A 18 años de la masacre en Viejo Velasco, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia. A pesar de la impunidad que persiste, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad, que forma parte de un patrón de violencia sistemática contra los pueblos originarios de Chiapas.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Fotografía de portada: Centro Fray Bartolomé de las Casas

15 de noviembre 2024.- A 18 años de la masacre ocurrida el 13 de noviembre de 2006 en la comunidad de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, las víctimas y sus familias siguen exigiendo justicia y verdad. Ese día, alrededor de 40 personas armadas, provenientes de la comunidad de Nueva Palestina, junto con 300 efectivos de la entonces Policía Sectorial, perpetraron un ataque que dejó un saldo de 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, 2 desaparecidas forzadamente y 36 desplazadas de manera forzada, en un acto que hoy se considera un crimen de lesa humanidad, con el Estado mexicano como responsable directo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto con la comunidad y familias exigieron que se rompa el pacto de impunidad que ha prevalecido entre diversos gobiernos estatales y federales.

“Este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio de despojo y violencia sistemática contra los pueblos originarios de la región”, indicó el Frayba, que denunció el trasfondo político y económico de esta agresión, vinculada a los intereses de capital para liberar tierras en favor de grandes proyectos.

A través de un comunicado, El frayba, informó que en los últimos días, se ha evidenciado con preocupación la continuación de este patrón de violencia en la zona. “Las amenazas contra la comunidad zapatista 6 de Octubre, en las inmediaciones de la Selva Lacandona, son un claro reflejo de cómo persisten los intentos de despojo de territorio a los pueblos indígenas de Chiapas.”

En este contexto, el Frayba resaltó que, además del despojo, la participación de la delincuencia organizada ha sumado una nueva capa de complejidad a las violencias que padecen estos pueblos.

La organización recordó que la masacre de Viejo Velasco fue el resultado de un ataque organizado y dirigido, donde la comunidad, compuesta principalmente por pueblos originarios, quedó expuesta a la agresión sin ninguna protección estatal. Las autoridades mexicanas han reconocido que en el operativo del 13 de noviembre de 2006 participaron agentes estatales, junto con grupos paramilitares locales, lo que para el frayba, confirma la complicidad de diversos actores en este crimen de Estado. Sin embargo, a pesar de las denuncias y la contundente evidencia, el caso sigue impune.

El caso de Petrona Núñez González, una joven sobreviviente de la masacre, falleció en 2010 debido a la inatención a sus heridas físicas y emocionales.  Por lo que el Frayba destacó que mientras el Estado mexicano mantenga su indiferencia ante los crímenes cometidos, seguirá aumentando la lista de violaciones graves a los derechos humanos en Chiapas.

Por lo anterior, el Frayba y las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la urgente necesidad de que se investigue exhaustivamente la masacre de Viejo Velasco, se lleve a los responsables ante la justicia y se repare integralmente a las víctimas.

Las víctimas, junto con el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi’nich, siguen luchando por la justicia, a pesar del paso del tiempo y de las múltiples dificultades que enfrentan. “A 18 años de la masacre, su lucha por la verdad y la reparación continúa siendo una esperanza y un acto de resistencia frente a un Estado que ha preferido guardar silencio sobre estos crímenes.”

La exigencia de las familias y organizaciones es que se reconozca públicamente la verdad sobre lo sucedido en Viejo Velasco, que se investigue el paradero de los desaparecidos y que los responsables, incluyendo a los autores intelectuales, enfrenten la justicia. El compromiso de las víctimas y sus familias sigue firme, a pesar de la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Seguimos exigiendo justicia, y no vamos a parar hasta que se haga justicia por la masacre de Viejo Velasco. No somos una comunidad olvidada, y el Estado tiene la obligación de darnos respuestas”, aseguraron los sobrevivientes y familiares de las víctimas.