En su 29 aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC) reafirma su lucha por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando la marginación del Estado y organizando una movilización estatal el 14 de octubre para exigir su autonomía.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC), nacida hace 29 años en las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero, ha sido un pilar de resistencia para los pueblos indígenas Me’pháá, Na Savi, Nahuas y Afromexicanos. Ante la violencia y la inacción del gobierno para proteger a las comunidades, los pueblos decidieron organizarse y establecer un sistema de justicia propio, basado en sus tradiciones y sistemas normativos comunitarios.
Este modelo de justicia indígena ha sido clave en la lucha contra los grupos delictivos que han devastado el estado, garantizando la paz en sus territorios. A lo largo de casi tres décadas, la CRAC-PC ha enfrentado la criminalización, persecución y discriminación por parte de los gobiernos, pero se mantiene firme en su misión de defender la seguridad y la justicia comunitaria.
Los miembros de la CRAC-PC recuerdan cómo, en un inicio, los llamados de auxilio a las autoridades fueron ignorados, subestimados y desestimados por tratarse de comunidades indígenas. Las asambleas de los pueblos determinaron que la única salida era recuperar sus propias instituciones: comisarios, comisariados y las asambleas comunitarias. Así nació un sistema de justicia que ha demostrado ser eficiente, reduciendo la violencia en las zonas que protegen.
Sin embargo, en lugar de reconocer el valor de este sistema, los gobiernos han intentado invisibilizarlo. Un punto clave de conflicto fue la abrogación de la Ley 701, la cual reconocía el sistema de justicia indígena. Al quitar este respaldo legal, el Estado ha colocado a la CRAC-PC en una situación de marginalidad jurídica.
La CRAC-PC no es la única organización indígena en México que ha luchado por el reconocimiento de sus derechos. Junto con otros movimientos, desde hace décadas han promovido el reconocimiento constitucional de sus sistemas de seguridad y justicia. La llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador trajo esperanzas, ya que el presidente hizo promesas a favor de los más vulnerables. Sin embargo, según la CRAC-PC, la reforma constitucional impulsada por su administración dejó de lado las demandas esenciales de los pueblos indígenas, abordando solo una fracción de sus necesidades.
El artículo 21 de la Constitución, que asigna el monopolio de la justicia a jueces y ministerios públicos, no fue modificado, lo que limita la capacidad de la jurisdicción indígena para actuar en casos de relevancia fuera de su propia comunidad. Además, los derechos sobre el territorio y los bienes naturales, elementos cruciales para los pueblos, no fueron incluidos en la reforma.
A pesar de estos obstáculos, la CRAC-PC se mantiene firme en su lucha. En el marco de su 29 aniversario, han anunciado una gran movilización estatal para el próximo 14 de octubre. Esta jornada tiene como objetivo sumar fuerzas con otras organizaciones indígenas y afromexicanas para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos.
El llamado a la acción no se limita al Estado de Guerrero, sino que busca resonar en todo el país. La CRAC-PC subraya que su sistema de justicia y seguridad es inherente y preexistente, basado en su cosmovisión y tradición, y que su legitimidad no depende de una ley escrita por el Estado. En este sentido, seguirán ejerciendo su autonomía con o sin el respaldo gubernamental.
La existencia de la CRAC-PC ha sido una fuente de estabilidad en una de las zonas más golpeadas por la violencia en México. Al operar en paralelo a los sistemas oficiales de justicia, la CRAC-PC ha logrado generar condiciones de paz en territorios donde el Estado ha fallado. Su éxito radica en la organización comunitaria y en un enfoque de reeducación y resolución de conflictos, lo que ha permitido que los pueblos coexistan en relativa tranquilidad.
No obstante, la falta de apoyo financiero por parte del gobierno ha sido otro de los obstáculos. Según el comunicado emitido por la CRAC-PC, los recursos otorgados son escasos y, en muchos casos, están condicionados para silenciar a las autoridades comunitarias. Esta situación ha llevado a la CRAC-PC a depender principalmente de la solidaridad y apoyo interno de las comunidades.
La CRAC-PC ha dejado claro que su lucha no terminará hasta que se garantice el reconocimiento pleno de sus derechos en la Constitución local y las leyes secundarias. Mientras tanto, continuarán ejerciendo su autonomía, reafirmando que los derechos de los pueblos indígenas son innatos y que su sistema de justicia es indispensable para garantizar la paz y la seguridad en sus territorios.
