Home Blog Page 40

Designación CNDH, 2024: un Plan de Trabajo para los 33 OPDH y el Estado mexicano

CNDH

Por Cuauhtémoc Rueda Luna / @cuhtrl

1\ Esta columna presenta los puntos principales de un documento Diagnóstico y Plan de trabajo que se realizó para la candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual se comparte con el objetivo de que, en su caso, pudiera ser considerado por otras personas que presentarán su candidatura.

La convocatoria del Senado para quienes quieran participar como personas candidatas pide sólo un plan de trabajo, sin embargo, desde Efecto Útil nos parece que, para ser apropiado, un plan requiere plantear los elementos diagnósticos que le dan lugar. De otro modo, se construye en el aire.

Con el objetivo de hacer una muy breve presentación del documento se comentan sus apartados; el cual puede bajarse en el siguiente link: https://acortar.link/ZZJYK3.

2\ El diagnóstico y el plan se basan en las tres funciones de protección, supervisión y promoción de los derechos humanos que todo Organismo Público de Derechos Humanos (OPDH) debe cumplir de acuerdo al modelo más avanzado establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (art. 33.2). Con base en esas tres funciones, se revisan los desafíos internos y externos de la CNDH.

3\ En cuanto a los desafíos internos más generales, se plantea que al interior de la CNDH las áreas tienen mezcladas y dispersas las actividades propias de cada una de las tres funciones, de modo que esto repercute negativamente en un cumplimiento coherente y apropiado de ellas. Consecuentemente, se proponen los términos en que se puede llevar a cabo una rearticulación interna de las áreas de la institución, de modo que la CNDH adquiera una capacidad operativa mucho mayor y más pertinente para el cumplimiento de sus tres funciones, conforme al máximo uso de los recursos disponibles.

4\ Asimismo, también en relación a los desafíos internos de la CNDH, se desarrolla de manera específica la situación de la función protección en cuanto a la investigación de violaciones de derechos humanos. Se plantea que el principal problema deriva de que la CNDH mantiene un modelo selectivo en la investigación de esas violaciones, y como consecuencia emite muy pocas recomendaciones respecto del total de quejas que recibe anualmente: menos de 2% de recomendaciones cuando debería emitir al menos un 20%. Esta selectividad basa en valoraciones políticas (de arriba) que se imponen sobre las necesidades jurídicas derivadas de los derechos de las víctimas (de abajo). Es la decisión política y no los derechos humanos lo que en el fondo termina importando (aunque siempre usando el discurso de derechos humanos).

Esto llama la atención en el contexto de que desde la CNDH recientemente se celebra que en 2023 emitió 370 recomendaciones (sin considerar las recomendaciones generales), indicando que éste es un máximo histórico. Esto es cierto, pero ese número solo representa cerca del 1.9% de recomendaciones respecto del total de quejas anuales. La propia CNDH, en sus primeros años, llegó a emitir hasta un 3.3%. Es decir, incluso si se compara en términos porcentuales respecto de su propia historia, sus números siguen siendo muy bajos. Y si se llegara a considerar que debería emitir cerca del 20% entonces la CNDH en 2023 tendría que haber realizado cerca de 4,000 (3,980) recomendaciones.

La CNDH sigue muy lejos de erradicar el modelo selectivo. Si acaso, atenuó su gravedad.

Ante este escenario, en la propuesta de trabajo desarrollada en el documento se indica una serie de medidas para erradicar el modelo selectivo, que en síntesis corresponden a: (i) la decisión asumida públicamente como un compromiso de eliminar el modelo selectivo, lo cual es necesario porque el trato selectivo de los casos y las recomendaciones requiere eliminarse cómo se barren las escaleras: de arriba para abajo; y, sobre esa base, (ii) revisar las prácticas irregulares y vicios institucionalizados que se han generado para mantener el trato selectivo, pues estas prácticas y vicios no son su causa, son su consecuencia. Es conveniente recordar que combatir esto no requiere cambios normativos.

Sin embargo, siempre ha sido necesario fortalecer las facultades de investigación de violaciones de derechos humanos de los OPDH, para lo cual se proponen reformas constitucionales y legales relativas a las responsabilidades de autoridades y particulares por falta de colaboración u obstaculización de dichas investigaciones; y también es necesario fortalecer el aprovechamiento de los resultados (pruebas y recomendaciones) de dichas las investigaciones, a efecto de que deban ser considerados por otras autoridades administrativas y judiciales en sus respectivos procedimientos y procesos. Y, de forma semejante, al interior de la CNDH, es necesario generar una sistematización de las garantías de no repetición solicitadas en la reparación del daño, así como de su cumplimiento y la evolución de las circunstancias que les dieron lugar.

Por otro lado, se propone cambiar el centro de gravedad simbólico para que la emisión de recomendaciones transite de una dinámica de avergonzamiento por las violaciones de derechos humanos a una dinámica de reconocimiento de la voluntad de reparar el daño, dado que la primera privilegia un uso moral y político de la institución, y se asocia estrechamente al trato selectivo, pues genera que las lógicas políticas de la institución colonicen las necesidades jurídicas de los derechos de las víctimas.

Por ello, se advierte que el modelo selectivo ha provocado y retroalimentado un elitismo, en donde sus agentes son personas y organizaciones de los derechos humanos que lo legitiman.[1] Quienes desean que la CNDH y los demás OPDH locales continúen siendo selectivos pues lo que en último término buscan es ser partícipes de las élites derechohumaneras que deciden o influyen en la decisión de qué casos sí son seleccionados y qué casos no.  Dada esta situación, la lucha por presidir la CNDH (y los OPDH) se trata, para quienes quieren mantener el modelo selectivo, de una lucha por ser el(la) Gran Selector(a): una lucha por ser la persona que seleccione a qué casos y qué agendas sí se les dará acceso a las recomendaciones, donde el derecho de las víctimas a que se emita una recomendación es secundario y nulificable.

Consecuentemente el documento que se presenta también constituye una propuesta de des-elitización de los OPDH mexicanos, y una descolonización de su funcionamiento.

