Con la consigna “Familias buscadoras, familias prioritarias” el Colectivo Luz de Esperanza convocó a una mesa de escucha y diálogo entre familiares de personas desaparecidas integrantes del colectivo, autoridades legislativas y personas expertas. Con ello, buscan la sensibilización y la aprobación de la iniciativa de ley “Familias buscadoras, familias prioritarias” en la que se pretende su reconocimiento como un grupo prioritario y vulnerable. 

Por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel / @ZonaDocs

“Hoy estamos aquí exigiendo, que todas las familias buscadoras del estado de Jalisco sean reconocidas como grupos vulnerables y prioritarios, dentro de las políticas públicas del Estado, garantizando su acceso y apoyo de programas sociales, económicos, culturales, laborales, educativos y de seguridad”  expresó Liliana Mesa, presidenta del Colectivo Luz de Esperanza, durante la presentación de la iniciativa de ley “Familias buscadoras, familias prioritarias”, la mañana de este lunes 21 de enero en el Congreso de Jalisco.

El pasado 17 de diciembre del 2024, el diputado Leonardo Almaguer presentó la iniciativa de ley que busca el reconocimiento y la protección de las familiares buscadoras, pues dentro de la alarmante situación que se vive en la entidad, con un aproximado de 15 mil 382 personas desaparecidas al corte del 21 de enero, el apoyo de las autoridades, entre ellas, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda, no han sido suficientes para enfrentar ni acompañar a las familias.

¿Qué es un grupo prioritario?

La atención a grupos prioritarios implica brindar protección social a personas en condiciones de vulnerabilidad debido a factores como la desigualdad, el riesgo o la discriminación. Esto abarca evaluar el acceso a derechos humanos de las personas afectadas por su edad, religión, género, origen étnico, condición física o mental, entre otros. El objetivo es el desarrollo integral de grupos como personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, diversidad, madres adolescentes y desde esta iniciativa incluir a las “personas en situación de desplazamiento interno, y a los familiares de víctimas de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares”.

Y es que, en la mesa de diálogo, las familias reconocieron que en la desesperación por la desaparición de sus seres queridos han sido víctimas de extorsión, robo, violencia institucional, desempleo, enfermedades psicológicas, solo por mencionar algunas:

“Todos los que estamos aquí en algún momento fuimos extorsionados, un grupo criminal se aprovechó de nuestra desesperación y dolor, nos sacaron a todos, lo más que pudieron” aseguró Héctor Flores e insistió en que “no todas las autoridades tienen la empatía o sensibilidad de tratar con una mamá que ha perdido a un ser querido”.

Por su parte, María Rivera, madre de Cristian Emmanuel Rivera, desaparecido el 2 de agosto del 2023 relató los escenarios en los que se ha visto obligada a buscar a su hijo “busco hasta en las bolsas de basura que nos encontramos, ahora busco para ver si ahí encuentro a alguien. No solo estoy buscando a mi hijo, buscamos a todos”.

Así mismo, Héctor Carvajal, padre integrante del colectivo cuestionó “¿qué están haciendo fiscalía? ¿qué está haciendo la comisión de búsqueda? Yo no vengo a hacerte política, vengo a hablar desde mi dolor, me falta mi hijo”.

Respecto al proceder de las autoridades obligadas a buscar a sus familiares, Jorge Antonio flores, representante legal del Colectivo Luz de Esperanza, denunció que siguen documentando casos de reportes al 911 por la desaparición de una persona que han sido ignorados, así como la ineficiencia de los sistemas de videovigilancia para atender esta crisis:

Algunas de las autoridades del gobierno estatal presentes en el evento reconocieron la gravedad de esta problemática. Y, en lo que respecta a la iniciativa de ley y sus alcances, consideraron necesaria la aplicación de un diagnóstico que permita identificar el número total de infancias afectadas y de familias.

“Abonando, primero a que esta ley pueda salir lo más pronto posible y de ahí partir de una mesa de trabajo transversal con todas las dependencias, justo para tener un diagnóstico y luego tener esta intervención en los cuatro gabinetes que tiene el Estado”, aseguró Alberto Esquer, Jefe de Gabinete del Gobierno estatal. 

Durante la mesa de diálogo se cuestionó de forma insistente que sea “hasta hoy” que se esté discutiendo la protección a las familias buscadoras. Por ello, los colectivos junto a especialistas destacaron que esta iniciativa cuente con el compromiso de todas las instancias y dependencias encargadas de atender y erradicar la problemática.

Agregaron que, para ello, será vital que “no se cambie la iniciativa por intereses de terceras personas”: “¿se le va a dar celeridad o no a esta iniciativa? Desde ayer ya está en deuda y que desde mi punto de vista es inmediata la ayuda, la ayuda se necesitaba para antier” advirtió Jorge Flores, especialista en derechos humanos.

Dentro de la mesa de diálogo se mencionó que en Colombia, la ley 2364 de 2024 tiene el objetivo de reconocer a las mujeres buscadoras y víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional, la enunciación de los deberes del Estado y el desarrollo de medidas para su protección integral. Un ejemplo de política pública que reconoce las implicaciones de buscar a familiares desaparecidos.

En el caso de Jalisco, las políticas públicas orientadas a atender a las familias buscadoras están enfocadas en la asistencia social, por ejemplo, apoyos para el acceso al transporte público a bajo costo, un modelo similar al programa Mi Pasaje que reduce la tarifa de los traslados a la mitad y  guarderías. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Asistencia Social, Jesús García y destacó que estos programas serán aplicables en el primer trimestre del año.