Por Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
El grave riesgo que corremos las y los guerrerenses es que, con el inicio de las campañas electorales, los problemas complejos que enfrentamos queden desdibujados y supeditados a la agenda mediática de las candidatas y candidatos. Serán tres meses de discursos vacuos, de acarreos de electores, de gastos superfluos desembolsados por el erario público y la utilización de agentes de seguridad que se dedicarán a cuidar a los contendientes. Es una pausa obligada para dar paso al mercadeo electorero. Es la temporada de las promesas y de la obtención de alguna migaja a cambio del voto. Con este proceso burocrático se robustece el modelo de una democracia de papel, donde el ciudadano deposita su voto para que una persona lo gobierne o lo represente, sin que tenga oportunidad de tomar decisiones, ni de ser participe en la distribución de los recursos públicos. Es un modelo que ha fortificado la pirámide del poder creando elites políticas y económicas que se ostentan como los representantes de las mayorías.
El proceso electoral es como una ola que nos arrastra al desfiladero, porque no nos llevan a puerto seguro. Simplemente es utilizar las urnas como un ritual, para que a otros personajes se les dote de poder y se transformen en guardianes de los intereses económico de la plutocracia. Los partidos políticos han servido de bisagra para mantener un sistema de poder que simula cambios, para que todo siga igual. Este mismo modelo promueve el cacicazgo político que se encarga de negociar candidaturas y de establecer acuerdos cupulares, con los jefes de los demás partidos para no trastocar intereses de grupo.
En Guerrero tenemos una casta de políticos reciclados, que desde hace varios lustros han ostentado cargos públicos, sin que nadie les pida cuentas y sin que hayan contribuido a un cambio cualitativo en la vida de los guerrerenses. Son personajes que han dilapidado los recursos públicos, que promueven la corrupción; que se han especializado en crear negocios particulares con el dinero público, aliándose con empresas expertas en el lavado de dinero. Son políticos pendencieros que establecen alianzas con la delincuencia organizada, para que hagan el trabajo sucio de causar terror entre la población y reproducir la práctica de la desaparición y los asesinatos, como lo han hecho las corporaciones policiales, el ejército y la marina, en tiempos aciagos. Son políticos que utilizan el aparato represor para acallar el malestar y generan clientelas políticas que sirven de contención y respaldo para la imposición de políticas contrarias a las demandas sociales.
Este escenario atroz protagonizado por la clase política guerrerense es el que ha generado mucho malestar entre los ciudadanos y ciudadanas, porque hay una disociación en cuanto a los intereses de las mayorías y un descuido total de las grandes demandas añejas que han quedado irresueltas por todas las administraciones. El desencanto es mayor por este tipo de alianzas que establecen los partidos, que solo están pensadas en disputar parcelas de poder, en poder negociar con el grupo gobernante y no quedarse fuera del presupuesto. Este pragmatismo craso solo se circunscribe al beneficio de los políticos reciclados, a mantener sus cotos de poder y a tener posibilidades de pactar para que no se afecten intereses particulares. Lo más grave es que los partidos políticos y sus dirigentes han abierto las puertas para que cualquier personaje que aporte dinero para la causa, puede acceder a una candidatura, o en su caso, apoyar a determinados candidatos a cambio de tener injerencia en el manejo de los recursos públicos. La mafiocracia se ha enquistado en estos institutos y lo más grave es que ninguna instancia encargada de organizar y vigilar el proceso electoral tienen ojos para observar estos enroques del poder público. Esta turbiedad que no se denuncia ni se sanciona es el preámbulo para que quienes ganen las elecciones tengan el camino pavimentado para ejercer el poder de manera mafiosa.
No hay garantías de que al interior de los partidos políticos haya órganos de control interno que en verdad tengan la fuerza y la autoridad moral para impedir que se filtren candidatos o candidatas que no sean idóneos, y cuyas trayectorias sean un peligro para la gobernabilidad y el desempeño óptimo de los cargos. Pesan más las corrientes, los forcejeos, las negociaciones y los compromisos para definir las candidaturas, que un proceso transparente, con mecanismos efectivos para la selección y bajo criterios y principios centrados en los valores democráticos y éticos.