4.1\ En 2016, desde Efecto Útil[2] presentamos un informe[3] ante la GANHRI (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) solicitando que se le quitara la acreditación nivel “A” a la CNDH por los efectos negativos de su modelo selectivo para la investigación de violaciones graves de derechos humanos (especialmente la tortura). Con motivo de este informe la GANHRI recomendó a la CNDH que revisara sus procedimientos de investigación. Durante la presidencia de Luis Raúl González Pérez esto fue finalmente dejado de lado. Al iniciar la administración actual de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, por parte de Efecto Útil solicitamos audiencia con ella para hacer de su conocimiento la recomendación de la GANHRI y solicitarle que revisara los procedimientos. En ese momento, la presidenta, junto con su secretario ejecutivo, indicaron que se revisaría la situación de la CNDH. Posteriormente, me invitaron a participar en la CNDH por lo que más adelante ingresé permaneciendo por poco más de un año. Para 2022 la CNDH tuvo el primer año con un incremento relevante de recomendaciones, al llegar a 300 (sin considerar las recomendaciones generales), y señaló en el informe anual de ese año que esto también había sido motivado por la petición de la GANHRI.[4] Sin embargo, el hecho de que se incremente de manera importante el número de recomendaciones carece de importancia para diversas personas y organizaciones de derechos humanos (no porque porcentualmente esté muy lejos de una situación apropiada), dado que lo esencial para éstas es la función política de la CNDH, no la jurídica: es decir, la persistencia del modelo selectivo. Sin embargo, esta evolución institucional también es relevante porque el uso selectivo de las recomendaciones suele justificarse de muchas formas incluyendo la cuestión de la insuficiencia de recursos o de las dificultades para elaborar recomendaciones. Pero el hecho es que la CNDH ha tenido una política de austeridad muy importante por lo que ha bajado su presupuesto durante esta administración. Lo cual, independientemente de otros efectos que pueden cuestionarse, revela que ha sido totalmente falso el pretexto de los recursos. En Efecto Útil esto es una obviedad, pero es relevante que haya quedado demostrado por la propia CNDH.

En vistas de la situación institucional, la posición de Efecto Útil se centra en dar cuenta de la autonomía de la CNDH como una garantía de que ésta realizará su trabajo técnico en materia de derechos humanos y, por tanto, las personas no serán tratadas selectivamente. Por ello, en la designación de la titular de la CNDH en 2019, el reto más importante era construir la autonomía,[5] pues ésta nunca ha existido. Al día de hoy, aunque haya un trato selectivo menos lesivo, éste aún sigue existiendo.

5\ Después de los desafíos internos, en el documento se pasa a revisar cuáles son los desafíos externos de la CNDH. Respecto de estos se comienza por aquellos que la institución tiene frente a todo el sistema de OPDH mexicanos y frente al Estado mexicano.

Al respecto se indica que, derivado de que en nuestra Constitución no están establecidas las tres funciones (protección supervisión y promoción), todos los OPDH carecen de una base común para poder actuar de manera sistemática y sistematizada en sus ámbitos de competencia y, por tanto, permanecen en una plena falta de coordinación a nivel nacional respecto de ellas. Por ello se plantea que la CNDH está llamada a liderar los esfuerzos para generar esa coordinación nacional.

6\ El último tema del documento corresponde a otro desafío externo: el referido a los problemas derivados de que el modelo selectivo no es exclusivo de la CNDH, pues se encuentra extendido en todos los OPDH mexicanos, siendo los casos más preocupantes el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) que incluso legalizó el trato selectivo,[6] y el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) que en los últimos años pasó de ser la única institución que emitía arriba de 20% de recomendaciones a ser una institución que se alineó con el modelo selectivo de modo que actualmente emite alrededor del 2% de recomendaciones (sin embargo, la PRODHEG, siguiendo un estilo muy conocido entre los OPDH, afirma que no ha existido cambio alguno en su política institucional de investigación de casos)[7].

En esos términos, la CNDH actualmente es el único OPDH que ha tenido un alza relevante de recomendaciones; y, por ello, es la única institución que, aunque esté muy lejos de ser suficiente, tiene una posible tendencia a corregir el modelo selectivo.

Consecuentemente en el proyecto en el documento se presentan una serie de propuestas para que la CNDH lidere también la erradicación del modelo selectivo a nivel nacional en todos los Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Se necesita una política anti-selectiva y des-elitizante que combata la invisibilización y la administración de las violaciones de derechos humanos en los 33 OPDH del Estado mexicano, que reconozca a todas las víctimas y no sólo “privilegie” a algunas, abriendo la puerta sólo a ellas, respecto de lo que miles más tienen derecho.

7\ La candidatura a la presidencia de la CNDH en que se presentará esta información es la mía. Sin embargo, el documento con información diagnóstica y el subsecuente plan de trabajo que se anexan desde el inicio de esta columna, aunque queda poco tiempo, quizás alcance a ayudar a otras personas a orientar sus propias candidaturas.

Al menos, es una oportunidad para socializar información que sirva para quienes desean que estas instituciones realmente trabajen para la gente.

[1] RUEDA LUNA, Cuauhtémoc. “AMLO, el #FactorEmilio y ¿puede fracasar la #DesignaciónCNDH 2019?”, en Somos el medio, 9 de noviembre de 2019,  https://www.somoselmedio.com/amlo-el-factoremilio-y-puede-fracasar-la-designacioncndh-2019/

[2] Efecto Útil es una organización de derechos humanos que, gracias al trabajo voluntario de sus integrantes y conforme a sus propias posibilidades temporales, hasta la fecha trabaja sin financiamiento.

[3] EFECTO ÚTIL Informe Previo Efecto Útil sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 3ª. edición, Centro de Monitoreo sobre Organismos Públicos de Derechos Humanos, Efecto Útil, A.C., México, 2019 [2016], https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/Call/NHRI/CNDHMexico.pdf

[4] CNDH, Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre, 2022, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2022, pág. 10, https://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2022/IA_2022.pdf

[5] RUEDA LUNA, Cuauhtémoc. “Los retos de la CNDH: construir la autonomía”, en Somos el medio, 1 de febrero de 2020, disponible en: https://www.somoselmedio.com/los-retos-de-la-cndh-construir-la-autonomia/

[6] RUEDA LUNA, Cuauhtémoc, “CDHDF: legalización del “trato selectivo” y ¿algunas simulaciones?”, en Somos el medio, 28 de mayo de 2019, México. https://www.somoselmedio.com/cdhdf-legalizacion-del-trato-selectivo-y-algunas-simulaciones/

[7] Respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 110200000033823, de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Recomendaciones de la IMDHD al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum por desapariciones federales

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fotografía por Ximena Badillo.

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por Ximena Badillo/ @Ximeme16

Ciudad de México, 14 de octubre de 2024.- El primero de octubre del año en curso a través de la cuenta de X del El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., se comunicó la publicación de una serie de recomendaciones en materia de desapariciones a nivel federal, para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), es una organización civil que genera vínculos y encuentros con distintos actores políticos, sociales, académicos y civiles, con el fin de crear propuestas e iniciativas para lograr el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos, así como una democracia sustantiva.

El IMDHD a través de la Red Lupa ha construido propuestas y recomendaciones para que el nuevo gobierno las implemente, con el fin de mejorar el desempeño institucional sobre las desapariciones de personas.

Entre las recomendaciones se destacaron las que se enfocan en la búsqueda de las personas desaparecidas, las cuales mencionaron que debe garantizarse la participación de las familias y de las organizaciones que las acompañan, así como, existir un plan para la interconexión entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otras bases de datos, que puedan colaborar a la localización de personas.

También se recomendó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cumpla con su obligación al construir un Programa Nacional de Búsqueda y Localización, con miembros integrados y especializados en dicha tarea, para darle atención al análisis del contexto de las desapariciones, se realicen las búsquedas por patrones y se genere un diagnóstico sobre las problemáticas y las necesidades para avanzar en la búsqueda de personas.

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fotografía por Ximena Badillo.

