Segunda reunión de Vecinos Unidos de Benito Juárez, CDMX

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15 octubre, 2017

15 de Octubre, CDMX.- El día de ayer se volvieron a reunir vecinos de la delegación Benito Juárez para continuar con la elaboración de una denuncia contra autoridades de esa demarcación que fue la más afectada por los sismos del 19 de septiembre. A la reunión llegaron alrededor de la mitad de los vecinos que asistieron el sábado 7 de septiembre, y tampoco se presentó el delegado Christian von.

En la sesión intervinieron un grupo de vecinos tratando de precisar las acciones a seguir en la movilización que al parecer continuará. El vecino Héctor de la Cueva apuntó que “no queremos pasar de ser damnificados a deudores, no es aceptable la propuesta de los créditos que nos están ofreciendo. Tenemos que hacer muchas cosas para que nos den apoyos con fondos públicos para la reparación estructural de los edificios. Aquí muchos se están yendo por su lado para arreglarlo en lo particular, pero así no van a solucionar nada”.

Misael Gallegos, de la Organización Portales Existe, apuntó: “necesitamos realizar acciones en caso de que el delegado no nos dé unas respuesta. Habría que tomar una avenida. Hace 8 días éramos más de 1400 personas. Saben quién va a pagar la reconstrucción, la población, siendo que hay bastantes recursos para atender una emergencia como esta. No hay que ser ingenuos, el señor delegado no va a venir, a pesar de que él y los que lo antecedieron son responsables. Lo que tenemos que hacer es empezar con acciones más contundentes. Si tomamos una calle importante, a los 20 minutos tendremos un interlocutor. No hay respuesta, si nos vamos a hacer un análisis jurídico más profundo, encontramos que los señores son corresponsables en lo que puede ser un delito culposo, porque tienen la obligación de revisar que las obras cumplan con el reglamento de construcción.

Ximena Ugarte del colectivo afectadas y afectados por el sismo 19S. “Se sigue acumulando los agravios, la impunidad, la falta de respuesta para los vecinos afectados. Vecinos Organizados de BJ está siendo un referente para otros vecinos de otras delegaciones. Hay muchas personas que no confían en los dictámenes oficiales que les han otorgado”.

Otra vecina de Portales denunció que “en la calle Saratoga, se cayó un edificio, y el día 20 de septiembre continuó la excavación profunda a pesar de que los edificios que están junto al Metro Eje central están dañados; Protección Civil no ha revisado esos edificios.

Armando Osorio, de la calle Saratoga 720 en Portales, “una construcción dañada por la construcción del No 714, es una casa familiar que ha sido defendida durante muchos años contra las inmobiliarias que han ofrecido pagar millones para desalojar a la familia y poder seguir construyendo edificios enormes que no tienen seguridad. Es grave que a estas alturas no tengamos claridad de que el Gobierno Federal ya dio un golpe contra los damnificados. Se creó ya un fideicomiso de manera clandestina, sólo se publicó en el Diario Oficial de la Federación donde dice que ese fideicomiso va a controlar todas las aportaciones millonarias que han llegado, todo lo que no sea dinero público. Y ese fideicomiso está controlado por los más ricos de este país; el gobierno federal busca de nueva cuenta, hacer un negocio de la tragedia que ha sucedido en este país; se creó ese fideicomiso porque de esa manera no hay forma de transparentar esos recursos. También tenemos que evitar cosas como la Ley Mancera, en la que se propone que tenemos que volver a pagar un crédito. […] Por, ello debemos de trabajar en la conformación de comités por colonias distinguiendo a los directamente afectados, de los que vamos apoyar la denuncia, porque este problema no sólo se resuelve regresándoles la casa a quien la perdió, sino cambiando de manera radical como están llevando esta ciudad, impidiendo esta construcción criminal, que no tienen sustento, de dónde va a sacar tanta agua, este tipo de locura tienen que frenarse. Ojalá que podamos agendar una clausura ciudadana en ese edificio de Saratoga 714”.

