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San Gregorio Atlapulco, Marea Solidaria tras el Sismo

San Gregorio Atlapulco
Foto: Isabel Sanginés Franco

Por: Isabel Sanginés Franco

Ciudad de México 20 de septiembre de 2017: – El pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco al sur de la Ciudad de México sufrió graves daños tras del sismo del pasado 19 de septiembre.

Según el reporte de José Felipe García Martín del Campo, titular de protección civil de la delegación, murieron 8 personas y 284 requirieron atención médica por heridas, lesiones o crisis nerviosas; se colapsaron 20 casas; más de 180 están afectadas, de las cuales, hasta el día de hoy a las seis de la tarde, se habían detectado 30 con fallas estructurales; y, la infraestructura eléctrica se encuentra dañada y por lo tanto el pueblo en su totalidad sin luz.

Ante la tragedia, la solidaridad afloró y las brigadas de ciudadanos cargados de víveres, medicinas, palas, picos y cubetas, entre otras herramientas comenzaron a hacer presencia en San Gregorio.  Vía las redes sociales se difundió la necesidad de apoyar a este pueblo devastado: “no está llegando la ayuda” se decía vía twitter o facebook; se corría la voz entre los brigadistas que llegaban a otras zonas de desastre o a los puntos de reunión, como el estadio olímpico en ciudad universitaria.

Para medio día una gran ola de solidaridad humana inundaba las calles y rutas de acceso al pueblo.  Cuando los automóviles cargados de ayuda quedaron varados en la Calzada México Xochimilco algunos lugareños ofrecían sus casas para guardar los carros y los entusiastas brigadistas comenzaban su recorrido a pie cargados con los víveres, las herramientas, medicinas: “llegaremos, aunque caminemos dos horas”, declaró un ciudadano organizado de la colonia San Pedro de los Pinos; otros llegaban en motos, en bicicletas y cientos de jóvenes entraban organizados en camiones de redilas.

Caos, espontaneidad, organización, iniciativa, una gran masa de gente ansiosa por ayudar, por no quedarse en su casa indiferente y apática, ni por dejar en manos de instituciones en las que no confían, ni creen la vida de los que ahora están sufriendo y llegar a San Gregorio era mostrar esa solidaridad. Sumarse a una cadena humana para acarrear acopio, para cargar escombro, para limpiar el pueblo. Una brigada médica funcionando en una esquina, una brigada de psicólogos en otra, la de atención veterinaria más allá.

La familia Cabrera llega desde el centro de la ciudad con su carro, un chevy monza, color arena, el tanque de gasolina bien lleno. Se les ocurrió que una buena ayuda sería ofrecer electricidad para que la gente del pueblo cargue sus celulares, lo mínimo, porque no alcanza para mucho, pero con eso podrían comunicarse con sus familias a fuera del pueblo. “Colocamos un inversor de corriente, encendemos el coche y de ahí conectamos los aparatos” dice Adriana Cabrera, y agrega: “ya no nos queda mucha gasolina, pero estaremos aquí hasta donde dé”.

San Gregorio Atlapulco
Foto: Isabel Sanginés Franco
San Gregorio Atlapulco
Foto: Isabel Sanginés Franco
San Gregorio Atlapulco
Foto: Isabel Sanginés Franco
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Foto: Isabel Sanginés Franco
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Foto: Isabel Sanginés Franco
San Gregorio Atlapulco
Foto: Elena Suárez
San Gregorio Atlapulco
Foto: Isabel Sanginés Franco

Diana Velázquez, feminicidio marcado por #NegligenciaCriminal en Chimalhuacán, Edomex

Diana tenía 24 años y le gustaba leer, era muy inteligente, asegura su mamá, la señora Lidia Florencio; se la pasaba leyendo y yendo a museos. No le gustaba tomarse fotografías y le encantaba escuchar música a alto volumen, a veces tenían problemas. Disfrutaba mucho de recorrer la Marcha del Orgullo LGBTTTI, en la última terminó empapada, porque ese día siempre llueve, y llegó a su casa terriblemente cansada. Amaba a su mamá, le gustaba acompañarla para que no estuviera sola en su casa. La pasada madrugada del 2 de julio, después de una discusión con ella, se salió de su casa con rumbo desconocido en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y ya nunca volvió.

Eran las dos de la mañana cuando Diana se fue; su mamá comenzó a llamarle a su teléfono en repetidas ocasiones, pero no le contestó; sonó varias veces hasta que después de una hora Diana respondió y le dijo que ya iba de regreso a casa. Al inicio y con esa llamada, la señora Lidia se quedó tranquila esperando a que su hija regresara, pero pasaron los minutos y las horas sin verla llegar.

En la espera se dieron las ocho o las nueve de la mañana. En medio de la desesperación, la señora Lidia acudió con Laura, su hija mayor, a la Procuraduría de Chimalhuacán para levantar el acta de desaparición de Diana, pero el personal del lugar se negó a realizar el trámite, pues le dijeron que todavía no pasaba el tiempo necesario para reportar la desaparición de una persona, que debían esperar al menos 72 horas para levantar el acta.

Se regresaron a su casa, y junto con su familia continuaron la búsqueda de la joven por sus propios medios. Fueron a hospitales y a la comandancia; anduvieron por las calles que pensaban que Diana había recorrido en su camino, incluso preguntaron en hoteles de la zona y llamaron a Locatel, todo esto sin una noticia de su paradero.

No perdieron la esperanza y continuaron llamando al celular de Diana sin que la llamada pudiera entrar, el teléfono estaba apagado. Fue alrededor de las cinco de la tarde cuando recibieron respuesta a una de todas esas llamadas que por fin entraba al teléfono; contestó la voz de una señora desconocida y al cuestionarle sobre Diana, la señora de la voz les dijo que ella no sabía nada, pues había comprado el celular esa misma tarde en un tianguis del municipio vecino, San Vicente, Chicoloapan, también del Estado de México.

Con esa información volvieron a la Procuraduría y solamente así fue como los funcionarios públicos les quisieron levan el acta. La persona que le estaba tomando los datos a la señora Lidia le pidió que saliera de la oficina para quedarse a solas con su hija Laura, a ella le tomaría la declaración y cuando terminara le llamaría para que solamente firmara. La señora se salió, y al finalizar, siguieron con la búsqueda de Diana.

Así pasaron cinco días, desde el domingo, lunes, martes, miércoles y hasta el jueves por la tarde, mientras el papá de Diana y Laura, su hermana, seguían buscando información sobre su paradero en la Fiscalía de Nezahualcóyotl, a Laura se le ocurrió preguntar en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de ese municipio; le dijeron que tenían a una mujer joven. Le mostraron las fotografías en la computadora, pero debido al estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo, no le fue posible identificarla, Así que la pasaron al área para que pudiera ver el cuerpo personalmente.

La tenían en el piso, completamente desnuda y en tal estado de descomposición, que no fue capaz de reconocerla a simple vista, tuvo que fijarse en las “trencitas” con las a su hermana le gustaba peinarse regularmente, para entender que sí, se trataba de Diana. En ese momento a Laura se le vinieron muchas preguntas a la cabeza, ¿por qué no les habían avisado antes?

Al indagar en los reportes policiales del hallazgo del cuerpo se enteraron que Diana fue localizada por unos policías de seguridad pública el mismo domingo que desapareció, tan solo cuatro horas después de haber salido de su casa. La encontraron asesinada por estrangulamiento, también la habían violado y abandonado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Guadalupe, cerca de su casa.

