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Jueza ordena a Claudia Sheinbaum retirar Reforma Judicial del Diario Oficial en 24 horas

La jueza Nancy Juárez Salas otorgó una suspensión definitiva a la Reforma Judicial, ordenando a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Diario Oficial de la Federación eliminar la publicación en 24 horas. De no cumplir, se dará vista al Ministerio Público por delitos previstos en la Ley de Amparo.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

La jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, ordenó la suspensión definitiva de la Reforma Judicial, exigiendo que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Diario Oficial de la Federación eliminen la publicación del Decreto de Reforma Constitucional del 15 de septiembre de 2024.

La resolución se dio a conocer durante una audiencia celebrada el 16 de octubre en Coatzacoalcos, en el marco de un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional previamente otorgada.

El mandato judicial señala que la publicación de la Reforma Judicial contravino una orden anterior que suspendía dicha acción hasta que se resolviera de manera definitiva. Las autoridades responsables no cumplieron con la suspensión provisional, lo que motivó este fallo.

El fallo establece que las autoridades, en particular la Presidenta de México y el Diario Oficial de la Federación, tienen un plazo máximo de 24 horas para cumplir con la orden de eliminar la publicación. En caso de no hacerlo, el Ministerio Público de la Federación podría intervenir por un posible delito contemplado en el artículo 262 de la Ley de Amparo, que conlleva penas de 3 a 9 años de prisión, multas, y la destitución e inhabilitación de los servidores públicos responsables.

Este artículo de la Ley de Amparo se refiere específicamente al incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la suspensión de actos reclamados en juicios de amparo, lo que refuerza la gravedad del caso para las autoridades involucradas.

El conflicto se originó cuando el 13 de septiembre de 2024, la jueza Juárez Salas emitió una suspensión provisional que obligaba a las autoridades a abstenerse de publicar el Decreto de Reforma Constitucional. No obstante, el Diario Oficial procedió con la publicación el 15 de septiembre, violando la orden judicial. Como respuesta, la parte quejosa presentó un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional.

El incidente cobró mayor relevancia cuando, el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México. La jueza, al percibir que la nueva administración tampoco cumplía con la suspensión, amplió la orden hacia la actual presidenta, exigiendo su inmediata intervención. En virtud de este cambio de titularidad, la jueza reiteró su mandato de eliminar la publicación y prevenir la promulgación de la Reforma Judicial mientras se resuelve el juicio de fondo.

Al respecto, la presidenta de México informó que “No hay ningún amparo que pueda evitar la elección Judicial”.

 

La toma de protesta

Claudia Sheinbaum define el futuro de Morena con 10 compromisos clave

Por Max González Reyes

El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cumpliendo el orden constitucional, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a su sucesora e hija política, que ahora tiene por consigna darle continuidad a las políticas que iniciaron en 2018 con su llamada Cuarta Transformación y su consolidación del Segundo Piso.

Como en todas las tomas de protesta, se levantan grandes expectativas por ver las reacciones del presidente que se va frente al relevo que llega con nuevos bríos y una nueva forma de hacer política. Cada seis años se repite el protocolo de despedir al mandatario que se despide frente al que llega. La expectativa de la toma de protesta que recién presenciamos el primero de octubre tiene que ver con que por primera vez llega una mujer a la presidencia.

En la historia reciente, dentro de los episodios más desagradables que tiene registro nuestro país, es aquel cuando fue la entrega de la banda presidencial entre Vicente Fox y Felipe Calderón. Como se recordará, aquel 1 de diciembre de 2006 estuvo marcado por la inestabilidad política, pues desde las elecciones de aquel año el candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que había ganado las elecciones. Posterior a aquella jornada electoral López Obrador y su movimiento no reconocieron los resultados y como protesta encabezaron el cierre de una de las avenidas más importantes de la capital del país: Paseo de la Reforma.

Entre tanto, los legisladores del partido del candidato perdedor, en ese entonces el PRD, hacían todo lo posible porque Felipe Calderón no tomara protesta el primero de diciembre. Finalmente llegó la fecha y ese viernes fue todo un acontecimiento, ya que el alboroto en la Cámara de Diputados era palpable. Los legisladores del PAN que presidían la mesa directiva hacían todo lo posible por llevar a cabo la sesión de Congreso General, pero la oposición lidereada por el PRD impedía el paso de legisladores e invitados especiales. Finalmente, tanto el presidente saliente como el entrante ingresaron trasbanderas que cubren el Palacio Legislativo de San Lázaro y su estancia fue sólo para rendir protesta, la cual duró apenas unos cinco minutos, para así cumplir el orden constitucional. En esa ocasión no hubo discursos ni protocolos, salvo la estricta toma de protesta.

Aquel acontecimiento quedó marcado porque en el país no se había registrado un cambio de gobierno tan inestable como el de aquel año, por eso se recuerda de manera singular en la historia del país. Ni siquiera en el año 2000 hubo tal inestabilidad, cuando el partido que había nacido para mantener el poder, el PRI, había perdido la presidencia de la República, para dársela al PAN en la figura de Vicente Fox. Ese cambio no tuvo alteraciones y se llevó a cabo de manera normal.

Durante los cambios de gobierno en la época del PRI el ritual era congraciarse con el presidente entrante. El llamado “besamanos” que se le hacía al nuevo presidente era parte del reconocimiento como nuevo rey sexenal. Desde ahí, todo lo que hiciera o decía era aplaudido por todos los asistentes pues era el inicio de una nueva era.

