Cientos de personas se dieron cita para exigir justicia

















Cientos de personas se dieron cita para exigir justicia
Ciudad de México, 17 de mayo de 2017
Mediante un comunicado que circularon vía redes sociales, la banda mexicana de rock Molotov, aseguró haber sido víctima de la delincuencia y el crímen organizado al ser asaltado el camión de carga que transportaba sus instrumentos, consolas y equipo de trabajo mientras se trasladaba por el Estado de México.
Los hechos ocurrieron mientras el transporte de carga transitaba por el municipio de Ixtlahuaca, el que fue interceptado por un convoy compuesto por un grupo de hombres que portaban armas largas y con lujo de violencia golpearon brutalmente tanto al conductor del vehículo así como a tres de sus compañeros de trabajo.
Todo el equipo propiedad de la banda fue robada, bajos, guitarras, batería, consolas de audio amplificadores y demás, de igual forma dejaron a los trabajadores transportistas abandonados en la carretera.
Debido al robo perpetrado, los integrantes de Molotov se vieron obligados a reprogramar la presentación que tenían pactada esta noche en La Feria de Morelia, Michoacán para el próximo lunes 22 de mayo, en el mismo recinto recinto donde ya se presentaron Panteón Rococo, Los Cadetes de Linares y El Gran Silencio, entre otros.
Asmismo publicaron una lista y algunas fotografías de equipo robado, solicitando apoyo para cualquier información que se les pudiera proporcionar:
Ciudad de México, 17 de mayo de 2017
Esta semana se estrenó en la cartelera teatral de la Ciudad de México “Cómo aprendí a manejar” (How I learned to drive), escrita por la dramaturga estadounidense Paula Vogel, ganadora del Premio Pullitzer de Drama en 1998 por esta obra que aborda el abuso sexual. Para la puesta en escena se llevó a cabo un laboratorio escenico entre los miembros de la Compañía Conejo con Prisa, un grupo de actrices y actores quienes participan como codirectores.
La traducción de la obra la realizó el dramaturgo, actor y director regiomontano Otto Minera. La Compañía Conejo con Prisa está conformada por Monserrat Cattaneo, Fernanda Echeverría, Sofía Espinosa, Armando Espitia y Belén Aguilar; quienes en una especie de coro evocan sus propias experiencias y entre todas le dan voz a Cosita, la protagonista de la historia, y a su familia. “La obra plantea la historia de una mujer de 30 años que recuerda cómo su tío le enseñó a manejar a los 11 años y abusó de ella. Es interesante porque habla también de la seducción y de la forma en la que las marcas del pasado pesan”, comentó en entrevista la actriz Sofía Espinosa, integrante de la agrupación.
“La voz del personaje principal de esta obra no cuenta una historia aislada, por desgracia, es la voz de la mayoría”, asegura el colectivo desde el programa de mano. “Quisimos darle vigencia a este tema y que la gente comprenda que, somos víctimas como victimarios”, dijo a Carteleradeteatro.mx Monserrat Cattaneo, también integrante del colectivo; al tiempo que aclaró que el montaje está inspirado “en que nosotros somos parte de las estadísticas del abuso sexual en México, hemos visto que tanto la compañía, como la gente que colabora, amigos y familiares hemos sufrido de pequeños abusos”.
Uno de los aciertos en la puesta en escena es el diseño de iluminación y sonorización a cargo del Colectivo Luz y Fuerza, formado por un grupo de jóvenes creativos que generalmente se desarrollan de forma analógica, hacen varias cosas a mano y que de manera casera trabajan con la luz y las imágenes, mismas que representan una parte importante al momento de contar la historia y evocar las emociones, así como la estetica de la obra.
El texto de Vogel sufrió un par de modifiaciones, una de ellas es que la historia no se desarrolla en la década de los sesenta del siglo pasado, sino que es atemporal, pues es un tema pertinente, actual y que requiere ser abordado de manera frontal. “No buscamos que sea una obra moralista, sino que la gente reflexione sobre esta problemática y se atrevan a contarlo y no se quede como un secreto”, comentó Cattaneo; a su vez Sofía Espinosa expresó: “Como artistas tenemos una responsabilidad y necesitamos hablar de lo que nos sucede. Finalmente, el teatro habla de la condición humana y se trata de tener algo que decir”.
Cómo aprendí a manejar ofrecerá una corta temporada todos los lunes y martes del 15 de mayo al 4 de julio de 2017, a las 20:00 Hrs., en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque (Paseo de la Reforma esquina Campo Marte s/n, Col. Chapultepec Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX); duración aproximada de 80 minutos, iniciada la función no se permite la entrada, localidades en 80 pesos en taquilla.
Texto y fotografías de Mario Marlo
Enclavado en la montaña alta de Guerrero se encuentra, Cochoapa el Grande, municipio de Guerrero considerado por el Coneval como el más pobre de México. Sus habitantes, indígenas na´savi, enfrentan todos los días el rezago social más grande de todo el país.