En los reportes del hallazgo se hace mención de que el cuerpo localizado se trataba de un varón. Los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia para corroborar que ya no se encontraba con vida. Tiempo después acudió la Policía de Investigación junto con un perito en criminología; ellos también reportaron que se trataba del cuerpo de un hombre, tomaron dos placas fotográficas y solicitaron el apoyo para su traslado al anfiteatro de Nezahualcóyotl Palacio para realizarle la necropsia, esto alrededor de las ocho de la mañana del mismo domingo.

En el cuerpo de Diana localizaron semen al realizarle el examen pericial de Fosfata Ácida, pero de acuerdo a sus familiares, no le realizaron un ADN a dicho semen para su identificación y comparación con el de los presuntos responsables que la investigación arrojara. Tampoco le realizaron las pruebas toxicológicas, el estudio histopatológico, ni el raspado de uñas; para fines de diagnostico e investigación. Ni le realizaron un estudio a la ropa que traía, ni de las células epiteliales en su cuello, a fin de identificar las huellas de la mano del agresor.

De las cámaras de seguridad a las que han tenido acceso, no han podido sacar ningún tipo de información porque o no están dirigidas correctamente o se les va la señal, además que no han podido revisarlas pues no han tenido el acceso en su totalidad.

“¡Nada!, ¡Nadie ha hecho nada!”, menciona la señora Lidia, “A nosotros nunca nos llamaron a declarar, nunca nos llamaron para decir qué es lo que sabíamos”. Además también comentó a este medio que un día le preguntó a la Agente Liliana del Ministerio Público, quien que se encargaba del caso en el Centro de Atención Ciudadana de Chimalhuacán, si no iba a comparecer la familia, y por qué no se han realizado todas las pruebas pertinentes para esclarecer la investigación, la licenciada le contestó que han trabajado desde el momento en que asesinaron a Diana, y que además esas pruebas periciales que se deben hacer ya no le correspondía realizarlas a ella, porque se iba a enviar la carpeta de investigación a la Fiscalía de Feminicidios, “y ahí fue cuando me dijo que afortunadamente se iba a deshacer de ese caso”, asegura la señora Diana.

En efecto, la investigación se envió a la Fiscalía Especial de Feminicidios del Estado de México con residencia en el municipio de Tlalnepantla, el 14 de agosto pasado, pero aún no han contactado de esa dependencia a la familia de Diana para informarles los avances en la investigación, incluso ella asegura que no sabe en donde se encuentra la carpeta.

Antes de que esto ocurriera y mientras se encontraba esperando respuesta de las autoridades en la Procuraduría sobre su caso, se le acercó un comandante y comenzaron a platicar, el oficial le aseguró que “por mi hija nadie iba a hacer nada, porque no la encontraron desnuda ni violada”, comenta la señora Lidia, “es un ser malvado, porque no se dio cuenta si a mi hija me la violaron y me la mataron”.

A la fecha, Diana Vélazquez es una de las más de 183 mujeres que han sido asesinadas violentamente en el Estado de México durante el 2017, más de 183 feminicidios documentados por el periódico A Fondo Estado de México, en una entidad que cuenta con Alerta de Violencia de Género en once de los 125 municipios que lo conforman; Chimalhuacán y Nezahualcóyotl son parte de esos once municipios que ya deberían estar aplicando políticas públicas para acabar con esta violencia feminicida.

Hace casi un año y medio que las autoridades del estado presentaron un plan de acción mediante un decálogo para hacer frente a la violencia de género y los feminicidios, entre las que se contemplaban la sensibilización de los servidores públicos y la acción inmediata para la búsqueda en el caso de la desaparición de alguna mujer o niña, así como la creación de un Grupo Especializado para la Atención e Investigación de Asuntos de Alto Impacto, Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Niñas; en el caso de Diana, ninguna de esas acciones se llevaron a cabo.

“Eso a mi se me un acto de irresponsabilidad, de negligencia; a mi se me hace que fueron unas personas muy irresponsables”, comenta la señora Lidia, “a parte del dolor de haber perdido a mi hija, ¡ni siquiera muerta la pude volver a ver!. A mi eso se me hace muy injusto, ¡es muy cruel para una madre!”

“Hay muchas irregularidades, mucha negligencia no quieren hacer nada; exactamente así como nos dijeron, no quieren hacer nada por mi hija, porque yo no he visto que hagan nada, simplemente se quieren deshacer de la carpeta, y yo ahorita no sé ni donde está, ya han pasado más de dos meses y no sabemos nada”, asegura, “Tal vez nosotros digamos, es que yo sospecho de tal o cual persona, ¿a quién se lo vamos a decir, si nunca nos llamaron a comparecer?, ¿hacia quién se van a dirigir ellos?, no se van a dirigir a nadie porque no quieren hacer nada por Diana y a mi no se me hace justo, porque mi hija tenía toda una vida por delante y nada más por un ser maldito que me la mató, ya no tiene nada, y yo tampoco ya no tengo hija”.

“Todo lo que le pasó a mi hija, ya no quisiera volver a revivirlo porque lo he leído y ha sido tan doloroso para mi. Solo pido una cosa, que se haga justicia; que busquen, que trabajen, que hagan su trabajo, no les estoy pidiendo otra cosa más que hagan su trabajo, y que encuentren al responsable que le hizo eso a mi hija y que (sea) castigado como tiene que ser castigado. Ya Diana no puede recibir otra cosa más que justicia, y si los que tienen los medios para hacerlo no lo hacen, ¿quién lo va a hacer?”, concluye.

Exigen justicia tras el feminicidio de Mara

Ciudad de México 17 de septiembre 2017.- La tarde de este domingo, miles de mujeres de diversas partes de la ciudad de México, se concentraron desde temprano frente a la catedral metropolitana para exigir justicia ante el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, una joven de 19 años quien fue asesinada el pasado 8 de septiembre por el chofer Ricardo Alexis “N” de la empresa de taxis Cabify de Cholula, Puebla.
Entre consignas los contingentes avanzaron por avenida cinco de mayo para dirigirse hacia la Procuraduría General de la República (PGR), mediante un comunicado se invitó a los asistentes al encuentro nacional de mujeres, el cual se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre a las 11:00 horas en las islas de Ciudad Universitaria.

Durante la marcha, se hizo la detención de un hombre quien fuera el presunto responsable de violencia hacia una de las manifestantes hace algunos meses atrás.

Por último, exigieron justicia ante los feminicidios ocurridos durante los últimos meses, así como también la exigencia de una alerta de género a nivel nacional, ya que continúan las desapariciones de niñas y jóvenes en todo el país.

“Óyeme con los ojos”, violencia de género en fotografía

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017

A partir del pasado fin de semana se exhibe en el Museo de la Mujer en la Ciudad de México, la exposición “Óyeme con los ojos”, de la fotógrafa independiente Clauzzia Gómez, abordando la violencia de género contra las mujeres mediante intervenciones digitales y con la que la artista pretende abonar en la reflexión del espectador sobre esta problemática que ha dañado fuertemente a la sociedad.

Clauzzia Gómez, se ha dedicado a la fotografía los últimos diez años de su vida, lo ha hecho de una forma independiente, autodidacta y costeando por sí misma cada exposición. Su trabajo se ha exhibido en diversas ocasiones dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México; así como en el Foro Hilvana. Durante el presente año, “Óyeme con los ojos” recorrió las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Saltillo, Coahuila, en el norte del país.

