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Madres, colectivos y la lucha por encontrar a los desaparecidos en México

En foro virtual, colectivos denuncian la crisis humanitaria: más de 124 mil desaparecidos, campos de exterminio y reclutamiento forzado ante la indiferencia estatal.

Por: AlanDJHM / @alandjhm

Ciudad de México 31 de marzo 2025.- El foro virtual “¡Porque lxs amamos!”, convocado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se convirtió este domingo 30 de marzo en un espacio crucial para visibilizar la grave crisis de desapariciones que vive México. Durante poco más de 2 horas, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y representantes de colectivos expusieron los alarmantes hallazgos de sus búsquedas y la dolorosa indiferencia institucional que enfrentan.

Foro por qué lxs amamos

La voz de quienes buscan

Liliana Guadalupe Meza, del Colectivo Luz de Esperanza en Jalisco, compartió su desgarrador testimonio: “Cada día que pasa es una tortura. Las autoridades nos piden pruebas como si fuéramos investigadoras profesionales, mientras nuestros hijos podrían estar en algún campo de exterminio”. Su voz, relató cómo, ante la falta de apoyo gubernamental, ha tenido que aprender técnicas para poder avanzar en la búsqueda de su familiar.

Héctor Flores, también integrante del colectivo jalisciense, fue tajante: “No es falta de capacidad, es falta de voluntad. Sabemos dónde están muchas de las fosas, hemos dado coordenadas precisas, pero las fiscalías no actúan”. Según Flores, varios de estos casos revelan complicidad entre funcionarios públicos y grupos criminales, lo que agrava la impunidad en el país.

Héctor Flores

La crisis en números

Los datos presentados durante el foro pintan un panorama aterrador, respaldados por fuentes oficiales:

124,000 personas desaparecidas registradas oficialmente, según la Comisión Nacional de Búsqueda (2024)

19 fosas clandestinas descubiertas solo en Jalisco durante 2025, según informes de la Fiscalía General de Jalisco

30% de las víctimas son migrantes centroamericanos, según el Instituto Nacional de Migración (INM)

Menos del 1% de los casos llega a sentencia condenatoria, según datos del Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Ana Enamorado, representante de la Red Regional de Familias Migrantes, explicó la particular vulnerabilidad de esta población: “Los migrantes desaparecen en el anonimato. Muchos ni siquiera aparecen en los registros oficiales porque las autoridades asumen que ‘se fueron con el crimen’ sin hacer ninguna investigación”.

Los horrores documentados

Los participantes revelaron los hallazgos de sus investigaciones, corroborados por diversas fuentes, como la CNDH y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh):

Campos de exterminio con estructuras diseñadas para eliminar evidencias, como los hallados en Teuchitlán, hornos crematorios clandestinos en diversas localidades, documentados por fiscalías locales, reclutamiento forzado de desaparecidos por grupos criminales, según informes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, centros de detención ilegal donde las víctimas se mantienen con vida, según investigaciones de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Estamos hablando de crímenes de deshumanidad”, aseguró Volga de Piña, defensora de derechos humanos con más de 15 años de experiencia en el tema. “Lo que se ha documentado en Teuchitlán y otras regiones del país corresponde a patrones de violencia propios de guerras, no de un Estado democrático”.

Las exigencias

Frente a este desgarrador panorama, los participantes del foro plantearon demandas urgentes:

Creación inmediata de un Banco Nacional de ADN eficiente, como propone la Ley General en Materia de Desaparición Forzada

Desmantelamiento de los campos de exterminio, exigiendo la intervención de la CNDH

Depuración de las fiscalías y ministerios públicos, como parte de un proceso de justicia institucional promovido por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Aplicación real de la Ley General en Materia de Desaparición, según la Comisión Nacional de Búsqueda

Desmilitarización de las tareas de seguridad pública, una demanda respaldada por diversas organizaciones como el Centro Prodh

Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, advirtió con firmeza: “La militarización no ha resuelto nada. Por el contrario, en muchos casos las fuerzas armadas han estado involucradas directamente en desapariciones forzadas. Necesitamos un cambio de estrategia radical”.

