peleando, que continuar con el coloniaje impuesto por caciques y patrones, quienes controlan el poder político y económico de los estados más pobres de México.
Los pueblos indígenas mostraron al mundo su capacidad para dialogar de manera horizontal con el gobierno federal, y demostrar su voluntad para firmar en 1996 los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el documento histórico sobre derechos y cultura indígena. Este esfuerzo colectivo que involucró a más pueblos indígenas de México, asumió el compromiso de impulsar una reforma constitucional que reconociera los derechos de los pueblos indígenas. Se trataba de dar el primer paso para inaugurar una nueva relación con los poderes establecidos. Lamentablemente, las cúpulas de los partidos políticos le dieron la espalda a la propuesta elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), que reconocía el derecho de los pueblos a ejercer su libre determinación y a tomarlos en cuenta como sujetos de derecho público. Esta lucha quedó trunca con la reforma que aprobó el Congreso federal en el 2001. Para el EZLN fue una traición de la clase política y una demostración del desprecio y la discriminación que persiste en los grupos de poder económico contra los pueblos indígenas. Ante la aprobación de una ley que los sigue considerando como súbditos, el EZLN prefirió cabalgar por la brecha de la resistencia con la construcción de proyectos autonómicos al margen del Estado. Es una lucha titánica que ha marcado un nuevo derrotero de los pueblos indígenas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Las comunidades zapatistas son ahora un abrevadero de estas experiencias inéditas, donde el poder comunitario se expresa en los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, creados para velar por los derechos básicos de la población indígena.
Este distanciamiento que persiste tiene como causa la imposición de un modelo económico basado en el extractivismo, la privatización de los territorios comunales y el despojo, la concentración de la riqueza y el monopolio del poder político se ha concentrado en los grupos de poder locales, que utilizan al ejército, las policías, los paramilitares y a la delincuencia organizada para impedir la organización autónoma de los pueblos indígenas. Es una guerra de baja intensidad donde los partidos políticos, con sus líderes y candidatos se empecinan en dividir a los pueblos y en erigirse en caciques para continuar con el sometimiento de las familias pobres. La aplicación de leyes de corte neoliberal ha desgastado y diezmado la fuerza de los pueblos. Sus territorios sagrados están asediados por los grupos económicos ávidos de riqueza a costa de la destrucción de su hábitat. La nula representatividad política en los gobiernos municipales y en los congresos locales, así como en la Cámara federal ha ensanchado la brecha de la desigualdad social y la discriminación racial. Varias autoridades siguen usurpando cargos a nombre de los pueblos indígenas, y las prácticas fraudulentas continúan multiplicándose en todos los partidos políticos, para comprar los votos del electorado indígena.
Los pueblos y comunidades indígenas no tienen otra alternativa que resistir y enfrentar a los agentes externos, que se obstinan en saquear las riquezas naturales y mercantilizar los bienes sagrados que pertenecen a la colectividad. A lo largo de estas décadas los pueblos se han organizado para defender su territorio, para hacer valer sus sistemas normativos y dar la pelea por el presupuesto público en las cabeceras municipales. En Guerrero los pueblos de la Costa – Montaña tuvieron que implantar un sistema de seguridad y justicia comunitaria, ante la corrupción que persiste en el sistema de justicia estatal y en las corporaciones policiacas. El modelo de la Policía Comunitaria, ha sido tan exitoso que un gran número de comunidades ha creado sus cuerpos de seguridad, para hacer frente a la diversidad de grupos armados vinculados al crimen organizado, que pululan en las regiones. Ante la ineficiencia y colusión con la delincuencia de las policías municipales y estatales, las comunidades indígenas y campesinas se sienten más seguras con sus Policías Comunitarios. La creación de la guardia nacional está muy lejos de atender los graves problemas de inseguridad y de alta conflictividad que padecen la población indígena. Han constatado ante las emergencias su nula respuesta para disuadir, replegar y desarmar a los grupos que causan terror en los territorios comunitarios. Escandalosamente se han incrementado los casos de familias desplazadas, de líderes o autoridades desaparecidas o asesinadas, de mujeres que han sido víctimas de feminicidio y de niñas y niños violentados. Hay un sentimiento de indefensión y orfandad que tiene un alto costo de vidas humanas, cuya respuesta de las autoridades ha sido su indiferencia y abandono.
Ante este escenario adverso, las comunidades indígenas de la Montaña que hicieron presencia este domingo 4 de julio en la ciudad de Tlapa, le han tomado la palabra al INPI para enriquecer la propuesta de reforma constitucional a través de asambleas regionales, con el fin de dar voz a una población secularmente excluida y silenciada. Fue muy significativa la presencia de comisarios provenientes de los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Atlixtac, Ahuacotzingo, Malinaltepec, Ileatenco, Acatepec, donde campea la pobreza y la alta conflictividad agraria. En todos ellos hay un gran malestar y reclamo contra los presidentes y presidentas municipales, porque han incumplido con los compromisos contraídos en cuanto a la obra pública y la atención a sus demandas básicas. La disputa por la presidencia se ha intensificado en las cabeceras municipales entre la multiplicidad de grupos políticos ansiosos de pelear por el botín, en que han transformado el presupuesto público. Las autoridades indígenas han constatado que su representación política no cuenta ante ninguna instancia de gobierno y que, por lo mismo, solo reciben migajas de lo que logran arrebatar a las autoridades municipales. Su lucha es ardua para que logren una obra pequeña durante un año. Esta práctica se ha transformado en una ley impuesta por las autoridades mestizas para continuar con el despojo de sus recursos, que por derecho les corresponde.
La lucha que viene entre los pueblos indígenas de Guerrero es para exigir su reconocimiento como sujetos de derecho público. Saben que en este tramo de la resistencia tiene que reconstituirse como pueblos, asumirse como titulares de sus derechos colectivos, de organizarse en asambleas como la instancia más apropiada para hacer efectivos sus derechos. Las mismas autoridades agrarias están llamadas a ser partícipes de este proceso para incorporar a todas las comunidades de sus núcleos agrarios, y empoderar a los comuneros y comuneras. Desde las trincheras comunitarias, es como tendrán que protagonizar un movimiento de pueblos y comunidades para demostrar su fuerza, y ya no dejarse avasallar por los partidos políticos y sus líderes corruptos. Es una lucha contra ese colonialismo interno que sigue enquistado en las estructuras del poder político, tratando como vasallos a los comisarios y comisarias, como topiles que solo están llamados a obedecer las órdenes de las autoridades municipales. Son las comunidades las que tienen que remontar y desmontar este sistema colonialista, ejercer un contrapeso real frente al poder municipal a los dirigentes partidistas, a poder legislativo y ante el ejecutivo estatal. Porque todos ellos, se han coludido para impedir que en el estado se dictamine la propuesta de ley sobre reforma indígena. Esta experiencia que truncó los esfuerzos de un gran número de comunidades indígenas y afromexicanas, ha sido una lección que nos ha dejado muchos aprendizajes para salir al frente como pueblos y comunidades a este nuevo desafío, de que a nivel federal se discuta y apruebe la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano. Los pueblos indígenas de la Montaña con su palabra firme y su postura decidida asumieron el compromiso de constituirse en asambleas comunitarias y regionales para hacer llegar su voz al presidente de la república y al Congreso federal. En esta larga noche de la ignominia empieza a despuntar la aurora de la descolonización de los pueblos indígenas.