Resulta pertinente la exposición en el Museo de la Mujer, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), inaugurado hace seis años con el objetivo de realizar una revisión de la historia de México con un enfoque de género y con el fin de visibilizar el quehacer histórico de las mujeres y su contribución a la construcción del país. El museo pretende ser un centro de difusión de la cultura de equidad y respeto a los Derechos Humanos de las mujeres. Clauzzia Gómez con la exposición temporal “Óyeme con los ojos”, pone el dedo en la llaga, en un problema que resulta urgente atender, reflexionar y sensibilizar por parte de la población mundial, pero más en América Latina y principalmente en México.

La exposición que se presenta dentro del marco del Festival Internacional de Fotografía “Foto México”, también está inspirada en el poema del mismo nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima figura mexicana de las letras a nivel mundial y quien podría considerarse un referente feminista en el México virreinal de finales del siglo XVII.

          “Óyeme con los ojos,

          ya que están tan distantes los oídos,

          y de ausentes enojos en ecos,

          de mi pluma mis gemidos;

          y ya que a ti no llega mi voz ruda,

          óyeme sordo, pues me quejo muda.”

          Sor Juana Inés de la Cruz

Óyeme con los ojos”, de Clauzzia Gómez presenta una serie de 17 fotografías en blanco y negro intervenidas digitalmente; en realidad es una recopilación de otros trabajos realizados en diferentes tiempos. “Esta serie sobre la violencia de género comenzó hace varios años sin saberlo”, puntualiza Clauzzia, “en la soledad de mi cuarto con autoerretratos, pero yo no lo sabía, para mí eran pequeños desahogos que siempre he necesitado en mi vida. No sabía que sufrir burlas, engaños o sentirse humillada, era un tipo de violencia. La violencia se vuelve parte de tu vida sin darte cuenta, así como la inseguridad y el miedo”.

La serie de autorretratos que la artista realizó hace ocho años se llamó “Emocional”, tiempo después y ya trabajando expresamente el tema de la violencia de género, se da cuenta que ese trabajo se trataba precisamente de eso. Posteriormente fue enriqueciendo la idea al trabajar con el profesor Manuel Amador en la Preparatoria “Francisco Villa” de Ecatepec, realizando una serie de fotografías sobre el performance “Quinceañeras violentadas y desaparecidas en Ecatepec”, desarrollado por las alumnas del profesor Amador en 2015. Esta serie estuvo expuesta en el metro Polanco de la Ciudad de México y de hecho un par de las fotografías que posteriormente intervendría la artista forman parte de la presente exposición (“Quinceañera violentada y desaparecida”, y “Cerca del diablo”).

Asimismo, de la serie “Imágenes Oníricas”, que también se exhibió en el Metro de la Ciudad de México se desprende “Atada por mí misma”, un desgarrador paseo por el interior, las exigencias y la “violencia que vive desde el silencio una misma”. También hace hincapié en los estereotipos que nos dicta la tendencia de las nuevas formas de la sociedad, como es el caso de la composición de “La zapatilla” o “El frasco”, donde hace una crítica a las religiones que pretenden mantener a las mujeres tapadas, silenciadas e invisibilizadas, como lo muestra en un “Artefacto en el hogar”.

Lo último que trabajó para la presente serie fueron las composiciones “Caso común”, “Hacia la noche de bodas” o “El paseo”, que realizó cuando ya estaba trabajando directamente el tema de feminicidios y la violencia de género, y que fueron pensadas precisamente para esta serie.

Así, el interés por el tema ha aumentado con el tiempo, pues diariamente aparecen mujeres asesinadas, torturadas y desaparecen niñas y jóvenes. “Según cifras oficiales, al menos un tercio de las mujeres en el mundo ha experimentado un tipo de violencia de género”, puntualiza la artista. “En México son asesinadas siete mujeres al día; se viola a una mujer o niña cada cuatro minutos. Las mujeres reciben un menor salario por la misma labor realizada que un hombre. En el Estado de México la desaparición de mujeres ya superó por mucho a Ciudad Juárez con crímenes extremadamente violentos que en general involucran violación o mutilación y raramente son resueltos. Incluso, del 20 al 28 de agosto de este año (en el área metropolitana de la Ciudad de México) desaparecieron 18 mujeres, todas de diferentes edades; una de ellas, la única que ha sido localizada, fue encontrada hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 6 días de su desaparición”.

“Ninguna mujer u hombre puede ser indiferente a esto y todos debemos sentir la responsabilidad de contribuir desde nuestras trincheras para cambiar esta realidad”, asegura Clauzzia Gómez, y continúa: “He querido provocar la denuncia a través del arte, a través de imágenes que han sido trabajadas como un juego lírico, pero tomadas de una realidad que nos está superando”.

La exposición va dirigida para mujeres que tal vez no se han dando cuenta que están siendo violentadas, pero también es importante que llegue a ellos, a los hombres violentadores que quizás tampoco se percatan de lo que se vive en casa, de este tipo de violencia tan arraigada que se encuentran en la ideología y la cultura de nuestra sociedad, y que muchas veces pasa desapercibida.

“Me gustaría que esta exposición ayude a reflexionar acerca de las violencias que padecen las mujeres, tanto física, como emocional o psicológicamente; que hagan algo para salir de ese círculo, porque muchas veces no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta de que estamos siendo violentadas y por miedo justificamos”, asegura Clauzzia, y continúa: “este proyecto está lleno de indignación, pero también de esperanza; es una denuncia pero más que eso, es una pequeña aportación para sensibilizarnos. Considero que es posible el resurgimiento de una conciencia más libre, más empática y de respeto”.

“Este proyecto me ha enseñado el valor que tenemos, la fuerza que nos motiva para salir del silencio fortalecidas y apoyadas de otras tantas mujeres que desde sus pequeños o grandes territorios están alzando la voz”, finalizó.

Óyeme con los ojos” de Clauzzia Gómez es un confrontamiento con la realidad de la violencia de género y el feminicidio que vivimos a diario en México; es una denuncia a través de imágenes oníricas y surrealistas; pero sobre todo son escenas reales, universales, actuales y de gran sensibilidad.

La muestra en su conjunto nos presenta una mirada desgarradora que sumerge a la espectadora y al espectador en una reflexión profunda que probablemente y necesariamente se traduzca en acción al sensibilizar y evidenciar las violencias que viven las mujeres en la actualidad; el dolor, el sometimiento, la frustración, el abandono, el abuso y la soledad, que no les permite sentirse fuertes, plenas y libres de ser quienes en realidad son.

Óyeme con los ojos”, de Clauzzia Gómez se presentará hasta el 17 de noviembre en el Museo de la Mujer, en República de Bolivia número 17, a dos calles al norte de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de martes a domingo de 10:00 a 18:00 Hrs. La entrada general tiene un costo de $20.00 pesos; y para estudiantes y personas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de $10:00 pesos.

#NoMásTratoSelectivo en la CDHDF

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017

La política institucional de trato selectivo que se ha dado a las víctimas en la CDHDF desde 1993 puede tener fin a partir de la siguiente elección de su presidencia, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Usar los casos y emitir respecto de ellos recomendaciones de manera discrecional y selectiva ha sido la lógica que ha imperado en la CDHDF, y desafortunadamente ha terminado por ser justificada por diversas personas de organizaciones de sociedad civil, academia y las propias instituciones de derechos humanos. El costo de esta justificación ha sido alto, la sociedad hoy no puede saber dónde y qué autoridades violan derechos humanos, y menos aún cuáles de ellas están comprometidas con la reparación del daño.