Mónica Guzmán, “Hay que entender que están afectando nuestro patrimonio directamente; esta es una zona lacustre, que es la más peligrosa que hay para la construcción. Cada construcción drena una cantidad da agua importante que puede terminar haciendo un pozo a kilómetros, y ese pozo pudo derrumbar un edificio a kilómetros; por qué lo derrumba, porque las construcciones de los años 70 que abundan aquí, se llaman de piso débil, tienen el estacionamiento en planta baja, y solamente son columnas, pero si alguien ya sacó agua, aunque un edificio sea vea bien, se puede caer. Hay que denunciar penalmente a las autoridades porque tienen una responsabilidad directa por el uso de suelo. Es el director de SEDUVI quien otorga usos de suelo hasta 17 niveles en zona lacustre donde está prohibido, esta zona es de máximo de cuatro niveles y se tienen que hacer de determinada forma. No se pueden meter pilotes porque tienen 36 metros y el golpeteo del pilote rompe las cimentaciones de las casas que están a un lado. Qué es lo que se tiene que hacer, denunciar a Christian von y sus antecesores porque son unos corruptos, que para dejar operar a una constructora, pide 50 mil pesos por casa –contigua a donde se está llevando a cabo la construcción- para que no la molesten los vecinos y no te clausuren. La delegación le pide a las constructoras: 1 millón por concepto de permiso, 1 millón de pesos para gestores y un millón de pesos para que no te estén molestando, para ello son esos tres millones derechito para ellos, las construcciones son su minita de oro. Hay que denunciar a todos los Directores Responsables de Obras; los afectados tendrían que estar aquí elaborando una denuncia penal contra todos ellos”.

La organización de vecinos de Benito Juárez continuará, el próximo martes se volverá a presentar un grupo más nutrido de vecinos en la oficina del delgado para presentar nuevamente el pliego petitorio, y el próximo sábado iniciarán las mesas de trabajo.

Una candidatura de #NoMásTratoSelectivo para la CDHDF

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Paco Dorado

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10 octubre, 2017

Ciudad de México, 10 de octubre de 2017

#NoMásTratoSelectivo es el hashtag con que buscamos referir que las personas que se han presentado como candidatas para presidir la CDHDF deben comprometerse a eliminar el histórico e ilegal trato selectivo de la institución. Sin duda existen muchos temas que requieren atención en la CDHDF, pero sólo uno es absolutamente central para el cumplimiento de su mandato constitucional y para satisfacer debidamente la obligación del estado de investigar violaciones de derechos humanos: la erradicación del trato selectivo en contra de las víctimas (https://goo.gl/w7guiu).

La decisión sobre quién presidirá la CDHDF, que será tomada en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (CDHALDF), impone la necesidad de reconocer la candidatura de quien hasta ahora ha asumido un compromiso para su eliminación.

1. Una primera revisión de los planes de trabajo de quienes se candidatearon para la presidencia de la CDHDF arroja que sólo una persona, Nashieli Ramírez Hernández, asumió un compromiso de eliminar en la institución el trato selectivo de los casos.

2. Del lado de quienes no se comprometieron a eliminar el trato selectivo se encontraron tres variantes:

a. Algunas de las personas candidatas lo señalaron o reconocieron como parte del problema en el funcionamiento de la CDHDF, sin embargo, omitieron asumir o decidieron no asumir un compromiso para su eliminación: María Olga Noriega Sáenz y Alfredo Rojas Díaz Durán.

b. Otras, sin reconocer ni comprometerse respecto de la eliminación del trato selectivo, establecieron una formulación programática en que asumen explícitamente un compromiso de revisar los procedimientos de queja, lo cual podría orientarse a la eliminación de dicha selectividad: Luis Javier Vaquero Ochoa, Juan Carlos Arjona Estévez y Juan Armando Ruiz Hernández.

Asimismo, otras candidaturas, por los términos de su programa, podrían abrir esa revisión sin que se hayan comprometido a tal cosa: Hilda Téllez Lino, Mucio Israel Hernández Guerrero.

c. Finalmente, unas más, prácticamente ignoraron el tema (Armando Hernández Cruz, Ricardo Hernández Forcada, Daniel Balboa Verduzco), o incluso celebraron la situación actual (Perla Gómez Gallardo).