Para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, los preparativos en la Cámara de Diputados empezaron desde un mes antes, cuando se instaló la LXVI Legislatura. La mayoría de Morena y sus aliados, conformada por el PT y PVEM, designaron como presidenta de la Mesa Directiva a una mujer que su historia personal es símbolo de la lucha de la izquierda por llegar al poder y de la reivindicación de las mujeres en el país: Ifigenia Martínez.

Como se sabe la maestra Ifigenia es un baluarte de la lucha de las demandas históricas de la izquierda. Ella se graduó en Economía por la Facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la que después sería directora. Fue la primera mujer mexicana en estudiar una maestría en economía en la Universidad de Harvard. Como ya se dijo, fue una defensora incansable de los derechos de las mujeres: fue la primera mujer en ser directora de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968. Asimismo, en 1988 se convirtió en la primera mujer electa por la Ciudad de México para ocupar un escaño en el Senado; fue galardonada con la Medalla Belisario Domínguez en octubre de 2021, la máxima distinción otorgada por el Estado mexicano. También fue varias veces diputada, y resalta su participación en la Corriente Democrática de 1987 que encabezó junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo para abrir el proceso democrático al interior del entonces partido gobernante, al no lograrse crear el Frente Democrático Nacional, antecesor del PRD.

La maestra Ifigenia como presidenta de la Mesa Directiva, fue la encargada de entregarle la banda presidencial a otra mujer Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la edad y el desgaste del tiempo no le permitieron disfrutar al máximo este acontecimiento. De hecho, desde el primero de septiembre, cuando fue nombrada presidenta de la Cámara de Diputados, no volvió a presidir una sesión hasta ese primero de octubre. La enfermedad le impidió llegar por su propio pie a la presidencia cameral, aunado al oxígeno que tenía. De hecho en el momento mismo de la entrega de la banda presidencial se alcanzó a escuchar en los micrófonos que apenas se podía sostener. Apenas pudo cumplir su labor, pues cinco días después nos enteramos de su fallecimiento a los 99 años.

Este hecho quedará guardado en la historia de la entrega de la banda presidencial: por entregarse de mujer a mujer y posteriormente el fallecimiento de una.

EZLN denuncia amenazas y hostigamiento a Bases de Apoyo en Chiapas

EZLN

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional señaló que los habitantes del poblado zapatista “6 de octubre” enfrentan amenazas de desalojo y violencia por parte de pobladores de Palestina, quienes presuntamente cuentan con el respaldo del gobierno municipal de Ocosingo y del estado de Chiapas.

Por Johana Utrera/ @UtreraJo25

Ocosingo, Chiapas, 16 de octubre de 2024. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció un aumento en las amenazas y el hostigamiento hacia las Bases de Apoyo Zapatistas en el poblado “6 de octubre”, perteneciente al Caracol de Jerusalén.

A través de un comunicado, el EZLN señaló que los pobladores del poblado de Palestina han emitido diversas amenazas contra los habitantes de “6 de octubre”. Estas amenazas van desde el desalojo forzado de las tierras que las Bases de Apoyo han ocupado y trabajado pacíficamente durante más de 30 años, hasta advertencias de violencia física, incluyendo amenazas de violación a mujeres, quema de viviendas y robo de pertenencias, cosechas y animales. Además, el EZLN reportó la presencia de individuos armados con “armas largas de alto poder” en la zona.

Desde el inicio de este conflicto, el Gobierno Autónomo Local (GAL) y la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACEGAZ) han intentado establecer un diálogo con las autoridades comunales de Palestina, sin éxito.

Las autoridades comunales de Palestina afirman contar con el respaldo del gobierno municipal de Ocosingo, así como del gobierno estatal de Chiapas, encabezado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, respectivamente. Según el comunicado, los agresores han recibido documentos que supuestamente acreditan su propiedad sobre las tierras en disputa. El EZLN también denunció una posible relación entre el crimen organizado y las autoridades locales, lo que estaría facilitando el despojo de las tierras mediante vías legales.

En respuesta a esta situación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN anunció la suspensión de la comunicación e información relacionada con los Encuentros de Resistencia y Rebeldía 2024-2025, que tenían previsto celebrarse, en parte, en el Caracol de Jerusalén.

Comunidades zapatistas denuncian ataques armados y hostigamiento en tierras recuperadas de Ocosingo

6 de octubre
Imagen de el Frayba

Habitantes del poblado 6 de Octubre, Gobierno Autónomo Local (GAL), municipio oficial de Ocosingo, desde el mes de julio han recibido ataques y amenazas de personas armadas e instalaron chozas dentro de las tierras del poblado.

Por Astrid Salgado / @AstridGSG

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 16 de octubre del 2024. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que recibieron información de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), Caracol IX y Nuevo Jerusalén sobre ataques de personas armadas e instalación de chozas dentro de las tierras recuperadas del poblado 6 de Octubre, Gobierno Autónomo Local (GAL), municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

Durante el mes de julio en distintas ocasiones personas desconocidas llegaron a la comunidad portando armas de distintos calibres, intimidando a las familias del poblado 6 de Octubre, realizaron recorridos y tomaron fotos. Luego dos personas bases de apoyo que fueron a trabajar sufrieron amenazas en donde les advirtieron que debían de retirarse de su comunidad de buena manera o los iban a sacar “por la mala“. La comunidad al no contestar a estas intimidaciones, estas fueron en aumento. Se reportó que el día 30 de agosto por la noche un dron estuvo sobrevolando el poblado 6 de Octubre.

Te puede interesar: ONU exige que el estado mexicano garantice la protección de los defensores de los derechos humanos en Chiapas.