De las propuestas sobre los derechos de las víctimas, se destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) proponga una serie de modificaciones a la Ley General de Víctimas, donde se considere que la Ley esté enfocada solamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y que se responsabilicen las instituciones de reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por su personal.

Otra de las recomendaciones sobre los derechos de las víctimas fue que la CEAV cuente con un programa de reparación administrativo que sea accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos, también que se garantice la participación de las víctimas en el diseño de este programa, así como que exista un mecanismo para que supervise la implementación correcta del programa. De igual forma, que se establezca una cantidad precisa de reparación, conforme al tipo de violación a los derechos humanos ocasionado.

La Red Lupa ha sido un espacio digital para la vigilancia, análisis y seguimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional, la cual se implementó desde el 2018. También se evalúa lo que hace el Estado para localizar a las personas desaparecidas y así crear recomendaciones para mejorar en el uso adecuado de protocolo que se está haciendo. 

La IMDHD publicó una serie de recomendaciones para mejorar los procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a las víctimas desaparecidas a nivel federal, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Imagen de IMDHD

La Red Lupa mencionó que la Ley no refleja todas las exigencias que las familias solicitaron para tener los mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense, pero que es una gran avance y es responsabilidad de las autoridades asegurar su implementación.

Se mencionó que “El objetivo prioritario del año 2024 ha sido el desarrollo de propuestas y recomendaciones tanto estatales como federales, y para trabajar en ellas  se convocó a un Primer Encuentro Nacional de la Red Lupa, actividad que fue posible gracias al generoso apoyo de la Embajada de Suiza en México y la Unión Europea.”

Así se dió a conocer la publicación de las recomendaciones sobre los casos de personas desaparecidas a nivel federal, las cuales incluyeron el panorama general, los datos y análisis de las desapariciones en México, el desempeño de las Instituciones Federales y recomendaciones de diferentes tipos como lo son de procuración de justicia, de identificación humana, de sanción, de prevención y hacia el Poder Legislativo. 

Puedes consultar las recomendaciones aquí

Te puede interesar Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México.

***

Suscríbete a Somoselmedio.com y apoya al periodismo independiente. ¡Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que nadie más quiere contar!

Exigen búsqueda inmediata y presentación con vida de Sandra Domínguez

Familiares de Sandra Domínguez Martínez, defensora de derechos humanos desaparecida desde el 4 de octubre, junto con organizaciones sociales, exigen al Gobierno de México y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, intensificar la búsqueda y garantizar la presentación con vida de la activista. Piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

El 4 de octubre de 2024, Sandra Estéfana Domínguez Martínez, abogada y defensora de derechos humanos de origen ayuuk, desapareció en las inmediaciones de María Lombardo de Caso, en el municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca. Desde entonces, sus familiares han impulsado incansablemente la búsqueda, pidiendo el apoyo de las autoridades para encontrarla con vida.

En un comunicado emitido por las autoridades locales, exigieron a los gobiernos federal y estatal, así como a la Fiscalía General de la República (FGR), intensificar los esfuerzos de búsqueda.

Durante una conferencia de prensa realizada el 10 de octubre, la familia de Sandra, representada por sus hermanas Kenia y Aracely Domínguez Martínez, y su madre, expresaron su desesperación. En una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, Aracely Domínguez solicitó la intervención inmediata del gobierno federal. “Me dirijo a usted con el corazón lleno de esperanza y angustia”, expresó, señalando la importancia de actuar con rapidez para encontrar a su hermana.

La familia exigió que la presidenta gire instrucciones para asignar más recursos y personal a la búsqueda, ya que la demora puede costar la vida de Sandra. A pesar de la activación de la Comisión Estatal de Búsqueda, aún no han recibido noticias concretas sobre su paradero.

En una segunda carta dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, Kenia Domínguez resaltó la necesidad de priorizar la búsqueda de Sandra y brindar protección a la familia durante este difícil proceso. “La participación activa de su gobierno podría marcar una diferencia significativa y devolvernos la esperanza”.

Organizaciones de derechos humanos, como Consorcio Oaxaca, se sumó a la exigencia de localización con vida de la abogada y denunció la falta de acción efectiva por parte del Estado en la localización de la defensora. Según datos proporcionados por estas organizaciones, Sandra Domínguez se suma a la lista de 653 mujeres desaparecidas en Oaxaca durante la administración de Jara Cruz.

Colectivos de derechos humanos y organizaciones, como la Red de Mujeres Defensoras y Activistas de Derechos Humanos en Oaxaca, CLADEM, Red Mariposas de Mujeres Mixes, y la Red Chimalli. Todos ellos se han unido en la exigencia de que se intensifiquen las labores de búsqueda y se garantice la presentación con vida de Sandra.

Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, manifestó su preocupación por el aumento de desapariciones de mujeres en el estado y urgió al gobierno a actuar con mayor diligencia. “No estamos dispuestas a guardar silencio”, afirmó Mosqueda, quien se comprometió a seguir apoyando a la familia en su lucha por la justicia.

Durante la conferencia, las defensoras y familiares también solicitaron que la Fiscalía General de la República colabore o, en su caso, atraiga la investigación para agilizar los procesos de búsqueda. Eduardo Palma, representante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, criticó la lentitud con la que se han manejado las investigaciones, lo que podría estar poniendo en riesgo la vida de la activista.

Por su parte, Yésica Sánchez Maya, activista de derechos humanos, hizo un enérgico llamado a Salomón Jara a no repetir los errores de su antecesor, Alejandro Murat, quien no logró esclarecer las desapariciones de otras defensoras, como Irma Galindo y Claudia Uruchurtú. Sánchez insistió en que las filtraciones y posturas por parte del gobierno no deben interferir con las investigaciones.

La familia sigue apelando a la acción coordinada de todos los niveles de gobierno, mientras continúan exigiendo la presentación con vida de Sandra Domínguez Martínez.

 

Los pueblos indígenas no pedimos permiso para existir

Por Tlachinollan / @Tlachinollan

En el 29 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), las 5 casas de justicia marcharon más de 3 kilómetros de la comunidad de Pozolapa  a Tepango, municipio de Ayutla de los Libres. Como anfitriones del evento los coordinadores y los grupos de policías de El Paraíso se colocaron al frente de la marcha acompañados por Espino Blanco, San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Caxitepec.

Las compañeras del pueblo Ñuu Savi de Coxcatlán Candelaria encabezaban el desfile con la lona principal de los 29 años de la CRAC-PC. Las mujeres policías, comisarias y consejeras marchaban altivas marcando el paso. Con gran temple demostraban el colorido de sus luchas. Se hicieron en el camino, por eso la mejor manera de visibilizar su presencia como pueblos es mostrarse combativos.

En medio de la música sobresalían las órdenes del comandante: ¡Embrazar armas, ya!, ¡Paso corto, ya!, ¡Descansar armas, ya!. Una demostración de que los pueblos de  la Costa Montaña están hechos para librar batallas. Cada casa llevaba su escolta como pueblos autónomos y con identidad propia. resguardaba la bandera mexicana. En las gestas históricas han luchado contra el invasor y peleado por la independencia de nuestro país.

