Familiares de Sandra Domínguez Martínez, defensora de derechos humanos desaparecida desde el 4 de octubre, junto con organizaciones sociales, exigen al Gobierno de México y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, intensificar la búsqueda y garantizar la presentación con vida de la activista. Piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El 4 de octubre de 2024, Sandra Estéfana Domínguez Martínez, abogada y defensora de derechos humanos de origen ayuuk, desapareció en las inmediaciones de María Lombardo de Caso, en el municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca. Desde entonces, sus familiares han impulsado incansablemente la búsqueda, pidiendo el apoyo de las autoridades para encontrarla con vida.
En un comunicado emitido por las autoridades locales, exigieron a los gobiernos federal y estatal, así como a la Fiscalía General de la República (FGR), intensificar los esfuerzos de búsqueda.
“QUEREMOS DE REGRESO A SANDRA, HIJA DE ESTA COMUNIDAD”
Comunicado de las autoridades de San Isidro Huayapam Mixe, de donde es originaria la defensora desaparecida Sandra Dominguez. Se dirigen a la presidenta @Claudiashein y a la @FGRMexico Para que atraiga el caso. pic.twitter.com/lgkXmXU2np
Durante una conferencia de prensa realizada el 10 de octubre, la familia de Sandra, representada por sus hermanas Kenia y Aracely Domínguez Martínez, y su madre, expresaron su desesperación. En una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, Aracely Domínguez solicitó la intervención inmediata del gobierno federal. “Me dirijo a usted con el corazón lleno de esperanza y angustia”, expresó, señalando la importancia de actuar con rapidez para encontrar a su hermana.
La familia exigió que la presidenta gire instrucciones para asignar más recursos y personal a la búsqueda, ya que la demora puede costar la vida de Sandra. A pesar de la activación de la Comisión Estatal de Búsqueda, aún no han recibido noticias concretas sobre su paradero.
En una segunda carta dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, Kenia Domínguez resaltó la necesidad de priorizar la búsqueda de Sandra y brindar protección a la familia durante este difícil proceso. “La participación activa de su gobierno podría marcar una diferencia significativa y devolvernos la esperanza”.
Organizaciones de derechos humanos, como Consorcio Oaxaca, se sumó a la exigencia de localización con vida de la abogada y denunció la falta de acción efectiva por parte del Estado en la localización de la defensora. Según datos proporcionados por estas organizaciones, Sandra Domínguez se suma a la lista de 653 mujeres desaparecidas en Oaxaca durante la administración de Jara Cruz.
Colectivos de derechos humanos y organizaciones, como la Red de Mujeres Defensoras y Activistas de Derechos Humanos en Oaxaca, CLADEM, Red Mariposas de Mujeres Mixes, y la Red Chimalli. Todos ellos se han unido en la exigencia de que se intensifiquen las labores de búsqueda y se garantice la presentación con vida de Sandra.
Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, manifestó su preocupación por el aumento de desapariciones de mujeres en el estado y urgió al gobierno a actuar con mayor diligencia. “No estamos dispuestas a guardar silencio”, afirmó Mosqueda, quien se comprometió a seguir apoyando a la familia en su lucha por la justicia.
Durante la conferencia, las defensoras y familiares también solicitaron que la Fiscalía General de la República colabore o, en su caso, atraiga la investigación para agilizar los procesos de búsqueda. Eduardo Palma, representante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, criticó la lentitud con la que se han manejado las investigaciones, lo que podría estar poniendo en riesgo la vida de la activista.
Por su parte, Yésica Sánchez Maya, activista de derechos humanos, hizo un enérgico llamado a Salomón Jara a no repetir los errores de su antecesor, Alejandro Murat, quien no logró esclarecer las desapariciones de otras defensoras, como Irma Galindo y Claudia Uruchurtú. Sánchez insistió en que las filtraciones y posturas por parte del gobierno no deben interferir con las investigaciones.
La familia sigue apelando a la acción coordinada de todos los niveles de gobierno, mientras continúan exigiendo la presentación con vida de Sandra Domínguez Martínez.
En el 29 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), las 5 casas de justicia marcharon más de 3 kilómetros de la comunidad de Pozolapa a Tepango, municipio de Ayutla de los Libres. Como anfitriones del evento los coordinadores y los grupos de policías de El Paraíso se colocaron al frente de la marcha acompañados por Espino Blanco, San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Caxitepec.
Las compañeras del pueblo Ñuu Savi de Coxcatlán Candelaria encabezaban el desfile con la lona principal de los 29 años de la CRAC-PC. Las mujeres policías, comisarias y consejeras marchaban altivas marcando el paso. Con gran temple demostraban el colorido de sus luchas. Se hicieron en el camino, por eso la mejor manera de visibilizar su presencia como pueblos es mostrarse combativos.
En medio de la música sobresalían las órdenes del comandante: ¡Embrazar armas, ya!, ¡Paso corto, ya!, ¡Descansar armas, ya!. Una demostración de que los pueblos de la Costa Montaña están hechos para librar batallas. Cada casa llevaba su escolta como pueblos autónomos y con identidad propia. resguardaba la bandera mexicana. En las gestas históricas han luchado contra el invasor y peleado por la independencia de nuestro país.
Hoy podemos comprender la dimensión de este sistema comunitario. Se liberaron de las cadenas del vasallaje y han dado la pelea contra los malos gobiernos que se coluden con los delincuentes. En nuestros pueblos cohabita la armonía, el respeto a nuestra madre tierra y el cuidado de nuestros ríos. Prevalece un espíritu festivo y fraterno en las correspondencias que tienen como pueblos. Los santos católicos son los símbolos sagrados que los movilizan para defender lo que les corresponde. Con gran orgullo conservan sus tradiciones, la ritualidad prehispánica que celebran en las cimas de los cerros. Liban en comunidad, crean y disfrutan su música que reanima su espíritu y alegra el corazón. Así es la vida de los pueblos afromexicanos e indígenas de la Costa Chica y la Montaña.