3. Se esperaría que quienes han reconocido en alguna medida el problema del trato selectivo, o bien, quienes han dejado abierta una posibilidad de revisión sobre los términos en que funciona actualmente el procedimiento de queja en la CDHDF, en las entrevistas que les harán en la CDHALDF se comprometan públicamente a eliminar la selectividad, en tanto ésta implica una violación del derecho a la igualdad y no discriminación.

Dejar de asumir un compromiso para su eliminación implicará situarse del lado de un continuismo en la selectividad de trato que no es justificable, ya que además de conllevar que miles de casos dejarán de ser investigados, también se dejará de respaldar a las víctimas para solicitar la reparación del daño en sus casos, y se invisibilizarán las violaciones de derechos humanos en la Ciudad de México.

4. En este contexto, sería esperable no sólo que quienes han presentado su candidatura a este cargo público se sientan compelidos a dar una posición pública al respecto, sino que las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los derechos humanos y hayan postulado o apoyen alguna candidatura, asumieran una posición en relación a la eliminación del trato selectivo, y pidieran a quienes han apoyado que se posicionen al respecto.

5. La investigación de violaciones de derechos humanos es un derecho específico (https://goo.gl/BJd8uK) que debe satisfacerse por el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, pues es el único establecido constitucionalmente para ello, y que cuenta con las facultades legales suficientes.

Ante la situación actual, las diputadas y diputados que integran la CDHALDF sólo podrán satisfacer su responsabilidad de garantizar que este derecho sea cumplido en la Ciudad de México al elegir entre las candidaturas entre quienes asuman el compromiso de eliminar el trato selectivo.

6. Asimismo, comprometerse públicamente es algo conveniente para las propias candidatas y candidatos, ya que sólo la elección de una persona que asuma públicamente este compromiso le dará la legitimidad suficiente para hacer frente a las dificultades que podrá suponer la renovada forma de operación de la CDHDF; puesto que pasar de emitir 17 recomendaciones a cientos en un año, implicará un cambio importante en las relaciones institucionales con las autoridades de la Ciudad de México.

Asimismo, le permitirá hacer frente a la articulación de la CDHDF con las nuevas autoridades de derechos humanos de la Ciudad de México, y en particular con los juzgados tutelares; puesto que las investigaciones de violaciones de derechos humanos que realice la Comisión deberán relacionarse con esos juzgados, en especial cuando las recomendaciones no sean aceptadas. Sin embargo, esta articulación se complicará seriamente si no se establecen las condiciones operativas para que la CDHDF realice debidamente sus investigaciones, lo cual sólo puede suceder estructuralmente si se elimina el trato selectivo.

7. Nuestra situación ideal sería que quienes se postularon, en conjunto, asumieran que las personas en la Ciudad de México tienen derecho a que la propia CDHDF respete sus derechos humanos, y conforme a ello realice las investigaciones y solicite la reparación del daño, sin sujetarles a una dinámica de selectividad. Sin embargo, aún estamos ante candidaturas que posiblemente prefieran dejar el silencio como marca de su paso frente a este problema, diciéndole a la gente que están para proteger sus derechos cuando compiten sólo por ser el próximo gran elector, la próxima persona que sólo administre las violaciones de derechos humanos.

Vecinos de Benito Juárez exigen justicia para afectados por #19S

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8 octubre, 2017

El sismo del 19S2017 y la sociedad civil

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7 octubre, 2017

Terremoto19sept (19 de 23)_0 — Foto: Isabel Sanginés Franco

En el justo momento donde se requiere mantener el orden, la autoridad brilló por su ausencia.

Sin duda que las tragedias sacan a flote lo mejor y lo peor del ser humano y de la sociedad en general. Sorprende por un lado las muestras de solidaridad que se presentaron en las horas y días posteriores a los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados. Pero a la vez son indignantes los abusos de algunos para lucrar y llevar agua a su molino por la tragedia.

En efecto, el sismo que se presentó el 7 de septiembre dejó a infinidad de familias literalmente al aire libre en Chiapas y Oaxaca. Desde ese momento, la sociedad civil se organizó para llevar ayuda a dichos estados. Dos semanas después, el 19 de septiembre, otro sismo cimbró a la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Derivado de este movimiento telúrico, los daños fueron fatales: casas y edificios derrumbados o a punto de colapsarse, damnificados e infinidad de atrapados en los escombros. Frente a ello, nuevamente la sociedad civil salió a las calles a agarrar pico y pala para solidarizarse con los afectados.

