Por Abel Barrera Hernández
Primero fueron las protestas de las comunidades más pobres del país contra el aparato burocrático de la SADER que se encargó de diseñar el modelo de atención que se brindaría a los productores de la Montaña. Desde un principio el panorama pintó mal, por el nombramiento de un funcionario que su único mérito fue su cercanía con el Secretario de Agricultura. El clásico dedazo que no toma en cuenta a los beneficiarios, el contexto estatal ni la situación sociocultural que enfrentan los trabajadores del campo en uno de los Estados más convulsos del país. Se hicieron anuncios espectaculares sobre la inversión millonaria que se inyectaría al programa. También se difundió mucho el planteamiento de que directamente la federación se encargaría de entregar el fertilizante, sin que lo manejara el gobierno del estado ni los ayuntamientos. Se hicieron presentaciones regionales sobre los requisitos que se pedirían a los productores para la obtención de los vales que se canjearían por el agroquímico. Fue un power point que se presentó en diferentes reuniones que por arte de magia mostraba virtualmente las diferentes etapas de registro de los productores, la elaboración del padrón, la entrega de los vales y la dotación del fertilizante de manera gratuita. El tiempo se vino encima y las protestas empezaron a multiplicarse por los requisitos que por la vía de los hechos impedía que los indígenas y campesinos pudieran registrarse en la base de datos. Tuvieron que dar marcha atrás simplificando el procedimiento. Al final de cuentas tuvieron que ser más realistas y flexibilizar los trámites para garantizar que los productores quedaran registrados.
El tiempo de los campesinos e indígenas chocó con el tiempo de la burocracia. En la primera quincena de mayo apenas estaban revisando los padrones que nos les cuadraba. El número de productores se disparó y no hubo forma de tener un padrón confiable que pudiera ser el documento rector para la entrega del fertilizante. Esta falta de cálculo en los tiempos y en el número de productores, orilló a los funcionarios a que desde el centro se decidiera entregar un solo paquete a todos los productores, independientemente de que hubieran registrado dos o tres hectáreas. No dimensionaron lo que esta decisión unilateral significaría para la gente del campo. La primera acción de fuerza se dio el 31 de mayo cuando varias comunidades campesinas de la Sierra de Guerrero retuvieran a militares en Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, para exigir la entrega inmediata del fertilizante. Para esas fechas la gente ya cuenta con el fertilizante para aplicarlo en las primeras lluvias de junio. La falta de una interlocución directa con los indígenas y campesinos, y la descoordinación de las diferentes dependencias, orilló que comuneros y ejidatarios decidieran en asambleas retener a funcionarios, que todavía se daban el lujo de dar el banderazo para simbolizar el inicio de la entrega del fertilizante de manera incompleta. Fueron más de 56 comunidades del municipio de Zapotitlán Tablas las que retuvieron al presidente municipal y todo su gabinete, así como el delegado regional de los programas federales, que fueron llevados al crucero de Tlatlauquitepec para bloquear totalmente la carretera que va de Chilapa a Tlapa. Se apostaron en ese lugar más de 2 mil personas entre hombres y mujeres y autoridades comunitarias que desde el 13 de junio hasta el 4 de julio mantuvieron cerrada la vía hasta obligar que les entregaran las toneladas completas que requería su núcleo agrario.
Esta protesta desencadenó otras acciones similares de varios núcleos agrarios que recurrieron a la retención de funcionarios, a la toma de bodegas, bloqueos carreteros y retención de tráiler. Lo inadmisible fue que el coordinador del programa despachó todo el tiempo desde la Ciudad de México. Solo permaneció unos días en Casa Guerrero ante la visita del Secretario de Agricultura a Chilpancingo, por la presión y el malestar que se multiplicó en varias regiones del estado.
La entrega del fertilizante fue caótica y hasta la fecha hay más de 22 mil productores que siguen esperando la dotación gratuita del agroquímico. De nada valió que la SADER les haya entregado los vales y que la gente de SEGALMEX hayan asegurado su entrega puntual y completa. Entendemos que la apuesta del coordinador del programa es dejar que pase el tiempo para que la gente se desista de exigir la entrega del agroquímico, argumenta que ya no lo necesitan, que ya pasó el tiempo para aplicarlo y por lo mismo, si se les da, solo lo van a vender. De nueva cuenta estamos ante una postura indolente de funcionarios que están muy lejos de resolver las demandas de los pobres de la Montaña.
Lamentablemente predominaron visiones reduccionistas entre los actores políticos tanto estatales como federales. Las posturas que proliferaron era para descalificar al adversario y argumentar que las protestas estaban inducidas. Por otra parte, se cuestionaba la manera en cómo se operaba la distribución del fertilizante, que fue desde un escritorio y una computadora. Los perdedores fueron como siempre los pequeños productores. Los mismos padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos forman parte de este gran número de productores que no recibieron el fertilizante. Con muchas dificultades se logró arrancar algunos paquetes que fueron insuficientes para el número de hectáreas que pudieron sembrar.
La tormenta Narda de nueva cuenta volvió a causar los estragos que provocó el huracán Ingrid y la tormenta Manuel que cayó con toda su furia en los días patrios del 2013. Los ríos volvieron a recuperar su cause y nuevamente parecían tomar venganza contra sus pobladores, al arrasar casas y cultivos. Los puentes fracturados nunca se corrigieron, a pesar de que se anunció con bombo y platillo una inversión de más de 70 mil millones de pesos para el programa Nuevo Guerrero que coordinó Rosario Robles Berlanga, teniendo como presidente del consejo al magnate Miguel Alemán Velázquez. A la montaña llegaron empresas hechizas del Estado de México y de Hidalgo, de los compadres y amigos de Peña Nieto y de Osorio Chong, muchas de estas sólo subieron para tirar unos carros de arena y pedirle a los comisarios que firmaran los documentos con el engaño de que era para acreditar el inicio de la obra, cuando en realidad era la constancia de entrega de la obra concluida. Más de 4 mil 200 viviendas fueron reportadas por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, que la misma SEDATU subió a su plataforma para programar su construcción. Nada se hizo y ahora con la tormenta Narda se han acumulado más viviendas derruidas dejando nuevamente a muchas familias en la intemperie. A pesar de que existen dictámenes de protección civil de que más de 20 comunidades requieren reubicarse, el gobierno del Estado siempre argumentó que no tenía suficiente recurso para comprar terrenos idóneos para la creación de nuevos asentamientos humanos. Los derrumbes de los cerros siguen causando estragos a las comunidades que carecen de todos los servicios. Las autoridades de los tres niveles han dejado a su suerte las familias damnificadas, quienes se han tenido que organizar para hacer frente la ira de la madre tierra. Hoy las familias damnificadas están más organizadas para hacer frente a esta tormenta. Han salido de sus comunidades para exigir atención. Esperan que el gobierno federal no repita las prácticas nefastas de usar el fondo para los desastres en beneficio de empresas que han sido parte de la devastación social y económica que enfrentan los pueblos. Esperan respuestas inmediatas y eficaces, compromisos claves y acciones de fondo. Se necesita un presupuesto acorde al tamaño de la tragedia que secularmente han padecido los indígenas de la Montaña. Existen fundados para que no se repita la nefasta historia del fertilizante que llegó tarde e incompleto a la Montaña.