Los gobiernos y los políticos no reconocen a los pueblos como entidades autónomas. Los tratan como súbditos, como si les dieran permiso de existir. Deben saber que los pueblos no necesitan una ley para que se les reconozca porque no es el Estado quien va a reconocerlos. Fueron los ancestros quienes heredaron estas tierras. Nuestro destino y nuestro objetivo fue habitar estos territorios, mantener una relación armónica con la naturaleza. Nos tocó cuidar y defender estos territorios, garantizar la seguridad y la justicia tan ausentes en nuestro estado. La tarea es construir un mundo seguro, que esté libre de violencia. Un mundo de iguales, donde no haya represores ni caciques. Para eso los pueblos han aprendido de la historia que es importante empuñar las armas, para defenderse de las amenazas del crimen organizado, para hacer frente a los malos gobiernos y librarse de la violencia que proviene del Estado.
A 29 años la CRAC ha dado muestra de esta gesta heroica, de este espíritu indómito. Son casi 3 décadas de resistencia, de mantenerse en el frente de batalla, de nunca arredrarse ante los embates de gobiernos represores. De no retroceder ni doblegarse ante un sistema de justicia racista y colonialista. Los Yopes dieron un gran ejemplo, de morir peleando. Con ese espíritu invencible avanza la marcha de la CRAC-PC, dejando constancia de que seguirá viva y actuante con ley o sin ley. Que sepan los diputados y diputadas que los pueblos no mendigan reformas, porque al final siempre predomina la traición de quienes dicen representar a los ciudadanos y ciudadanas.
A nivel federal se aprobó la reforma indígena y afromexicana, pero solo se reconocen de manera limitada los sistemas normativos. Tratan a los pueblos como súbditos, solo les permiten regular sus conflictos internos, pero les niegan el derecho a procurar y administrar justicia en los delitos de homicidio, secuestro, violaciones, feminicidios, entre otros. Prefieren que haya impunidad y que los perpetradores gocen de libertad.
La representación política de los pueblos tampoco se reconoció. A los pueblos indígenas los ven como parte del folclor nacional. Respetan su música, su comida, sus huipiles, pero cuando luchas por ser gobierno se les conculca ese derecho. Todos los partidos hacen causa común para que no lleguen a ocupar los primeros cargos de la administración pública. No quieren que tengan el poder en sus manos. Tampoco quieren que sean los verdaderos dueños de los territorios ancestrales. Siguen siendo vasallos de los caciques y del capital trasnacional. Los gobernantes no quieren que ejerzan su libre determinación. Se sienten dueños de las vidas de los indígenas y afromexicanos. Quieren seguir con este sistema clasista, donde pocos mandan y las mayorías obedecen.
Con esta celebración se reafirma la voluntad de continuar como CRAC-PC, de seguir luchando para que sus derechos sean una realidad. Los pueblos no darán un paso atrás, por eso han refrendado su compromiso de mantener en alto la lucha de la CRAC-PC. Este sistema lo conforman las autoridades, que ejercen el gobierno comunitario. Son las que van al frente abriendo camino, las que cuidan el legado histórico y las que salen en defensa de las amenazas externas. Son los pueblos Me’phaa, Ñuu savi, Nahuas, Afromexicanos y Ñomndaa quienes exigen sus derechos y no van a desistir nunca. La CRAC-PC va a morir, como dicen los sabios y sabias, hasta que muera el sol.
La palabra de los pueblos se expresó en las mesas de trabajo. En la primera mesa se acordó fijar un posicionamiento para manifestar el rechazo de los pueblos a la reforma constitucional porque no se incorporó el tema de la tierra y del territorio. Asumieron el compromiso de realizar asambleas en las comunidades de cada casa de justicia para dar a conocer los puntos de la reforma que no fueron considerados, como los temas del territorio, el gobierno comunitario y la justicia comunitaria. Fijaron la fecha del 14 de noviembre para hacer una movilización en Chilpancingo, en el Congreso del Estado. Se conformó una comisión integrada por un representante de cada casa de justicia. Los comisionados tienen la tarea de invitar a las organizaciones sociales e indígenas de Guerrero, para impulsar un movimiento estatal que luche por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La mesa 2 abordó el tema de la defensa del territorio. Las cinco casas de justicia reafirmaron el compromiso de cuidar y defender sus tierras y territorio ante cualquier amenaza de las empresas mineras, las empresas forestales, los grupos de la delincuencia organizada y los megaproyectos del gobierno federal. Se buscarán aliados para hacer efectiva la defensa del territorio como la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) y otras organizaciones afines. Por su parte, los vecinos, las autoridades, comisarios, delegados, comisariados y miembros de la comunidad se comprometieron a denunciar el trasiego de drogas dentro de sus territorios y la presencia de los grupos delincuenciales ante las autoridades competentes para blindar su territorio. Buscarán la coordinación con comunidades vecinas para actuar de manera inmediata ante alguna amenaza del crimen organizado.
En la mesa 3 se abordó el tema del reglamento interno de la CRAC. Los servidores comunitarios, coordinadores de las casas de justicia, comandantes regionales, comandantes de grupo, policías comunitarios, consejeros locales, consejeros regionales, comisarios y delegados municipales, reflexionaron que es fundamental apropiarse de su norma interna, de difundirla y apegarse estrictamente a sus postulados. El gran desafío es aplicarla sin sesgo alguno a la hora de impartir justicia dentro del territorio comunitario. Nombraron una comisión especial, de conformidad con el artículo 87, para analizar la posibilidad de presentar propuestas orientadas a reformar el reglamento interno, en la que se incluyan los temas de justicia para casos de adolescentes, niñas y niños que son acusados de cometer algún error o delito dentro del territorio comunitario. Hay una gran preocupación porque se ha detectado que las redes del crimen organizado utilizan a menores para delinquir. Son ahora el objetivo principal para diseminar el consumo de drogas ilícitas. Analizaron también los delitos relacionados con la violencia digital. Hay varios casos de menores de edad que suben a las redes sociales imágenes y fotografías de personas sin su consentimiento. Reiteraron el compromiso de garantizar la participación de las mujeres dentro del sistema comunitario respetando los espacios destinados para ellas. No se debe suplantarlas sino más bien impulsar su participación y reconocer que el sistema de justicia comunitaria no se consolidará si se excluye a las mujeres en los cargos de primer orden y se les margina en la toma de decisiones.