Sin duda el segundo temblor hizo recordar aquel 1985, no sólo por ser en la misma fecha, sino porque las imágenes de los escombros tenían mucho parecido. Es de reconocer que los programas de protección civil implementados desde aquel 1985 han ayudado a la población a saber qué hacer en situaciones de emergencia. Pese a ello, el sismo de este 2017 mostró una vez más la incapacidad del estado para resolver los problemas que se le presentan.

Como en 1985, las autoridades federales y locales se vieron rebasadas por la reacción de la sociedad civil tanto en organización como en ayuda. Infinidad de centros de acopio se presentaron para apoyar y organizarse. Sin embargo, faltó la autoridad que pusiera en orden todo el caos provocado por el sismo. En el justo momento donde se requiere mantener el orden, la autoridad brilló por su ausencia. Calles repletas de autos sin avanzar, semáforos sin funcionar, ningún policía que pusiera orden, fueron la tónica de la tarde de ese martes 19 de septiembre.

Desde luego es de admirar que la sociedad se organice. Pero una vez que pase la emergencia por los sismos, una vez que deje de ser noticia de primera plana, le corresponde al Estado organizar lo que dejó la sociedad civil. Como se sabe el Estado es el responsable de la organización del orden público. Es parte de su función primordial. Si deja de hacer ésta deja de ser Estado.

El hecho de que la sociedad se organice refleja en buena medida la incapacidad que ha tenido el Estado para cumplir su función. El desprestigio de la política se refleja en estas acciones. Frente a la organización espontánea surge la pregunta: si verdaderamente se busca una sociedad mejor, por qué no canalizar a través de un partido político, de una organización, o de vías legales que resuelvan las demandas de la sociedad.

En días posteriores al sismo hemos visto como cada partido quiere sacar ventaja con la tragedia. En el Congreso los legisladores se pelean por atribuirse la patente de quien dona más para los damnificados. Por su parte, el gobierno dona despensas con su logotipo para que la gente vea de quien vienen; los líderes de los partidos gritan con bombo y platillo que la reducción de sus ingresos para destinarlos a las víctimas de la tragedia; incluso el Presidente Nacional del PRI, Enrique Ochoa propuso reducir el financiamiento a los partidos políticos y reducir el número de legisladores plurinominales para que estos recursos se destinen a los afectados por los sismos. Por su parte la Presidenta Nacional del PRD, Alejandra Barrales, propuso reducir el ingreso en su partido y cambiarse de sede para que el ahorro sea destinado a los damnificados. Simple protagonismo partidista.

Es claro que con donaciones no se va a resolver el problema. Si el objetivo es tener un mejor país, con instituciones fuertes que ante cualquier emergencia respondan a la necesidad; si se busca tener un sistema democrático de derecho, el camino es fortalecer al Estado, no hacer su trabajo. Pasada la emergencia la sociedad civil desaparece y el Estado perdura, por lo que el objetivo debería ser fortalecerlo permanentemente. No debe ser que cada que se presente un desastre de cualquier tipo sea la ciudadanía la que saque a flote los problemas. Necesitamos un Estado fuerte que esté a la altura de miras ante las eventualidades.

Hoy tenemos un Estado que no es fallido pero tiene mucho de ello, pues actúa tarde o definitivamente no reacciona. Desde luego, es loable las acciones de la sociedad en general ante los sismos. Es de destacar que muchos jóvenes salieron a las calles a unir sus fuerzas para ayudar a la tragedia, pero ese hecho refleja, precisamente, que el binomio autoridad-confianza está sostenido por un hilo muy delgado en ese sector social, por no decir que en general. Si esa fuerza se canalizara por la vía institucional, seguramente la sociedad sería más organizada y tendríamos un futuro mejor.

