Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El pasado viernes 7 de febrero el columnista Tim Steller del diario Sun Arizona preguntó en la conferencia mañanera al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, por qué “no ha tomado medidas dramáticas para frenar el éxodo de mexicanos desplazados de sus hogares de estados como Guerrero”. En su respuesta el presidente comentó, que “el mayor número de deportados son mexicanos de estados pobres como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La mayoría de los casos es por pobreza, por falta de oportunidades, es por trabajo”. El periodista reviró “yo he entrevistado y la mayoría dicen que no pueden por la violencia”. El presidente interrumpió y dijo “ese es otro motivo, pero fundamentalmente es la falta de oportunidades”. Por otro lado, en twitter, apareció un comentario muy revelador: “Lo que dijo este señor es muy importante, es cierto, mi familia está pidiendo asilo porque en el municipio de Zirándaro de los Chávez en Guerrero los grupos los ha sacado de sus casas”.
Existen casos documentados por defensores de derechos humanos que trabajan en la frontera y en Estados Unidos, de que varias familias guerrerenses han solicitado asilo a causa de la violencia, sobre todo en los últimos ocho años. Las amenazas de muerte y los asesinatos de algún miembro de la familia, son las causas que obligan a salir de manera intempestiva de las comunidades rurales, hacia la frontera con Estados Unidos. Huyen para llegar al cruce fronterizo y solicitar refugio. Se han dado casos en los que miembros de la delincuencia organizada persiguen a las familias hasta Tijuana. Por eso buscan desesperadamente el refugio ante migración. Son muy raros los casos en que las autoridades migratorias permiten que algunas familias que huyen de la violencia, su proceso de asilo sea llevado en Estados Unidos. La mayoría queda en total indefensión, porque los regresan a México para continuar este proceso. La situación de riesgo crece además de que no cuentan con asesoría legal, ni encuentran un lugar seguro donde no puedan ser ubicados por los grupos delincuenciales.
Hay testimonios de personas que se han decido a cruzar la frontera pagando 10 mil dólares a los coyotes. Antes del cruce tienen que dar otro pago de 10 mil pesos, por el cobro de piso que realizan las organizaciones criminales que controlan ciertas franjas de la frontera. Son ellos quienes establecen contacto con otras organizaciones que se encuentran del lado americano. Es decir, que este pasaje, tiene su purgatorio con las autoridades migratorias de México y de Estados Unidos y su infierno, con los grupos de la delincuencia organizada, que se han posicionado en la frontera. Por otra parte, entre las 180 familias desplazadas del municipio de Leonardo Bravo, el Centro Morelos de Chilapa, ha documentado 23 casos desde el mes de enero de 2019 hasta la fecha, de personas que han solicitado asilo a las autoridades migratorias. Todas han argumentado que su situación es sumamente grave por la violencia que se vive en sus comunidades. Se han asumido como familias desplazadas que no cuentan con el apoyo y la protección de las autoridades del estado y que temen ser privados de la vida, si se mantienen en su región y en su estado. Hasta el momento siguen esperando la respuesta de migración.
El drama de la violencia entre los guerrerenses ha trascendido hasta la frontera, por eso los motivos para solicitar asilo no son por la pobreza, sino por la escalada de la violencia que se vive en la entidad. Es preocupante que decenas de familias tengan que huir de sus comunidades, como esta sucediendo en algunos municipios de la región Centro, de la Tierra Caliente y de la Costa Grande principalmente. Las autoridades han sido muy renuentes ha reconocer el grave problema de los desplazamientos forzosos por motivos de violencia, lo que ha complicado su situación, porque se les invisibiliza y minimiza esta crisis de seguridad. Como siempre sucede, son las mismas familias las que han tenido que expresarse públicamente para denunciar este clima de violencia que los ha obligado a salir del estado y del país.
Otro problema que se ha complejizado son los casos de personas desaparecidas en la frontera. En la Montaña de Guerrero hemos documentado tres casos, en los últimos dos meses. Se trata de situaciones sumamente graves, porque las familias no saben qué hacer ante hechos inimaginables, debido a las condiciones extremas de pobreza y de aislamiento.