El pronunciamiento final es muy enfático: se impulsará el reconocimiento de los derechos de los pueblos en la Constitución local y en las Leyes secundarias. La gran tarea es redoblar los esfuerzos organizativos en las 5 casas de justicia y en las demás comunidades indígenas y afromexicanas que no están incorporadas a la CRAC-PC. Hacen un llamado a las organizaciones hermanas para que se sumen a la gran movilización estatal que realizarán el 14 de noviembre. Redoblarán los esfuerzos de articulación con el movimiento social en Guerrero y en el país, con las organizaciones y pueblos indígenas y Afromexicanos para lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos. Reafirman su compromiso de ejercer su derecho a garantizar la seguridad, la justicia y la reeducación, que son los ejes de su sistema comunitario, con ley o sin ley que los reconozca, porque los derechos del pueblo son inherentes y preexistentes; nacen con el pueblo y los territorios ancestrales pertenecen a los pueblos desde antes de la creación del Estado Nacional. Los pueblos indígenas no se deben a una ley escrita, ni existen porque obtuvieron el permiso de los dominadores, son más bien los precursores y forjadores de una gran civilización, los que dieron origen a nuestra nación y quienes preservaron este territorio megadiverso que hoy dilapidan irresponsablemente quienes ostentan el poder económico y político del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de la construcción del Tren México-Querétaro, un proyecto con una extensión de 225 km y un tiempo estimado de tres años.
Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque oficial de los trabajos preliminares del Tren México-Querétaro, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su administración. El tren, que cubrirá 225 kilómetros, conectará la Ciudad de México con Querétaro.
“Hoy estamos aquí para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río”, señaló Sheinbaum, quien destacó que la construcción estará a cargo del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Claudia Sheinbaum, resaltó que el Tren México-Querétaro contará con 77 puentes, 12 túneles, tres viaductos, dos libramientos y dos distribuidores ferroviarios. Se espera que la obra esté concluida en tres años, con el inicio de la construcción formal en abril de 2024, luego de la realización de estudios de impacto ambiental y topográficos.
Entre las principales características del tren se encuentra su velocidad máxima de 160 km/h, con la capacidad para transportar a 450 pasajeros por viaje. Contará con tres estaciones principales: Buenavista (Ciudad de México), San Juan del Río (Querétaro) y Santiago de Querétaro, reduciendo el tiempo de viaje entre ambas ciudades a una hora y 40 minutos.
Una de las principales promesas del proyecto es la creación de empleo. Según estimaciones del gobierno, el Tren México-Querétaro generará 490 mil empleos, de los cuales 165 mil serán directos y 325 mil indirectos.
“El México-Querétaro abrirá nuevas oportunidades turísticas, comerciales y de inversión”, afirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien acompañó a Sheinbaum durante el evento. El tren también se conectará con otras líneas ferroviarias, extendiendo su influencia hacia el norte del país con rutas hacia Nuevo Laredo (Tamaulipas) y Nogales (Sonora).
El Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, liderado por el comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, será el encargado de materializar este proyecto en colaboración con la SICT y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que supervisará los estudios de impacto ambiental.
Vallejo Suárez destacó que la construcción empleará recursos humanos y técnicos del Ejército, así como la contratación de mano de obra civil y la adquisición de materiales de las regiones cercanas, lo que garantiza un impacto positivo en las economías locales.
¿Qué hubiese pasado si los 25 millones 950 mil pesos invertidos en un “Carrusel Monumental” se hubieran invertido en la búsqueda de las más de 15 mil personas que han sido desaparecidas en Jalisco? Con esa pregunta, las familias se conjuntaron para llenar esta “magna obra” de Pablo Lemus -gobernador electo de Jalisco- para llenarla de las fichas de búsqueda de sus familiares.
Texto por Anashely Elizondo / @Anashely_Elizondo / @ZonaDocs
El pasado 10 de octubre, el colectivo Luz de Esperanza, en compañía de “Tercer Ojo, colectivo dedicado a la creación audiovisual independiente, organizaron una pega de fichas de búsquedas en el ya conocido “Carrusel Monumental”, ubicado en el Jardín de la Reforma, en el centro de Guadalajara.
Recordemos que el carrusel modelo clásico francés comprado por el ayuntamiento de Pablo Lemus, en ese tiempo alcalde de Guadalajara, costó 25 millones 950 mil pesos. Su compra ocurrió en el marco del 481 aniversario de la fundación de la Perla Tapatía.
Foto: Israel Rodríguez
Aunque cientos de turistas han admitido disfrutar de esta atracción, el tema de la construcción y el precio de este carrusel estuvo en el ojo del huracán, ya que miles de tapatíos manifestaron “que no lo querían” y que esa cantidad de dinero era exagerada para una atracción que, además, está ubicada en una zona de la ciudad donde, según manifestaron, existen otras carencias como la vigilancia, iluminación, entre otras. Nombrándolo, incluso, como otro monumento a los actos de corrupción que los gobiernos emecistas han tenido a lo largo del estado de Jalisco.
Por este motivo, el colectivo “Tercer Ojo”, quien prepara su primer largometraje titulado “Una Temporada en el Infierno”, en conjunto con el colectivo de búsqueda Luz de Esperanza organizaron una pega de cédulas en el “emblemático” y “turístico” lugar.
Foto: Israel Rodríguez.Foto: Israel Rodríguez.