A lo largo del mes de septiembre el Frayba comunicó que siguieron incursionando personas desconocidas causando miedo entre los pobladores. El 23 de septiembre del presente año, a las 6:00 horas, llegaron 10 autos un grupo armado el cual estaba conformado por aproximadamente 100 personas, al GAL 6 de Octubre, comenzaron a limpiar una extensión del terreno para construir sus chozas cerca de las viviendas de las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Desde esta fecha dicho grupo se ha mantenido en el lugar provocando que las intimidaciones y amenazas vayan a la alza.

Hombres armados vigilan el quehacer de las familias zapatistas. Para su propia seguridad, los hombres del poblado han preferido permanecer encerrados en los domicilios, y son las mujeres quienes salen; sin embargo han sido amenazadas con violarlas.” Se lee en el comunicado.

Estos hechos son del conocimiento de diferentes autoridades del Estado mexicano desde el 5 de septiembre del 2024, sin que hasta el momento se haya realizado alguna acción eficaz para detener estas situaciones, lo que puede provocar un desplazamiento forzado interno.

Por lo que el Frayba exige a las autoridades correspondientes lo siguiente:

  • Realizar acciones urgentes y necesarias a efecto de garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las familias Bases de Apoyo Zapatista, evitando que escale la situación.
  • Investigar de manera pronta y adecuada para identificar las personas responsables, desarticular y desarmar al grupo o grupos que operan en la zona.
  • Garantizar y respetar la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus Bases de Apoyo en general, y de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas de Nuevo Jerusalén en particular.
  • Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas contra las comunidades zapatistas: firma la petición.

Felipe Calderón se defiende tras condena a García Luna: “Nunca tuve evidencia verificable”

Felipe Calderón

Tras la condena a 38 años de prisión de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, el expresidente Felipe Calderón aseguró que nunca tuvo pruebas verificables que lo involucraran en actividades ilícitas.

Por Redacción / @Somoselmedio

Este miércoles, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos. El exfuncionario fue declarado culpable de cargos relacionados con el narcotráfico, participación en una organización criminal y falsedad de declaraciones. Su sentencia confirma su vínculo con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas de México.

Desde su arresto en 2019, García Luna pasó casi cinco años en prisión, los cuales serán descontados de su condena. Esta decisión judicial pone nuevamente en el centro de atención la gestión de seguridad de Felipe Calderón, quien hoy ese distancio de su excolaborador a través de su cuenta de X.

Calderón: “Nunca tuve evidencia verificable”

Tras la sentencia de García Luna, Felipe Calderón aseguró no haber tenido conocimiento sobre las actividades ilícitas de su exsecretario. En su declaración, el expresidente afirmó: “Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras”.

Calderón también expresó su respeto por las decisiones judiciales: “No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales”. Aun así, subrayó que, de haberse cometido crímenes, García Luna debe asumir las consecuencias de sus actos.

Calderón defendió su política de seguridad, asegurando que fue una de las decisiones más difíciles de su vida. “Enfrentar al crimen organizado fue lo correcto”, afirmó, añadiendo que volvería a tomar la misma decisión. Según él, su gobierno logró avances en la lucha contra el crimen organizado, aunque reconoció haber cometido errores.

Sin embargo, el balance de su estrategia ha sido ampliamente criticado. La guerra contra el narcotráfico, iniciada en su administración, dejó un rastro de violencia sin precedentes en México, con miles de muertos y desaparecidos. El gobierno de Calderón fue acusado de militarizar la seguridad pública y de generar más violencia en lugar de reducirla.

En sus declaraciones, Calderón también aprovechó para hacer un llamado al gobierno actual, instando a una “verdadera Política de Estado en materia de seguridad y justicia” que unifique esfuerzos más allá de la polarización política.

El amanecer de la justicia para Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio

Ranferi Hernández

Por Tlachinollan / @Tlachinollan

El atardecer se pintaba de colores en el horizonte. Desde adentro de la casa de adobe se escucha el ruido del motor de un carro que pasa en la calle contigua. La melodía de las aves llega de los árboles del patio, mientras un perro descansa en la sombra de una esquina al fondo. Es hora de salir, Ranferi dio una pasada con la mirada a su casa y continuó hacia la puerta.  El viaje había empezado, Ranferi Hernández, Lucía Hernández, Juanita Dircio y Antonio Pineda salieron de la comunidad nahua de Ahuacuotzingo rumbo a Chilapa, Guerrero, sin imaginar que la muerte merodeaba en su camino.

Al paso de los minutos los nubarrones negros empezaban a caer sobre los cerros. Ranferi pisó un poco más el acelerador. Había pocos vehículos en tránsito, reinaba más el silencio que el ruido. Antes de llegar a la comunidad de Nejapa, las sombras oscuras de la noche predominaban en el ambiente. La vista permanecía enfrente, seguía la luz de los faros del carro. Por fin llegaron a las primeras casas del poblado. Un respiro de esperanza, pero atrapados en las telarañas de la violencia de los grupos armados.

La espantosa tranquilidad desprendía una sospecha inenarrable. Más adelante quedó de manifiesto el plan siniestro de los perpetradores del crimen. Casi a la salida de Nejapa, rumbo a Chilapa, hombres armados le cerraron el paso a Ranferi. Lo cercaron colocándose un vehículo en la parte trasera y otro a un lado empujando fuera de la carretera, quedando inmovilizado. Los siguientes minutos todo se convirtió en un infierno para la familia Hernández. Fueron torturados por los malhechores, fueron asesinados y finalmente le prendieron fuego al carro gris estando adentro Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio. Las llamas se levantaron. Nadie había para auxiliarlos. El vehículo poco a poco fue quedando negro y cenizo. En el asfalto ennegrecido quedaron varios casquillos posiblemente de pistolas nueve milímetros. En los momentos cruciales ninguna autoridad llegó para rescatarlos a pesar de que a ocho minutos se encuentra un retén militar.