Especulación inmobiliaria autorizada por gobiernos del PAN en Benito Juárez

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2 octubre, 2017

Ciudad de México, 02 de octubre de 2017.- Como en gran cantidad de actuaciones irregulares en México por parte de autoridades en contubernio con la iniciativa privada, éstas son denunciadas por la sociedad durante años sin que ninguna instancia con atribuciones haga nada. Esto ha sucedido con la promoción inmobiliaria irregular en la Delegación Benito Juárez autorizada por administraciones panistas desde el año 2006, y hasta ahora que los sismos del 19 septiembre han sacado a flote las consecuencias de esa urbanización, todo mundo está volteando a ver el problema.

Con López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el año 2000 se implementó una medida que era razonable respecto a un conjunto de criterios de reordenamiento territorial. Con el objetivo de repoblar algunas de las delegaciones centrales que venían perdiendo habitantes a partir de los sismos del 85, para evitar el crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación que tienen algunas delegaciones, y con la finalidad generar una oferta de vivienda social, en el año 2000 se aprobó el denominado “Bando informativo 2”. La medida planteó que sólo se construiría vivienda en cuatro delegaciones (Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), pero a la vuelta de 10 años se vio que en dichas demarcaciones no se logró la redensificación, que incluso algunas continuaron perdiendo población, y que la vivienda que se ofertó no tuvo nada de social.

En el caso de la promoción inmobiliaria en las delegaciones centrales como en BJ, se denunció desde un principio que era una promoción inmobiliaria irregular porque estuvo al margen de la ley: El permiso lo solicitaban haciendo referencia a la Norma 26 que otorgaba la posibilidad de cambio de uso de suelo bajo la condición de que el inmueble fuera para vivienda social, pero las buenas intenciones, como señala Aguayo (2013) se extraviaron en el remolino creado por la codicia de las inmobiliarias y la corrupción de los funcionarios. “Las maneras que encontraron para evadir el tope en el precio fueron la siguientes: 1) una empresa compra el terreno, obtiene permisos refugiándose en la Norma 26 y construye frenéticamente para burlar a los vecinos inconformes porque las nuevas construcciones afectan servicios y deterioran calidad de vida; 2) cuando el edificio está en la etapa de obra gris terminan un departamento para tomarle fotos, hacen la corrida financiera para demostrar que están en el precio fijado y obtienen el aviso de terminación de obra; 3) con ese documento venden el edificio a otra empresa y disuelven la compañía original; 4) la nueva empresa vende sin límites en el precio” (Aguayo, 2013, p. 2)

Ahora bien, la Norma 26 que fue el salvo conducto para brincarse la normatividad urbana de usos de suelo fue suspendida en agosto del año 2013. Sin embargo, la Delegación Benito Juárez continuó otorgando permisos de construcción y ha sido omisa en publicar la información como se lo ha requerido INFODF. A este respecto ha habido una negativa contundente desde hace años, la Dirección de Desarrollo Urbano de la demarcación ha justificado de muchas maneras (como el robo del equipo de computo donde se encontraba la información de los permisos en el año 2014) la falta de transparencia con dicha información. Es conocido de todos que Benito Juárez no sólo tiene el mayor número de desarrollos inmobiliarios edificados en los últimos años, sino que también registra la mayor cantidad de quejas presentadas ante las secretarías de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

Con la acción inmobiliaria especulativa en colonias como la Del Valle y Narvarte se ha incrementado el precio de casi todo como es el caso de la vivienda rentada; creció la oferta gastronómica y de servicios para otro perfil de habitantes –jóvenes con un nivel de ingresos más alto –, por lo que ha acontecido una situación de segregación urbana que desplazó a muchos habitantes de años que no pudieron continuar pagando la renta de su vivienda.

Los sismos del 19S han evidenciado las irregularidades en cuanto al cumplimiento de la normatividad de construcción. Diversos medios han señalado que las regulaciones de construcción en la CDMX se apegan a altos estándares, pero que en la práctica no se cumplen. Los directores responsables de obra (DRO) son contratados por los mismos desarrolladores, por lo que ha habido un conflicto de interés que va en detrimento de los estándares.

En un artículo del New York Times acerca del sismo del 19S, se hace referencia a un estudio realizado por la UNAM en el que se revisaron alrededor de 150 edificios construidos después del 2004, cuando aplicó una nueva regulación de construcciones. Se encontró que en muchos de esos edificios no se cumplía con los estándares oficiales, y que en varios casos, los edificios revisados ni siquiera tenían el papeleo suficiente de planos y otros factores como para revisar por completo el cumplimiento.