Aún con la insistencia de un presunto servidor público en que las pegas no se deben realizar en la zona y de la presencia constante de elementos de la Policía de Guadalajara, las pegas se lograron con éxito tanto en los barandales del carrusel como en sus alrededores, todo esto mientras participaban en la grabación del largometraje, dirigido por Gabriel Esdras.
Finalmente, las y los integrantes del colectivo comentaron que esta pega es un suceso “histórico”, debido a que este carrusel representa para ellos (y para muchos tapatíos): la negligencia y prioridades del próximo gobernador en turno.
En su 29 aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC) reafirma su lucha por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando la marginación del Estado y organizando una movilización estatal el 14 de octubre para exigir su autonomía.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC), nacida hace 29 años en las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero, ha sido un pilar de resistencia para los pueblos indígenas Me’pháá, Na Savi, Nahuas y Afromexicanos. Ante la violencia y la inacción del gobierno para proteger a las comunidades, los pueblos decidieron organizarse y establecer un sistema de justicia propio, basado en sus tradiciones y sistemas normativos comunitarios.
Este modelo de justicia indígena ha sido clave en la lucha contra los grupos delictivos que han devastado el estado, garantizando la paz en sus territorios. A lo largo de casi tres décadas, la CRAC-PC ha enfrentado la criminalización, persecución y discriminación por parte de los gobiernos, pero se mantiene firme en su misión de defender la seguridad y la justicia comunitaria.
Los miembros de la CRAC-PC recuerdan cómo, en un inicio, los llamados de auxilio a las autoridades fueron ignorados, subestimados y desestimados por tratarse de comunidades indígenas. Las asambleas de los pueblos determinaron que la única salida era recuperar sus propias instituciones: comisarios, comisariados y las asambleas comunitarias. Así nació un sistema de justicia que ha demostrado ser eficiente, reduciendo la violencia en las zonas que protegen.
Sin embargo, en lugar de reconocer el valor de este sistema, los gobiernos han intentado invisibilizarlo. Un punto clave de conflicto fue la abrogación de la Ley 701, la cual reconocía el sistema de justicia indígena. Al quitar este respaldo legal, el Estado ha colocado a la CRAC-PC en una situación de marginalidad jurídica.
La CRAC-PC no es la única organización indígena en México que ha luchado por el reconocimiento de sus derechos. Junto con otros movimientos, desde hace décadas han promovido el reconocimiento constitucional de sus sistemas de seguridad y justicia. La llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador trajo esperanzas, ya que el presidente hizo promesas a favor de los más vulnerables. Sin embargo, según la CRAC-PC, la reforma constitucional impulsada por su administración dejó de lado las demandas esenciales de los pueblos indígenas, abordando solo una fracción de sus necesidades.
El artículo 21 de la Constitución, que asigna el monopolio de la justicia a jueces y ministerios públicos, no fue modificado, lo que limita la capacidad de la jurisdicción indígena para actuar en casos de relevancia fuera de su propia comunidad. Además, los derechos sobre el territorio y los bienes naturales, elementos cruciales para los pueblos, no fueron incluidos en la reforma.
A pesar de estos obstáculos, la CRAC-PC se mantiene firme en su lucha. En el marco de su 29 aniversario, han anunciado una gran movilización estatal para el próximo 14 de octubre. Esta jornada tiene como objetivo sumar fuerzas con otras organizaciones indígenas y afromexicanas para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos.
El llamado a la acción no se limita al Estado de Guerrero, sino que busca resonar en todo el país. La CRAC-PC subraya que su sistema de justicia y seguridad es inherente y preexistente, basado en su cosmovisión y tradición, y que su legitimidad no depende de una ley escrita por el Estado. En este sentido, seguirán ejerciendo su autonomía con o sin el respaldo gubernamental.
La existencia de la CRAC-PC ha sido una fuente de estabilidad en una de las zonas más golpeadas por la violencia en México. Al operar en paralelo a los sistemas oficiales de justicia, la CRAC-PC ha logrado generar condiciones de paz en territorios donde el Estado ha fallado. Su éxito radica en la organización comunitaria y en un enfoque de reeducación y resolución de conflictos, lo que ha permitido que los pueblos coexistan en relativa tranquilidad.
No obstante, la falta de apoyo financiero por parte del gobierno ha sido otro de los obstáculos. Según el comunicado emitido por la CRAC-PC, los recursos otorgados son escasos y, en muchos casos, están condicionados para silenciar a las autoridades comunitarias. Esta situación ha llevado a la CRAC-PC a depender principalmente de la solidaridad y apoyo interno de las comunidades.
La CRAC-PC ha dejado claro que su lucha no terminará hasta que se garantice el reconocimiento pleno de sus derechos en la Constitución local y las leyes secundarias. Mientras tanto, continuarán ejerciendo su autonomía, reafirmando que los derechos de los pueblos indígenas son innatos y que su sistema de justicia es indispensable para garantizar la paz y la seguridad en sus territorios.
Ante la falta de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados se unieron para formar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica y las violaciones a los derechos humanos colectivos en México.
San Luis Potosí, 12 de octubre de 2024.- En la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se constituyó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con la participación de 84 contralorías autónomas del agua provenientes de 28 estados y la Ciudad de México.
Esta nueva institución tiene como objetivo primordial hacer frente a la grave crisis hídrica que afecta al país, las violaciones a los derechos humanos colectivos relacionados con el agua, y la ausencia de una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a este recurso vital.
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo
La creación de esta contraloría surgió tras el incumplimiento del Congreso de la Unión, que ha fallado en cuatro legislaturas consecutivas en emitir una ley que regule adecuadamente el derecho humano al agua, establecido en el Artículo 4º Constitucional. Los promotores de la iniciativa destacaron la necesidad urgente de una legislación que promueva la seguridad hídrica y fomente la participación ciudadana en la gestión del agua.
