Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
A las 5 de la mañana del 3 de septiembre, más de 700 habitantes de la comunidad de Carrizalillo se apostaron en la entrada de la minera Equinox Gold, actual operadora de la extracción de oro del proyecto Los Filos en el municipio de Eduardo Neri. Por el trato despótico y racista del gerente, quien recurrentemente incumplía con las cláusulas del convenio, los trabajadores decidieron cerrar toda la operación de la mina a cielo abierto y de la mina subterránea. Esta acción de fuerza nos rememora lo que sucedió el 8 de enero de 2007, cuando los ejidatarios tomaron la decisión de bloquear la mina ante la postura arrogante de los empresarios mineros que se negaban a incrementar el pago de la renta de las tierras ejidales, fijada en mil pesos anuales. La reacción fue virulenta por parte del gobierno de Zeferino Torreblanca quien mandó policías del Estado a desalojar a las familias que se atrevieron a desafiar al emporio minero Gold Corp.
De nueva cuenta se reactivó el conflicto por incumplimiento del convenio firmado el 3 de abril del 2019, ahora por la minera Equinox Gold, que fue suscrito por un periodo de 6 años. Con el aval del gobierno federal, que en estos meses de la pandemia consideró a la actividad minera como esencial, las empresas que trabajan en Guerrero se sintieron cobijadas, y por eso algunas no dejaron de trabajar, como sucedió en el mes de mayo, en la comunidad de Tehuixtla, municipio de Teloloapan, con la minera Capela, donde murieron 2 trabajadores y 3 quedaron heridos.
El 13 de mayo cuando se dio el anuncio de la nueva normalidad, a través del sistema de semáforos, la actividad minera fue considerada como parte de las actividades esenciales. Con este respaldo presidencial la empresa Equinox Gold, desde el 16 de mayo convocó de manera precipitada, a los trabajadores subcontratados provenientes de varios estados del país. Ignoró que en Guerrero la curva de la pandemia iba en pleno ascenso. La minera movilizó a 500 trabajadores para preparar el inicio de sus actividades. Implementó un protocolo de seguridad sanitaria que no le dio importancia a la instalación de campamentos para el resguardo de los trabajadores que se aplicaron la prueba PCR.
Actuaron de forma displicente y no le dieron importancia al contagio que podría suscitarse dentro de las comunidades rurales. Para la empresa la vida de los campesinos queda supeditada al mega negocio del oro, por eso no se preocuparon en instalar un triage para detectar y atender a la población que presentara algunos síntomas del coronavirus. Fue grande su sorpresa cuando aplicaron 170 pruebas, donde resultaron positivas 42 personas, que al parecer no presentaban síntomas. Los representantes de la minera, en lugar de implementar medidas de confinamiento para los trabajadores positivos los regresaron a sus domicilios, poniendo en riesgo a más personas y a sus familias.
Por su parte las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala se vieron obligadas a tomar sus propias medidas de seguridad para contener el contagio. Instalaron filtros sanitarios y acordaron impedir la entrada a trabajadores de otros lugares. Ante la falta de resultados inmediatos de las pruebas PCR que se aplicaban a la población, la situación se salió de control, porque ninguna persona se aislaba y todos realizaban sus actividades. Las consecuencias han sido fatales ante el incremento del número de contagios que hay en la mina, y en las mismas comunidades. Hace dos meses se registró la muerte por COVID-19 de un trabajador sindicalizado, de 32 años, originario de Carrizalillo, quien padeció las consecuencias del trato discriminatorio y racista que caracteriza al gerente de la minera.
Una de las cláusulas que más se incumplen en el presente convenio está relacionada con la atención médica de los trabajadores. Este servicio se ha dejado de brindar, a pesar de que existe un fondo anual asignado para la compra de medicamentos. El gerente en todo momento regatea la entrega, y lo más truculento, es que triplican el precio de los medicamentos, además de que la entrega se hace con un mes de retraso. Lo contrastante en esta relación, abismalmente inequitativa, es el servicio del agua que los habitantes de Carrizalillo siguen padeciendo desde que la empresa Gold Corp instaló su infraestructura hidráulica para consumir 250 millones de litros de agua al día mezclada con 19 toneladas de cianuro para el lavado del metal. Los habitantes de Carrizalillo, que padecen varias enfermedades a causa de la contaminación ambiental y del agua misma, no cuentan con este líquido de manera suficiente para su uso cotidiano. A pesar de las ganancias millonarias que obtienen con la extracción de mineral, la empresa de manera burda y cínica ha incumplido con el compromiso de trabajar en un nuevo proyecto que restablezca la red de agua potable, y sobre todo que no esté contaminada de arsénico.