Aunque en principio eliminar el trato selectivo en la CDHDF es fácil, pues depende fundamentalmente de que quien la presida «deje de bloquear la emisión de recomendaciones» (no requiere reformas legislativas ni reglamentarias, ni cambios institucionales irrealizables), se tienen complejidades que son necesarias atender a fin de que avancemos y podamos establecer estrategias mínimas que tengan como objetivo común la supresión del trato selectivo a las víctimas.

1.         Un primer nivel de problematización es sobre los cambios hacia el interior de la institución. Esto a su vez tiene diferentes niveles de complejidad, como son: las formas de trabajo que se han generado para el personal visitador adjunto que investiga las quejas; las funciones de áreas relacionadas con la atención de las quejas; y la necesidad de establecer mecanismos para procesar el nivel de información que se generará a partir de una adecuada atención e investigación de las violaciones de derechos humanos.

a)        Como es evidente, una vez que la presidencia de la CDHDF deje de bloquear la emisión de recomendaciones (en razón de que emitir recomendaciones es una decisión exclusiva de la presidencia), el personal visitador adjunto de investigación tendrá que modificar las formas de trabajo que actualmente permiten la selectividad en la institución. Esta dinámica ocurre por el hecho de que sólo se emiten recomendaciones selectivamente y a discreción de presidencia, al haberse generado esquemas de trabajo que operativizan la política institucional de presidencia y que permiten “concluir más fácilmente” los casos como son: evitar calificar los hechos por los derechos que corresponderían (la calificación corresponde a las líneas de investigación que se seguirán en el expediente) simplificando lo que se debería investigar a algo más concluible; depositar en las víctimas la carga de probar los hechos; evitar usar la carga de prueba establecida en la ley de la CDHDF a cargo de las autoridades; dejar de realizar diligencias pertinentes para la documentación del caso; dar por solucionado durante el trámite los casos dando vista a otras autoridades, declinando su propia competencia; buscar concluir el caso alegando incompetencia de la CDHDF porque alguna otra autoridad esté interviniendo (como cuando dicen que “se judicializó” el caso); entre otras.

Dado que el personal visitador adjunto no puede decidir qué será y que no será recomendación, sino que es una decisión exclusiva de quienes dirigen la institución, la defensa o no de la autonomía frente a las autoridades afecta seriamente la operatividad interna. En esta gestión, incluso, se acusa que el personal visitador adjunto ha sido maltratado por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y que esto ha sido avalado por los titulares de las visitadurías generales y la presidencia. En el contexto del trato selectivo que de por sí se realiza en la institución, esta subordinación termina repercutiendo aún más negativamente para las víctimas.

Por ello, la atención a todo esto implica que, además de que se mantenga un perfil de autonomía respecto del gobierno (lo que en general se posiciona por las OSC), institucionalmente se defina claramente el momento a partir del cual se realizará la investigación del caso para determinar la ocurrencia de las violaciones de derechos humanos denunciadas. Y, en caso de que estas hayan existido, se solicite la reparación del daño mediante la emisión de la Recomendación correspondiente; o bien, en caso de no haber existido, se emita el Acuerdo de No Responsabilidad (acuerdo que, dicho sea de paso, lleva más de una década sin usarse). En todo el camino, debería explicar claramente a las víctimas cada uno de los momentos del procedimiento, a fin de que puedan situarse en él, y participar si así lo disponen en la propia investigación del caso.

b)        Las áreas de atención a quejas requerirán modificar algunas de sus funciones. Una de las fundamentales se dará en la actual Dirección Ejecutiva de Seguimiento, pues ésta tendría complicaciones para realizar el seguimiento de los cientos de recomendaciones que al año se emitan. Sería necesario considerar que las propias visitadurías dieran seguimiento a la reparación del daño en su dimensión específica al caso, sin embargo, esa Dirección Ejecutiva debería poder dar seguimiento a las garantías de no repetición a fin de contribuir a evaluar la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Asimismo, el periodo para cumplir con la reparación del daño debería ser establecido casuísticamente conforme a criterios predeterminados. Pasado el periodo para el cumplimiento de la reparación, debería disponerse públicamente de la información sobre las autoridades que no realizaron dicha reparación.

c)        La determinación de los casos violatorios, de la reparación del daño y de su cumplimiento o incumplimiento por las propias autoridades deben poder ser procesados como información a fin de que la CDHDF homologue sus criterios de atención e investigación mediante la determinación de los estándares aplicables a los casos; así como para que se pueda procesar internamente y difundir la voluntad de reparar el daño por las autoridades, pudiendo identificar por la sociedad aquellas que sean renuentes a reparar y, asimismo, conocer sobre la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad a partir de la atención de los casos.

2.         Un segundo nivel de problematización es cómo cambiaría la relación con las autoridades de la Ciudad de México. Las autoridades, al día de hoy, presentan renuencia a que se emitan recomendaciones. Presionan a la CDHDF para evitar su actuación, lo que en el contexto de la relación entre la actual administración de Perla Gómez Gallardo y el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha repercutido aún más negativamente en las mínimas posibilidades del personal visitador adjunto que busca intervenir en los casos para apoyar a las víctimas.

Entonces, además de ser necesario oponerse a la dinámica de subordinación que se ha generado en la CDHDF, es necesario modificar el punto en que se enfocan la observación de los derechos humanos. Es necesario pasar del énfasis en la violación de derechos humanos a la importancia social y política de la reparación del daño de esas violaciones. Mostrar a las propias autoridades que la reparación del daño no sólo beneficia a las víctimas sino que incluso beneficia a la administración pública. En buena medida, es dejar de enfatizar la visión del derecho como un orden coactivo para enfatizar la perspectiva de un orden que posibilita la reparación y el adecuado funcionamiento gubernamental, en la medida en que el derecho sea conforme a los derechos humanos.

Esto es, la CDHDF debería generar una política institucional para incidir en las autoridades a fin de que estas tengan presentes los beneficios de corregir su actuación institucional mediante la reparación del daño, y cumplir así con sus obligaciones generales en materia de derechos humanos.

3.         Consecuentemente, un tercer nivel de problematización es sobre la necesidad de también enfocar la comunicación social de las violaciones de derechos humanos a la importancia de la reparación del daño. La sociedad requiere generar que la legitimación de sus autoridades pase porque éstas busquen reparar el daño. Es necesario que las personas identifiquen no sólo a quienes violan derechos humanos, sino sobre todo a quienes buscan que estos funcionen y, por tanto, quienes quieren realizar la reparación del daño.

Es necesario que exista una comunicación social que desde la CDHDF promueva el énfasis que posibilite transitar de emitir menos de 20 recomendaciones a la emisión de cientos de ellas al año.

4.         Muchas personas que han trabajado en la CDHDF o que han “legitimado” la selectividad de trato a las víctimas, tienen y tendrán la necesidad de justificar aún esta forma de operación. Incluso buscarán frenar la transformación de la CDHDF en detrimento del derecho de las víctimas a la igualdad y no discriminación. Dirán que eliminar el trato selectivo no es posible, como ya lo han dicho antes. Esto es falso. La institución está preparada para dar el paso que necesita. Sin duda, existen complejidades en el camino, pero son plenamente abordables.

Para hacer frente a esta situación necesitamos al menos a una persona que desde dentro o fuera del campo de los derechos humanos asuma la decisión de eliminar esta selectividad y se postule para la presidencia de la institución. Esta persona tiene hasta el 14 de septiembre para ingresar sus documentos a la ALDF. En caso de no ser lograrse una nueva presidencia con este compromiso, será necesario realizar acciones directas para cambiar la forma selectiva de operación de la institución.