Durante el evento, las contralorías señalaron que la falta de una Ley General de Aguas ha profundizado los problemas asociados al sobreconcesionamiento y la explotación excesiva de acuíferos y ríos. Esto ha derivado en el agotamiento de manantiales, pozos y otros recursos hídricos, afectando tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos. Según la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, la gestión deficiente ha exacerbado la vulnerabilidad de las poblaciones ante los efectos del cambio climático, lo que ha resultado en una violación sistemática de los derechos colectivos al agua.
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo
La nueva Contraloría se comprometió a trabajar en beneficio de las comunidades afectadas, promoviendo el diálogo y la colaboración con otros procesos organizativos. Asimismo, se plantearon estrategias para detener las dinámicas de despojo y sobreconcesión que están secando los recursos naturales.
Uno de los compromisos centrales de la Contraloría Nacional es impulsar la creación de un Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, con el fin de corregir los problemas generados por el actual sistema de concesiones.
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo
Entre las propuestas destacadas se incluyen:
Limitar las concesiones para usos no esenciales, estableciendo vigencias mínimas para proyectos potencialmente dañinos y máximas para los relacionados con el derecho humano al agua.
Reconocer los derechos hídricos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en consonancia con las reformas al Artículo 2º Constitucional.
Proteger los sistemas comunitarios que actualmente gestionan el agua en contextos de discriminación y hostilidad por parte de los gobiernos locales.
Con estas iniciativas, se buscará garantizar un uso más eficiente y equitativo del agua en todo el país, además de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Otro eje fundamental de la Contraloría es el compromiso con el saneamiento y la restauración de importantes cuencas hídricas en México, como los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac, gravemente afectados por la contaminación industrial y la falta de regulación ambiental.
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo
En este contexto, la Contraloría ofreció su apoyo al Ejecutivo Federal, presentando análisis científicos en colaboración con los Pronaces del Conahcyt sobre las sustancias tóxicas presentes en estas aguas. También se propusieron acciones como la eliminación de contaminantes en su origen, la reorganización de las cadenas de suministro para evitar prácticas productivas contaminantes, y la promoción de una agricultura libre de tóxicos.
Además, la Contraloría se comprometió a trabajar y proponer iniciativas que ayuden a mejorar la eficiencia en el uso del agua en los Distritos de Riego y combatir la corrupción en la administración del agua.
La Contraloría Nacional también denunció la alta vulnerabilidad de regiones como la Península de Yucatán, donde la sobreextracción de acuíferos está generando intrusión salina, poniendo en riesgo los suministros de agua dulce. Destacó, además, la necesidad de mejorar la gestión del agua en áreas urbanas, señalando que, según datos del INEGI, más del 50% del agua extraída para uso público urbano se pierde por fugas.
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo
Durante el evento, se informó que estados como San Luis Potosí y Jalisco ya están organizándose para crear sus contralorías estatales y sumarse a la Nacional. Asimismo, se mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está informada sobre la constitución de la Contraloría Nacional y de las contralorías estatales, por lo que los participantes “confían en que a partir de esta constitución, la presidenta conocerá mejor el movimiento”.
“La lucha continúa. Es una estructuración que viene desde abajo hacia arriba, se teje desde los territorios, desde los pueblos”, expresaron.
La Contraloría también manifestó su postura sobre la propuesta de relocalización de empresas (nearshoring) planteada por la presidenta, señalando.
“Si se pretende atraer más empresas extranjeras al país, es fundamental reformar el marco jurídico e institucional vigente. La llegada de estas empresas es inminente, pero si no contamos con una legislación adecuada sobre el agua que limite el acaparamiento y la contaminación, seguiremos enfrentando graves problemas ambientales. Regiones enteras ya sufren por la contaminación de cuerpos de agua, y los seres vivos, incluidos los humanos, están muriendo de enfermedades como el cáncer y la insuficiencia renal. No podemos emocionarnos con el nearshoring hasta que no haya una política estricta de regulación para las empresas”.
Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Ciudad de México, 13 de octubre de 2024.- El 12 de octubre del año en curso desde las 13:00 horas, miembros de pueblos originarios, activistas, miembros de la Comunidad Indígena Otomí y demás participantes, celebraron el 4to. Aniversario de la Toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ahora nombrado Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
Este evento político, artístico y cultural, se llevó a cabo fuera de la Casa de los Pueblos, también en el marco de la conmemoración de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como de los 28 años de la Fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La celebración del 4to Aniversario de la Toma del INPI contó con la participación de diversos activistas y colectivos como lo fueron algunos alumnos de la normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, madres y padres los 43 estudiantes, además de miembros de la comunidad Otomí de diversas edades.
Todos estos fueron partícipes de varias actividades a lo largo de la tarde a partir de las 13:00 horas, comenzando con un mensaje inicial sobre la historia de la lucha, con gritos y cánticos de ¡Viva!.
Los contingentes y asistentes al evento dieron comienzo a una jornada de muchas emociones y una convivencia constante.
Acto siguiente se le brindó la palabra a diversos representantes de la lucha, tal como lo fue al activista Carlos González quien dejó mensajes como “La toma del INPI es la expresión política más significativa de la Ciudad de México frente a cualquier condición y cualquier mentira, una expresión viva de la resistencia a las políticas indigenistas del gobierno del Estado Mexicano y sus instituciones, particularmente el INPI”.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Al terminar las ponencias de algunos de los integrantes del presidio, comenzaron las presentaciones artísticas, iniciando con la obra de teatro musicalizada por parte de los infantes de la Comunidad Indígena Otomí, esto antes de dar paso a la comida la cual fue preparada y repartida en su mayoría por gente de la misma comunidad Otomí.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Argelia Guerrero, con una presentación a la altura del evento, representó una danza nombrada “De Palestina a Ayotzinapa” la cual conmovió y atrajó la atención de propios y extraños en el recinto.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Como uno de los actos finales se presentó Horizonte Rojo Teatro con su obra “Pero sigo siendo el rey” que aunque con menor afluencia de las presentaciones anteriores más que nada por la hora del día, lograron captar atención, risas y mucho entusiasmo por parte de los asistentes que aún se mantenían en sus lugares.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
A su vez, se le brindó espacio a un bazar de artesanías, grabados, comida y artículos alusivos al movimiento.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh
El acto de toma del INPI, la lucha y resistencia de los pueblos originarios y el festejo del 4to. aniversario de la Toma del INPI, fue una manera de demostrar que la lucha y la resistencia de los pueblos sigue buscando que se respete su autonomía, su dignidad indígena y sus derechos humanos.