La lucha de los ejidatarios de Carrizalillo, además de mejorar los precios en la renta de la tierra; de garantizar la atención médica, y contar con suficiente agua potable en sus viviendas, su pelea con la empresa es asegurar el empleo para la población local. Se firmó una cláusula de que se asignaría un porcentaje 60/40 para contratar a trabajadores de Carrizalillo, y hasta la fecha, el gerente ha argumentado que la empresa tiene otros compromisos y que no es fácil cumplir con este acuerdo. Queda claro que para los emporios mineros la población local es desechable, no forma parte de su proyecto extractivista, sólo requiere su riqueza natural. Esto mismo sucede con la renta de maquinaria y de camiones, que de manera permanente bloquea la contratación de estas unidades que poseen algunas familias de la comunidad, incumpliendo el acuerdo de darle prioridad a los trabajadores locales con el porcentaje de 60/40.
En el convenio hay una cláusula destinada al otorgamiento de becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, con el fin expreso de que los jóvenes alcancen un nivel de especialización para desempeñar un trabajo calificado. De igual manera, el gerente general ha dejado sentir su desprecio por este deseo de las familias de que sus hijas e hijos alcancen una formación profesional. Cada mes tienen que acudir a sus oficinas para pedirle que libere los recursos. Se trata de 110 becas con un monto de 2 mil 200 pesos que, en la vía de los hechos, el gerente cree que no se lo merecen por ser hijas e hijos de campesinos.
Ante este trato arrogante y discriminatorio del gerente Juan Carlos Flores, los ejidatarios de Carrizalillo han tomado la decisión de no tenerlo como interlocutor para negociar este convenio. Más bien exigen su despido. Así se lo expresaron en una carta al ingeniero Peter Burger vicepresidente de operaciones en México “es importante que usted sepa que, hasta el día de ayer viernes 4 de septiembre le dimos la oportunidad a la empresa de rectificar su actuación de omisión ante nuestros planteamientos, los cuáles como se lo mencionamos al gerente interino todavía la asamblea nos proporcionó un margen de diálogo para destrabar el conflicto.” Sin embargo, para el día sábado 5 de septiembre, la mesa agraria del ejido de Carrizalillo, le enfatizó al vicepresidente una carta de renuncia del gerente, como requisito para reanudar el diálogo, de lo contrario, quedarían cerradas totalmente las operaciones de la mina Los Filos. De igual manera, concluirían el convenio firmado con la empresa en 2019 por el incumplimiento de varias cláusulas que atentan contra sus derechos como trabajadores y como dueños de las tierras.
La lucha que han emprendido los ejidatarios de Carrizalillo muestra las profundas contradicciones que existen entre los intereses del capital minero y los derechos laborales de los trabajadores. La vocación depredadora de este emporio avasalla, no sólo el entorno natural, sino la vida de sus pobladores, truncando el futuro de las nuevas generaciones. Es abismal la riqueza que han acumulado estas empresas mineras, que, a más de 15 años, han destruido el hábitat; sobreexplotado el agua del Rio Balsas; envenenado los mantos freáticos; desertificado las tierras de esta cuenca; cancelado la vida campesina; desplazado de manera forzada a familias; propiciando la violencia intracomunitaria y generando pactos con el crimen organizado, que se han erigido como guardianes de la mina.
La depredación y el atraso social es como el fierro quemador que destruye el tejido comunitario y deja en condiciones de extrema vulnerabilidad a sus pobladores, que han cimentado su vida en la agricultura. El malestar de los campesinos se empieza a extender en las comunidades vecinas, ante el atraco de la empresa minera que se siente respaldada y protegida por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y por la misma Guardia Nacional que subió para atemorizar a los ejidatarios y criminalizar su protesta. La minería a cielo abierto forma parte de los santuarios del capitalismo salvaje, que tiene como sus protectores a los gobiernos en turno, dejando a su suerte a las comunidades campesinas, que siempre han estado asediadas por los dragones del capital.