5.         Quienes se candidateen para ocupar la presidencia de la CDHDF deberán presentar planes de trabajo como parte de los requisitos de la convocatoria. En ellos deben señalar un diagnóstico de la institución y sus propuestas; y, por tanto, indicar cómo eliminarán la selectividad de trato a víctimas. Esto hace evidente que Perla Gómez no puede continuar al frente porque no sólo no atendió el problema sino que lo empeoró (https://goo.gl/LXkJLR); aunque podría seguir en la institución si es impuesta desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera y sus operadores en la ALDF.

Por ello, una primer medida será revisar y difundir previamente a la elección de la nueva presidencia, cuáles son las candidaturas que propondrán eliminar el trato selectivo a las víctimas y cuáles tendrán por efecto ser un continuismo de ese trato contrario a derechos humanos, ilegítimo e ilegal.

La consigna es: #NoMásTratoSelectivo.

@Cuhtrl

Se realizan elecciones Primarias Abiertas en Argentina

Ciudad de México, 15 de agosto de 2017

El domingo pasado, se realizaron elecciones Primarias Abiertas para determinar quiénes van a ser candidatos en el siguiente proceso electoral legislativo.

En octubre, los argentinos renovarán la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado. Hasta ahora sin mayoría, Mauricio Macri ha logrado alianzas legislativas con peronistas alejados de Cristina Kirchner. La ex presidenta fundó este año un partido de centroizquierda, Unidad Ciudadana. Se apartó del Partido Justicialista (PJ, peronista) que domina el Congreso. Su campaña se basó en el lema “Así no podemos seguir”.
Kirchner pidió el voto de “los que perdieron el trabajo o viven con temor a perderlo, los que no llegan con su salario a fin de mes, o no pueden comprar la comida como antes, o pagar la luz, o el gas o el agua. Esto debe ser el límite para este gobierno”.

Mauricio Macri lleva un año y medio de gobierno, sin lograr sus prometidas inversiones extranjeras, que bajaron a la mitad en forma interanual en 2016, según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).La inflación se disparó en 2016 y en los primeros siete meses de este año acumula 13,9%. El desempleo creció al igual que la pobreza y la economía se estancó. Sin embargo, bancos, mineras y productores de soja admiten ganancias multimillonarias. Mauricio Macri defiende por otro lado haber eliminado el control cambiario que impuso Kirchner.

Macri formó un gabinete de empresarios, bajó los impuestos al agro y volvió a tomar deuda por miles de millones de dólares para financiar al Estado, herramienta que el kirchnerismo había desechado (Con información de Club el Comercio).

Las primarias del día de ayer mostraron varias sorpresas en las provincias: mientras Cambiemos (oficialista) logró mayoría de votos en distritos hasta ahora hostiles al macrismo, como San Luis, La Pampa o Santa Cruz, el peronismo ratificó su hegemonía en varios distritos y el kirchnerismo consiguió imponerse en provincias como Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro, donde hay gobernaciones de otro signo.

El oficialismo ganó en provincias como en Córdoba, donde la votación presidencial por Macri fue la más elevada; en Córdoba capital habita una clase media que dicen vive con bastante comodidades. Cambiemos también ganó en San Luis, donde están los Benetton, el grupo terrateniente más fuerte de la Argentina, y dónde también está Monsanto. El oficialismo ganó en Mendoza, provincia rica por los viñedos, y en San Luis, localidad donde tiene mucho auge el comercio.

El recuento provisorio de los resultados de la provincia de Buenos Aires finalizó a las 6:55 con el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas, según indicó el sitio oficial resultados.gob.ar. Los resultados fueron bastantes diferentes a los celebrados en el bunker de Cambiemos hacia las 22 cuando Bullrih le sacaba una diferencia de cinco puntos a la expresidenta. Esta mañana, el panorama fue rotundamente diferente: con 34,19 por ciento para Esteban Bullrich y 34,11 para Cristina Fernández de Kirchner, la diferencia entre ambos candidatos se redujo a décimas (Con información del Diario Página 12).

Con ese resultado, los habitantes de la provincia de Buenos Aires están muy entusiasmados con la expectativa de ver a Cristina Kirchner en el gobierno para octubre.

La Guerra Global contra el Terrorismo constituye la coartada perfecta para las intervenciones militares

Ciudad de México, 13 de agosto de 2017.

El medio Asturbulla de la ciudad de Asturias en España reprodujo el texto que publicó recientemente el profesor Michel Chossudovsky (en Global Research) quien es economista canadiense y director del Centro de Investigación sobre la Globalización en Montreal. Ahí denuncia todo aquello que los gobiernos occidentales no quieren que la población conozca acerca de la organización terrorista ISIS, como que el Estado Islámico o Daesh fue creado por la CIA, el MOSSAD y el MI6 Británico para reventar a Siria.

En opinión del académico, la agrupación terrorista  constituye la coartada perfecta para las intervenciones militares de la OTAN, Estados Unidos, Francia y el resto de socios de la Alianza Atlántica en Oriente Medio. En un apartado que lleva por título: Cosas que no quieren que sepas del Estado Islámico, Chossudovsky apunta que “el Estado Islámico o ISIS era originalmente una entidad afiliada a Al-Qaeda, creada por la inteligencia de Estados Unidos con el apoyo del MI6 Británico, el Mossad Israelí, los servicios de Inteligencia de Pakistán y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita”.

[…] Las brigadas de ISIS han estado involucradas en el apoyo a la insurgencia que los EE.UU. y la OTAN han dirigido contra el gobierno sirio de Bashar al Assad durante la guerra civil de Siria. La OTAN y el Estado Mayor de Turquía fueron los responsables de la contratación de mercenarios de ISIS y Al Nusrah desde los inicios de la insurgencia siria, en marzo de 2011.  Según fuentes de inteligencia israelíes -apunta el académico- publicadas en la web DEBKA, esta iniciativa ha consistido en “una campaña para reclutar a miles de voluntarios musulmanes en países de Oriente Medio y el mundo musulmán para luchar junto a los rebeldes sirios. El ejército turco aloja a estos voluntarios, los entrena y asegura su entrada en Siria”.

[…] Hay miembros de las fuerzas especiales y de inteligencia occidentales dentro de las filas de ISIS. Miembros de las Fuerzas Especiales Británicas y del MI6 han participado en el entrenamiento de los rebeldes yihadistas en Siria. Los Estados Unidos y algunos aliados europeos están utilizando a contratistas de defensa para entrenar a los rebeldes sirios sobre cómo asegurar los arsenales de armas químicas en Siria, según informó un alto funcionario de Estados Unidos”.

Muchos de los criminales reclutados por ISIS, dice el profesor, son presidiarios condenados liberados de las cárceles de Arabia Saudita, país aliado de Occidente. “Entre ellos se encuentran ciudadanos Saudíes condenados a muerte que fueron reclutados para unirse a las brigadas terroristas”. […] Israel ha apoyado a las brigadas de ISIS y Al Nusrah de los Altos del Golán, en su lucha contra el gobierno de Al-Assad y las fuerzas chiítas de Hezbollah. Combatientes yihadistas se han reunido regularmente con oficiales de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), así como con el primer ministro Netanyahu.

Por último, Chossudovsky denuncia que  fuerzas chiitas que luchan contra ISIS en Irak, así como miembros del propio ejército iraquí han denunciado repetidamente las ayudas militares suministradas por Estados Unidos a los terroristas de ISIS, mientras a la vez, combatían contra ellos. “Los bombardeos estadounidenses y aliados no están apuntando a ISIS, sino que tienen el objetivo de bombardear la infraestructura económica de Irak y Siria, incluyendo sus fábricas y refinerías de petróleo”.