Sigue el camino hacia la lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, como sujetos de derechos públicos con patrimonios y territorios propios.
¡Vivienda sí, desalojo no!
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Contexto de la Toma del INPI
En el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, algunas viviendas de Comunidades Indígenas Otomíes ubicadas en las colonias Roma y Juárez, fueron dañadas gravemente. Las personas pertenecientes a la Comunidad Otomí no recibieron respuesta del Gobierno para la reparación de las casas, dejándolas en una situación socioeconómica difícil.
En el 2017 hubo otro terremoto, el cual terminó por destruir las viviendas. En respuesta a esto, las personas de la comunidad decidieron dejar sus cosas dentro de las casas y vivir afuera de éstas, es decir, en la calle.
Las condiciones en las que vivían las personas Otomíes no eran las mejores, no contaban con agua o con luz para poder subsistir y menos porque seguían sin tener respuesta del Gobierno para ayudar a la reparación de las casas o a solventar sus necesidades.
Durante todos estos años la Comunidad Otomí exigía una vivienda digna, salud, justicia y el reconocimiento a su situación y a los pueblos originarios.
Lo único que hizo el Gobierno fue que en el 2018, decidió desalojar con granaderos a las personas de la Comunidad Otomí, que se encontraban viviendo en la calle, violando sus derechos a una vivienda digna.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh
Fue el 12 de octubre de 2020 cuando la Comunidad Otomí decidió tomar las instalaciones del INPI, porque nunca fueron escuchadas y reconocidas sus peticiones por el Gobierno de la Ciudad de México, ya que solo habían recibido violencia, represión y discriminación.
Volvieron a nombrar el edificio que antes albergaba al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para llamarse ahora La Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
Este nombre fue en memoria de Samir Flores Soberanes, quien fue un profesor, activista y defensor del medio ambiente mexicano, conocido por su oposición a megaproyectos en el estado de Morelos, que tenían impactos ambientales y sociales como la contaminación del agua, el aire y los efectos sobre la agricultura y las comunidades indígenas de la región.
Samir Flores formaba parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y a través de su trabajo en la radio comunitaria Amiltzinko, informaba a las comunidades locales sobre los riesgos del proyecto y promovía la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
El 20 de febrero de 2019 Samir Flores Soberanes fue víctima de un cobarde ataque armado frente a su domicilio en Amilcingo, Morelos, en el que con dos disparos le fue arrebatada la vida.
También el 12 de octubre pero de 1996 surgió el Congreso Nacional Indígena (CNI), por un llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que buscaba crear espacios seguros donde todos los pueblos, comunidades, tribus y barrios indígenas, pudieran ser vistos y escuchados, así como compartir sus pensamientos, sus esperanzas, sus objetivos y su lucha en colectivo.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh
Derecho a una vivienda digna
En una sociedad donde está presente la violencia, la pobreza, el desempleo, la discriminación, el racismo y el clasismo, los pueblos originarios, así como la Comunidad Indígena Otomí sigue resistiendo y luchando por una vivienda digna, por una vida llena de salud y donde se respeten los derechos humanos de cada persona.
El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
Esto quiere decir que el gobierno debe dar las herramientas necesarias para que cada persona, familia o comunidad pueda contar con una vivienda digna. La situación con los pueblos originarios es totalmente distinta, porque no son respetados y reconocidos por el gobierno.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh
Isabel Valencia de la Comunidad Otomí
“Como comunidad, no tenemos derecho a la ciudad; nos obligaron a tomar las instalaciones del en su momento INPI, hoy la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, fue lo descrito por Isabel Valencia Hernández, miembro de la comunidad Otomí durante el 4to Festival de Resistencia y Dignidad, donde en una entrevista para Somos el Medio, compartió una exahustiva resistencia al mantener una visibilización viva y digna.
Isabel, mujer de la Comunidad Otomí. Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Isabel Valencia mencionó que desde hace más de 30 años la consigna y la petición es la misma “una vivienda digna”. Ella junto con la comunidad pensaban que con la toma de las instalaciones, el gobierno los tomó en cuenta, pero no, la indiferencia sigue persistiendo hasta estos días.
“Se les olvida que todo este territorio que ahora ellos llaman suyo, es de los pueblos originarios” externó Isabel Valencia. La consigna es clara, buscar el derecho a la ciudad, a la educación, a la salud, a la alimentación, sin olvidar la justicia.
Para Isabel y toda la comunidad hoy, 12 de octubre es una “fiesta de lucha y resistencia” hoy se cumplen 4 años de lucha, cuando los gobernantes apostaban e intentaron de muchas formas desalojarlos de la que ahora es la Casa de los Pueblos.
Finalmente Isabel mencionó a la presidenta actual Claudia Sheinbaum Pardo para mandarle un mensaje claro: “No llegamos todas y todos, ella tampoco nos representa a pesar de que haya recibido el bastón de mando. Porque no llegamos las que estamos en estas instalaciones, no llegaron las madres buscadoras, no llegaron los padres de Ayotzinapa. Claudia dijo que llegamos todas las mujeres que luchamos y no”
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_picsFotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_picsFotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_picsFotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
A más de un mes de los enfrentamientos en Xochimilco, la criminalización de los manifestantes continúa, mientras que las investigaciones contra los responsables de la violencia policial y civil siguen sin avances.
