“De mi Wuili ya no más me falta recuperar un pie, una pierna y su mano derecha, ya vamos avanzando, pero hasta que me entreguen el último pedacito que me falta de él, hasta ese día voy a recoger su cuerpo”, así explica Cecilia -madre de Wiliams Omar Salinas Flores-, la decisión que tomó hace más de 19 meses cuando le notificaron que su hijo, desaparecido el 21 de octubre de 2019, había sido localizado en una fosa clandestina en enero de 2020.

Dejar a su hijo en las instalaciones del Servicio Médico Forense ha sido terrible, pero la violencia y la falta de capacidad de las autoridades jaliscienses la orilló a resolver así la disyuntiva que le plantearon, pues por política -le aseguraron- no podían entregarle incompleto el cuerpo de Wuili. Ella, por supuesto, no quería enterrar sólo una parte, así que decidió esperar por el todo.

El problema es que aquello que no tiene de su hijo debe ser buscado entre 789 bolsas con más 2 mil 176 restos humanos sin identificar, esto hasta el 30 de junio de 2021.

Cada una de estas manos, piernas, torsos y cabezas localizadas en fosas clandestinas les son presentadas diariamente, a través de cientos de fotografías forenses, a madres que como Cecilia, acuden al Servicio Médico Forense (Semefo) con la esperanza de identificar entre lo que fueron seres humanos, aquello que les hace falta de sus seres queridos. Obligar a hacer esto como único medio de búsqueda e identificación, señalan especialistas en acompañamento psicoemocional, es revictimizante porque con cada visita “se activa nuevamente el dolor y prolonga su duelo”.

Al respecto, Cecilia es clara: “Cada parte encontrada de mi Wuili, me hace recordar no sólo su muerte, sino también la manera cruel en que me lo mataron. Mi hijo no se merecía morir así”. 

Informes periciales indican que la mayoría de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Jalisco, en los últimos cuatro años, están siendo segmentados hasta en 13 partes anatómicas que se colocan en bolsas plásticas para facilitar su traslado hasta los llamados sitios de exterminio. Lugares donde grupos criminales vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación trasladan a sus víctimas para someterlas a tortura, muerte y exterminio.

Con ello, no sólo buscan borrar su identidad, sino también impedir que sus familias los encuentren, pues después de que una fosa es localizada, los trabajos de identificación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) pueden tardar entre 12 y 18 meses, ya que no hay personal ni recursos para responder a esta barbarie. 

Esta segmentación de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ha agudizado la crisis forense de Jalisco; estado que, desde el 2011, ha visto desbordado, en más de una ocasión, sus instalaciones, las cuales hoy en día albergan a más de 6 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Así que, si de por sí era complicado para las autoridades jaliscienses lograr una identificación teniendo cuerpos completos, ahora que tiene miles de fragmentos, las esperanzas disminuyen drásticamente para las familias buscadoras.

Actualmente, los principales problemas que experimenta tanto la Fiscalía del Estado de Jalisco como el IJCF en materia forense son: 1) Falta de coordinación entre ambas instancias, 2) Carencia de personal calificado, 3) Existencia de registros incompletos y poco confiables sobre los cuerpos o partes de cuerpos que tienen bajo resguardo, y 4) Insuficiente presupuesto que se ha otorgado para combatir la crisis.

Es este contexto de violencia e ineficiencia institucional, lo que ha dado origen a la cruel decisión que deben de tomar quienes localizan a sus desaparecidos en forma segmentada dentro de bolsas que han sido halladas en, por lo menos, 118 fosas clandestinas. 

Disyuntiva que implica aceptar la espera que proponen las autoridades para llevarse a su familiar completo, o pelear para exigir que les entreguen todo aquello que ya se haya logrado identificar, esto ante el temor de que extravíen a su ser querido dentro del Semefo.

Esa fue la lucha que dio Erika, madre de José de Jesús Mejía Ramos, “Pepe”, desaparecido el 11 de diciembre del 2019 en Tonalá, y localizado sin vida el 7 de enero de 2020 en una fosa en la población de Matatlán del mismo municipio. Ella supo que su hijo estaba en el IJCF, el 12 agosto de 2020; es decir, nueve meses después de la desaparición del joven y ocho desde que la autoridad mantuvo los fragmentos de su cuerpo en resguardo sin habérselo informado.

“Al principio fue bien difícil porque yo quería que no fuera así, yo quería tener a mi hijo completo, pero realmente cuando te lo entregan ni siquiera es lo que miraste en las fotografías, no sé cómo explicarlo, pero te entregan cualquier cosa que tienen ahí guardada por meses o quién sabe cuánto tiempo, un pedazo de carne que no le ves forma”. 

