Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Nuestra sociedad está sometida por el miedo que imponen los gobiernos a través de los cuerpos represivos del Estado. En el primer nivel de gobierno, los policías municipales utilizan la fuerza y el maltrato como único método para relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. Creen que sus botas son para patear a los jóvenes que se resisten a ser detenidos, que los toletes deben de usarse para reventar la piel de quienes protestan. Las armas son accionadas para asesinar a la población que encara al poder obtuso. No hay alguna autoridad que se encargue de vigilar a estos policías que encienden su ira cuando se les interpela para exigir que respeten los derechos de las personas detenidas. Se abrogan la facultad de privar de la libertad a los ciudadanos que cometen alguna falta administrativa. Los encarcelan, los amedrentan y en varios casos los someten a torturas para demostrar su poder. Se asumen como la ley basada en la fuerza y la extorsión. Un gran número de elementos policiacos están vinculados con el crimen organizado. El cargo lo ostentan, no por méritos propios, sino por lealtades políticas o por formar parte del engranaje delincuencial.
Los policías estatales son un cuerpo especializado en la represión. Sus operativos están focalizados para disuadir la protesta social y para reprimir a la población. Han sido entrenados para tratar al ciudadano como enemigo, para usar su equipo y su armamento contra la población que levanta la voz e increpa al poder. Son expertos para reprimir y usar la fuerza letal como garantes de la legalidad. Están equipados para defender los intereses de la clase política por encima de los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. Arremeten con toda su furia contra la población más indefensa.
A nivel federal es ahora la Guardia Nacional conformada por militares, la que se encarga de la seguridad interior. Hay un gran número de elementos fuertemente equipados que cuenta con toda la infraestructura que se requiere para hacer frente a la población que protesta. Actúan contra los grupos del crimen organizado sólo cuando afecta a intereses de la clase política o cuando desafían con sus acciones violentas a las mismas fuerzas del Estado. Lamentablemente la estrategia de seguridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados favorables para revertir la espiral de violencia que se ha incrementado en la mayoría de los estados de la República Mexicana. A pesar del gran presupuesto asignado a la Guardia Nacional y el incremento de efectivos militares, el crimen organizado se ha encaramado en las superestructuras económicas, asumiendo el control de varios giros comerciales y enquistándose en las estructuras del poder político, como un supra poder. En algunas regiones ha demostrado tener el control de los mismos ayuntamientos y ha demostrado su fuerza atentando contra la vida de los pobladores para erigirse como los jefes de determinadas regiones.
En nuestro estado las autoridades se han desentendido y desligado de los problemas que cotidianamente enfrenta la población que vive al día, ante la falta de ingresos seguros y el incremento de los precios de la canasta básica. La gente no sólo está angustiada porque no le alcanza el dinero para comer, sino que vive con miedo ante el terror impuesto por los grupos del crimen organizado, que han tomado bajo su control los productos que más consumen las familias.
La lucha por la sobrevivencia lleva a la atomización de la vida pública, a la desintegración de las redes solidarias y a la destrucción del tejido social. Esta crisis de seguridad, los ciudadanos y ciudadanas la enfrentan en condiciones sumamente desiguales, porque las instituciones públicas no funcionan. No hay una política de seguridad que vele por los derechos de la población, que proteja a los más indefensos y que impulse iniciativas para crear mecanismos de seguridad que emerjan desde los diferentes espacios ciudadanos.
La situación es adversa porque hay una política utilitarista por parte de los diferentes grupos políticos. Se usa y manipula a la población sólo para lograr beneficios personales. Estos políticos nefastos acuden a las colonias y comunidades sólo para promover su candidatura. Usan los programas sociales con el fin perverso de hacer campaña con el dinero del pueblo. La política ha sido denigrada por los mismos funcionarios públicos porque ejercen el cargo como lucro personal.
Hoy en nuestro estado los ciudadanos y ciudadanas padecemos la denigración del poder público a causa de la avaricia de quienes han aprendido a vegetar con el presupuesto público. El poder político se ha deshumanizado porque ha provocado graves sufrimientos a la población mayoritariamente pobre. En primer lugar, por la corrupción a gran escala que sigue enraizada en las instituciones públicas y en quienes nos gobiernan.