Otro factor que se ha señalado incidió en el impacto que tuvo el sismo en Benito Juárez, es el peso que se le ha cargado al suelo con la promoción inmobiliaria en los últimos 15 años. Ha sido común que las desarrolladoras cuando escavan, encuentran agua la cual han extraído arrojándola directamente al drenaje las 24 horas del día, lo que impacta directamente en el reblandecimiento del suelo.

Hoy muchos vecinos de Benito Juárez se encuentran en una situación delicada, algunos perdieron a familiares y amigos en los edificios colapsados, muchos otros están en riesgo de perder su patrimonio ya que la delegación les ha notificado que su vivienda está en riesgo de derrumbarse.

Organizaciones exigen esclarecer irregularidades del edificio Bolívar 168

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2 octubre, 2017

HomenajeCostureras (17 de 29) — Fotografía: Isabel Sanginés Franco

Ciudad de México 2 de octubre de 2017.- A través de un comunicado organizaciones como: el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras, exigieron que se aclaren las irregularidades del edificio de la calle Bolívar 168 y solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal intervenga.

El pasado martes 19 de septiembre dicho edificio colapso debido al sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que se suscitó a las 13:15 horas, dos semanas después de lo ocurrido no se han esclarecido las condiciones que provocaron el colapso del inmueble así como tampoco se ha dado información de a quién pertenecía dicho lugar.

Las organizaciones explicaron que en el inmueble, se le ha relacionado con la “Procuraduría Agraria, perteneciente a la ahoraSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “se encontraban varias empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de juguetes, ropa y cámaras de seguridad”, donde laboraban aproximadamente 200 obreras.

Las organizaciones exigieron a las autoridades correspondientes que sean respondidas las siguientes preguntas, las cuales tiene como objetivo ayudar a que se aclarezca y se conozca la situación del edificio de Bolívar 168, el cual está ubicado en la colonia Obrera, de la delegación Cuauhtémoc.

¿Cuántas personas se encontraban presentes cuando ocurrió el sismo y se derrumbó el lugar? ¿Cuántos cuerpos se encontraron en el lugar? ¿Cuántas personas sobrevivieron ilesas al derrumbe? ¿Cuántas personas están heridas a raíz del derrumbe y cuántas de ellas, sobrevivientes, fueron atendidas por servicios médicos? ¿En qué lugar están siendo atendidas y cuál es su situación? ¿Cuántas personas que se encontraban en el edificio no han sido localizadas o han sido reportadas como extraviadas? ¿Cuántas de las personas que fueron encontradas eran de nacionalidad distinta a la mexicana? ¿Cuáles son las representaciones consulares de otros países a las que han dado información? ¿Qué autoridades se están coordinando para poder dar información clara y oportuna a las y los familiares de quienes se encontraban en el edificio? ¿Quién o quiénes son las personas dueñas o responsables del edificio? ¿Quiénes eran las personas que laboraban ahí y qué labores realizaban? ¿En qué empresas u oficinas trabajaban? ¿Por qué el Estado mexicano, a dos semanas del sismo, no ha dado ninguna información? ¿Quién es la autoridad o autoridades que se encargarán de dar información a la sociedad, personas afectadas y sus familiares?

Finalmente exigieron que se realice una investigación hacia la supuesta relación que existe entre el predio y una instancia gubernamental.

Necesitamos material para construir, dicen pobladores de San Juan Pilcaya

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26 septiembre, 2017

SanJuanPilcaya Portada — Foto: Isabel Sanginés Franco

San Juan Pilcaya, 26 de septiembre de 2017.- “Primero no podíamos creer como brincaba la tierra, se levantaba así de alto”, dice don Teófilo mientras se inclina para marcar con la mano la altura de sus rodillas, “después, mire, nuestro pueblito quedó todo destruido y vinieron todos, hasta el presidente, a prometer ayuda. Y luego ya mandaron un poquito de material y vinieron los periodistas de la televisión pero con eso no alcanza ni para la escuela. Yo creo que ya cuando no les sirvamos para sus campañas nos van a olvidar otra vez, que no van a cumplir porque nunca lo hacen ¿y qué vamos a hacer?”.