La historia que sigue es de exigencia de justicia, pero el crimen ha permanecido durante siete años en la impunidad. Este 14 de octubre de 2024, familiares, organizaciones sociales, colectivos de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos realizaron una ofrenda floral donde se consumó el deleznable multihomicidio. Han pasado dos gobiernos en Guerrero y dos presidentes en el país, y aun con Andrés Manuel López Obrador, no han realizado las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables. No les importa la justicia y menos el dolor de los familiares.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló de Ranferi, un luchador social que entregó su vida para la transformación social. Tuvo que salir del país porque si no lo mataban. Encaró a los “caciques para reivindicar la lucha de los campesinos de la sierra de Atoyac y de Coyuca. Defendió a los asesinados de Aguas Blancas”. Sin embargo, estando en la trinchera no tuvo ninguna garantía para seguir peleando. “Los luchadores sociales en Guerrero han tenido que pasar pruebas tan difíciles porque implica poner en riesgo la vida, colocarse contra el paredón, contra un sistema que sigue protegiendo a los perpetradores. No se castiga a quienes cometen graves violaciones a los derechos humanos y quienes tienen esa actitud de atacar al pueblo indefenso.

“Ranferi nunca se arredró. Enfrentó a Figueroa, lo encaró y se fajó como buen luchador social. Tuvo el valor de denunciar. En la misma Tribuna apareció en la defensa de los campesinos y de los indígenas. No cabe duda que se forjó en las parcelas, en estos terrenos. Por eso su casta de defensor lo llevó a mantener hasta las últimas consecuencias la defensa de los derechos básicos de quienes viven en el campo.

“Es inconcebible que alguien que entrega su vida por la gente más desprotegida tenga que cuidarla, tenga que pensar en cómo sobrevivir. Ranferi nunca imaginó, obviamente hizo sus cálculos en términos de los riesgos, como todos los que estamos en esto sabemos lo que significan estos riesgos, pero tampoco te vas a imaginar la monstruosidad de quienes quieren atentar contra los que buscan caminos diferentes para que haya justicia desde abajo. Nunca pensó que, viniendo de su comunidad, que caminando por este sendero donde estaba con gente del campo, iba a ver un grupo que lo estaba vigilando y que iba con toda la perversidad del mundo a atentar no solamente contra él, sino contra quienes iban con él.

“Es el terror que se instala en nuestra sociedad y que se permite por parte de las autoridades que son cómplices. Imagínense, un retén militar a unos metros y la criminalidad se esparce por todos lados. Los que perpetraron este crimen con seguridad lo hicieron sabiendo que no iba a haber ninguna reacción de las autoridades. Que no iba a haber costos de ningún tipo. Que estaban seguros y que en este lugar iban a cometer este crimen atroz para atentar contra Ranferi, contra su esposa Lucía, contra doña Juanita. ¿Qué culpa tiene una mujer mayor para que también pague la osadía de un defensor, de un luchador, por levantar la voz y por colocar en la primera línea a la gente del campo? Y también contra Antonio, que era un acompañante fiel de Ranferi.

“Por eso, esta situación que colocamos en una dimensión muy grave, tenemos que pensar que a los siete años no se ha dado un paso hacia la justicia. Ahí están parados los expedientes, no se avanza. Como decir que el problema no es de las autoridades que investigan, sino de las familias y de las víctimas. Que ellas investiguen, que ellas pongan la cuota de su riesgo por avanzar en las investigaciones. Este es el sistema de justicia estatal, más allá de que si hubo cambios de gobierno, sigue incólume el sistema para proteger a los perpetradores que tienen influencia dentro del aparato de justicia del Estado.

«En el caso de Ranferi en nuestro estado y en el país no tiene parangón, porque no es solamente asesinarlo en términos de atentar directamente contra su vida, sino causar terror, mandar un mensaje a la sociedad de decir que nunca va a ser posible que un luchador cristalice su sueño, sino más bien va a ser una pesadilla y un infierno en su vida. Crear infiernos por parte de un poder que no castiga a los que hacen daño, a los que planean la maldad y que robustece la criminalidad en Guerrero. Se han cerrado los canales para poder transitar con seguridad y paz en todos estos senderos que el pueblo busca que haya justicia.

“Ranferi, aquí estamos los que te admiramos. Vamos a seguir contigo con todas las limitaciones que tenemos, con las grandes dificultades que hay, y con la impericia de la fiscalía, con la falta de compromiso de sus agentes, con la insensibilidad de las autoridades del estado, con la falta, sobre todo, de protección a tu familia que corre riesgos, que han tenido que replegarse porque no hay garantías para seguir reivindicándote como un luchador social y para seguir demandando justicia.

“Discúlpanos si a lo mejor nos ha faltado todavía esa persistencia, ese carácter, ese temple que tú demostraste. Pero que sepas que quienes estamos aquí seguimos exigiendo que esto no quede impune. Tener que remover ese aparato, ese elefante, para que camine y para que realmente veamos el amanecer de la justicia y para que allá donde estás sepas que aquí seguiremos luchando, tú sabes, en medio de la adversidad, en medio de la incomprensión, en medio de campañas de desprestigio, en medio de riesgos, en medio de tantas inseguridades y precariedades, ahí estaremos, Ranferi. Te saludamos, te abrazamos, te reconocemos; también abrazamos a Lucía, a doña Juanita y a Antonio. Ustedes seguirán vivos en estas luchas. Sentimos que esta pasión por los derechos humanos no se va a apagar, porque ustedes son también luz más allá de esta tierra”.