Como guerrerenses aún vemos lejos una verdadera transición. Las altas expectativas que se forjaron amplias franjas de la población con el triunfo del PRD, fueron un fiasco, una traición al mandato popular. La arrogancia del ejecutivo tiró por la borda todo el capital político que había forjado una población insumisa, que estaba dispuesta a sacrificarse, con tal de que se atacara de fondo la corrupción y se combatiera la impunidad. Los temas más sensibles de una población agraviada, como las graves violaciones a los derechos humanos, fueron ignoradas y vilipendiadas. Se dejó crecer a la delincuencia con su inacción y se resquebrajo la relación con el movimiento social. Se mantuvo un alineamiento sumiso a las políticas privatizadores del gobierno federal y se encubrió a violadores de derechos humanos y delincuentes, dando paso a una etapa sórdida, donde se dieron los asesinatos a líderes sociales y se dio cabida a los grupos de la delincuencia para enquistarse en las corporaciones policiales y en los mismos ayuntamientos.
Esta debacle sigue profundizándose y desgarrando el tejido social en nuestra entidad. La situación económica es deplorable por el incremento de la pobreza y la violencia en las principales ciudades, así como el abandono secular de las comunidades indígenas, campesinas y la población afro. Es contrastante el potencial económico que posee nuestro estado con el galopante desempleo y la lucha diaria por la sobrevivencia. El mismo presidente de la república ha dicho en varias ocasiones que, gracias a las remesas de nuestros migrantes, hemos podido paliar la grave crisis económica que se agudizó con los estragos del coronavirus. Esto quiere decir que no hay crecimiento interno, que dependemos de lo que llega del exterior. Los gobernantes ya nos acostumbraron a padecer las inclemencias del hambre, ante el abandono del campo; a resignarnos a vivir enfermos y a morirnos antes de tiempo por falta de hospitales, médicos y medicinas. A conformarnos con un precario ingreso como trabajadores eventuales, para ir al día con la comida que siempre es insuficiente. A dejar de estudiar porque la escuela implica tener dinero suficiente para atender los gastos que requieren los hijos y las hijas. La obra pública solo se ha reducido a la pavimentación de calles, a canchas techadas, edificación de comisarias; construcción de tramos carreteros inconclusos y de pésima calidad; sistemas de drenajes que solo sirven para contaminar los ríos. Obras de relumbrón para maquillar la pobreza, para ensanchar más la brecha económica entre los gobernantes y los gobernados.
El escenario electoral pinta difícil, en primer lugar, por el deterioro de la imagen de los partidos políticos y sus candidatos, que tienen señalamientos públicos y hasta denuncias penales. Vivimos una etapa donde el escrutinio ciudadano es más beligerante, porque ya no se tolera que quienes aspiran a un cargo público lo puedan hacer sin rendir cuentas a la sociedad, y que los procedimientos para su selección se realicen de manera hermética y opaca. Ya nos son tiempos en que solo un grupo cerrado sea el que dictamine la procedencia de una candidatura. Son lecciones que está dando una población insumisa a una clase política indolente, que ha estado acostumbrada a gobernar arrastrando la cauda de la corrupción y la impunidad, protegida por el mismo aparato de justicia y blindada por las mismas elites del poder económico y político, y el aparato represor del estado.
Este momento difícil de la candidatura para gobernador por parte de Morena puede complicarse más al interior, por el forcejeo de los grupos que no están dispuestos a que se repita el mecanismo de la encuesta para la selección de los candidatas y candidatos, porque no les genera confianza. Esos resquemores pueden generar fricciones y abonar al clima de inseguridad y violencia que vivimos en varias regiones de la entidad. El gran desafío para las autoridades federales y del estado es impedir que se descarrile el proceso electoral, por la falta de condiciones de seguridad en la contienda y porque hay focos rojos en el estado, que siguen sin ser atendidos. La zona norte y la Tierra Caliente requiere una atención urgente por los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas. La zona serrana y la Costa grande también enfrenta situaciones extremas por la violencia y las familias desplazadas. La población de Acapulco sigue estando inerme ante los asesinatos diarios y la quema de autobuses. Son problemas que no pueden desatender ni postergar las autoridades estatales y municipales. No se pueden distraer en este juego de fuerzas por la disputa de los cargos públicos. Tanto las autoridades como los candidatos no pueden continuar con la mirada corta y mezquina, de lucrar con el poder, sino pensar como agentes de estado, de velar por los derechos de la población y vislumbrar los cambios de fondo que requiere Guerrero.