Hoy podemos comprender la dimensión de este sistema comunitario. Se liberaron de las cadenas del vasallaje y han dado la pelea contra los malos gobiernos que se coluden con los delincuentes.  En nuestros pueblos cohabita la armonía, el respeto a nuestra madre tierra y el cuidado de nuestros ríos. Prevalece un espíritu festivo y fraterno en las correspondencias que tienen como pueblos. Los santos católicos son los símbolos sagrados que los movilizan para defender lo que les corresponde. Con gran orgullo conservan sus tradiciones, la ritualidad prehispánica que celebran en las cimas de los cerros. Liban en comunidad, crean y disfrutan su música que reanima su espíritu y alegra el corazón. Así es la vida de los pueblos afromexicanos e indígenas de la Costa Chica y la Montaña.

Los gobiernos y los políticos no reconocen a los pueblos como entidades autónomas. Los tratan como súbditos, como si les dieran permiso de existir. Deben saber que los pueblos no necesitan una ley para que se les reconozca porque no es el Estado quien va a reconocerlos. Fueron los ancestros quienes heredaron estas tierras. Nuestro destino y nuestro objetivo fue habitar estos territorios, mantener una relación armónica con la naturaleza. Nos tocó cuidar y defender estos territorios, garantizar la seguridad y la justicia tan ausentes en nuestro estado. La tarea es construir un mundo seguro, que esté libre de violencia. Un mundo de iguales, donde no haya represores ni caciques.  Para eso los pueblos han aprendido de la historia que es importante empuñar las armas, para defenderse de las amenazas del crimen organizado, para hacer frente a los malos gobiernos y librarse de la violencia que proviene del Estado.

A 29 años la CRAC ha dado muestra de esta gesta heroica, de este espíritu indómito. Son casi 3 décadas de resistencia, de mantenerse en el frente de batalla, de nunca arredrarse ante los embates de gobiernos represores. De no retroceder ni doblegarse ante un sistema de justicia racista y colonialista. Los Yopes dieron un gran ejemplo, de morir peleando. Con ese espíritu invencible avanza la marcha de la CRAC-PC, dejando constancia de que seguirá viva y actuante con ley o sin ley. Que sepan los diputados y diputadas que los pueblos no mendigan reformas, porque al final siempre predomina la traición de quienes dicen representar a los ciudadanos y ciudadanas.

A nivel federal se aprobó la reforma indígena y afromexicana, pero solo se reconocen de manera limitada los sistemas normativos. Tratan a los pueblos como súbditos, solo les permiten regular sus conflictos internos, pero les niegan el derecho a procurar y administrar justicia en los delitos de homicidio, secuestro, violaciones, feminicidios, entre otros. Prefieren que haya impunidad y que los perpetradores gocen de libertad.

La representación política de los pueblos tampoco se reconoció. A los pueblos indígenas los ven como parte del folclor nacional. Respetan su música, su comida, sus huipiles, pero cuando luchas por ser gobierno se les conculca ese derecho. Todos los partidos hacen causa común para que no lleguen a ocupar los primeros cargos de la administración pública. No quieren que tengan el poder en sus manos. Tampoco quieren que sean los verdaderos dueños de los territorios ancestrales. Siguen siendo vasallos de los caciques y del capital trasnacional. Los gobernantes no quieren que ejerzan su libre determinación. Se sienten dueños de las vidas de los indígenas y afromexicanos. Quieren seguir con este sistema clasista, donde pocos mandan y las mayorías obedecen.

Con esta celebración se reafirma la voluntad de continuar como CRAC-PC, de seguir luchando para que sus derechos sean una realidad. Los pueblos no darán un paso atrás, por eso han refrendado su compromiso de mantener en alto la lucha de la CRAC-PC. Este sistema lo conforman las autoridades, que ejercen el gobierno comunitario. Son las que van al frente abriendo camino, las que cuidan el legado histórico y las que salen en defensa de las amenazas externas. Son los pueblos Me’phaa, Ñuu savi, Nahuas, Afromexicanos y Ñomndaa quienes exigen sus derechos y no van a desistir nunca. La CRAC-PC va a morir, como dicen los sabios y sabias, hasta que muera el sol.

La palabra de los pueblos se expresó en las mesas de trabajo. En la primera mesa se acordó fijar un posicionamiento para manifestar el rechazo de los pueblos a la reforma constitucional porque no se incorporó el tema de la tierra y del territorio. Asumieron el compromiso de realizar asambleas en las comunidades de cada casa de justicia para dar a conocer los puntos de la reforma que no fueron considerados, como los temas del territorio, el gobierno comunitario y la justicia comunitaria. Fijaron la fecha del 14 de noviembre para hacer una movilización en Chilpancingo, en el Congreso del Estado. Se conformó una comisión integrada por un representante de cada casa de justicia. Los comisionados tienen la tarea de invitar a las organizaciones sociales e indígenas de Guerrero, para impulsar un movimiento estatal que luche por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La mesa 2 abordó el tema de la defensa del territorio. Las cinco casas de justicia reafirmaron el compromiso de cuidar y defender sus tierras y territorio ante cualquier amenaza de las empresas mineras, las empresas forestales, los grupos de la delincuencia organizada y los megaproyectos del gobierno federal. Se buscarán aliados para hacer efectiva la defensa del territorio como la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) y otras organizaciones afines. Por su parte, los vecinos, las autoridades, comisarios, delegados, comisariados y miembros de la comunidad se comprometieron a denunciar el trasiego de drogas dentro de sus territorios y la presencia de los grupos delincuenciales ante las autoridades competentes para blindar su territorio. Buscarán la coordinación con comunidades vecinas para actuar de manera inmediata ante alguna amenaza del crimen organizado.

En la mesa 3 se abordó el tema del reglamento interno de la CRAC. Los servidores comunitarios, coordinadores de las casas de justicia, comandantes regionales, comandantes de grupo, policías comunitarios, consejeros locales, consejeros regionales, comisarios y delegados municipales, reflexionaron que es fundamental apropiarse de su norma interna, de difundirla y apegarse estrictamente a sus postulados. El gran desafío es aplicarla sin sesgo alguno a la hora de impartir justicia dentro del territorio comunitario. Nombraron una comisión especial, de conformidad con el artículo 87, para analizar la posibilidad de presentar propuestas orientadas a reformar el reglamento interno, en la que se incluyan los temas de justicia para casos de adolescentes, niñas y niños que son acusados de cometer algún error o delito dentro del territorio comunitario. Hay una gran preocupación porque se ha detectado que las redes del crimen organizado utilizan a menores para delinquir. Son ahora el objetivo principal para diseminar el consumo de drogas ilícitas. Analizaron también los delitos relacionados con la violencia digital. Hay varios casos de menores de edad que suben a las redes sociales imágenes y fotografías de personas sin su consentimiento. Reiteraron el compromiso de garantizar la participación de las mujeres dentro del sistema comunitario respetando los espacios destinados para ellas. No se debe suplantarlas sino más bien impulsar su participación y reconocer que el sistema de justicia comunitaria no se consolidará si se excluye a las mujeres en los cargos de primer orden y se les margina en la toma de decisiones.