El dolor que transforma

El foro concluyó con un emotivo mensaje de las participantes, quienes hicieron un llamado a la sociedad mexicana e internacional a no permanecer indiferentes. “Nuestro dolor nos ha dado fuerza”, dijo Yadira González de Desaparecidos Querétaro. “No vamos a parar hasta encontrar a nuestros seres queridos y hasta que este sistema de muerte cambie”.

Las últimas palabras fueron dedicadas a los desaparecidos, coreando al unísono el lema que ha unido a miles de familias en todo el país: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Exigen a la SEMARNAT que proteja el Río Santa Catarina y rechace la MIA del viaducto elevado de cuota

El movimiento, Un Río En El Río, alerta que la construcción de un viaducto elevado en Av. Morones Prieto, Nuevo León, dañaría irreversiblemente el ecosistema del Río Santa Catarina. Exigen a autoridades federales rechazar el estudio de impacto ambiental por omisiones graves.

Por Redacción / @Somoselmedio

Ciudad de México, 31 de marzo 2025.- La organización, Un Río En El Río, denunció que la concreción de este proyecto de inversión privada implicaría la destrucción de hábitats esenciales, la alteración del cauce del río y un incremento significativo en el riesgo de inundaciones para la zona. Por ello, el movimiento exige públicamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, y al Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, Julio César García Vergara, que rechacen la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, identificada con la clave 19NL2024UD044 y la bitácora 19/MG-0185/09/24.

“Un Río En El Río” fundamenta su exigencia en varios puntos. En primer lugar, señalan que el viaducto inevitablemente invadirá el cauce del Río Santa Catarina. Aunque la MIA reconoce la remoción de vegetación dentro del cauce y la presencia de infraestructura fija y temporal, la organización ambientalista critica la falta de especificidad sobre el área total afectada. Además, advierten que la MIA admite la alteración del flujo del río y el potencial agravamiento del riesgo de inundaciones debido a la construcción de pilotes en el cauce.

En segundo lugar, la organización subraya que la obra pone en grave riesgo la biodiversidad del río. Contrario a lo afirmado en la MIA sobre la ausencia de especies protegidas, “Un Río En El Río” presenta datos de la plataforma iNaturalist, que registra más de 860 especies en el tramo urbano del Río Santa Catarina, incluyendo 25 especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre estas especies vulnerables se encuentran el castor americano, la mariposa monarca, la rana leopardo, la serpiente de cascabel de diamantes y la tortuga concha blanda.

Para “Un Río En El Río”, Monterrey necesita con urgencia soluciones de movilidad sustentables, que prioricen el bienestar de sus ciudadanos y el respeto al medio ambiente, en lugar de “más ecocidios”. La organización propone que la avenida Morones Prieto se transforme en una “calle de primer nivel”, diseñada para el disfrute y tránsito de las personas, con un enfoque en su armoniosa relación con el Río Santa Catarina.

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Organizaciones y colectivos exigen un alto al fracking

Fotografía: Alianza Mexicana contra Fracking

Organizaciones y colectivos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, llaman a la prohibición total del fracking en la región.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking pide a Claudia Sheinbaum cumplir su compromiso de campaña, poner un alto a esta práctica y liderar la lucha climática. 

Por Alejandra González / @AleGonSol

Ciudad de México, 31 de marzo del 2025.- El pasado 24 de marzo en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Agustín Pro, diversas organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, exigieron la prohibición total del fracking. Destacando la necesidad de evitar que la región se siga convirtiendo en zona de desastre, frente a la extracción de gas y petróleo.

Santiago Cané, secretario técnico de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, destacó que el consumo y contaminación del agua es inmensa, y que los Estados anteponen el desarrollo económico, antes que la vida y los derechos humanos de la población local y del medio ambiente.