Informe del Centro Prodh critica debilidades de la CNDH durante 2019-2024 y urge renovación

Informe del Centro Prodh critica debilidades de la CNDH durante 2019-2024 y urge renovación

El Centro Prodh presentó su informe sobre la gestión de la CNDH, señalando graves deficiencias, falta de independencia y omisiones en casos clave, y llamando a un proceso de renovación que fortalezca la protección de los derechos humanos.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 15 de octubre de 2024.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló hoy su informe crítico sobre la gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante el periodo 2019-2024. El informe, titulado “CNDH: balance de su debilitamiento institucional”, resalta graves deficiencias en el funcionamiento del organismo, su falta de independencia y su inacción en casos emblemáticos.

Este balance se presenta en un momento clave, con el proceso de renovación de la presidencia de la CNDH en marcha en el Senado, el cual deberá concluir el próximo 15 de noviembre. La institución ha sido objeto de señalamientos por su ineficacia, particularmente en lo que respecta a la vigilancia de las Fuerzas Armadas y la falta de respuesta frente a violaciones a los derechos humanos durante la pasada administración federal.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la aparente laxitud de la CNDH en la fiscalización de las Fuerzas Armadas. Según el Centro Prodh, entre 2020 y 2023, la Guardia Nacional acumuló 1,816 quejas, de las cuales solo se emitieron 13 recomendaciones. Del mismo modo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señalada en 1,664 quejas, recibió únicamente 26 recomendaciones.

Para el Centro Prodh, estas cifras reflejan una falta de acción por parte del organismo, que debería haber jugado un rol más activo en la protección de los derechos humanos frente a las violaciones cometidas por instituciones de seguridad pública.

El informe también señala la falta de independencia de la CNDH, especialmente en temas de amplia relevancia pública. El Centro Prodh resaltó el silencio de la CNDH frente a la denuncia de espionaje con el software Pegasus, presuntamente realizado por el Ejército contra un defensor de derechos humanos.

Además, recordaron como la CNDH se abstuvo de ejercer su facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad frente a reformas impulsadas por la anterior administración que contravenían estándares internacionales.

A nivel comunicacional, el Centro Prodh destacó que la CNDH emitió más de 40 pronunciamientos públicos dirigidos a desacreditar medios, periodistas y organizaciones civiles, lo cual alejó al organismo de su labor de defensa de las víctimas.

El informe también denuncia que la renuncia de todos los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH dejó al organismo inoperante en su supervisión interna. Según el Centro Prodh, esta situación, sumada a la falta de transparencia en la toma de decisiones clave, debilitó aún más la efectividad del organismo.

En respuesta a este panorama preocupante, el Centro Prodh pidió una renovación profunda en la presidencia de la CNDH. Según el informe, es indispensable que el próximo liderazgo sea independiente del poder político, fortalezca la capacidad de investigación de quejas y se comprometa a utilizar los mecanismos constitucionales de manera imparcial. Asimismo, el organismo deberá mejorar su política de comunicación y su rendición de cuentas para recuperar la confianza pública y desempeñar un rol efectivo en la defensa de los derechos humanos en México.

Denuncian que iniciativa fast-track en Jalisco ignora resolución de la corte y excluye a familias de desaparecidos

El MNDM crítica tardanza en la búsqueda y cuestionan cifras oficiales en México
Foto: Mario Marlo.

La iniciativa que propone crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda en Jalisco ha sido aprobada de forma precipitada, sin consulta con familiares de desaparecidos, desviando la obligación de crear fiscalías especializadas autónomas. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y organizaciones de derechos humanos denuncian el incumplimiento de compromisos establecidos.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre 2024.- El 14 de octubre de 2024, las comisiones legislativas del Congreso del Estado de Jalisco aprobaron el dictamen que impulsa la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Esta decisión se tomó sin un análisis exhaustivo ni consulta con los familiares de personas desaparecidas, un sector clave para garantizar la participación conjunta en estos procesos.

Ante esto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció que el Congreso de Jalisco ignoró los llamados al diálogo, incumpliendo con sus obligaciones legales y poniendo en riesgo el progreso en la lucha contra la desaparición de personas.

Uno de los puntos más preocupantes de esta iniciativa es que no responde a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura. En su lugar, el dictamen propone la creación de una Dirección de Investigación bajo la Vicefiscalía en Derechos Humanos, lo que, según el CEPAD, representa un retroceso en términos de autonomía y eficacia investigativa.

De igual forma, la propuesta de crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda tampoco contempla la dotación de autonomía real para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, manteniéndola adscrita a la nueva Secretaría, lo que podría comprometer su independencia y su capacidad para llevar a cabo investigaciones sin interferencias externas.

El CEPAD y otras organizaciones advirtieron que la creación de esta Secretaría podría aumentar los abusos y violaciones a derechos humanos, al no resolver los problemas estructurales que enfrenta el estado. La ausencia de mecanismos que garanticen la autonomía de las instancias involucradas podría perpetuar la impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus familias.

En un comunicado emitido el 9 de octubre de 2024, el CEPAD subrayó la importancia de generar procesos participativos y abiertos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Ambas normativas exigen la inclusión de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

Según el CEPAD, de aprobarse esta iniciativa, los procesos actuales llevados a cabo por la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedarían bajo el control de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Esta centralización podría debilitar la capacidad de estas instituciones para operar de manera independiente y efectiva.