El pasado 5 de febrero los familiares de Andrés Candia González, acudieron a nuestras oficinas para informarnos de su desaparición. Desconocen los avances de la investigación que está realizando el consulado de Tucson, Arizona. Por otra parte, el 22 de enero de este año, la familia de la señora Paulina Aguilar Rojas de Llano Perdido, municipio de Cochoapa el Grande, se presentó para solicitar nuestra intervención, ante el consulado de México en El Paso, Texas, porque refieren que Paulina había cruzado la frontera de Ciudad Juárez a Nuevo México y desde el 12 de enero de este año se encuentra desaparecida. El joven Isaías Cano Rivera, originario de la comunidad Na’savi de Tototepec municipio de Tlapa, desde el 14 de agosto del 2017, fecha en que salió de su comunidad con la guía del coyote, quien lo trasladó a la frontera de Sonora, se desconoce de su paradero. Recientemente, la señora Eusebia, madre de Isaías recibió información de que una de las personas que encontraron sin vida en el desierto dio positivo en los estudios de ADN. Para la familia esta información además de dolorosa les genera incertidumbre porque nada le garantiza de que los restos que encontraron correspondan a Isaías. Es lamentable que las autoridades de los tres niveles de gobierno no brinden apoyo a estas familias. No cuentan con asesoría jurídica, ni se les brinda orientación por parte de los consulados para darle seguimiento a su caso. En Estados Unidos los 55 consulados que existen, ya no cuentan con fondos para apoyar a los familiares que enfrentan situaciones graves como las desapariciones y defunciones. Los mismos traslados de cuerpos que antes sufragaban los consulados, ahora la familia tiene que desembolsar los 8 mil dólares que cuesta el viaje en avión.
Aun no contamos con datos precisos sobre los guerrerenses que se encuentran en la frontera pidiendo refugio a causa de la violencia. Es una gran falla de las autoridades, porque se esta desatendiendo un problema que nos desborda y que desangra a centenas de familias, que además de padecer la violencia en sus comunidades, también la sufren en su huida hacia Estados Unidos. Lo cruel de esta tragedia, es que ninguna autoridad se hace responsable de lo que padecen cotidianamente. Sobreviven de milagro.
Es muy significativo el correo que recientemente recibimos de una hija que busca desesperadamente a su padre: “Ayúdenme por favor: Les escribo para que con su apoyo puedan buscar a mi papá. Es originario de Tlapa. Salió de aquí, el 11 de julio de 2019. Se fue a Sonoyta, Sonora, a buscar quien le ayudara a pasar Estados Unidos. Nos marcó el día 17 y nos dijo que saldría el día 18, para llegar a Phenix. Nos comentó que serían varios días de camino, porque tenía que rodear toda la ciudad. Era una ruta nueva que el coyote estaba abriendo. Llegó un día lunes y no supimos nada de él, hasta después de una semana. Nos marcó el guía y nos dijo que él se quedó. Que ya no aguantó a caminar. Nos dijo que se iba agarrando de los árboles, porque ya no quería seguir. Aseguro que lo dejó el día domingo 21 en la tarde en una brecha, donde lo pudieran encontrar los de migración, antes de llegar a la montaña 8 y milla 53. Tuvo conocimiento que en la tarde del día 22 a lo lejos vio que migración andaba por esa zona. No sabemos si es verdad o mentira. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con una organización que apoyan a migrantes. Nos comentaron que fueron a buscar en esa zona para ver si había algún rastro y no encontraron nada. También hemos hablado al consulado y nos dicen que no hay registro de él. Pasaron el caso con un investigador, quien se dedica a buscar personas en diferentes estancias, y hasta el momento no nos han llamado. Ya van tres meses que estamos a la espera de alguna información y ahora el investigador ya no nos contesta las llamadas. Por eso espero de todo corazón, que nos puedan ayudar, aunque sea preguntando entre sus contactos. Díganles sino no han sabido de alguna persona de aquí de Guerrero. Nuestra esperanza es que pudiera estar en la cárcel, porque hace quince años lo detuvo migración dos veces y lo deportaron, hasta que por fin logró pasar en el tercer intento. No se si por esos antecedentes lo hayan metido a la cárcel. Ojalá y así sea. Que Dios los bendiga por su enorme trabajo”.
Nos sentimos interpelados ante estos casos que nos desbordan, que requieren de apoyos efectivos por parte de las autoridades estatales y federales. No encontramos la manera de cómo brindar ayuda, sin embargo, las redes de organizaciones civiles de derechos humanos que trabajan con los migrantes que se encuentran en la frontera, son las mejores aliadas en esta lucha heroica de las familias que buscan a sus seres queridos. Son quienes alzan la voz contra la violencia que transciende fronteras.