En Argentina la población vive los impactos de está práctica, Matías Cena de la Fundación ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, mencionó que desde el 2012 el avance del fracking ha provocado centenares de sismos, afectando la vida de las comunidades, consumiendo millones de litros de agua y generando toneladas de residuos contaminantes.

Miguel Escoto de la organización Oilfield Witness mencionó que en Texas los impactos del fracking han dañado la salud de la comunidad, contaminado sus fuentes de agua y ha dejado residuos radioactivos.

Juliana Mendoza, de la Alianza Colombia libre de Fracking denunció que Colombia ha sufrido profundos impactos ambientales, climáticos y de salud, exigiendo a su gobierno la prohibición del fracking.

Blanca Deile de la Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, destacó los logros que ha tenido su país, gracias a la movilización social, los que han permitido la prohibición del fracking en dos estados brasileños, Paraná y Santa Catarina, aunque mencionó la posible reactivación mediante proyectos piloto por parte del gobierno.

En México las consecuencias de esta práctica han dejado contaminación de agua y suelos en las comunidades indígenas, como en las zonas de Poza Rica y Papantla, Veracruz, donde pueblos originarios del Totonacapan, han resultado afectados por los derrames de hidrocarburos, dañando fuentes de agua, cultivos y formas de vida de las comunidades.

Romualdo García de Luna, de la comunidad de Ojital Viejo, denunció “La ineficiencia de parte del gobierno estatal y federal para atender el problema de la contaminación en las diferentes comunidades del Totonacapan, afectadas por derrames de hidrocarburos, es una constante, un atentado continuo a nuestra dignidad como pueblos originarios. Para nosotros, la naturaleza tiene su espíritu, su energía, al igual que los animales, la extracción petrolera está dañando continuamente nuestra vida y la de nuestros animales, cultivos y de nuestro pueblo”.

Ramón García, del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño y de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, alertó: “La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de prohibir esta técnica y cumplir su compromiso de campaña, que se ha venido diluyendo a lo largo de los meses. Ella tiene la formación académica, el liderazgo necesario y un pueblo que la respalda para asumir y liderar la lucha anti fracking y la lucha climática en la región”.

Mencionaron que a pesar del compromiso presidencial del sexenio pasado de no permitir el fracking en México, se han detectado 7,879 pozos fracturados y el presupuesto de egresos de la Federación destinó más de 12 mil millones de pesos a cuatro proyectos que implican el uso de fracking para la extracción de hidrocarburos.

La Alianza Latinoamericana Frente al Francking (ALFF) fue fundada en 2014 como una respuesta coordinada a la expansión del fracking en la región, está conformada por personas, instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de varios países como México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina. Su objetivo es la defensa de los bienes comunes y la resistencia a la extracción de combustibles fósiles por medio de técnicas de fracturación hidráulica.

 

CNTE exige transparencia en decreto sobre FOVISSSTE y reitera demanda de abrogación de Ley del ISSSTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dar a conocer con anticipación los decretos sobre el FOVISSSTE, exigiendo claridad en el manejo de recursos y reiterando sus demandas centrales, como el aumento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Por Redacción / @Somoselmedio

CDMX, 31 de marzo 2025.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emitió su posicionamiento ante el anuncio de la Presidenta sobre la próxima publicación de un decreto ejecutivo relacionado con el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE). La organización magisterial exige conocer los detalles del decreto antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, al tiempo que reitera sus demandas centrales al gobierno federal.

En su comunicado, la CNTE subrayó la importancia de mantener una interlocución efectiva en el marco de las reuniones de trabajo sostenidas con las autoridades. En este sentido, solicitó que los afiliados y derechohabientes del ISSSTE, y particularmente la propia Coordinadora, tengan acceso al contenido de los decretos ejecutivos sobre el FOVISSSTE de manera anticipada.