El profesor José Sosa comenta que los de Cemex dijeron que iban a regalar cemento y una organización argentina vino también a decir que iba a apoyar, “pero están llegando con muy poquitas cantidades, por ejemplo vino un diputado con sólo seis láminas de 1.50 metros y eso no alcanza”. Y agrega enfáticamente: “lo que necesitamos, no sólo en San Juan Pilcaya, también en las otras comunidades, es material para construir, nosotros trabajamos, tenemos las manos, pero necesitamos ladrillo, cemento, varilla. Ese es el apoyo que necesitamos nos manden de la ciudad, ahorita no necesitamos comida, ni ropa, sino material”.

Teófilo Aragón Ramírez, es Suplente del Presidente Auxiliar en San Juan Pilcaya, se nota el cansancio en su rostro y su mirada es triste, de una bolsa de malla plástica, que cuelga en su hombro derecho, extrae un folder amarillo y medio arrugado para mostrarnos las cifras del desastre en el epicentro del terremoto que sacudió el centro del país el pasado 19 de septiembre.

Según el conteo de la Presidencia Auxiliar de la comunidad existen 350 casas dañadas o destruidas al 100 por ciento y 342 parcialmente, lo que representa más del 90 por ciento del pueblo. Afortunadamente, dice una vecina cuya casa está inhabitable, el temblor fue a la hora de la comida y nos hace pasar a lo que hasta hace una semana era la recámara de su mamá, el muro de adobes se desplomó sobre la cama, “mire, la hubiera aplastado”, agrega señalando y con lágrimas en los ojos.

El sismo, registrado a las 13:14 hrs., sorprendió a casi todos los habitantes de Pilcaya en sus cocinas o comedores y “la gente acá no tiene la costumbre de cerrar sus puertas”, dice don Mario Matala, así que en unos cuantos segundos estaban todos en los patios o en la calle. Únicamente tres personas resultaron lesionadas, un niño de 4 años, un anciano de más de 80 y una mujer, regidora de educación.

Don Elocadio Miranda, un anciano de más de 80 años se lamenta. “Antes no vivíamos bien, hicimos nuestras casas con la ayuda de los que se fueron y ahora esta todo destruido ¿qué vamos a hacer? Ellos tampoco tienen mucho, costó muchos años”. Se refiere a las mayoría de jóvenes que han migrado a los Estados Unidos, principalmente al estado de California. Don Elocadio tiene cuatro hijos, todos se fueron y hace años que no los ve, construyó su casa con el dinero que le enviaban.

Este es un pueblo de 1482 habitantes, campesinos en su mayoría, con un promedio de escolaridad de 5 años (según los datos del último Censo de Población y Vivienda del INEGI) y en condiciones altas de marginalidad, pero con una historia y una memoria antiguas.

El profesor José Sosa, nos narra que Pilcaya significa en náhuatl “lugar o árbol de hombre ahorcado” y que el origen del pueblo es una fusión entre mixtecos y nahuas. Es un pueblo profundamente religioso “cuando llegaron los españoles, para no interrumpir con la fiesta del pueblo que se le hacía a Xochipilli, príncipe de las flores, buscaron un santo que se empatara con él”, fue San Juan Bautista y Pilcaya se convirtió en un santuario. El 24 de junio día de la fiesta “recibimos a 5 mil personas, les damos de comer, somos un pueblo hospitalario” y el 5 de agosto, para la fiesta del Señor de la Salud llegan otras 5 mil, así que en total “al año tenemos 10 mil turistas, hemos sido bien hospitalarios y ahora en la tragedia hemos visto la respuesta y por eso damos gracias a todo el mundo”, afirma orgulloso José Sosa.