Es importante señalar que Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en desapariciones desde 2019, lo que subraya la necesidad de fortalecer, no debilitar, las instancias encargadas de investigar estos crímenes. Colectivos de familiares y el CEPAD han reiterado que cualquier cambio en las instituciones debe garantizar la plena autonomía y dotar de recursos suficientes a las fiscalías especializadas.

“En este contexto, el CEPAD y las familias de desaparecidos exigen al Congreso del Estado que se detenga el proceso de aprobación de esta iniciativa hasta que se realice un análisis profundo y participativo.

“La crisis de desapariciones y violencia en Jalisco requiere soluciones integrales que respeten los derechos de las víctimas y garanticen la verdad, justicia y reparación integral.” Resaltaron.

El CEPAD denunció que la aprobación apresurada de esta iniciativa, sin acatar las resoluciones de la SCJN ni escuchar a los afectados, representa una grave omisión por parte de las y los legisladores de Jalisco. La creación de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda sin la necesaria autonomía de las fiscalías especializadas podría significar un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad.”

Designación CNDH, 2024: un Plan de Trabajo para los 33 OPDH y el Estado mexicano

CNDH

Por Cuauhtémoc Rueda Luna / @cuhtrl

1\ Esta columna presenta los puntos principales de un documento Diagnóstico y Plan de trabajo que se realizó para la candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual se comparte con el objetivo de que, en su caso, pudiera ser considerado por otras personas que presentarán su candidatura.

La convocatoria del Senado para quienes quieran participar como personas candidatas pide sólo un plan de trabajo, sin embargo, desde Efecto Útil nos parece que, para ser apropiado, un plan requiere plantear los elementos diagnósticos que le dan lugar. De otro modo, se construye en el aire.

Con el objetivo de hacer una muy breve presentación del documento se comentan sus apartados; el cual puede bajarse en el siguiente link: https://acortar.link/ZZJYK3.

2\ El diagnóstico y el plan se basan en las tres funciones de protección, supervisión y promoción de los derechos humanos que todo Organismo Público de Derechos Humanos (OPDH) debe cumplir de acuerdo al modelo más avanzado establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (art. 33.2). Con base en esas tres funciones, se revisan los desafíos internos y externos de la CNDH.

3\ En cuanto a los desafíos internos más generales, se plantea que al interior de la CNDH las áreas tienen mezcladas y dispersas las actividades propias de cada una de las tres funciones, de modo que esto repercute negativamente en un cumplimiento coherente y apropiado de ellas. Consecuentemente, se proponen los términos en que se puede llevar a cabo una rearticulación interna de las áreas de la institución, de modo que la CNDH adquiera una capacidad operativa mucho mayor y más pertinente para el cumplimiento de sus tres funciones, conforme al máximo uso de los recursos disponibles.

4\ Asimismo, también en relación a los desafíos internos de la CNDH, se desarrolla de manera específica la situación de la función protección en cuanto a la investigación de violaciones de derechos humanos. Se plantea que el principal problema deriva de que la CNDH mantiene un modelo selectivo en la investigación de esas violaciones, y como consecuencia emite muy pocas recomendaciones respecto del total de quejas que recibe anualmente: menos de 2% de recomendaciones cuando debería emitir al menos un 20%. Esta selectividad basa en valoraciones políticas (de arriba) que se imponen sobre las necesidades jurídicas derivadas de los derechos de las víctimas (de abajo). Es la decisión política y no los derechos humanos lo que en el fondo termina importando (aunque siempre usando el discurso de derechos humanos).

Esto llama la atención en el contexto de que desde la CNDH recientemente se celebra que en 2023 emitió 370 recomendaciones (sin considerar las recomendaciones generales), indicando que éste es un máximo histórico. Esto es cierto, pero ese número solo representa cerca del 1.9% de recomendaciones respecto del total de quejas anuales. La propia CNDH, en sus primeros años, llegó a emitir hasta un 3.3%. Es decir, incluso si se compara en términos porcentuales respecto de su propia historia, sus números siguen siendo muy bajos. Y si se llegara a considerar que debería emitir cerca del 20% entonces la CNDH en 2023 tendría que haber realizado cerca de 4,000 (3,980) recomendaciones.

La CNDH sigue muy lejos de erradicar el modelo selectivo. Si acaso, atenuó su gravedad.

Ante este escenario, en la propuesta de trabajo desarrollada en el documento se indica una serie de medidas para erradicar el modelo selectivo, que en síntesis corresponden a: (i) la decisión asumida públicamente como un compromiso de eliminar el modelo selectivo, lo cual es necesario porque el trato selectivo de los casos y las recomendaciones requiere eliminarse cómo se barren las escaleras: de arriba para abajo; y, sobre esa base, (ii) revisar las prácticas irregulares y vicios institucionalizados que se han generado para mantener el trato selectivo, pues estas prácticas y vicios no son su causa, son su consecuencia. Es conveniente recordar que combatir esto no requiere cambios normativos.

Sin embargo, siempre ha sido necesario fortalecer las facultades de investigación de violaciones de derechos humanos de los OPDH, para lo cual se proponen reformas constitucionales y legales relativas a las responsabilidades de autoridades y particulares por falta de colaboración u obstaculización de dichas investigaciones; y también es necesario fortalecer el aprovechamiento de los resultados (pruebas y recomendaciones) de dichas las investigaciones, a efecto de que deban ser considerados por otras autoridades administrativas y judiciales en sus respectivos procedimientos y procesos. Y, de forma semejante, al interior de la CNDH, es necesario generar una sistematización de las garantías de no repetición solicitadas en la reparación del daño, así como de su cumplimiento y la evolución de las circunstancias que les dieron lugar.