La organización magisterial argumentó que los trabajadores tienen el derecho fundamental a la información oportuna, precisa y transparente. En este caso específico, consideraron crucial conocer el carácter, los alcances, los beneficiarios y los presupuestos implicados en la implementación de los nuevos programas de liquidación y reestructura que impulsará la administración del FOVISSSTE.

La CNTE advirtió que las reglas de operación de estos programas deben generar claridad, confianza y certidumbre, evitando repetir las inconsistencias que llevaron al retiro de la anterior iniciativa de reforma. Exigen que los decretos ejecutivos no impliquen un “cheque en blanco” para los trabajadores con cargo a su patrimonio de vivienda y que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos.

En relación con la posible construcción de vivienda, la Coordinadora demandó claridad sobre quiénes serán los responsables de la edificación y la administración de los fondos. Subrayaron que el patrimonio de vivienda es un tema que trasciende a los trabajadores activos, impactando también a las futuras generaciones, por lo que los procesos de gestión deben ser transparentes y democráticos.

La CNTE enfatizó que si existe un compromiso real con la transformación estructural e integral del ISSSTE-FOVISSSTE, no es suficiente con medidas como la condonación de intereses, el congelamiento de saldos, la aplicación de quitas o la liquidación de créditos impagables. Para la organización, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 sigue siendo una demanda central e indispensable.

Finalmente, la CNTE solicitó formalmente que se les permita revisar los decretos ejecutivos antes de su publicación para conocer su contenido y expresar sus observaciones, buscando asegurar que los derechos e intereses de los trabajadores de la educación sean debidamente considerados.

Ciudad de México: Cuando las mujeres se unen por el agua

#PeriodismoDeLoPosible

En los Pedregales de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, la escasez de agua se convirtió en una crisis que afectó a cientos de familias. Martha, Carmen, Natalia y Norma, mujeres de la colonia, vieron cómo su vida cotidiana se trastornaba por la falta del recurso más básico. A través de asambleas comunitarias, recorridos por los pozos de la zona y un detallado mapeo, descubrieron que la distribución del agua favorecía a proyectos inmobiliarios y a grupos privilegiados. A pesar del desprecio y la violencia institucional, las mujeres crearon un espacio de organización y resistencia para lograr una distribución del agua más justa.

Por Cooperativa Acción Comunitaria Pedregales / Quinto Elemento Lab

Créditos
Esta es una producción de Cooperativa Acción Comunitaria Pedregales

GUIÓN
Natalia Lara
Mariela Segura

EDICIÓN DE AUDIO
Mariela Segura
Natalia Lara
Eloisa Diez

VOCES
Marta Elizalde
Carmen Trejo
Natalia Lara
Norma Piñón

VOZ NARRADORA
Mariela Segura

AGRADECIMIENTOS
Radio Zapote

A la guía y acompañamiento de Mayela Sánchez
A todas las y los integrantes de la 2a generación de «Periodismo de lo Posible».

Convocan al 1er Encuentro por los Desaparecidos de Pueblos Originarios en Michoacán

El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán convocan a un encuentro histórico para visibilizar los casos de desapariciones forzadas en comunidades originarias. Con más de 6,600 desaparecidos en el estado, familiares exigirán verdad y justicia.

Por Redacción / @Somoselmedio

Ciudad de México, 31 de marzo 2025.- Ante la crisis de derechos humanos que vive México, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) convocaron al 1er Encuentro por los Desaparecidos de los Pueblos Originarios, que se llevará a cabo el 9 de abril en el Museo Regional Michoacano, en Morelia. El objetivo es visibilizar los casos de desapariciones forzadas en comunidades indígenas y exigir justicia ante la impunidad sistemática.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 27 de marzo de 2025, en México hay más de 126,127 personas desaparecidas, de las cuales 6,654 corresponden a Michoacán. Sin embargo, las organizaciones indígenas denuncian que estas cifras podrían ser mayores debido a la falta de denuncias por temor a represalias.