Hasta principios del 2016, Cochoapa el Grande no contaba con agua potable, apenas tenía una escuela multigrado y sus más de 18 mil habitantes no cuentan con un hospital por lo que los enfermos tienen que ser trasladados a la ciudad de Tlapa de Comonford, 85 kilómetros de una carretera inservible que han causado que muchas de las personas mueran en el trayecto.
Cada año en temporada de lluvias la carretera sufre severos daños lo que las hace intransitables. Son los mismos habitantes de Cochoapa y los otros pueblos quienes con palas y picos se encargan de reparar las carreteras durante días. Mujeres, hombres y niños colaboran en las faenas desde muy temprana hora para evitar quedar incomunicados ante la ausencia de las autoridades municipales y estatales.
Ante esta situación, un grupo de mujeres se ha organizado para poder hacer frente a la pobreza que viven sus familias. Recobrando la tradición de la elaboración del huipil, las mujeres Flor de Algodón, encontraron una alternativa para contribuir a la economía familiar.
Por años el huipil de estas mujeres, ha sido su fuerza e identidad, una prenda que habla y tiene memoria. Piezas que pueden tardarse hasta un año para su elaboración, son realizadas desde el cultivo del algodón hasta la creación de cada uno de sus dibujos, tramados que han sido heredados por generación en generación de tejedoras.
Cada huipil que las mujeres usan en esta comunidad, fue elaborado por ellas, algunos fueron creados desde hace 20 años por lo que ellas portan estas prendas con orgullo y las consideran parte de su identidad. “El huipil de mi mamá tiene 18 años, ella lo valora mucho ya que es como si fuera su piel ya que la representa todo lo que ella ha vivido como mujer na´savi”.
A pesar de que en un inició muchos de los esposos de las tejedoras se oponían a que estas asistieran al colectivo, las mujeres no han abandonado el proyecto y siguen organizándose. Eulogia Flores Vázquez, mujer Na´savi, quien ha tenido un papel importante para que este proyecto se consolide, explicó para Somoselmedio.org que en ocasiones el marido de alguna de las mujeres se ha enterado de que sus huipiles son vendidos por lo que le exige que el dinero ganado le sea entregado.
Como en muchos de las comunidades de guerrero, el machismo es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres diariamente por lo que crear este colectivo les ha sido muy difícil. “Para nosotras es muy importante el huipil, cuando nos reunimos para tejer compartimos nuestros problemas, nos reímos, nos acompañamos y al mismo tiempo generamos recursos para comer”, explicó Eulo, como le gusta que le llamen.
Este colectivo que fue formado en 2014, ha logrado empoderar a estas mujeres en una de las zonas más pobres y desiguales, ellas, han convertido maderas y palos que recogen de la montaña, en herramientas que les han dado valor y fuerza para seguir creando sus huipiles. Un acto de rebeldía por parte de las mujeres para combatir la pobreza y la discriminación.
“Nos reunimos para trabajar juntas, por eso siempre nos ven juntas, porque entre todas nos ayudamos. A las niñas les enseñamos a usar el telar porque no queremos perder nuestra identidad. Día con día nosotras no solo rescatamos nuestra tradición, también nos rescatamos a nosotras mismas”, finalizó.
Ciudad de México, 03 de mayo de 2017
Esta columna desea preguntarse sobre la evolución institucional de los derechos humanos a partir de la Constitución de la Ciudad de México. A mi parecer, la relevancia está en que el peso institucional que están ganando los derechos implica que en su conjunto sus instituciones deben tener una adecuada articulación de sus funciones, de manera que exista la posibilidad de realizar actividades distintas, pero socialmente complementarias. Analizar y comprender esto será particularmente relevante para la legislación secundaria que con base en la Constitución se establecerá para estas instituciones.
1. Al momento actual, para expresarlo de manera esquemática, tenemos autoridades “de” derechos humanos y autoridades “con obligaciones” de derechos humanos. En general todas las instituciones tienen obligaciones de derechos humanos, sin embargo, dentro de ellas existen autoridades que son de derechos humanos derivado de que tienen procedimientos específicos de la materia para garantizar todos los derechos. Por ejemplo, un juzgado penal o un ministerio público, aunque tienen obligaciones en materia de derechos humanos, no son instituciones de derechos humanos. Su enfoque esencial es punitivo, no reparador como en los derechos humanos; por ello esas dos autoridades están centradas en actuar respecto la persona que dañó (victimaria) y no de la persona dañada (víctima). En cambio, una institución de derechos humanos debe centrar su actividad en la víctima. A esto habría que reiterar que no toda violación de derechos humanos es delito, ni todo delito es violación de derechos humanos; también que existen casos en que, aún coincidiendo que una violación de derechos humanos sea delito o viceversa, puede ser posible que penalmente no se logre sancionar a la persona que cometió el acto dañoso en un procedimiento penal, pero sí podría ser posible que la víctima acceda a reparación del daño (con medidas de a. restitución, b. indemnización o compensación, c. rehabilitación, d. satisfacción, y e. garantías de no repetición) mediante un procedimiento de derechos humanos.
