Toda nuestra solidaridad con el compañero Yener de los Santos, que con el robo de su equipo de trabajo buscan acallarlo e impedir que realice su trabajo de manera segura y tranquila.
Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El jueves pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que en Guerrero hay 10 mil 929 integrantes de las fuerzas federales, que duplican el número de policías municipales y estatales. Manifestó que en la mayoría de lugares del estado se han construido cuarteles de la Guardia Nacional. Comentó que hay regiones en el estado donde ciertos grupos del crimen organizado amenazan con boicotear la construcción de los cuarteles. Reiteró con gran seguridad que no existe ninguna región dentro del país donde domine la delincuencia organizada. Concretamente en Guerrero “no hay ninguna región en donde impere, domine, en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército y vamos a continuar así”.
Contrario a esta percepción, los empresarios de Chilpancingo se reunieron con el secretario de Seguridad Pública del estado, el mismo día de las declaraciones del presidente de la República. Abiertamente dijeron que la economía de la ciudad está controlada por los grupos del crimen organizado, concretamente se refirieron a la carne de res, el pollo, además, sufren del cobro de piso y las extorsiones. En su análisis refieren que hubo un periodo de estabilidad en la ciudad debido a un equilibrio de fuerzas entre los dos grupos delictivos que tienen el control de la plaza, refiriéndose a los Ardillos y a los Tlacos. Señalan que esta situación se da porque los presidentes municipales establecen alianzas con los jefes de la delincuencia y a cambio de seguridad acceden a los recursos del ramo 33, y también participan en la ejecución de algunas obras públicas.
Uno de los empresarios expresó que debido a las extorsiones la iniciativa privada ya no quiere invertir en Chilpancingo y se están yendo de Guerrero. Aclaró que quienes no se van son los que gozan de protección y puso como ejemplo a los consorcios mineros que tienen “sobreprotección”, que ningún empresario guerrerense logra tener. Aseguran que los grupos de la delincuencia organizada se han convertido en un poder que les hace contrapeso a los gobiernos locales. Pelean las plazas y se disputan territorios con un alto costo de vidas humanas. Aseguran que en Chilpancingo hay policías estatales y municipales que están cooptados por la delincuencia y, también, se han dado casos que los jefes de tránsito y vialidad son colocados por los grupos criminales. Recomiendan atender las demandas de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa porque pueden ser un factor de inestabilidad que desencadene un conflicto mayor como sucedió en Iguala en el 2014.
Ante la multiplicidad de denuncias el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez, y el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado, Gabriel Alejandro Hernández, expresaron su molestia porque no se habían concretado acuerdos y que, más bien, habían perdido dos horas revisando el pasado sin construir acciones para ver quiénes les están afectando y cómo ir para adelante. Reiteraron que deben interponer la denuncia para que se formalicen las investigaciones y se investigue a los responsables.
La secretaria de Seguridad Pública de Chilpancingo fue muy clara al manifestar que sólo cuentan con120 elementos divididos en dos turnos, por lo que diariamente ponen de 21 a 25 policías para dar seguridad a la ciudad. Manifestó que por lo menos se requieren 600 policías para dar un servicio de seguridad adecuado a la población.
Por su parte, el vicefiscal también se justificó ante los empresarios al comentar que las denuncias no son resueltas porque la Fiscalía sólo cuenta con 270 agentes del Ministerio Público en todo el estado, para un total de 181 mil carpetas de investigación en trámite, lo que implica que a cada Ministerio Público le corresponden 700 carpetas y es imposible atender puntualmente todas estas denuncias.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que en el primer trimestre del año Guerrero suma 406 homicidios dolosos, ocupando el octavo lugar a nivel nacional. Estos datos del 2023 muestran un aumento del 43.84 por ciento, en comparación con lo reportado para 2022, cuando fueron 301 homicidios dolosos. También se registró la cifra más alta en cuanto el delito de lesiones dolosas con 266 carpetas durante el mes de marzo. Además, por primera ocasión en lo que va de 2023 se reportaron víctimas de secuestro, registrándose tres personas afectadas. En cuanto a las cifras de extorsión el SESNSP reporta un descenso en este primer trimestre.
A nivel nacional, Acapulco, Chilpancingo e Iguala se encuentran dentro de los 50 municipios prioritarios en homicidios dolosos. El puerto de Acapulco se ubica en el cuarto lugar nacional con 461 víctimas durante este primer trimestre.
Este panorama deja entrever las diferentes percepciones que existen entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y los pequeños empresarios de la capital del estado. El escenario es más complejo delo que se reporta en las estadísticas y de los resultados obtenidos a nivel estatal en torno a la presencia de la Guardia Nacional.