El Congreso Nacional Indígena enfatiza que en los pueblos originarios de Michoacán se han documentado al menos 20 casos de desaparición, motivados por la defensa de recursos naturales, la protección del territorio comunal, cuestiones políticas o enfrentamientos con el crimen organizado. Entre los casos más emblemáticos mencionan:

  • 1974: La desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, de Tarejero, a manos del Ejército Mexicano.
  • 2009-20115 comuneros de Cherán, desaparecidos por defender sus bosques de la tala clandestina.
  • 2010-20135 habitantes de Ostula, por proteger su territorio comunal.
  • 2008Dos abogados de Santa Fe de la Laguna, defensores de derechos colectivos.

México es el país de las desapariciones, la injusticia y la impunidad“, señala el CNI, subrayando que más del 90% de los casos quedan sin resolverse.

Ante este panorama, el CNI convoca al 1er Encuentro por los Desaparecidos de los Pueblos Originarios: Testimonios, Relatos y Vivencias. El evento se llevará a cabo el miércoles 9 de abril a las 11:00 horas en el Museo Regional Michoacano, ubicado en la Calle Allende No. 305, Colonia Centro, Morelia. El objetivo principal es que los familiares de los desaparecidos de las comunidades indígenas puedan compartir sus experiencias y exigir de manera colectiva memoria, verdad y justicia.

Atacan en Jalisco a buscadora del colectivo Luz de Esperanza

A través de un comunicado de prensa, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco informó que el 27 de marzo de 2025 fue atacada a balazos Teresa González Murillo, quien busca, desde el 2 de septiembre de 2024, a su hermano Jaime González Murillo. El ataque ocurrió en su propio domicilio cuando se resistió a ser llevada por la fuerza.

Por Darwin Franco / @Darwin Franco/ @ZonaDocs

Tres hombres armados irrumpieron por la fuerza en el domicilio de la buscadora y líder de comerciantes, Teresa González Murillo, con el objetivo de privarla de la libertad; sin embargo, al resistirse a la agresión, la integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco recibió un disparo de arma de fuego que le ocasionó una lesión occipital y mandibular que la mantiene en terapia intensiva. Los hechos ocurrieron en la colonia San Marcos.

Teresa González Murillo busca desde el 2 de septiembre de 2024 a su hermano, Jaime González Murillo, quien fue visto por última vez en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco.

“Tras el intento de secuestro nuestra compañera fue agredida de manera grave y ahora se debate entre la vida y la muerte”, señaló el colectivo Luz de Esperanza, quien públicamente también denunció que este suceso “demuestra la situación de seguridad que se vive en Guadalajara , además del contexto hostil por el que atraviesan todas las familias buscadoras del país”.

Teresa, además de integrar el colectivo Luz de Esperanza, también es reconocida por su labor como representante de las y los comerciantes ambulantes del centro de Guadalajara, activismo que la ha llevado a realizar, en un par de ocasiones, huelgas de hambre en las puertas del Ayuntamiento para exigir un alto a las agresiones de inspectores municipales que con lujo de violencia quitan la mercancía a quienes para ganarse la vida venden en las calles del centro de la capital de Jalisco.

Héctor Flores, integrante de Luz de Esperanza, compartió que Teresa ya había comunicado algunas amenazas tanto por su labor como buscadora, así como su liderazgo entre comerciantes: “Lo que nosotros pedimos es que se dé una inmediata solución y castigo a los implicados”, exigió el colectivo en su comunicado de prensa.

A la redacción de este texto (30 de marzo), Teresa González Murillo continúa en una situación grave en terapia intensiva en un hospital público de Guadalajara.

Este hecho también ocurrió tras las denuncias públicas de la campaña de desprestigio que están padeciendo las y los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jaliscoquienes tras evidenciar el campo de exterminio del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, han padecido amenazas y acoso digital en sus redes sociodigitales.