Hay una grave escisión entre la sociedad y la clase política, por la brecha económica que existe y la desigualdad abismal que se profundiza en la entidad. El dinero público sigue estando del lado de quienes ostentan una responsabilidad gubernamental. Todos ellos actúan con hermetismo para no rendir cuentas a la población. Mientras tanto la gente se desvive por comprar una medicina, por tener un ingreso para asegurar la comida de sus hijos durante un día. Se auto-emplea en las calles para tener unos pesos en el bolsillo. A muchas familias no les alcanza el dinero para comprar un garrafón de agua que cada día sube de precio. Comer las tres veces al día es un privilegio para algunas personas. Ya no hay oficinas del gobierno que den respuestas inmediatas a la gente que requiere el apoyo para satisfacer sus necesidades básicas. Se ha cancelado la atención permanente y efectiva para atender a las mujeres trabajadoras, a los niños y niñas huérfanas, a la población indígena que es discriminada y explotada en los campos agrícolas. Las instituciones de gobierno están ausentes de los lugares donde se recrudece la pobreza y la violencia. Los funcionarios no prestan auxilio porque argumentan que no tienen recursos. Ya no hay dinero ni para comprar cajas de muerto. Todos los gastos son endosados a las familias pobres que no encuentran el respaldo de las instituciones.
Ahora se habla de programas nacionales, de nuevos proyectos, de lenguajes incluyentes, de cambios en la forma de hacer política, sin embargo, la situación no ha mejorado en cuanto a ingresos, seguridad y calidad de vida. Los programas del bienestar han ampliado su cobertura para atender a la población más depauperada, a pesar de esta inversión millonaria y de los grandes esfuerzos que ha realizado el presidente de la República, en el ámbito local la pobreza se enseñorea a pesar de las tarjetas y los bancos del bienestar. Esta mitigación de las necesidades básicas no cuenta con el impulso de otras inversiones, orientadas a revertir el rezago social, a detonar el desarrollo comunitario, tomando en cuenta las condiciones geográficas en que se ubican estas comunidades.
Es una mala inversión hacer caravanas por parte de las diferentes instituciones gubernamentales en los lugares más recónditos, al tratar a la gente como objeto de asistencia social. Los servicios que les brindan son efímeros, sin embargo, para los funcionarios que conocen por primera vez la Montaña resulta ser un viaje inolvidable. La lacerante realidad no cambia, simplemente la gente experimenta que la acción del gobierno solo le llega de manera esporádica, que los apoyos del gobierno son por un día. Estas visitas no generan arraigo en las comunidades, por el contrario, solo propician el asistencialismo y la dependencia que debilita la organización autogestiva de las comunidades y su lucha por la libre determinación. Los programas federales han impulsado el individualismo y debilitado las asambleas comunitarias, supeditándolas a la lógica de los programas que otorgan recursos económicos a los beneficiarios.
La tragedia que sufren las familias a causa de la violencia es un mal endémico en nuestro estado que se profundiza por la indolencia de las autoridades, por su insensibilidad y su falta de compromiso con las víctimas.
El hallazgo de siete cuerpos desmembrados en la plaza de San Mateo en la madrugada del sábado 24 de junio, son actos execrables que provocan terror y al mismo tiempo demuestran la incapacidad de las autoridades para contener esta ola delincuencial. El desprecio por el ciudadano, por parte de las autoridades, ha deshumanizado al poder público. Hay una carga de cinismo en los funcionarios públicos que no toman en cuenta la crisis de seguridad que pone en entredicho su desempeño en el cargo. Es muy grave que las autoridades no hagan causa común para proteger a la población. Todo queda en reportes y en instrucciones vagas para investigar los hechos violentos. Se da vuelta a la página del horror con el fin de continuar con las carreras políticas. Ninguna autoridad hace un alto para replantear la estrategia de seguridad y repensar, con la participación de la sociedad, cómo revertir esta espiral de violencia.
Se tienen que evaluar las graves deficiencias que persisten en el ámbito de la seguridad pública. No se puede continuar con las mismas inercias, de controlar los daños colaterales, y de recomponer la imagen pública de los políticos para no quedar fuera de la contienda electoral. La deshumanización viene del poder público porque desde el interior de las instituciones se ha devaluado la dignidad de las personas, se ha perdido la dimensión sagrada de la vida, se ha trivializado el poder público y los políticos han tomado un rumbo diferente a lo que debe ser un servidor público. La clase política del estado se ha extraviado por sus ambiciones mezquinas, por su mirada torpe y corta de los grandes problemas que enfrentamos, y lo peor es que los guerrerenses tenemos que pagar las graves consecuencias de las pésimas actuaciones de nuestros gobernantes, que han sucumbido ante la tormenta delincuencial.