El pronunciamiento final es muy enfático: se impulsará el reconocimiento de los derechos de los pueblos en la Constitución local y en las Leyes secundarias. La gran tarea es redoblar los esfuerzos organizativos en las 5 casas de justicia y en las demás comunidades indígenas y afromexicanas que no están incorporadas a la CRAC-PC. Hacen un llamado a las organizaciones hermanas para que se sumen a la gran movilización estatal que realizarán el 14 de noviembre. Redoblarán los esfuerzos de articulación con el movimiento social en Guerrero y en el país, con las organizaciones y pueblos indígenas y Afromexicanos para lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos. Reafirman su compromiso de ejercer su derecho a garantizar la seguridad, la justicia y la reeducación, que son los ejes de su sistema comunitario, con ley o sin ley que los reconozca, porque los derechos del pueblo son inherentes y preexistentes; nacen con el pueblo y los territorios ancestrales pertenecen a los pueblos desde antes de la creación del Estado Nacional. Los pueblos indígenas no se deben a una ley escrita, ni existen porque obtuvieron el permiso de los dominadores, son más bien los precursores y forjadores de una gran civilización, los que dieron origen a nuestra nación y quienes preservaron este territorio megadiverso que hoy dilapidan irresponsablemente quienes ostentan el poder económico y político del país.

Claudia Sheinbaum da inicio a los trabajos preliminares del Tren México-Querétaro

Claudia Sheinbaum da inicio a los trabajos preliminares del Tren México-Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de la construcción del Tren México-Querétaro, un proyecto con una extensión de 225 km y un tiempo estimado de tres años.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque oficial de los trabajos preliminares del Tren México-Querétaro, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su administración. El tren, que cubrirá 225 kilómetros, conectará la Ciudad de México con Querétaro.

“Hoy estamos aquí para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río”, señaló Sheinbaum, quien destacó que la construcción estará a cargo del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Claudia Sheinbaum, resaltó que el Tren México-Querétaro contará con 77 puentes, 12 túneles, tres viaductos, dos libramientos y dos distribuidores ferroviarios. Se espera que la obra esté concluida en tres años, con el inicio de la construcción formal en abril de 2024, luego de la realización de estudios de impacto ambiental y topográficos.

Entre las principales características del tren se encuentra su velocidad máxima de 160 km/h, con la capacidad para transportar a 450 pasajeros por viaje. Contará con tres estaciones principales: Buenavista (Ciudad de México), San Juan del Río (Querétaro) y Santiago de Querétaro, reduciendo el tiempo de viaje entre ambas ciudades a una hora y 40 minutos.

Una de las principales promesas del proyecto es la creación de empleo. Según estimaciones del gobierno, el Tren México-Querétaro generará 490 mil empleos, de los cuales 165 mil serán directos y 325 mil indirectos.

“El México-Querétaro abrirá nuevas oportunidades turísticas, comerciales y de inversión”, afirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien acompañó a Sheinbaum durante el evento. El tren también se conectará con otras líneas ferroviarias, extendiendo su influencia hacia el norte del país con rutas hacia Nuevo Laredo (Tamaulipas) y Nogales (Sonora).

El Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, liderado por el comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, será el encargado de materializar este proyecto en colaboración con la SICT y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que supervisará los estudios de impacto ambiental.

Vallejo Suárez destacó que la construcción empleará recursos humanos y técnicos del Ejército, así como la contratación de mano de obra civil y la adquisición de materiales de las regiones cercanas, lo que garantiza un impacto positivo en las economías locales.

Colectivo Luz de Esperanza llenó de cédulas de búsqueda, el “Carrusel Monumental” de Pablo Lemus

¿Qué hubiese pasado si los 25 millones 950 mil pesos invertidos en un “Carrusel Monumental” se hubieran invertido en la búsqueda de las más de 15 mil personas que han sido desaparecidas en Jalisco? Con esa pregunta, las familias se conjuntaron para llenar esta “magna obra” de Pablo Lemus -gobernador electo de Jalisco- para llenarla de las fichas de búsqueda de sus familiares.

Texto por Anashely Elizondo / @Anashely_Elizondo / @ZonaDocs

El pasado 10 de octubre, el colectivo Luz de Esperanza, en compañía de “Tercer Ojo, colectivo dedicado a la creación audiovisual independiente, organizaron una pega de fichas de búsquedas en el ya conocido “Carrusel Monumental”, ubicado en el Jardín de la Reforma, en el centro de Guadalajara.

Recordemos que el carrusel modelo clásico francés comprado por el ayuntamiento de Pablo Lemus, en ese tiempo alcalde de Guadalajara, costó 25 millones 950 mil pesos. Su compra ocurrió en el marco del 481 aniversario de la fundación de la Perla Tapatía.

Foto: Israel Rodríguez

Aunque cientos de turistas han admitido disfrutar de esta atracción, el tema de la construcción y el precio de este carrusel estuvo en el ojo del huracán, ya que miles de tapatíos manifestaron “que no lo querían” y que esa cantidad de dinero era exagerada para una atracción que, además, está ubicada en una zona de la ciudad donde, según manifestaron, existen otras carencias como la vigilancia, iluminación, entre otras. Nombrándolo, incluso, como otro monumento a los actos de corrupción que los gobiernos emecistas han tenido a lo largo del estado de Jalisco.

Por este motivo, el colectivo “Tercer Ojo”, quien prepara su primer largometraje titulado “Una Temporada en el Infierno”, en conjunto con el colectivo de búsqueda Luz de Esperanza organizaron una pega de cédulas en el “emblemático” y “turístico” lugar.

Foto: Israel Rodríguez.
Foto: Israel Rodríguez.

Aún con la insistencia de un presunto servidor público en que las pegas no se deben realizar en la zona y de la presencia constante de elementos de la Policía de Guadalajara, las pegas se lograron con éxito tanto en los barandales del carrusel como en sus alrededores, todo esto mientras participaban en la grabación del largometraje, dirigido por Gabriel Esdras.

Finalmente, las y los integrantes del colectivo comentaron que esta pega es un suceso “histórico”, debido a que este carrusel representa para ellos (y para muchos tapatíos): la negligencia y prioridades del próximo gobernador en turno. 

29 años de resistencia: CRAC-PC defiende su autonomía y justicia comunitaria en Guerrero

29 años de resistencia: CRAC-PC defiende su autonomía y justicia comunitaria en Guerrero

En su 29 aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC) reafirma su lucha por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando la marginación del Estado y organizando una movilización estatal el 14 de octubre para exigir su autonomía.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Fotografías: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC), nacida hace 29 años en las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero, ha sido un pilar de resistencia para los pueblos indígenas Me’pháá, Na Savi, Nahuas y Afromexicanos. Ante la violencia y la inacción del gobierno para proteger a las comunidades, los pueblos decidieron organizarse y establecer un sistema de justicia propio, basado en sus tradiciones y sistemas normativos comunitarios.