No es un caso aislado

Esta agresión de Teresa González Murillo, lamentablemente, se suma a la que, el 9 de marzo de 2025, sufrió a manos de policías municipales de Papantla, Magdaleno Pérez Santos, de 41 años, padre buscador de Diana Paloma Pérez Vargas, quien fue desaparecida el 22 de noviembre del 2019 en Poza Rica, Veracruz.

El buscador fue detenido por la policías municipales, quienes le golpearon durante su detención arbitraria. Los golpes recibidos fueron los causantes de su muerte horas después de haber sido liberado. Su hija Diana sigue sin ser localizada.

La otra muerte registrada de una persona buscadora en este año ocurrió el 10 de febrero en Zacatecas, y se trata de Sofía Raygoza, madre de Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue desaparecida el 1 de febrero de 2023 en el municipio de Jérez García Salinas, Zacatecas. Afortunadamente, la joven fue localizada con vida meses después.

Por este motivo, la Fiscalía de Zacatecas descartó que su feminicidio guarde relación alguna por las acciones de búsqueda que ella emprendió en 2023 en aquel estado y por las que denunció de manera frontal a las autoridades.

La organización Fundación para la Justicia tiene un registro de 9 asesinatos de familias buscadoras y la desaparición de una madre entre los años 2021 y 2024; a esta dolorosa realidad se le suman los casos de Magdaleno Pérez Santos y Sofía Raygoza Ceballos.

El rancho Izaguirre en Teuchitlán

Por Max González Reyes

México sigue siendo el país de las sorpresas. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo y que lo más trágico no volvería a pasar, nos encontramos con otra situación igual o peor a la ya vivida. Si creíamos que lo sucedido con los estudiantes de la Escuela Rural en Ayotzinapa fue una tragedia, lo descubierto en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es aún peor.

La tragedia de Izaguirre en Teuchitlán es el reflejo de lo mal que el Estado ha aplicado el monopolio de la violencia que le corresponde aplicar. Lo que se reportó es que en ese rancho fueron encontrados más de mil 300 objetos personales, hornos crematorios, fragmentos óseos calcinados. Es un hecho que la larga crisis de violencia que vivimos en México es el resultado de la incapacidad del Estado mexicano para controlar el crimen organizado.

Más allá de que se pretende echarse la culpa del gobierno estatal al federal y viceversa, el Estado es el responsable de cuidar y proteger la seguridad de todos los ciudadanos. Es sorprendente que fueron los familiares de desaparecidos quienes descubrieron un campo con posibles usos criminales, lo cual evidencia la incapacidad del Estado para proteger a la sociedad.

Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales han ido ganando territorio y adeptos en detrimento de la fuerza que el Estado en teoría debería tener. Está ampliamente documentado que los cárteles han formado estructuras con las que han extendido sus dominios al tráfico de personas, así como de armas. Para algunos, las organizaciones del crimen tienen estructuras más potentes y eficaces que los de las fuerzas legalmente constituidas como el Ejército y la Guardia Nacional.

Según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, las investigaciones que se realizaron demuestran que ‘El Lastra’ y su grupo criminal utilizaban redes sociales para atraer personas en busca de empleo, ofreciendo falsas oportunidades de trabajo. Se les adiestraba y a quienes se resistían al adiestramiento o intentaban escapar, el cártel los mataba.

Si en su momento tanto se criticó al entonces presidente Enrique Peña Nieto por su falta de actuar en al caso de los jóvenes de Ayotzinapa, es probable que Claudia Sheinbaum, cargue con esta tragedia el resto de su sexenio. Desde la administración de Felipe Calderón, México ha venido sufriendo una escalada de violencia que no deja de sorprender. Ante ello, de nada han servido las reformas e iniciativas -algunas ya aprobadas- para evitar que crezca la ola de violencia. Una y otra se aprueban y lejos de mejorar la situación empeora.