El proyecto de ISIS de crear un califato, escribió el académico,  “forma parte de una agenda de política exterior de Estados Unidos que pretende dividir Irak y Siria en territorios separados: Un califato islamista sunita, una República Árabe chiíta y la República del Kurdistán”.

Por este conjunto de razones, que alimentan esa narrativa necesaria para EU del enemigo exterior al que cada tiempo le asigna una nueva identidad, la Guerra Global contra el Terrorismo, como dice el director del  Centro de Investigación sobre la Globalización en Montreal, se le presenta a la opinión pública como un “choque de civilizaciones”, una guerra entre los valores y las religiones, pero lo que es en realidad, es una conquista guiada por objetivos estratégicos y económicos.

 

Periodistas exigen resolver asesinato de Luciano Rivera por labor periodística

Luciano Rivera, Periodista

Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.- La noche de ayer, periodistas de Baja California y de todo el país, exigieron al gobernador del estado, Francisco Vega Lamadrid; a la procuradora general de justicia, Perla del Socorro; así como a diversas instancias; el no desestimar la labor periodística de Luciano Rivera dentro de los posibles móviles del crimen del que fue víctima la madrugada del 31 de julio pasado, en el baño de La Antigua Bar, en la Zona de Playas de Rosarito Baja California. De igual forma responsabilizaron al Gobierno estatal y federal de lo que pudiera ocurrirle al periodista Alberto Elenes, quien después de haber publicado algunas notas que contraponen la versión oficial del móvil del crimen de Rivera, ha sufrido de agresiones e intimidaciones por parte de algunas autoridades estatales.

Luciano Rivera, presentador de noticieros de la cadena CNR TV y director de la Revista Dictamen BC, fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en La Antigua Bar, en la Zona de Playas de Rosarito, Baja California; desde un inicio las autoridades manejaron la versión de que se debió a una riña en el momento en que Luciano defendió a una mujer que había sido acosada por cinco sujetos, de quienes uno de ellos, le disparó directamente al rostro con un arma de fuego; esta versión fue difundida por la Subprocuradora local, Patricia Ortega, y además aseguró que dentro del móvil del crimen no habían indicios de que tuviera qué ver con su labor periodística.

Actualmente existe una persona detenida por el asesinato de Luciano Rivera, misma que se realizó mediante un operativo que llevaron a cabo las autoridades, el presunto responsable, quien estuvo en el lugar de los hechos junto con otras cuatro personas; responde al nombre de Alfredo Ponce Costilla, quien fue detenido mientras conducía un Taxi Libre de la Ciudad de Tijuana, además durante su detención portaba el arma homicida, una calibre 9 milímetros de uso exclusivo del Ejercito, y que de acuerdo a una investigación realizada por la Revista Proceso, está vinculada con “al menos otras tres ejecuciones en el trasiego de droga en Tijuana”.

Alfredo Ponce está siendo procesado por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; el resto de los agresores siguen prófugos y sin ser identificados.

De acuerdo a familiares de Luciano Rivera, “Durante la primer audiencia se descartó la versión de la riña y con base en la declaración de testimonios se logró acreditar que fue un ataque directo, ya que en ningún momento hubo intercambio de palabras entre Luciano y los agresores”. Asimismo el periodista Alberto Elenes, quien ha investigado y ha dado seguimiento puntual al caso señaló que “durante el testimonio de la primera audiencia, se afirmó literalmente que Luciano llegó al bar y 10 minutos después llegaron 5 personas, se sentaron en una mesa cercana a él. Posteriormente, Luciano se levanta al baño y lo siguen tres de esas personas; al regresar del baño los hombres regresan atrás de él y minutos después, uno de ellos realiza una seña con la cabeza y el otro le dispara, por lo que no hubo intercambio de palabras visible.”, esto se constató durante la segunda audiencia realizada el 6 de agosto; lo anterior de acuerdo a la Alerta lanzada por el caso por la organización independiente de Derechos Humanos Article 19, quienes han trabajado para promover lel derecho a la libertad de expresión a nivel mundial.

Por este motivo, periodistas de Baja California y del país, junto con Article 19 exigieron “no desestimar dentro de los posibles móviles del crimen, el trabajo periodístico de Luciano, sobre todo el expuesto en las tres recientes ediciones de la revista que dirigió hasta su muerte, Dictamen BC, en las que abordó temas relacionados con el crimen organizado y con un gremio transportista (de Taxis Amarillos) investigado por actividades criminales”, a través de un manifiesto expresado durante una marcha – vigilia por Luciano Rivera, misma que salió el jueves 10 de agosto, desde La Antigua Bar, lugar donde asesinaron a Luciano, sobre el bulevar Benito Juárez, y hasta llegar a las instalaciones del canal CNR Noticias, para en este lugar llevar a cabo la vigilia.

De las publicaciones de la revista Dictamen BC que hacen mención sus compañeros, una de ellas, la edición del 15 de junio al 15 de julio de 2017, se tituló “Desmantelan a la Mafia Amarilla”, y habla de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Vialidad y Transporte y de Inspección y de Verificación de Tijuana; donde se desmantela a una base de taxistas con gran poder en la localidad, que además han actuado con impunidad y violencia en la región. Al igual en al edición de mayo de 2017 incluyó un artículo titulado “Guerra de narcomenudistas: se matan por controlar las calles”

El gremio periodístico demandó que la Fiscalía Estatal para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), atienda la investigación del asesinato de Luciano, y que asimismo identifique a los responsables de su muerte, los vínculos entre ellos y los móviles detás del crimen.

Del mismo modo, Article 19 expresó su “preocupación frente a la parcialidad y falta de objetividad con la que la investigación se podría estar realizando, dado que fueron las autoridades locales quienes avalaron la versión de la pelea y descartaron el vínculo con su labor periodística desde el principio sin contar con los elementos suficientes y adecuados”.

Incluso la Directora general de la UNESCO, Irina Bokova; representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura; denunció ayer el asesinato de Luciano Rivera y solicitó a las autoridades de su país que sea investigado de forma urgente el crimen; también solicito a México mediante un comunicado que sean aclaradas “las circunstancias en que se produjo y la motivación de (los) culpables.”

De igual forma los periodistas a través de su manifiesto solicitaron a las comisiones Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), así como a la Nacional (CNDH) “abrir expedientes sobre el ataque que hizo el director de Comunicación Social de la Procuraduría estatal, José Manuel Yépiz, mediante sus redes sociales, a la ética profesional del portal de noticias La Jornada Baja California, el cual, como todos los medios de comunicación, tiene por Ley derecho a publicar información con fuentes anónimas o clasificadas, debido al riesgo que puede representarles.”

Responsabilizaron al gobierno de Baja California por la integridad del Alberto Elenes, quien a partir de sus investigaciones, ha contrapuesto la versión de las autoridades referente al asesinato de Luciano, y por este motivo ha sufrido agresiones e intimidaciones por parte de José Manuel Yépiz. Debido a esto, exigieron se garantice la integridad física de Alberto y que se detenga el descrédito de su trabajo.

Hasta la fecha y tan solo durante el 2017 han sido asesinados nueve periodistas en nuestro país: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Brech, Maximiliano Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame y Luciano Rivera. Durante 17 años, del 2000 y a la fecha ya suman 109 asesinados del gremio, siendo 2017 el año más sangriento para nosotros.