Este modelo de justicia indígena ha sido clave en la lucha contra los grupos delictivos que han devastado el estado, garantizando la paz en sus territorios. A lo largo de casi tres décadas, la CRAC-PC ha enfrentado la criminalización, persecución y discriminación por parte de los gobiernos, pero se mantiene firme en su misión de defender la seguridad y la justicia comunitaria.

29 años de resistencia: CRAC-PC defiende su autonomía y justicia comunitaria en Guerrero

Los miembros de la CRAC-PC recuerdan cómo, en un inicio, los llamados de auxilio a las autoridades fueron ignorados, subestimados y desestimados por tratarse de comunidades indígenas. Las asambleas de los pueblos determinaron que la única salida era recuperar sus propias instituciones: comisarios, comisariados y las asambleas comunitarias. Así nació un sistema de justicia que ha demostrado ser eficiente, reduciendo la violencia en las zonas que protegen.

Sin embargo, en lugar de reconocer el valor de este sistema, los gobiernos han intentado invisibilizarlo. Un punto clave de conflicto fue la abrogación de la Ley 701, la cual reconocía el sistema de justicia indígena. Al quitar este respaldo legal, el Estado ha colocado a la CRAC-PC en una situación de marginalidad jurídica.

La CRAC-PC no es la única organización indígena en México que ha luchado por el reconocimiento de sus derechos. Junto con otros movimientos, desde hace décadas han promovido el reconocimiento constitucional de sus sistemas de seguridad y justicia. La llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador trajo esperanzas, ya que el presidente hizo promesas a favor de los más vulnerables. Sin embargo, según la CRAC-PC, la reforma constitucional impulsada por su administración dejó de lado las demandas esenciales de los pueblos indígenas, abordando solo una fracción de sus necesidades.

29 años de resistencia: CRAC-PC defiende su autonomía y justicia comunitaria en Guerrero

El artículo 21 de la Constitución, que asigna el monopolio de la justicia a jueces y ministerios públicos, no fue modificado, lo que limita la capacidad de la jurisdicción indígena para actuar en casos de relevancia fuera de su propia comunidad. Además, los derechos sobre el territorio y los bienes naturales, elementos cruciales para los pueblos, no fueron incluidos en la reforma.

A pesar de estos obstáculos, la CRAC-PC se mantiene firme en su lucha. En el marco de su 29 aniversario, han anunciado una gran movilización estatal para el próximo 14 de octubre. Esta jornada tiene como objetivo sumar fuerzas con otras organizaciones indígenas y afromexicanas para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos.

El llamado a la acción no se limita al Estado de Guerrero, sino que busca resonar en todo el país. La CRAC-PC subraya que su sistema de justicia y seguridad es inherente y preexistente, basado en su cosmovisión y tradición, y que su legitimidad no depende de una ley escrita por el Estado. En este sentido, seguirán ejerciendo su autonomía con o sin el respaldo gubernamental.

29 años de resistencia: CRAC-PC defiende su autonomía y justicia comunitaria en Guerrero

La existencia de la CRAC-PC ha sido una fuente de estabilidad en una de las zonas más golpeadas por la violencia en México. Al operar en paralelo a los sistemas oficiales de justicia, la CRAC-PC ha logrado generar condiciones de paz en territorios donde el Estado ha fallado. Su éxito radica en la organización comunitaria y en un enfoque de reeducación y resolución de conflictos, lo que ha permitido que los pueblos coexistan en relativa tranquilidad.

No obstante, la falta de apoyo financiero por parte del gobierno ha sido otro de los obstáculos. Según el comunicado emitido por la CRAC-PC, los recursos otorgados son escasos y, en muchos casos, están condicionados para silenciar a las autoridades comunitarias. Esta situación ha llevado a la CRAC-PC a depender principalmente de la solidaridad y apoyo interno de las comunidades.

La CRAC-PC ha dejado claro que su lucha no terminará hasta que se garantice el reconocimiento pleno de sus derechos en la Constitución local y las leyes secundarias. Mientras tanto, continuarán ejerciendo su autonomía, reafirmando que los derechos de los pueblos indígenas son innatos y que su sistema de justicia es indispensable para garantizar la paz y la seguridad en sus territorios.

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo 

Ante la falta de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados se unieron para formar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica y las violaciones a los derechos humanos colectivos en México.

Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo

San Luis Potosí, 12 de octubre de 2024.- En la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se constituyó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con la participación de 84 contralorías autónomas del agua provenientes de 28 estados y la Ciudad de México.

Esta nueva institución tiene como objetivo primordial hacer frente a la grave crisis hídrica que afecta al país, las violaciones a los derechos humanos colectivos relacionados con el agua, y la ausencia de una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a este recurso vital.

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo 

La creación de esta contraloría surgió tras el incumplimiento del Congreso de la Unión, que ha fallado en cuatro legislaturas consecutivas en emitir una ley que regule adecuadamente el derecho humano al agua, establecido en el Artículo 4º Constitucional. Los promotores de la iniciativa destacaron la necesidad urgente de una legislación que promueva la seguridad hídrica y fomente la participación ciudadana en la gestión del agua.

Durante el evento, las contralorías señalaron que la falta de una Ley General de Aguas ha profundizado los problemas asociados al sobreconcesionamiento y la explotación excesiva de acuíferos y ríos. Esto ha derivado en el agotamiento de manantiales, pozos y otros recursos hídricos, afectando tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos. Según la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, la gestión deficiente ha exacerbado la vulnerabilidad de las poblaciones ante los efectos del cambio climático, lo que ha resultado en una violación sistemática de los derechos colectivos al agua.

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo 

La nueva Contraloría se comprometió a trabajar en beneficio de las comunidades afectadas, promoviendo el diálogo y la colaboración con otros procesos organizativos. Asimismo, se plantearon estrategias para detener las dinámicas de despojo y sobreconcesión que están secando los recursos naturales.

Uno de los compromisos centrales de la Contraloría Nacional es impulsar la creación de un Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, con el fin de corregir los problemas generados por el actual sistema de concesiones.

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo 

Entre las propuestas destacadas se incluyen:

  • Limitar las concesiones para usos no esenciales, estableciendo vigencias mínimas para proyectos potencialmente dañinos y máximas para los relacionados con el derecho humano al agua.
  • Reconocer los derechos hídricos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en consonancia con las reformas al Artículo 2º Constitucional.
  • Proteger los sistemas comunitarios que actualmente gestionan el agua en contextos de discriminación y hostilidad por parte de los gobiernos locales.

Con estas iniciativas, se buscará garantizar un uso más eficiente y equitativo del agua en todo el país, además de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Otro eje fundamental de la Contraloría es el compromiso con el saneamiento y la restauración de importantes cuencas hídricas en México, como los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac, gravemente afectados por la contaminación industrial y la falta de regulación ambiental.

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo 

En este contexto, la Contraloría ofreció su apoyo al Ejecutivo Federal, presentando análisis científicos en colaboración con los Pronaces del Conahcyt sobre las sustancias tóxicas presentes en estas aguas. También se propusieron acciones como la eliminación de contaminantes en su origen, la reorganización de las cadenas de suministro para evitar prácticas productivas contaminantes, y la promoción de una agricultura libre de tóxicos.