Por otro lado, se propone cambiar el centro de gravedad simbólico para que la emisión de recomendaciones transite de una dinámica de avergonzamiento por las violaciones de derechos humanos a una dinámica de reconocimiento de la voluntad de reparar el daño, dado que la primera privilegia un uso moral y político de la institución, y se asocia estrechamente al trato selectivo, pues genera que las lógicas políticas de la institución colonicen las necesidades jurídicas de los derechos de las víctimas.

Por ello, se advierte que el modelo selectivo ha provocado y retroalimentado un elitismo, en donde sus agentes son personas y organizaciones de los derechos humanos que lo legitiman.[1] Quienes desean que la CNDH y los demás OPDH locales continúen siendo selectivos pues lo que en último término buscan es ser partícipes de las élites derechohumaneras que deciden o influyen en la decisión de qué casos sí son seleccionados y qué casos no.  Dada esta situación, la lucha por presidir la CNDH (y los OPDH) se trata, para quienes quieren mantener el modelo selectivo, de una lucha por ser el(la) Gran Selector(a): una lucha por ser la persona que seleccione a qué casos y qué agendas sí se les dará acceso a las recomendaciones, donde el derecho de las víctimas a que se emita una recomendación es secundario y nulificable.

Consecuentemente el documento que se presenta también constituye una propuesta de des-elitización de los OPDH mexicanos, y una descolonización de su funcionamiento.

4.1\ En 2016, desde Efecto Útil[2] presentamos un informe[3] ante la GANHRI (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) solicitando que se le quitara la acreditación nivel “A” a la CNDH por los efectos negativos de su modelo selectivo para la investigación de violaciones graves de derechos humanos (especialmente la tortura). Con motivo de este informe la GANHRI recomendó a la CNDH que revisara sus procedimientos de investigación. Durante la presidencia de Luis Raúl González Pérez esto fue finalmente dejado de lado. Al iniciar la administración actual de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, por parte de Efecto Útil solicitamos audiencia con ella para hacer de su conocimiento la recomendación de la GANHRI y solicitarle que revisara los procedimientos. En ese momento, la presidenta, junto con su secretario ejecutivo, indicaron que se revisaría la situación de la CNDH. Posteriormente, me invitaron a participar en la CNDH por lo que más adelante ingresé permaneciendo por poco más de un año. Para 2022 la CNDH tuvo el primer año con un incremento relevante de recomendaciones, al llegar a 300 (sin considerar las recomendaciones generales), y señaló en el informe anual de ese año que esto también había sido motivado por la petición de la GANHRI.[4] Sin embargo, el hecho de que se incremente de manera importante el número de recomendaciones carece de importancia para diversas personas y organizaciones de derechos humanos (no porque porcentualmente esté muy lejos de una situación apropiada), dado que lo esencial para éstas es la función política de la CNDH, no la jurídica: es decir, la persistencia del modelo selectivo. Sin embargo, esta evolución institucional también es relevante porque el uso selectivo de las recomendaciones suele justificarse de muchas formas incluyendo la cuestión de la insuficiencia de recursos o de las dificultades para elaborar recomendaciones. Pero el hecho es que la CNDH ha tenido una política de austeridad muy importante por lo que ha bajado su presupuesto durante esta administración. Lo cual, independientemente de otros efectos que pueden cuestionarse, revela que ha sido totalmente falso el pretexto de los recursos. En Efecto Útil esto es una obviedad, pero es relevante que haya quedado demostrado por la propia CNDH.

En vistas de la situación institucional, la posición de Efecto Útil se centra en dar cuenta de la autonomía de la CNDH como una garantía de que ésta realizará su trabajo técnico en materia de derechos humanos y, por tanto, las personas no serán tratadas selectivamente. Por ello, en la designación de la titular de la CNDH en 2019, el reto más importante era construir la autonomía,[5] pues ésta nunca ha existido. Al día de hoy, aunque haya un trato selectivo menos lesivo, éste aún sigue existiendo.

5\ Después de los desafíos internos, en el documento se pasa a revisar cuáles son los desafíos externos de la CNDH. Respecto de estos se comienza por aquellos que la institución tiene frente a todo el sistema de OPDH mexicanos y frente al Estado mexicano.

Al respecto se indica que, derivado de que en nuestra Constitución no están establecidas las tres funciones (protección supervisión y promoción), todos los OPDH carecen de una base común para poder actuar de manera sistemática y sistematizada en sus ámbitos de competencia y, por tanto, permanecen en una plena falta de coordinación a nivel nacional respecto de ellas. Por ello se plantea que la CNDH está llamada a liderar los esfuerzos para generar esa coordinación nacional.

6\ El último tema del documento corresponde a otro desafío externo: el referido a los problemas derivados de que el modelo selectivo no es exclusivo de la CNDH, pues se encuentra extendido en todos los OPDH mexicanos, siendo los casos más preocupantes el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) que incluso legalizó el trato selectivo,[6] y el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) que en los últimos años pasó de ser la única institución que emitía arriba de 20% de recomendaciones a ser una institución que se alineó con el modelo selectivo de modo que actualmente emite alrededor del 2% de recomendaciones (sin embargo, la PRODHEG, siguiendo un estilo muy conocido entre los OPDH, afirma que no ha existido cambio alguno en su política institucional de investigación de casos)[7].

En esos términos, la CNDH actualmente es el único OPDH que ha tenido un alza relevante de recomendaciones; y, por ello, es la única institución que, aunque esté muy lejos de ser suficiente, tiene una posible tendencia a corregir el modelo selectivo.