Desde Somoselmedio.org nos solidarizamos y nos sumamos a las exigencias de nuestros compañeros por el esclarecimiento y castigo de los asesinatos ocurridos en Baja California y en todo el país, y suscribimos a Gabriela Martínez, periodista del medio Síntesis, al igual que a Article 19, al expresar que “se hace indispensable que las autoridades no minimicen de inicio elementos importantes que deben tomarse en cuenta. No queremos que (las) autoridades desvinculen la actividad periodística de cualquiera de nosotros, con las agresiones que vivimos, sólo para evitarse problemas.”

No se calla la verdad matando periodistas.

Lesvy, feminicidio entre la omisión y el silencio de autoridades

Lesvy Berlín Rivera Osorio

Por Paco Dorado

Ciudad de México, 09 de agosto de 2017.- A unos días de cumplirse tres meses que Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años, fue encontrada muerta, con signos de violencia y ahorcada con un cable de teléfono, en una caseta telefónica, el pasado 3 de mayo en el camino entre la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Rector de la universidad, Enrique Graue Wiechers, minimizó el hecho durante una entrevista con el periodista Javier Solorzano, al asegurar que se trató de “un problema de violencia entre pareja” y que además no fue dentro de las actividades cotidianas de la Universidad. La historia del asesinato de Lesvy está marcada por la impunidad, omisión y el silencio por parte de las autoridades, y la estigmatización y revictimización para la joven; mientras que el camino por la búsqueda de justicia para Lesvy a obligado a familiares, amigas y a la sociedad civil solidaria a organizarse cada vez con más precisión ante la omisión y la opacidad con que se ha manejado el caso; a gritar cada vez con más fuerza, con más rabia y una mayor puntualidad, para poder ser escuchadas y derribar el silencio que ha imperado.

Cuatro días antes de la entrevista de Graue, diversas organizaciones civiles y feministas que han acompañado a la familia de Lesvy Rivera en la exigencia de justicia, habían presentado un pronunciamiento que leyeron frente a Rectoría de la UNAM durante un mitin realizado en conmemoración a tres meses del hallazgo del cuerpo de la joven; en dicho pronunciamiento le cuestionaron a las autoridades universitarias el silencio que han mantenido por el caso y les exigieron se pronuncien ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) para el esclarecimiento y la investigación del asesinato de Lesvy como feminicidio ya que ha sido tipificado por las Procuraduría como suicidio.

“Tanto Luis Agustín Álvarez Icaza, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM como el rector Enrique Luis Graue Wiechers, han permanecido en silencio ante una situación tan grave para la comunidad universitaria: un feminicidio que ejemplifica el riesgo que enfrentan las estudiantes, docentes y trabajadoras de la máxima casa de estudios.”, puntualizaron las colectivas feministas dentro de su pronunciamiento el 3 de agosto pasado.

Asimismo solicitaron que José Luis González Hernández, pareja sentimental de Lesvy, sea procesado por el delito de feminicidio, ya que él fue la última persona que estuvo con ella y de acuerdo al testimonio de Carlos, un amigo en común que convivió con ellos esa noche, y las cámaras de seguridad del lugar, José Luis la golpeó minutos antes de que Lesvy apareciera ahorcada. La Procuraduría ha ignorado estos detalles y se ha negado a incluirlos en las investigaciones del caso.

De igual forma las organizaciones civiles aseguraron que “el proceso de investigación está plagado de irregularidades y que revictimizan a Lesvy”, al respecto, Araceli Osorio, madre de la joven, aseguró que “las autoridades mienten, y han mentido desde el inicio”; y continuó: “Lo que no alcanzamos a comprender es por qué a tres meses las autoridades siguen con esa cadena de encubrimiento, con esa cadena de favores donde no permiten que la investigación avance como debe ser. Las autoridades de la UNAM tuvieron desde el primer momento los videos (de las cámaras de seguridad)… Nosotros (la familia) estuvimos más de dos meses sin conocer esa evidencia”.

De acuerdo a la señora Osorio, las autoridades les negaron los videos con el argumento de que los tenía la Procuraduría General de la República (PGR), porque les estaban haciendo trabajos de limpieza para poder verlos con mayor nitidez, sin embargo se los entregaron doce horas antes de la primera audiencia pública, impidiendo completamente que los pudieran revisar, pues se trataba de más de 20 horas de grabaciones.

“Desde el primer momento en que tuvimos acceso a los videos nos dimos cuenta que no era necesarios ni uno, ni dos, ni tres meses, para llegar a una conclusión que está sustentando la misma investigación. No estamos hablando de agregar elementos, sino que los mismos peritajes que están sustentados científicamente tanto por la PGJ, como por la PGR, son suficientes para que este crimen sea dictaminado como feminicidio. Sin embargo, tristemente, nos enfrentamos a una UNAM, a unas autoridades universitarias que guardaron y siguen guardando silencio hasta el día de hoy. Nos enfrentamos a una Procuraduría que sigue guardando silencio ante un caso por demás evidente”, aseguró.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la PGJ-CDMX, el pasado mes de julio la dependencia aseguró que contaban con pruebas de que Lesvy Rivera se había suicidado con el cable de teléfono de la caseta donde fue encontrado su cuerpo, e incluso detuvieron a José Luis González, por el delito de homicidio simple doloso, pues de acuerdo a la Procuraduría, el suicidio ocurrió en su presencia y “no lo evitó cuando le fue posible hacerlo”.

Ante esto el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) presentó un peritaje alterno junto con el perito independiente Víctor Chávez, y mediante una conferencia de prensa solicitaron la reclasificación del caso a feminicidio.

En el peritaje presentado recrearon meticulosamente los hechos y situaciones en que murió Lesvy, mismos que sostienen que la versión manejada por la PGJ-CDMX es falsa, ya que a partir de las pruebas realizadas no se pudo lograr la suspensión del cuerpo, y tampoco existió la suficiente presión del cuello, por lo que concluyen que definitivamente no pudo existir la asfixia. Tampoco se pudo reproducir la posición en que fue encontrada Lesvy.

Además de que de acuerdo al perito Víctor Chávez, quien tuvo acceso a la carpeta de investigación, aseguró en entrevista a Noticieros Televisa que Lesvy sufrió una fractura del hueso hioides, mismo que “necesita una presión simétrica y concéntrica, o sea, que (debe ser) a la misma altura (del cuello), y que (por lo tanto) no corresponde a una mecánica de ahorcamiento”, o sea, que este hueso solamente se rompe por estrangulamiento.

Pese a las exigencias de la familia y de la comunidad universitaria, el Rector de la UNAM sigue sin pronunciarse a favor del esclarecimiento del feminicidio de Lesvy, muy al contrario, dentro de la entrevista otorgada a Javier Solorzano para Once Noticias, aseguró que Lesvy no pertenece a la casa de estudios, sino que fue estudiante en el 2012 del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), y que es hija de trabajadores universitarios. Asimismo explicó que Lesvy “fallece por ahorcamiento en el campus universitario a las cuatro de la mañana, es decir, no fue en las actividades cotidianas y es el producto de un problema de violencia entre pareja”.

Graue fue invitado al programa de televisión para platicar del próximo regreso a clases, así como de las oportunidades que tienen miles de estudiantes en esa institución a cuatro días del mitin realizado por colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil conmemorando tres meses del feminicidio de Lesvy Rivera, y donde le exigieron junto a Álvarez Icaza que ambos se pronuncien ante la PGJ-CDMX por la investigación del asesinato de Lesvy como feminicidio; que garanticen la seguridad, la vida y la libertad de las estudiantes, docentes y trabajadoras de la UNAM; así como planificar e implementar un sistema de seguridad con perspectiva feminista. Sin embargo ante estas demandas ha reinado el silencio por parte de ambos funcionarios.