Ahora, como una medida reactiva, no correctiva, ante el caso de los cuerpos encontrados en el rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa encaminada a reforzar las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De igual manera, las reformas de la presidenta incluyen la creación de un registro único de personas desaparecidas, la implementación de tecnología avanzada para la búsqueda, y la modificación de leyes para mejorar la identificación de desaparecidos, como la integración de la CURP en los registros y la creación de una base de datos forense única. Además, la presidenta propuso la eliminación de la espera de 72 horas para activar una alerta de búsqueda y equiparar el delito de desaparición al de secuestro.

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña (Morena), señaló que es perverso que “la derecha” haya montado una campaña con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, para responsabilizar y golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Agregó que el tema de los desaparecidos en México es una tragedia, una herida abierta, pero hay quien confunde la desaparición forzada, que es un delito todavía más grave, porque es la que comete el Estado, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde diversas fuerzas de seguridad intervinieron para desaparecerlos.

Estas declaraciones reflejan lo limitado de este gobierno. Para ellos la culpa la siguen teniendo los gobiernos pasados, sin comprender que desde hace más de un sexenio son gobierno y deben asumir su responsabilidad.

Los peor es que no se observan medidas que permitan romper con la violencia en el país. El estado de derecho brilla por su ausencia; las medidas que se aplican son correctivas más que preventivas.

Comunidades y ambientalistas protestan contra proyecto de electrificación en Chapulhuacán

Organizaciones civiles y activistas exigen la suspensión de la instalación de torres eléctricas que destruirían ecosistema y patrimonio arqueológico.

Por Redacción / @Somoselmedio

Ciudad de México, 28 de marzo 2025.- La comunidad de Chapulhuacán, en conjunto con organizaciones ambientalistas, manifestaron su rechazo a un proyecto de electrificación que amenaza con devastar los cerros de Los Jarros y El Tigre, dos zonas de alto valor ecológico y arqueológico. La organización “Por Amor a mi Planeta A. C.” emitió una alerta sobre los graves impactos que tendría la instalación de torres eléctricas en la región.

Según un comunicado de la asociación, el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla la tala de aproximadamente 800 árboles, la afectación de manantiales y la pérdida de biodiversidad en la zona. “Estos cerros son pulmones vitales para nuestras comunidades, además de albergar vestigios arqueológicos de gran importancia”, declaró un portavoz de la organización.

Desde hace dos años, personal de la CFE buscó a propietarios de terrenos en diferentes regiones del estado de Hidalgo y estados vecinos para adquirir predios destinados a la construcción de la línea eléctrica “L.T. Las Mesas – Jilotepec Potencia, 400 K.V. 2C”. Según denuncian los habitantes, en aquel momento la CFE se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre los estudios y el avance del proyecto, pero en los últimos dos años no hubo comunicación alguna hasta ahora, cuando comenzaron las indemnizaciones y la marcación de árboles para su tala.

“Cuando sostuvimos conversaciones con la CFE, solicitamos que se desviara la línea para evitar daños al ecosistema, pero recibimos una negativa rotunda”, denunció un integrante de la comunidad. A pesar de haber solicitado formalmente un cambio de ruta, hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

En respuesta a la inminente deforestación, la comunidad ha emprendido diversas acciones para frenar el avance del proyecto. “Nos sorprendió encontrar recientemente árboles marcados para ser derribados, lo que significa que han invadido nuestras tierras sin autorización”, denunciaron los afectados.

Entre las iniciativas impulsadas está la recolección de firmas en la comunidad para expresar su rechazo a la destrucción del bosque y la solicitud formal al gobernador del estado para intervenir en el conflicto. Además, “Por Amor a mi Planeta A. C.” lanzó una petición en línea y ha solicitado el apoyo de diversas instancias, como el Gobierno de Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente y la delegación de la SEMARNAT en Hidalgo.

