CDMX, 13 de julio 2018.- Cientos de agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y ex huelguistas de hambre se reunieron frente a lo que otrora fueran las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro, para visibilizar los casos de corrupción que los tienen sin empleo digno ante el gobierno electo el primero de julio.

El diez de octubre del 2009 más de 44 000 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas  fueron despedidos de un plumazo, más de 22 000 jubilados quedaron en la indefensión y la Compañía de Luz y Fuerza de Centro fue extinguida por el gobierno panista de Calderón. En los primeros meses que siguieron a la extinción, unos 29 mil trabajadores fueron liquidados, lo que representa el 68 por ciento del total de los agremiados. Durante siete años 16 599 participaron en la resistencia a la liquidación, de estos alrededor de mil electricistas se pensionaron. Finalmente en agosto del 2016 los electricistas en resistencia cobraron sus liquidaciones, previamente la dirección del SME había constituido una cooperativa y se habían asociado con la empresa Motaengil para firmar un contrato colectivo que incluía sólo a 541 trabajadores, el resto, unos 14 000 electricistas fueron liquidados con la esperanza de pronto obtener trabajo en una nueva cooperativa.

Sin embargo, los manifestantes sostienen que los únicos que ganaron con la extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron los funcionarios del gobierno federal y los dirigentes electricistas que a la sazón se coludieron con los gobiernos panistas y priistas para administrar el descontento de miles de electricistas por todos estos años y regentar un movimiento pacífico que pacta minutas y memorándums de entendimiento a espaldas de la base. Los electricistas insisten en que si, como lo dijo en campaña el Jefe de ejecutivo electo, López Obrador, pretende erradicar la corrupción en todos los órdenes de gobierno, es indispensable eliminar esta misma corrupción de los sindicatos y otras organizaciones sociales

Pero, ¿con qué datos pueden afirmar eso?

Para el filósofo mexicano Enrique Dussel la corrupción política se origina “cuando el que ejerce el poder representativo olvida que está para el servicio del pueblo, y se desliza el contenido semántico de la sede del poder: desde la comunidad política o el pueblo el poder pareciera ahora tener a la institución como sede (el Estado se declara soberano, aún con respecto a su propio pueblo)”.

Es evidente que el expresidente Calderón no ejerció el poder representativo sirviendo a los trabajadores y en particular a los electricistas que dejo sin trabajo. El gobierno panista negó el derecho al trabajo a decenas de miles y no respeto los derechos adquiridos de los jubilados de Luz y Fuerza, causando un daño irreparable a la economía de miles de familias. Así, el Decreto de Liquidación de Luz y Fuerza constituye la mayor injusticia realizada a los trabajadores mexicanos por un gobierno fascista y asesino.

Ahora bien, trabajadores de base que lucharon por su trabajo durante estos nueve años relatan cómo cada vez más se hundían en la pobreza, mientras los miembros del su Comité central se enriquecían cobrando las rentas de todos los negocios con las instalaciones del sindicato, reclaman a la dirección haber privatizado cada rincón de las propiedades de la organización sindical. Y, sobre todo que del gremio del SME más del 90% de sus agremiados no laboran como cooperativistas, y sin embargo, los dirigentes ganan como empresarios, por lo que no tienen legitimidad para hablar del “Derecho y la justicia del trabajador” como reza el lema de su sindicato.

Pero, veamos. La corrupción dentro de un sindicato se da cuando los representantes sindicales ejercen el poder representativo en beneficio particular y se olvidan que está al servicio de la “comunidad política”, es decir la base trabajadora, la única que es la sede del poder político.

Los inconformes aseguran que de los 14 500 que se liquidaron en el 2016 tan sólo 534 tienen un contrato colectivo con Generadora Fénix, por lo que son los únicos actuales miembros activos del SME, lo cual no corresponde ni siquiera al dos por ciento de la resistencia que decidió quedarse hasta el final. Un cooperativista relata que según la administración unos mil trescientos tiene labores remuneradas en la cooperativa, por lo que más del noventa por ciento de los que aportaron parte de su indemnización para constituir la cooperativa siguen sin recibir ningún beneficio económico de las ganancias de los proyectos de la Generadora Fénix y Cooperativa LyF. Así las cosas, lo que la dirección del SME llama “victoria” es la pérdida de más del 90% de los miembros activos de este sindicato centenario.

No obstante, los inconformes dicen que, según documentos certificados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, los miembros Comité Central, familiares y amigos se liquidaron con millones de pesos por lo que para ellos después de esto la dirección del SME no tiene la legitimidad para negociar en nombre de miles de desempleados.

Además, en una actitud antidemocrática, el 22 de septiembre de 2015 la cúpula del SME reformo los estatutos del SME, confeccionando un traje a la medida para que se perpetúe la dirección, sin incluir ningún instrumento efectivo de participación acorde a la nueva realidad del SME. Esta reforma estatutaria no expresa el consenso de los agremiados y es ilegítima, según los electricistas críticos, puesto que en la asamblea donde se acordó sólo votó aproximadamente el 1 por ciento de los smeitas en resistencia, es decir 1 600 (capacidad de aforo del auditorio).

Por si fuera poco, argumentan que en la única asamblea general de la Cooperativa que ha habido durante casi dos años se tomó el acuerdo por miles de electricistas de conformar una “Estructura administrativa” temporal por cuatro meses y que al cabo de ese tiempo se llevaría a cabo una nueva asamblea general para evaluar y nombrar a la estructura administrativa permanente, este acuerdo se ha desconocido por la administración de la cooperativa violando la mayoría de los artículos de la Ley General de Cooperativas.

Para los trabajadores despedidos esto constituye el fin de la democracia interna del SME, sin contar el cambio ilegal de los estatutos para permanecer más del doble de tiempo estipulado en los cargos de dirección, de dos a cinco años. Y lo más preocupante es la campaña de intimidación, criminalización, terrorismo sindical y violencia física contra las voces críticas a la dirección. Esto se evidencia en los juicios sumarios y expulsiones masivas como modo de amenaza para todos los cooperativistas sin empleo.

Por lo anterior cabe cuestionarnos si estamos ante un nuevo charrismo sindical o frente a los viejos abusos de los prepotentes caciques gremiales.