Ciudad de México, 10 de octubre de 2024.- En una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y otras organizaciones denunciaron la persistente criminalización de los manifestantes que participaron en una protesta pacífica en Xochimilco el pasado 5 de septiembre. A pesar de la condena pública y de los llamados a la justicia, las investigaciones siguen enfocadas en los manifestantes, mientras los agresores y autoridades implicadas aún no han sido sancionados.
El evento de septiembre, que inició como una protesta en apoyo a Hortensia Telésforo, defensora del territorio y de los derechos humanos, terminó en una confrontación violenta. Según testimonios y organizaciones de derechos humanos como Artículo 19 y la Red TDT, civiles vinculados a la anterior administración de la Alcaldía Xochimilco, junto con elementos policiales, ejercieron un uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Además, defensoras de derechos humanos que documentaban los hechos también sufrieron agresiones.
El 5 de septiembre, cinco personas fueron detenidas de manera arbitraria y trasladadas a la fiscalía de la Alcaldía Tlalpan, donde permanecieron sin comunicación por más de cuatro horas. Aunque fueron liberadas esa misma noche, se abrieron carpetas de investigación en su contra por los delitos de motín, perturbación del orden público, lesiones y resistencia de particulares. A lo largo de este mes, las solicitudes para que se desista de estos procesos han sido ignoradas, mientras que los responsables del uso de la fuerza no han sido procesados.
Las comunidades de Xochimilco demandan el retiro inmediato de los cargos contra los manifestantes, incluyendo a Hortensia Telésforo, criminalizada por su participación en la recuperación de espacios comunitarios como la biblioteca del pueblo, hoy conocida como la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.
Durante la conferencia de prensa, los pobladores de San Gregorio Atlapulco y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos exigieron:
Retiro de cargos: Exigen que se retiren los cargos contra los manifestantes detenidos y que se ponga fin a la criminalización de quienes defienden el territorio.
Sanciones a los responsables: Insisten en que se investigue y sancione a los elementos policiales y civiles involucrados en las agresiones. Aunque algunas destituciones han tenido lugar, la justicia plena aún no ha llegado. En este sentido, también llamaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a emitir una recomendación que esclarezca los hechos.
Medidas de protección: Solicitan la implementación de medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ya que muchas de las personas involucradas en la protesta han sido víctimas de hostigamiento desde los hechos de septiembre.
Garantías de no repetición: Proponen medidas claras para evitar la criminalización de la protesta social y el uso desproporcionado de la fuerza contra las comunidades defensoras del territorio.
Las organizaciones también denunciaron la falta de avances en las investigaciones sobre los grupos de choque que agredieron a los manifestantes. A pesar de las promesas de justicia, las autoridades locales y federales han mostrado lentitud en tomar medidas que garanticen la reparación del daño y la no repetición de estos hechos.
En el marco de la renovación del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Xochimilco, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las nuevas autoridades para que prioricen el diálogo y la justicia. La falta de acciones concretas por parte del gobierno ha exacerbado la tensión en la zona, y la comunidad de San Gregorio Atlapulco teme que los actos de represión se repitan si no se toman medidas inmediatas para sancionar a los responsables.
Un grupo de élite del Ejército Mexicano arriba a Sinaloa en medio de una escalada de violencia. El despliegue responde a los acuerdos tomados en reuniones entre autoridades federales, estatales y municipales para hacer frente a la ola de violencia que ha azotado al estado.
Culiacán, Sinaloa, a 10 de octubre del 2024.- En medio de una creciente preocupación por la seguridad en Sinaloa, esta mañana un grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegó a la ciudad de Culiacán. Provenientes de la Ciudad de México, estas tropas arribaron con el objetivo de reforzar el personal desplegado en la región, en respuesta a los acuerdos alcanzados durante la reunión del pasado martes en la Novena Zona Militar.
Dicha reunión contó con la participación del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya; el General Ricardo Trevilla Trejo, alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La principal demanda fue aumentar las estrategias preventivas y la presencia militar en los puntos más críticos de la entidad.
El despliegue de estas fuerzas de élite se produce en un contexto de violencia creciente en el estado. La pugna entre facciones del crimen organizado ha dejado un saldo de más de 190 muertos en lo que va del año, según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Además, la Fiscalía General del Estado reportó que este miércoles 9 de octubre se registraron cinco homicidios dolosos, cinco desapariciones y 15 robos de vehículos solo en la capital del estado.
Este incremento de la violencia ha tenido un impacto devastador en la vida diaria de los habitantes de Culiacán y otros municipios, donde los negocios se han visto obligados a cerrar o reducir sus horarios. Los asesinatos, secuestros y robos han sembrado miedo en la población, afectando gravemente tanto la economía como el tejido social.
Los efectos de la crisis de seguridad no solo se perciben en la vida cotidiana, sino también en el sector económico. De acuerdo con Laura Guzmán, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, la violencia ha provocado el cierre definitivo de 100 negocios, mientras que otros 180 han suspendido temporalmente sus actividades. Además, más de 1,500 establecimientos han reducido sus horarios, afectando principalmente a los trabajadores del sector servicios.
El impacto en el empleo ha sido notable. Según datos proporcionados por Guzmán, desde que se intensificó la violencia, se han perdido 1,883 empleos formales, de los cuales 1,007 pertenecen al sector servicios, 561 al sector de la construcción y 275 al comercio. Esta situación ha dejado a muchas familias sin su principal fuente de ingresos, lo que agrava aún más la crisis en la región.
El informe de Red Lupa, en colaboración con diversas organizaciones, periodistas, colectivos y embajadas, denuncia la crisis sistémica de desapariciones, señalando el deficiente desempeño de instituciones clave, la falta de recursos y personal que impide avanzar en la localización e identificación de personas desaparecidas.
Desde esta postura, proponen recomendaciones para mejorar la coordinación y la implementación de la Ley General en materia de desapariciones, con un énfasis en la transparencia y la participación de las familias que han sido víctimas de este delito y violación grave a sus derechos humanos.
