Exigen tanto al gobierno estatal como federal, atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados y que las peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos.
Por Dinazahar García/ @Dina_Netertua26
Tras una misión de observación de derechos humanos realizada este pasado 10 de julio por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil en el municipio de Chenalhó en Chiapas, se dio vestigio de la situación de violación a los derechos humanos causada por la creciente violencia que durante estos últimos días ha azotado los municipios de Pantelhó así como los límites de Chenalhó.
En los últimos años, la paz dentro de las comunidades se ha visto impedida por los constantes asedios y la presencia de grupos criminales que buscan apoderarse del territorio de dichas comunidades, sumado a la violencia estructural que vive el estado de Chiapas y ha ocasionado que los pueblos busquen generar procesos organizativos con el propósito de hacer frente a la injusticia histórica que aún prevalece.
En este 2021, del mes de marzo al 5 de julio, se tiene registro de 12 personas asesinadas entre los que destaca un niño y Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización civil Las abejas de Acteal; además de una persona desaparecida, y una mujer y un niño con heridas de bala ocasionados por un grupo criminal de Pantelhó que posee nexos con autoridades y funcionarios públicos municipales.
Tales hechos de omisión por parte del Estado ante la violencia, así como su perpetua ausencia, ha llevado a la comunidad a ver a las autoridades como parte del problema en lugar de la solución, añadido a la corrupción e impunidad por parte del Estado. Señalan además, que es necesario y fundamental el compromiso de todos los actores involucrados para poder garantizar la construcción de la paz de manera sostenible.
Durante las visitas a las comunidades, se escuchó la voz de las familias así como el sufrimiento que les aqueja, ya que de acuerdo a datos recabados, son hasta el momento 3205 personas desplazadas; principalmente mujeres, ancianos y niños en los municipios de Chenalhó, San Cristobal de las Casas y San Juan Cancuc, quienes han externado su preocupación y miedo por sus vidas y las de sus familiares, dejando entrever que el desplazamiento forzado no necesariamente termina con las amenazas e inseguridad que padecen, ya que ahora se exponen a ser perseguidos o atacados por los agresores que continúan presentes y operando impunemente en el territorio.
Entre las personas desplazadas, se encuentran también defensores de derechos humanos pertenecientes a la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
De esta forma, ante la evidente falta de ayuda del Estado al contribuir a los desplazados con albergues o atención integral, la sociedad civil, el pueblo y las iglesias, colaboraron con campamentos para ser capaces de atender la crisis humanitaria en la que se encuentran los desplazados, pero que lamentablemente no dejan de enfrentar adversidades al encontrarse dichos campamentos, muy retirados de cualquier señal telefónica, impidiendo la comunicación y aumentando el riesgo ante una posible agresión. También se ha convertido en prioridad garantizar las necesidades básicas alimentarias, en especial maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; además de artículos de higiene personal como jabón, toallas sanitarias, pañales, entre otros, y leña para cocinar los alimentos en los campamentos.
La inseguridad alimentaria es uno de los riesgos que corren al tener que desplazarse de sus viviendas y lugares de origen, ya que las familias desplazadas dependen enteramente del exterior para que puedan proveerles de los alimentos necesarios y al encontrarse lejos de sus hogares, enfrentan el peligro de perder sus cosechas si no regresan lo más pronto posible. Mientras, sus cultivos de milpa y frijolar permanecen en abandono, y de no ser atendidos, se perderá la producción de granos básicos que cubren la alimentación de un año completo. En una situación similar se encuentran los animales, que al no ser alimentados ni procurados por sus dueños, pronto morirán de hambre, representando otro golpe al sustento de la vida comunitaria, e incrementando la crisis alimentaria que se ha perpetuado en las familias desde la pandemia por Covid 19.
Asimismo enfrentan enfermedades físicas como diarrea, deshidratación aguda, problemas respiratorios y fiebres, causando complicaciones que conllevan a neumonías; también se hacen presentes padecimientos en la salud mental, ya que sufren de ansiedad, llanto y tristeza. Las condiciones de hacinamiento y escasez de agua representan un peligro para los niños menores de cinco años, al correr el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y diarrea; al mismo tiempo se documentó, que dos mujeres dieron a luz mientras se encontraban desplazándose de su comunidad , haciendo imperante la necesidad de asegurar que las mujeres se encuentren a salvo junto a sus bebés, pues se reportan al menos dos niños desaparecidos en la montaña; y por último, la falta de privacidad y espacio puede aumentar los casos de Covid 19.
De esta manera es como las organizaciones hacen un llamado al gobierno: “exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas”.