Además, la Contraloría se comprometió a trabajar y proponer iniciativas que ayuden a mejorar la eficiencia en el uso del agua en los Distritos de Riego y combatir la corrupción en la administración del agua.

La Contraloría Nacional también denunció la alta vulnerabilidad de regiones como la Península de Yucatán, donde la sobreextracción de acuíferos está generando intrusión salina, poniendo en riesgo los suministros de agua dulce. Destacó, además, la necesidad de mejorar la gestión del agua en áreas urbanas, señalando que, según datos del INEGI, más del 50% del agua extraída para uso público urbano se pierde por fugas.

Constituyen la Contraloría Nacional Autónoma del Agua ante la crisis hídrica en México
Foto: Mario Marlo / @Mariomarlo 

Durante el evento, se informó que estados como San Luis Potosí y Jalisco ya están organizándose para crear sus contralorías estatales y sumarse a la Nacional. Asimismo, se mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está informada sobre la constitución de la Contraloría Nacional y de las contralorías estatales, por lo que los participantes “confían en que a partir de esta constitución, la presidenta conocerá mejor el movimiento”.

“La lucha continúa. Es una estructuración que viene desde abajo hacia arriba, se teje desde los territorios, desde los pueblos”, expresaron.

La Contraloría también manifestó su postura sobre la propuesta de relocalización de empresas (nearshoring) planteada por la presidenta, señalando.

“Si se pretende atraer más empresas extranjeras al país, es fundamental reformar el marco jurídico e institucional vigente. La llegada de estas empresas es inminente, pero si no contamos con una legislación adecuada sobre el agua que limite el acaparamiento y la contaminación, seguiremos enfrentando graves problemas ambientales. Regiones enteras ya sufren por la contaminación de cuerpos de agua, y los seres vivos, incluidos los humanos, están muriendo de enfermedades como el cáncer y la insuficiencia renal. No podemos emocionarnos con el nearshoring hasta que no haya una política estricta de regulación para las empresas”.

4to. Aniversario de la Toma del INPI: Camino de lucha y resistencia por una vida digna

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.

Texto y fotografías por Iván Ramírez/ @ivan.yairh / @Yair_R1H9 y Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics / @Ximeme16

Ciudad de México, 13 de octubre de 2024.- El 12 de octubre del año en curso desde las 13:00 horas, miembros de pueblos originarios, activistas, miembros de la Comunidad Indígena Otomí y demás participantes, celebraron el 4to. Aniversario de la Toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ahora nombrado Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

Este evento político, artístico y cultural, se llevó a cabo fuera de la Casa de los Pueblos, también en el marco de la conmemoración de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como de los 28 años de la Fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI).

La celebración del 4to Aniversario de la Toma del INPI contó con la participación de diversos activistas y colectivos como lo fueron algunos alumnos de la normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, madres y padres los 43 estudiantes, además de miembros de la comunidad Otomí de diversas edades.

Todos estos fueron partícipes de varias actividades a lo largo de la tarde a partir de las 13:00 horas, comenzando con un mensaje inicial sobre la historia de la lucha, con gritos y cánticos de ¡Viva!.

Los contingentes y asistentes al evento dieron comienzo a una jornada de muchas emociones y una convivencia constante.

Acto siguiente se le brindó la palabra a diversos representantes de la lucha, tal como lo fue al activista Carlos González quien dejó mensajes como “La toma del INPI es la expresión política más significativa de la Ciudad de México frente a cualquier condición y cualquier mentira, una expresión viva de la resistencia a las políticas indigenistas del gobierno del Estado Mexicano y sus instituciones, particularmente el INPI”.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics

Al terminar las ponencias de algunos de los integrantes del presidio, comenzaron las presentaciones artísticas, iniciando con la obra de teatro musicalizada por parte de los infantes de la Comunidad Indígena Otomí, esto antes de dar paso a la comida la cual fue preparada y repartida en su mayoría por gente de la misma comunidad Otomí.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics

Argelia Guerrero, con una presentación a la altura del evento, representó una danza nombrada “De Palestina a Ayotzinapa” la cual conmovió y atrajó la atención de propios y extraños en el recinto.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics

Como uno de los actos finales se presentó Horizonte Rojo Teatro con su obra “Pero sigo siendo el rey” que aunque con menor afluencia de las presentaciones anteriores más que nada por la hora del día, lograron captar atención, risas y mucho entusiasmo por parte de los asistentes que aún se mantenían en sus lugares.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics

A su vez, se le brindó espacio a un bazar de artesanías, grabados, comida y artículos alusivos al movimiento.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh

El acto de toma del INPI, la lucha y resistencia de los pueblos originarios y el festejo del 4to. aniversario de la Toma del INPI, fue una manera de demostrar que la lucha y la resistencia de los pueblos sigue buscando que se respete su autonomía, su dignidad indígena y sus derechos humanos.

Sigue el camino hacia la lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, como sujetos de derechos públicos con patrimonios y territorios propios.

¡Vivienda sí, desalojo no!

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Contexto de la Toma del INPI

En el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, algunas viviendas de Comunidades Indígenas Otomíes ubicadas en las colonias Roma y Juárez, fueron dañadas gravemente. Las personas pertenecientes a la Comunidad Otomí no recibieron respuesta del Gobierno para la reparación de las casas, dejándolas en una situación socioeconómica difícil.

En el 2017 hubo otro terremoto, el cual terminó por destruir las viviendas. En respuesta a esto, las personas de la comunidad decidieron dejar sus cosas dentro de las casas y vivir afuera de éstas, es decir, en la calle. 

Las condiciones en las que vivían las personas Otomíes no eran las mejores, no contaban con agua o con luz para poder subsistir y menos porque seguían sin tener respuesta del Gobierno para ayudar a la reparación de las casas o a solventar sus necesidades. 

Durante todos estos años la Comunidad Otomí exigía una vivienda digna, salud, justicia y el reconocimiento a su situación y a los pueblos originarios.

Lo único que hizo el Gobierno fue que en el 2018, decidió desalojar con granaderos a las personas de la Comunidad Otomí, que se encontraban viviendo en la calle, violando sus derechos a una vivienda digna.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh

Fue el 12 de octubre de 2020 cuando la Comunidad Otomí decidió tomar las instalaciones del INPI, porque nunca fueron escuchadas y reconocidas sus peticiones por el Gobierno de la Ciudad de México, ya que solo habían recibido violencia, represión y discriminación. 

Volvieron a nombrar el edificio que antes albergaba al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para llamarse ahora La Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. 

Este nombre fue en memoria de Samir Flores Soberanes, quien fue un profesor, activista y defensor del medio ambiente mexicano, conocido por su oposición a megaproyectos en el estado de Morelos, que tenían impactos ambientales y sociales como la contaminación del agua, el aire y los efectos sobre la agricultura y las comunidades indígenas de la región.