Lo que sí precisó el Rector en la entrevista, fue que la UNAM entregó al Ministerio Público (MP) todas las grabaciones de las cámaras de seguridad junto con la documentación con que se contaba del caso. “De hecho al acompañante de ‘esta joven, Lesvy’, lo identificamos y lo acompañamos al MP nosotros”, mencionó.

Ante el cuestionamiento de cómo ve a la institución, el Rector Graue expresó: “Yo la veo muy bien, y cada vez mejorando, los rankings internacionales, si uno quiere creer; los más serios nos colocan como la segunda o tercera Universidad Iberoamericana, después de Sao Paulo”, y concluyó que la UNAM “es el motor del cambio del país”.

Pero para Araceli Osorio, madre de Lesvy, ese “motor de cambio” ha permanecido en un silencio cómplice y omiso, permitiendo la especulación, la estigmatización, y violentando los derechos de su hija; “porque mi hija no podía defenderse ella misma. Pero estamos nosotros, estamos nosotras. Las autoridades pensaron que nadie iba a salir a reclamar un feminicidio en Ciudad Universitaria, se están equivocando y se siguen equivocando; están del lado contrario. Quienes deberían procurar la justicia en la Ciudad de México prefieren seguir con su cadena de favores, favoreciendo a un feminicida”, asegura, y que ese “silencio cómplice permitió que unos días después de hallar el cuerpo de Lesvy, un grupo ecoextremista se adjudicara tranquilamente su muerte junto con la de otras personas, queriendo aterrorizar a una comunidad universitaria solidaria que se manifestó (exigiendo justicia).”

“¿Quién es Jorge Luis González Hernández? ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Por qué lo encubren? ¿Por qué lo protegen? ¿Quién es Jorge Luis González Hernández?”, se cuestiona dentro de su discurso.

“Por qué nosotros como víctimas tenemos que estar haciendo su trabajo?, y sin embargo lo vamos a seguir haciendo porque queremos justicia para nuestras hijas; para nosotros hubiera sido muy fácil a unos días, cuando nos citaron en el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEVI) y querían darnos un primer cheque como reparación material del daño; hubiera sido muy fácil extender la mano y quedarnos callados y calladas, pero no lo hicimos y no lo vamos a hacer porque no vamos a permitir que este feminicida como muchos otros siga tranquilamente, impunemente caminando por nuestras calles”.

Además aseguró que con esto las autoridades insisten en enviar un mensaje de muerte a la sociedad al proteger a feminicidas y asesinos, al no investigar, ni castigar y mucho menos sentenciar. “Quienes estamos aquí decimos que no queremos su mensaje de muerte, que el mensaje que venimos a dar es un mensaje de vida; de recuperar la vida de las mujeres, el derecho de transitar libremente y sin violencia, sin miedo y sin agresión. A tres meses le seguimos apostando a la vida, le seguimos apostando a la dignidad, le seguimos apostando a la justicia, y vamos a abonar para ello”.

“Quisieron presentar a Lesvy por medio del dicho del feminicida, quisieron conocerla de esa manera, porque así les convenía. Y ahora las autoridades están sorprendidas, y se van a sorprender más. A tres meses y lo que falta, vamos a seguir dando a conocer quien era Lesvy, porque ellos no la conocían y porque resulta que falta el rostro de mi hija, pero está el de todos y todas ustedes. Lesvy no esta muerta, Lesvy somos todas, Lesvy somos todos, ¡Ni un feminicidio más!, no lo vamos a permitir, no les vamos a dar una vida más y si ellos quieren tomarla, si quieren arrebatarla, van por el camino correcto, con sus omisiones, con su complicidad”, concluyó Araceli Osorio, con una voz fuerte y entrecortada, pero con la decisión de levantarla más fuerte si es necesario, con tal de hacerse escuchar, para lograr terminar con ese silencio cómplice y omiso que ha inundado a las autoridades universitarias y de procuración de justicia de la ciudad y del país.

Agreden e intentan asaltar a papá de joven desaparecida en Tecámac

Tecámac, Estado de México, 08 de agosto de 2017

Esta noche al volver de su trabajo, el señor Bernardo Yáñez, padre de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, desaparecida desde septiembre de 2014 en la colonia Los Héroes Tecámac, fue agredido por un individuo que intentó robarle su medio de transporte (una motocicleta), y que además ubica como vecino de la colonia; el sujeto estaba bajo el influjo de las drogas y completamente desnudo. Al solicitar apoyo a las autoridades, estas les dijeron que primero deberán salvaguardar los derechos del asaltante, debido a que padece de esquizofrenia, de acuerdo a la madre del mismo.

Cuando llegó de su trabajo el señor Bernardo Yáñez, intentó abrir las puertas de la privada donde vive junto con su esposa en la colonia Los Héroes Tecámac, cuando un individuo que ubican como vecino y que solamente saben que se llama Luis Enrique, se acercó y violentamente intentó robarle su motocicleta, pero debido a que estaba bajo el influjo de las drogas y completamente desnudo, así como a una alarma que los vecinos pudieron instalar con sus propios medios, el señor Yáñez logró impedir que el agresor lograra su cometido. Aseguran los vecinos que en otras ocasiones el mismo individuo ha actuado de la misma forma agresiva.

Al solicitar el apoyo de la policía municipal y después de que se tardaron en llegar, los elementos de seguridad le aseguraron que la denuncia no procedería porque el individuo se encontraba bajo el influjo de las drogas y que debían esperar a que pasaran los efectos de la misma para poder detenerlo; minutos después llegó la madre del sujeto diciendo que padecía de esquizofrenia y que era inofensivo, cosa que los policías aprovecharon para transferir el caso a una unidad especializada, misma a la que solicitaron apoyo.

Llegada la unidad especializada, y debido a la versión de la madre del agresor, sobre su estado de salud; los oficiales les comentaron que debían primero salvaguardar la integridad y los derechos de Luis Enrique y proveerle de sus medicamentos para después proceder en su contra; que se lo llevarían, pero hasta dentro de dos días le darían seguimiento al caso.

La señora Guadalupe Reyes, esposa de Bernardo, explicó en entrevista para Somoselmedio.org, que están por levantar una demanda por intento de robo y agresiones, ya que les preocupa su seguridad debido a que el sujeto no es la primera vez que agrede a algún vecino, además que ya los ubica y temen por alguna represalia.

“El tipo es un drogadicto declarado enfermo mental que es un peligro para él y para quienes lo rodean, por desgracia los protocolos de actuación de ayuda para este tipo de casos es nulo, por ello presentaremos una denuncia en contra de este sujeto, su tutor y contra quien resulte responsable por la ausencia de su medicamento, y porque tiene que ser remitido a un hospital psiquiátrico para su tratamiento. ¡Bernardo esta bien!”, asegura David Mancera, presidente de Solidaridad Por Las Familias, quien ha apoyado a la familia de Mariana desde su desaparición y hasta hoy en día.

Mariana Elizabeth Yáñez Reyes desapareció a los 18 años, el 17 de septiembre de 2014 alrededor de las nueve de la noche, cuando salió a la papelería por unas copias que entregaría en la escuela para una beca; hacía unas semanas que había ingresado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) a la licenciatura de Automatización y Control en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Durante la búsqueda de Mariana, gente desconocida ha intentado extorsionar sus padres.