La realidad guerrerense nos muestra un escenario catastrófico por la violencia que se ha desatado en varias regiones del estado, sobre todo en la Tierra Caliente, en la zona Norte, la Costa Grande, Acapulco, zona Centro y Costa Chica.
Hay un incremento de los homicidios dolosos y se han registrado más irrupciones armadas de grupos de la delincuencia que han entrado a comunidades serranas, desplazando a decenas de familias que se refugian en otras comunidades ante la falta de protección de los cuerpos de seguridad. Lo paradójico es que a pesar del alto número de efectivos federales en el estado se ha incrementado el número de jóvenes que se enrolan a los grupos de la delincuencia organizada. Muchos de ellos no encuentran otra opción ante el ambiente bélico que predomina en sus comunidades. Además de obligarlos para enrolarse en estas filas los jóvenes encuentran una salida relativamente fácil al escuchar la oferta de que ganarán dinero y podrán portar armas de grueso calibre.
Las mismas comunidades, ante las amenazas del crimen organizado han conformado sus grupos de autodefensas para proteger su comunidad y sus vías de acceso. Proliferan los actores armados y el ambiente se ha enrarecido tanto en la ciudad como en el campo porque ya no hay territorios libres, sino todo lo contrario, los territorios están en disputa y donde algún grupo logra afianzarse el jefe de la plaza toma el control territorial e impone sus leyes.
En la práctica la población tiene que supeditarse a los dictados de los grupos delincuenciales. No hay forma de liberarse de estas redes criminales, la gente se siente atrapada y no encuentra en los cuerpos de seguridad una salida efectiva que logre desmantelar a los grupúsculos que pululan en la ciudad y en las mismas comunidades indígenas y campesinas.
Desconcierta mucho lo que el secretario de Seguridad Pública del estado afirmó recientemente, de que no va a permitir que algún grupo de ciudadanos se atreva a cerrar la Autopista del Sol. Manifestó que primero buscará el diálogo y la negociación, sin embargo, si esto no resulta hará uso de la fuerza como logró aplicarla contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa al impedir que se volvieran a manifestaren la Autopista del Sol.
Este posicionamiento del secretario muestra que la estrategia de seguridad prioriza fundamentalmente la protección de los intereses económicos, focaliza su fuerza contra los estudiantes que ejercen su derecho a la protesta. Catalogan al movimiento social como una amenaza al orden público y sus actuaciones se centran en los grupos que de manera recurrente ejercen su derecho a la protesta. En su mapa de riesgo está dibujado los actores civiles, como recurrentemente lo ha hecho el Ejército al espiar organizaciones sociales y civiles para neutralizar o tener en la mirilla a quienes cataloga como adversarios del régimen.
A pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifiesta que en todas las regiones hay miembros de las fuerzas federales y que en Guerrero existe un despliegue importante de estos elementos, la violencia se incrementa a lo largo y ancho de la entidad, la población se siente atemorizada, vive con miedo, su patrimonio ha sido afectado y muchos son víctimas de la extorsión.
En el acontecer diario de los guerrerenses, los asesinatos son los indicadores funestos de una estrategia de seguridad fallida que obliga a que la gente se resigne a obedecer a los jefes de las plazas y a resignarse a contar con gobiernos que pactan con éstos a cambio de que brinden seguridad e impongan el orden a través de la cuota y las extorsiones.
La seguridad militarizada, además de que no ha dado resultados concretos a una población que ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos, por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las prácticas de la tortura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma del Congreso federal que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, un cuerpo policial que fue creado originalmente como una corporación de carácter civil.
Esta coyuntura resulta propicia para hacer una revisión a fondo sobre este modelo de seguridad, donde el Ejército ha ocupado los mandos que corresponden a las autoridades civiles y como consecuencia se han consumado graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones de personas civiles que fueron víctimas de la fuerza letal del Ejército que trata a los ciudadanos como enemigos, y utiliza las armas como si estuviera en una guerra.
Este sentimiento de orfandad en medio de una multiplicidad de actores armados coloca al ciudadano contra el paredón, porque ahora los fusiles deciden su destino.
Las leyes son letra muerta y han quedado supeditadas al uso de la fuerza. La interlocución política está muy restringida y limitada. Los canales de interlocución son muy acotados y regularmente no hay soluciones a las demandas fundamentales que obliga a la población a ejercer su derecho a la protesta.
Hay un gran desafío para la gobernadora, tiene que abrirse a la sociedad y reconocer a las organizaciones sociales y civiles como actores legítimos, como constructores de paz y como la fuerza transformadora que podrá revertir este ambiente bélico en un territorio donde prevalezca el diálogo, la paz y la reconciliación. En este contexto la fuerza y las armas salen sobrando. Para ello se requiere desterrar la corrupción, desmantelar las estructuras delincuenciales y acabar con los pactos de impunidad.