Lo narrado por Erika forma parte del tortuoso proceso que decidió afrontar porque no quería esperar meses o años sabiendo que lo poco que logró identificar de su hijo estaba ahí solo en el Semefo con cientos de cadáveres más:

“Yo también quería a mi hijo completo, pero pasaban los meses y no encontraban lo que de él me faltaba. Fue ahí cuando pensé que la mejor decisión que podía tomar era pelear porque me entregaran a mi hijo así como estaba”.

Así fue como decidió enfrentar a todos los funcionarios que le decían que no podían entregarle incompleto a su hijo y que, además, justificaban esa negativa señalando que “así decía la ley”, pero ella investigó y supo que, en realidad, no había ley o reglamento que le impidiera pelear por lo que 20 pruebas genéticas asignaban eran su “Pepe”. 

El resultado de su insistencia llegó el 27 de febrero de 2021, pues ese día logró recuperar una buena parte de su hijo. El resto, no sabe si algún día lo encontrará porque ya nadie trabaja en la fosa en la que fue localizado su cuerpo.

Esa misma situación enfrenta Cecilia, pues la fosa en la que se encontró a “Wuili” tampoco continúa en análisis, pero ella no piensa dejar de presionar para que se retomen los trabajos y, entonces sí, valgan la pena los 19 meses que ha prolongado su duelo.

“Para mí la justicia sería que me dieran completo el cuerpo de mi hijo, pues así podría tenerlo conmigo tal y como se fue. Sé que otras compañeras sí han aceptado lo que ya tienen de sus hijos, pero a mí me lo van a entregar completo”, explica Cecilia quien ha ido coloreando en una imagen del cuerpo humano que le dieron en el IJCF, las partes de su hijo que ya dieron positivo a las pruebas genéticas.

La fosa clandestina en la que fue localizado Wiliams Omar Salinas Flores se ubicó en una finca conocida como El Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga. De ese lugar, las autoridades extrajeron 70 bolsas en las que había 826 restos humanos que pertenecían a 106 personas fallecidas: 4 mujeres, 71 hombres y 31 desconocidos, según datos de la Fiscalía.

De estos restos segmentados, peritos aseguran que han logrado la identificación o pre identificación de 75 personas; una de ellas es Wuilli; sin embargo, sus cuerpos no han sido entregados a sus familiares porque la única opción que les dieron fue la de esperar hasta que pudieran identificarlos por completo.

En Jalisco, el crimen organizado ha desarrollado una práctica muy sofisticada para dificultar la identificación de los cuerpos y las autoridades no han sido capaces de diseñar un sistema que ofrezca respuestas para el duelo. 

Y esto es lo que hace tortuosa la espera de Cecilia, pues ni el trabajo forense ni el pericial le facilitan la identificación completa de su hijo, esto a pesar de que existen 56 carpetas de investigación tras el hallazgo de la fosa de El Mirador II, lugar donde se encontró a Wuili. Informes periciales señalan que esa fosa se conecta con el modus operandis que grupos criminales realizaban en fincas similares ubicadas en: Guadalajara, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque; de hecho en el reportaje “Guadalajara: sitios de exterminio y desaparición” se comprobó que hasta ahí eran llevadas las personas que eran desaparecidas para luego someterlas a una cruenta tortura que les arrebataba la vida.

Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Servicio Médico Forense (SEMEFO), comenzó a dar cuenta de esta práctica criminal desde finales del 2016, pues a partir de ahí las bolsas plásticas con restos humanos comenzaron a multiplicarse dentro del instituto forense.

“El problema no eran en sí las bolsas con restos humanos, sino la manera en que se encontraban los cuerpos dentro de ellas, pues esto daba cuenta de una sofisticación en las dinámicas de los grupos criminales. Los cortes en los cuerpos estaban bien hechos, lo que denota conocimiento y técnica; además de que, donde eran encontrados había toda una logística que evidencia el control del territorio y el poder económico para realizar esta práctica que complica mucho la identificación de las personas”, explicó el experto forense.

Los registros oficiales señalan que el hallazgo de las dos primeras bolsas plásticas con restos humanos ocurrió en una casa de la calle Sierra de la Estancia en el Fraccionamiento El Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, el 18 de noviembre de 2016. Mismo territorio donde cuatro años después se localizaron 70 bolsas plásticas con 826 restos anatómicos.

A partir de esa fecha y al 30 de junio de 2021, la Fiscalía afirma haber localizado 608 bolsas con restos humanos: 301 exhumadas de fosas y 307 localizadas en la superficie.

Dato que contrasta con la información que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que asegura que, entre enero de 2020 y junio de 2021, tan sólo ingresaron a sus instalaciones para la realización de pruebas forenses: 789 bolsas con restos humanos.