Samir Flores formaba parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y a través de su trabajo en la radio comunitaria Amiltzinko, informaba a las comunidades locales sobre los riesgos del proyecto y promovía la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

El 20 de febrero de 2019 Samir Flores Soberanes fue víctima de un cobarde ataque armado frente a su domicilio en Amilcingo, Morelos, en el que con dos disparos le fue arrebatada la vida.

También el 12 de octubre pero de 1996 surgió el Congreso Nacional Indígena (CNI), por un llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que buscaba crear espacios seguros donde todos los pueblos, comunidades, tribus y barrios indígenas, pudieran ser vistos y escuchados, así como compartir sus pensamientos, sus esperanzas, sus objetivos y su lucha en colectivo.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh
Derecho a una vivienda digna

En una sociedad donde está presente la violencia, la pobreza, el desempleo, la discriminación, el racismo y el clasismo, los pueblos originarios, así como la Comunidad Indígena Otomí sigue resistiendo y luchando por una vivienda digna, por una vida llena de salud y donde se respeten los derechos humanos de cada persona.

El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Esto quiere decir que el gobierno debe dar las herramientas necesarias para que cada persona, familia o comunidad pueda contar con una vivienda digna. La situación con los pueblos originarios es totalmente distinta, porque no son respetados y reconocidos por el gobierno.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Iván Ramírez/ @ivan.yairh
Isabel Valencia de la Comunidad Otomí

“Como comunidad, no tenemos derecho a la ciudad; nos obligaron a tomar las instalaciones del en su momento INPI, hoy la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, fue lo descrito por Isabel Valencia Hernández, miembro de la comunidad Otomí durante el 4to Festival de Resistencia y Dignidad, donde en una entrevista para Somos el Medio, compartió una exahustiva resistencia al mantener una visibilización viva y digna.

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Isabel, mujer de la Comunidad Otomí. Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics

Isabel Valencia mencionó que desde hace más de 30 años la consigna y la petición es la misma “una vivienda digna”. Ella junto con la comunidad pensaban que con la toma de las instalaciones, el gobierno los tomó en cuenta, pero no, la indiferencia sigue persistiendo hasta  estos días.

“Se les olvida que todo este territorio que ahora ellos llaman suyo, es de los pueblos originarios” externó Isabel Valencia. La consigna es clara, buscar el derecho a la ciudad, a la educación, a la salud, a la alimentación, sin olvidar la justicia.

Para Isabel y toda la comunidad hoy, 12 de octubre es una “fiesta de lucha y resistencia” hoy se cumplen 4 años de lucha, cuando los gobernantes apostaban e intentaron de muchas formas desalojarlos de la que ahora es la Casa de los Pueblos.

Finalmente Isabel mencionó a la presidenta actual Claudia Sheinbaum Pardo para mandarle un mensaje claro: “No llegamos todas y todos, ella tampoco nos representa a pesar de que haya recibido el bastón de mando. Porque no llegamos las que estamos en estas instalaciones, no llegaron las madres buscadoras, no llegaron los padres de Ayotzinapa. Claudia dijo que llegamos todas las mujeres que luchamos y no”

Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics
Se celebró el 4to. Aniversario de la Toma del INPI con el Festival de la Resistencia y Digna Rebeldía, en el marco también de los 532 años de Resistencia y Dignidad Indígena, así como los 28 años de la Fundación del CNI.
Fotografía por Ximena Badillo/ @mena_cozca_pics

Te puede interesar A un mes del uso desproporcionado de la fuerza en Xochimilco, persisten investigaciones contra manifestantes

***

Suscríbete a Somoselmedio.com y apoya al periodismo independiente. ¡Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que nadie más quiere contar!

A un mes del uso desproporcionado de la fuerza en Xochimilco, persisten investigaciones contra manifestantes

A más de un mes de los enfrentamientos en Xochimilco, la criminalización de los manifestantes continúa, mientras que las investigaciones contra los responsables de la violencia policial y civil siguen sin avances.

Por Redacción / @Somoselmedio

Ciudad de México, 10 de octubre de 2024.- En una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y otras organizaciones denunciaron la persistente criminalización de los manifestantes que participaron en una protesta pacífica en Xochimilco el pasado 5 de septiembre. A pesar de la condena pública y de los llamados a la justicia, las investigaciones siguen enfocadas en los manifestantes, mientras los agresores y autoridades implicadas aún no han sido sancionados.

El evento de septiembre, que inició como una protesta en apoyo a Hortensia Telésforo, defensora del territorio y de los derechos humanos, terminó en una confrontación violenta. Según testimonios y organizaciones de derechos humanos como Artículo 19 y la Red TDT, civiles vinculados a la anterior administración de la Alcaldía Xochimilco, junto con elementos policiales, ejercieron un uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Además, defensoras de derechos humanos que documentaban los hechos también sufrieron agresiones.

El 5 de septiembre, cinco personas fueron detenidas de manera arbitraria y trasladadas a la fiscalía de la Alcaldía Tlalpan, donde permanecieron sin comunicación por más de cuatro horas. Aunque fueron liberadas esa misma noche, se abrieron carpetas de investigación en su contra por los delitos de motín, perturbación del orden público, lesiones y resistencia de particulares. A lo largo de este mes, las solicitudes para que se desista de estos procesos han sido ignoradas, mientras que los responsables del uso de la fuerza no han sido procesados.

Las comunidades de Xochimilco demandan el retiro inmediato de los cargos contra los manifestantes, incluyendo a Hortensia Telésforo, criminalizada por su participación en la recuperación de espacios comunitarios como la biblioteca del pueblo, hoy conocida como la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.

Durante la conferencia de prensa, los pobladores de San Gregorio Atlapulco y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos exigieron:

  • Retiro de cargos: Exigen que se retiren los cargos contra los manifestantes detenidos y que se ponga fin a la criminalización de quienes defienden el territorio.
  • Sanciones a los responsables: Insisten en que se investigue y sancione a los elementos policiales y civiles involucrados en las agresiones. Aunque algunas destituciones han tenido lugar, la justicia plena aún no ha llegado. En este sentido, también llamaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a emitir una recomendación que esclarezca los hechos.
  • Medidas de protección: Solicitan la implementación de medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ya que muchas de las personas involucradas en la protesta han sido víctimas de hostigamiento desde los hechos de septiembre.
  • Garantías de no repetición: Proponen medidas claras para evitar la criminalización de la protesta social y el uso desproporcionado de la fuerza contra las comunidades defensoras del territorio.

Las organizaciones también denunciaron la falta de avances en las investigaciones sobre los grupos de choque que agredieron a los manifestantes. A pesar de las promesas de justicia, las autoridades locales y federales han mostrado lentitud en tomar medidas que garanticen la reparación del daño y la no repetición de estos hechos.

En el marco de la renovación del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Xochimilco, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las nuevas autoridades para que prioricen el diálogo y la justicia. La falta de acciones concretas por parte del gobierno ha exacerbado la tensión en la zona, y la comunidad de San Gregorio Atlapulco teme que los actos de represión se repitan si no se toman medidas inmediatas para sancionar a los responsables.