En México, en 2023, se reportó un aumento en el número de personas desaparecidas al alcanzar 10 mil 315 casos, esto de acuerdo a los datos registrados por el informe de Red Lupa realizado de manera conjunta entre el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (IMDHD), la Unión Europea y la Embajada de Suiza; este reporte además de señaló un aumento del 6.3 % de los casos de desaparición a mayo de 2024, lo que de seguir así, implicará que las desapariciones podrán ser igual o mayores a las registradas en 2023. Actualmente los casos de desaparición forzada en nuestro país rebasan los 100 mil.
El 48% de los casos se concentran en cinco estados: Jalisco a la cabeza con más de 10 mil casos, seguido de Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, y con un aumento del 80% en el estado de Tabasco.
Con este panorama de frente y con una crisis forense que complejiza dicho escenario, la Red Lupa señala: “Si no buscamos nosotras, nadie lo hará”; por ello, uno de sus principales objetivos es: “integrar una red para realizar una evaluación ciudadana de la implementación de la Ley General y de las leyes locales en materia de desaparición de personas”.
En este documento se desarrollaron una serie de propuestas y recomendaciones estatales y/o federales, puesto que existe un grave incumplimiento de las instituciones obligadas de la búsqueda de todas las personas desaparecidas, pues sus instrumentos en materia de búsqueda, identificación, procuración de justicia, sanción y prevención no han sido debidamente empleados.
El informe presenta, a detalle, las situaciones particulares que existen en la aplicación de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Personas, una ley que entró en vigor hace ya seis años, pero no representa efectividad para las víctimas de desaparición ni para sus familias
De acuerdo con el análisis expuesto en el informe, no existen instrumentos como el Centro Nacional de Identificación Humana y el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, los cuales deberían estar a cargo del Centro Nacional de Búsqueda (CNB), junto al Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Todos estos son esenciales para agilizar la búsqueda, registro de personas desaparecidas y procuración de justicia, sin embargo, la ausencia de estás instituciones se debe a la falta de transparencia, coordinación institucional y recursos.
Entre las ocho las instituciones calificadas dentro de este informe, el Poder Legislativo y el Poder Judicial recibieron una calificación de: “Desempeño Deficiente”.
Las seis instituciones restantes cuentan con la calificación de “Pésimo Desempeño”, siendo una de las más destacadas la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Se le señala por contar con una administración impuesta que se dio sin la consulta de colectivos y familiares de personas desaparecidas. La reorganización de personal bajo la administración de Teresa Guadalupe Reyes, actual titular, quien llevó a no renovar contratos de personal, entorpeciendo las obligaciones de la comisión, como lo es: el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que no cuenta con personal y oficinas, y el Consejo en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), el cual se encuentra incompleto debido a que el Senado aún no convoca a una reunión para su designación.
Esto impide, señala la Red Lupa, el brindar resultados y cifras certeras a las familias, negando a su vez un proceso adecuado de búsqueda.
La Fiscalía General de la República (FGR) se suma a las instituciones señaladas por su trabajo deficiente, incumpliendo, en su caso, con la actualización e implementación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), del cual tampoco se tiene información “para saber en qué medida la información contenida en el banco ha permitido adelantar procesos de identificación”, advierte el documento.
También es señalada por la poca comunicación que existe con las familias durante los procesos de investigación, “para muchas buscadoras los ministerios públicos no avanzan si ellas no les proporcionan información, lo cual les implica investigar por su cuenta y sin garantías de seguridad; para otras familias supone que los casos están inactivos por mucho tiempo”, explican.
Instituciones igualmente deficientes
Otras de las instituciones señaladas con esta calificación son el Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), ya antes mencionado.
Estás dos instituciones se encuentran en situaciones similares, puesto que, debido al recorte de personal, infraestructura y presupuesto se encuentran en pausa o “bajo revisión”, haciéndolas inoperantes. La falta de estos organismos provoca rezago en el sistema, ya que la CNB y las fiscalías estatales y federal, no cuentan con los recursos para tomar las responsabilidades de estas dos instituciones.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también se les reconoció como deficientes.
Para estás instituciones hay señalamientos en cuanto al incumplimiento de la reparación de daños. Según el informe, en 2022: “la CEAV ejerció un presupuesto de $879, 849, 697, en tanto que en 2023 el monto fue de $1,213, 344, 661. De este total no se conoce la cantidad asignada a reparaciones pues en la actualidad no existe un fondo específico para dicha obligación”.
Y el Mecanismo, por su parte, no cuenta con protocolos para la protección de las personas buscadoras. Por ejemplo: las medidas necesarias para la protección son retiradas o reducidas debido a la disponibilidad de recursos. Esto resulta preocupante, ya que el informe presenta que “entre 2010 y febrero de 2024 han sido asesinadas 21 personas buscadoras y 1 más permanece desaparecida”.
Una de las instituciones que más destacó por su mal desempeño fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “La CNDH ha sido una institución irrelevante para las familias de personas desaparecidas”, expone la Red Lupa.
El informe, además, señaló las fallas sistemáticas en la aplicación de la Ley General y de las instituciones, hace recomendaciones puntuales en materia de búsqueda, identificación, sanción, derechos humanos de las víctimas, prevención, procuración de justicia y algunas otras para el Poder Legislativo.
Entre las más relevantes destaca la exigencia del nombramiento de una nueva persona titular del CNB, ahora bajo la consideración de las familias y con transparencia; además, interconectar bases de datos y poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses; la revisión de la Ley General de Víctimas y posibles modificaciones en consulta con las víctimas; así como convocar e integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda con la participación de las familias y asegurar los recursos necesarios para la atención de las desapariciones.
El informe de Red Lupa 2024, busca hacer un llamado a la acción institucional, para que se abra el debate a nivel federal y estatal sobre la crisis de desapariciones que existe y sigue en aumento en el territorio.