La diferencia entre ambas instancias es de 181 bolsas que sí fueron registradas por el instituto forense, pero que no aparecen en los datos de la Fiscalía, lo cual genera serias dudas sobre cuántas bolsas con restos humanos se han recuperado en realidad.

Esta diferencia es terrible si se piensa que en algunas de esas bolsas no registradas pudieran estar, por ejemplo, el pie, la pierna o la mano de Wuili: “Yo misma sé que ahí dentro tienen un relajo, no acaban de revisar lo de una fosa cuando ya tienen otra, así que abren nuevas bolsas sin terminar las que ya tenían, así es como se han tardado en encontrarme a mi hijo”.

Ese mismo actuar fue lo que orilló a Erika a exigir que ya le entregaran a Pepe, pues en la fosa en la que él fue localizado se encontraron: 26 bolsas con restos humanos, 16 cabezas, 12 torsos y decenas de fragmentos pertenecientes a piernas, brazos y muslos.

Sin embargo, en los seis meses posteriores se localizaron ocho fosas más donde también se exhumaron más bolsas con restos humanos. Esto acumuló más trabajo, pero también acentúo entre el personal del IJCF y la Fiscalía una serie de excusas como: “estamos investigando” o “los análisis están en proceso”.

“Sus excusas eran que los segmentos estaban en mal estado, aunque lo primerito que te decían era que `estaban en proceso su análisis´, pero ni siquiera volteaban a ver el número, ni de cuánto tiempo era. Después como una seguía indagando, ya te decían `es que hay muchos segmentos, muchas piezas, no crea que es tan fácil, las pruebas no son tan rápidas se deben de hacer una vez y otra vez, y luego sacar el hueso´, pero la verdad es que ya habían dejado de trabajar en esa fosa, la de mi hijo, para trabajar en la más recientes”, explicó Erika.

Ante tal evidencia, ella exigió recuperar lo que ya tenía de su hijo. Sabía que si lo dejaba ahí corría el riesgo de ni siquiera recuperar lo que ya había identificado, pues era más fácil que perdieran a su hijo a que lo encontraran completo. Ella no estaba dispuesta a repetir la muerte de Pepe cada vez que otra parte de su cuerpo diera positivo.

Para el tiempo en que Erika y Cecilia esperaban la identificación de aquellas partes que les hacían falta de sus hijos, la entonces directora del Semefo, Martha Stephania Robles Cervantes había enviado varios oficios dirigidos al Director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, señalándole que estaban al límite en la capacidad de resguardo por “la cantidad de cuerpos, restos óseos y secciones anatómicas que habían sido recuperados de sitios de inhumación clandestina”.

Por ello, de manera enfática, le pidió que ejerciera presión para que la Fiscalía, a través de sus ministerios públicos, “realice las solicitudes de pruebas forenses complementarias para la asociación e identificación de cuerpos o partes de éstos que permanecían sin identificar”  o, en su defecto, “que les pidiera detener las exhumaciones para evitar la acumulación de más restos humanos”, pues ya no podrían garantizar su correcto resguardo y preservación. 

El director del IJCF contestó que no estaba en condiciones para responder a su solicitud, y que el rezago, posiblemente, se debía a que la pandemia disminuyó la capacidad operativa del instituto; así que bastaría con hacer un plan para definir “los perfiles y requerimientos del personal operativo que se requiere para abatir el rezago y lentitud en la identificación”.

En términos legales, es la Fiscalía, no el IJCF, quien determina qué pruebas se hacen o no al cuerpo de una persona sin identificar. El problema es que pueden pasar semanas o meses sin que se solicite a los peritos forenses, la realización de pruebas complementarias.

“Una es la que tiene que estar ahí rogándole al ministerio público que te haga el oficio para que en genética del instituto te realicen la confronta de lo que, dicen, puede ser de tu familiar. Mientras ese documento no se haga, no sucede nada. Yo insistí e insistí, y así pude obtener esas confrontas, si no lo hubiera hecho, mi Pepe estaría aún en el SEMEFO”, señaló Erika.

Ella entendió -como la exdirectora del SEMEFO- que la presión habría que hacerla en Fiscalía, pues si desde allá no se exigen pruebas o confrontas genéticas, lo único que pasará es que los cuerpos o las partes de éstos se van a acumular en un espacio que se declaró como rebasado desde febrero y marzo de 2020, fecha en que la funcionaria escribió a su superior.

Conforme a la Plataforma de Seguridad del Estado de Jalisco, de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, en Jalisco se han localizado 102 fosas clandestinas de las que se han exhumado mil 256 cuerpos de personas fallecidas; la mitad de ellas dentro de bolsas plásticas.