Consecuentemente en el proyecto en el documento se presentan una serie de propuestas para que la CNDH lidere también la erradicación del modelo selectivo a nivel nacional en todos los Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Se necesita una política anti-selectiva y des-elitizante que combata la invisibilización y la administración de las violaciones de derechos humanos en los 33 OPDH del Estado mexicano, que reconozca a todas las víctimas y no sólo “privilegie” a algunas, abriendo la puerta sólo a ellas, respecto de lo que miles más tienen derecho.

7\ La candidatura a la presidencia de la CNDH en que se presentará esta información es la mía. Sin embargo, el documento con información diagnóstica y el subsecuente plan de trabajo que se anexan desde el inicio de esta columna, aunque queda poco tiempo, quizás alcance a ayudar a otras personas a orientar sus propias candidaturas.

Al menos, es una oportunidad para socializar información que sirva para quienes desean que estas instituciones realmente trabajen para la gente.

[1] RUEDA LUNA, Cuauhtémoc. “AMLO, el #FactorEmilio y ¿puede fracasar la #DesignaciónCNDH 2019?”, en Somos el medio, 9 de noviembre de 2019,  https://www.somoselmedio.com/amlo-el-factoremilio-y-puede-fracasar-la-designacioncndh-2019/

[2] Efecto Útil es una organización de derechos humanos que, gracias al trabajo voluntario de sus integrantes y conforme a sus propias posibilidades temporales, hasta la fecha trabaja sin financiamiento.

[3] EFECTO ÚTIL Informe Previo Efecto Útil sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 3ª. edición, Centro de Monitoreo sobre Organismos Públicos de Derechos Humanos, Efecto Útil, A.C., México, 2019 [2016], https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/Call/NHRI/CNDHMexico.pdf

[4] CNDH, Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre, 2022, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2022, pág. 10, https://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2022/IA_2022.pdf

[5] RUEDA LUNA, Cuauhtémoc. “Los retos de la CNDH: construir la autonomía”, en Somos el medio, 1 de febrero de 2020, disponible en: https://www.somoselmedio.com/los-retos-de-la-cndh-construir-la-autonomia/

[6] RUEDA LUNA, Cuauhtémoc, “CDHDF: legalización del “trato selectivo” y ¿algunas simulaciones?”, en Somos el medio, 28 de mayo de 2019, México. https://www.somoselmedio.com/cdhdf-legalizacion-del-trato-selectivo-y-algunas-simulaciones/

[7] Respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 110200000033823, de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Recomendaciones de la IMDHD al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum por desapariciones federales

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fotografía por Ximena Badillo.

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por Ximena Badillo/ @Ximeme16

Ciudad de México, 14 de octubre de 2024.- El primero de octubre del año en curso a través de la cuenta de X del El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., se comunicó la publicación de una serie de recomendaciones en materia de desapariciones a nivel federal, para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), es una organización civil que genera vínculos y encuentros con distintos actores políticos, sociales, académicos y civiles, con el fin de crear propuestas e iniciativas para lograr el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos, así como una democracia sustantiva.

El IMDHD a través de la Red Lupa ha construido propuestas y recomendaciones para que el nuevo gobierno las implemente, con el fin de mejorar el desempeño institucional sobre las desapariciones de personas.

Entre las recomendaciones se destacaron las que se enfocan en la búsqueda de las personas desaparecidas, las cuales mencionaron que debe garantizarse la participación de las familias y de las organizaciones que las acompañan, así como, existir un plan para la interconexión entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otras bases de datos, que puedan colaborar a la localización de personas.

También se recomendó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cumpla con su obligación al construir un Programa Nacional de Búsqueda y Localización, con miembros integrados y especializados en dicha tarea, para darle atención al análisis del contexto de las desapariciones, se realicen las búsquedas por patrones y se genere un diagnóstico sobre las problemáticas y las necesidades para avanzar en la búsqueda de personas.

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fotografía por Ximena Badillo.

De las propuestas sobre los derechos de las víctimas, se destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) proponga una serie de modificaciones a la Ley General de Víctimas, donde se considere que la Ley esté enfocada solamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y que se responsabilicen las instituciones de reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por su personal.

Otra de las recomendaciones sobre los derechos de las víctimas fue que la CEAV cuente con un programa de reparación administrativo que sea accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos, también que se garantice la participación de las víctimas en el diseño de este programa, así como que exista un mecanismo para que supervise la implementación correcta del programa. De igual forma, que se establezca una cantidad precisa de reparación, conforme al tipo de violación a los derechos humanos ocasionado.

La Red Lupa ha sido un espacio digital para la vigilancia, análisis y seguimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional, la cual se implementó desde el 2018. También se evalúa lo que hace el Estado para localizar a las personas desaparecidas y así crear recomendaciones para mejorar en el uso adecuado de protocolo que se está haciendo. 

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Imagen de IMDHD

La Red Lupa mencionó que la Ley no refleja todas las exigencias que las familias solicitaron para tener los mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense, pero que es una gran avance y es responsabilidad de las autoridades asegurar su implementación.

Se mencionó que “El objetivo prioritario del año 2024 ha sido el desarrollo de propuestas y recomendaciones tanto estatales como federales, y para trabajar en ellas  se convocó a un Primer Encuentro Nacional de la Red Lupa, actividad que fue posible gracias al generoso apoyo de la Embajada de Suiza en México y la Unión Europea.”

Así se dió a conocer la publicación de las recomendaciones sobre los casos de personas desaparecidas a nivel federal, las cuales incluyeron el panorama general, los datos y análisis de las desapariciones en México, el desempeño de las Instituciones Federales y recomendaciones de diferentes tipos como lo son de procuración de justicia, de identificación humana, de sanción, de prevención y hacia el Poder Legislativo. 

Puedes consultar las recomendaciones aquí

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