“No nos oponemos al proyecto de electrificación, comprendemos su importancia. Lo que exigimos es que se modifique la ruta para evitar la destrucción de nuestro bosque, un ecosistema ya golpeado por diversas amenazas ambientales”, concluyó un representante de la comunidad.

Padres y madres de Ayotzinapa denuncian falta de avances tras reunión con la Covaj

Tras una reunión de más de tres horas con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos expresaron su indignación ante la falta de avances en la investigación. Denunciaron que el encuentro fue meramente informativo, sin nuevos hallazgos, y exigieron resultados concretos en las próximas reuniones con la presidenta.

Por Redacción / @Somoselmedio

Ciudad de México, 27 de marzo de 2025. Después de más de tres horas de reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos manifestaron su indignación ante la falta de avances concretos en la investigación. De acuerdo con sus declaraciones, el encuentro fue meramente informativo y no aportó nuevos hallazgos que permitan esclarecer los hechos ocurridos en 2014.

Melitón Ortega, vocero de las familias, señaló que las autoridades presentaron “un recuento con la misma información que han brindado en otras ocasiones. No hay avances concretos. Fue más una reunión de seguimiento. Esperamos que haya resultados en los próximos meses en las reuniones con la presidenta”.

Uno de los puntos que generó mayor frustración entre los familiares fue la reciente detención de Rey “N”, alias El Negro, presunto integrante de Guerreros Unidos. Sobre este tema, don Emiliano Navarrete cuestionó la falta de información clara sobre su participación en la desaparición de los estudiantes. “Nos preguntamos cuál fue su participación directa el día de los hechos. Necesitamos pruebas primordiales de su papel antes y durante la agresión a los jóvenes. No tenemos más elementos porque, lamentablemente, el detenido se reservó el derecho de hablar”, expresó.

Para las familias, una de las principales líneas de investigación sigue siendo la telefonía celular. En este sentido, exigieron que el gobierno federal retome el análisis de datos móviles con expertos especializados. “Pedimos que reincorporen al grupo de expertos en telefonía, GEO, porque es clave para saber qué puntos no se han abordado o qué información no se ha mencionado”, insistió don Emiliano Navarrete.

Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que la información proporcionada hasta el momento se basa en los trabajos previos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del grupo GEO, pero no se detalló cómo se avanzará en este rubro.

Por otro lado, David Mejía Lozano, director general de Asuntos Relevantes, Trata y Tráfico de Personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue criticado por presentar un informe escueto y sin detalles sobre el análisis de telefonía.

Sin avances en extradición de Tomás Zerón

Otro de los temas abordados en la reunión fue la extradición de Tomás Zerón, exfuncionario señalado por su papel en la construcción de la llamada “verdad histórica”. Sobre esto, Melitón Ortega lamentó la falta de progresos: “No hay avance porque no existe un acuerdo entre el gobierno mexicano y el de Israel. El personal de Cancillería sólo mencionó que siguen gestionando el proceso y realizando trabajos diplomáticos”.

Asimismo, Ortega minimizó la relevancia de la reciente detención de El Negro, al considerar que no representa un avance sustancial en la investigación: “Para nosotros, ese arresto no aporta nada nuevo al caso”, declaró.

Las familias expresaron su inconformidad con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, quien presentó información sobre carpetas de investigación de 2023 y 2024, pero sin revelar hallazgos novedosos. Por ello, hicieron un llamado a que la próxima reunión sea más sustancial: “Estamos cansados de escuchar recuentos sin rumbo y sin claridad”, reclamaron.

Además, insistieron en la necesidad de que el GIEI regrese a México para continuar con las indagatorias. Melitón Ortega informó que el subsecretario de Derechos Humanos se comprometió a transmitir esta petición a la presidenta.

Por último, la comisión especial, donde se integró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que trabaja en una nueva metodología basada en tecnología y estrategias innovadoras para analizar la investigación desde otra perspectiva y con mayor certeza. Sin embargo, los padres y madres exigen resultados concretos y acciones inmediatas para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.