Comienza preocupación por el “regreso a la normalidad” entre jóvenes estudiantes

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25 septiembre, 2017

Brigadas (13 de 4) — Foto: Isabel Sanginés Franco

Ciudad de México 24 de septiembre, 2017. –Han pasado cinco días desde que, tras las graves consecuencias del terremoto que sacudió la ciudad de México el 19 de septiembre, miles de jóvenes universitarios se lanzaran a las calles, espontáneos y solidarios, para organizar y participar en todo tipo de trabajos: levantar y acarrear cascajo; organizar centros de acopio, recibiendo la ayuda y distribuyéndola en brigadas hacia los pueblos afectados de todo el centro del país; preparar comida; transportar herramientas, alimentos, todo tipo de enceres de un lado a otro de la ciudad; organizar las brigadas estudiantiles de psicólogos, médicos y veterinarios; y, las de arquitectos e ingenieros que están recorriendo la ciudad para valorar los daños de casas y edificios reportados por sus habitantes.

Sin embargo, dice Abril Ramírez estudiante de Ingeniería Civil de la FES Acatlán, quien desde el miércoles se encuentra como brigadista en el centro de acopio del Parque España en la colonia Condesa, “ahora todos los estudiantes, que aquí somos la mayoría, de diferentes universidades, estamos muy preocupados por que las autoridades han llamado a regresar a clases el lunes ¿qué va a pasar con el centro? ¡Esto no ha terminado, falta mucho por hacer, por reconstruir!”.

Pablo, estudiante de biología de la UNAM, que va de un lado a otro con su bicicleta transportando agua, herramientas, comida dice “yo de plano no voy a ir a clases. Si repruebo ni modo, hay cosas más importantes ahora y los profesores deberían entenderlo.” A su alrededor sus amigos asienten y comienzan a discutir el tema ¿ir o no ir a clases? ¿cómo seguir organizados? La indignación que les produce sentir que a las autoridades de sus universidades, no importa si son de la UNAM, del IPN, de la Salle, del Tecnológico de Monterrey, de la UVM, etcétera, lo único que les interesa es “regresarlos a la normalidad”.

Homenaje a las costureras de la fábrica de Chimalpopoca

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24 septiembre, 2017

HomenajeCostureras (28 de 29) — Foto: Isabel Sanginés

Ciudad de México 24 de septiembre de 2017.- No ha pasado una semana del terremoto y el terreno donde hace 5 días se desplomó la fábrica de telas, de 4 pisos, donde laboraban más de 200 obreras, en las calles de Chimalpopoca y Bolivar en la colonia Obrera de la Ciudad de México, luce prácticamente limpio.

En un tiempo record y después de haber rescatado únicamente a 27 personas, sólo dos con vida, las autoridades determinaron comenzar con la limpieza del lugar. Entre los cientos de brigadistas civiles que no paraban de trabajar en el lugar se desató la indignación y la duda, la desconfianza y el cuestionamiento al gobierno sobre estar abandonando el rescate de las obreras, muchas de ellas, se presume trabajadoras indocumentadas contratadas ilegalmente.

La historia de alguna manera se repite, como hace 32 años, cuando durante el sismo del 19 de septiembre de 1985 fueron también las obreras textiles quienes víctimas de la pobreza, el olvido, los talleres clandestinos y la explotación murieron aplastadas bajo los escombros.

Continúan los Rescates en Alvaro Obregón 286, CDMX

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Paco Dorado

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22 septiembre, 2017

RescateAlvaroObregon286 (15 de 31) — Fotografía: Isabel Sanginés/Somoselmedio.com

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017

Hasta las 15:00 hrs., del día de hoy 22 de septiembre continúan los trabajos para rescatar a aproximadamente 46 personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros del edificio que se derrumbó en la Avenida Alvaro Obregón número 286, en la colonia Roma.

Debido a la fuerte lluvia de la noche del día jueves 21, las estructuras del edificio se reblandecieron y comenzaron a sufrir nuevos desplazamientos, ante el alto riesgo de colapso aproximadamente a las 2:00 de la mañana de este viernes, se tuvieron que suspender las operaciones de salvamento, las cuales se reanudaron aproximadamente a las 9:00 hrs., una vez que los geólogos y los equipos de salvamento mexicanos, japoneses e israelitas valoraron que la estructura se encontraba nuevamente estable.

Los familiares de las personas atrapadas se encuentran en el lugar y declaran que “no perdemos la esperanza de que se encuentren aún con vida, aunque sabemos que cada hora que pasa es crucial”.