En conclusión, todas las autoridades, como las penales, aunque no sean autoridades de derechos humanos, tienen obligaciones de derechos humanos. Esta distinción es importante porque nos permite situar un primer punto para observar lo que desde los derechos humanos sería el diseño constitucional de la Ciudad de México. Así, podría decirse que el conjunto universal es que todas las autoridades tienen obligaciones de derechos humanos y que dentro de éstas existen autoridades de derechos humanos, de las cuales desde el poder judicial se sumarían los Juzgados tutelares y la Sala Constitucional a la CDHDF. Para fines esquemáticos podríamos establecer una gráfica como la siguiente.
2. Este esquema básico se enriquece si se atiende a la identificación de otras instituciones que deberían ser consideradas como autoridades de derechos humanos, aunque en la Constitución de la Ciudad de México no necesariamente les dieron ese perfil (lo cual puede ser corregido). Estas instituciones son:
a) La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que fue considerada como una autoridad del sistema de justicia penal (artículo 45, apartado A, numeral 2), antes que como una autoridad de derechos humanos, por lo que se le enfocó más a la atención de víctimas de delitos que de víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto, reiterémoslo, fue erróneo porque las comisiones ejecutivas de atención a víctimas tienen como fundamento originario a las víctimas de violaciones de derechos humanos, de acuerdo al artículo primero de la Constitución Federal y a la Ley General de Víctimas.
b) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDm), al cual en la Constitución se le puede reconocer una función específica de los derechos humanos cuando se le asigna, como tarea fundamental de la progresividad de los derechos humanos, el “elaborar el sistema de indicadores” del proceso de planeación “para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos” (véanse artículos 5, A, 2; 15, A, 3; y 15, D, 5, III).
c) El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (CnEv), que por sus funciones de evaluación de la Planeación en la Ciudad de México y de las “políticas, programas y acciones que implementen” las autoridades (artículos 5; 15, A, 3; y 15, A, 7), también tendrá un papel fundamental para la progresividad de los derechos humanos. La importancia de esta institución es visible por su vínculo con el IPDm aunque no se le indique explícitamente su relación con los derechos humanos.
En la medida en que se logre que estas tres instituciones asuman plenamente su función en materia de derechos humanos, se tendría una situación como la mostrada en la siguiente gráfica:
3. Aunque es posible considerar a algunas otras autoridades como “de derechos humanos” (como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual no tuvo reconocimiento constitucional), en general, en este esquema las demás autoridades pueden considerarse como autoridades con obligaciones de derechos humanos.
Esto es así porque, aunque todas las autoridades se relacionan en alguna medida con uno o más derechos y deben actuar a fin de garantizarlos en su ámbito de competencia, no todas las autoridades tienen como principio obligaciones equivalentes respecto de todos los derechos, como sí sucede con las autoridades “de derechos humanos” que deben actuar a fin de garantizar todos.
Así, la CDHDF debe investigar todas las violaciones de derechos humanos (salvo por las restricciones constitucionales que se le han impuesto a nivel federal), los Juzgados tutelares y la Sala Constitucional deberán ver en su momento por cualquier derecho humano que se les someta a su conocimiento, la CEAV debe buscar por la reparación del daño de todos los derechos que hayan sido violados; y, de igual forma, la planeación de la Ciudad de México (IPDm) y su evaluación (CnEv) debe buscar la progresividad de todos los derechos.
Estas instituciones, en la medida en que su objetivo es la realización de todos los derechos humanos, o bien, la reacción frente a la violación de cualquiera de ellos, conforman mecanismos de garantía, esto es, un núcleo duro de instituciones encargadas de que las demás cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
4. El Sistema Integral de Derechos Humanos que se ha creado en la Constitución de la Ciudad de México (artículo 5, apartado A, numeral 6) aún debe ubicarse en este esquema. Este sistema está conformado por autoridades y sociedad civil, estará articulado al sistema de planeación de la ciudad y tendrá a su cargo el Programa de Derechos Humanos. El sistema es una forma de articulación de las autoridades de la ciudad que busca aproximarlas al núcleo de instituciones de derechos humanos, pero sin por ello perder su naturaleza ejecutora dentro del ámbito su respectiva competencia, lo cual les mantiene dentro de la clasificación de autoridades “con obligaciones” de derechos humanos.
Tras estas consideraciones, el gráfico quedaría en los siguientes términos:
De esta forma, en realidad se tiene un sistema de autoridades de derechos humanos y otro (el Sistema Integral) conformado por el conjunto de autoridades que en su ámbito competencial deben resguardar particularmente derechos específicos, como sería el derecho a la salud por la Secretaría de salud o el derecho a la educación por la Secretaría de educación.
5. Finalmente, una última distinción que permitirá comprender la estructuración del conjunto total de autoridades (tanto “de” como “con obligaciones” de derechos humanos) es distinguir si éstas por sus facultades tienen un carácter reactivo o proactivo. Así, cuando se trata de una respuesta ante violaciones de derechos humanos su participación es reactiva, mientras que cuando se trata de actuar para la realización de los derechos su participación es proactiva.
En una primera esquematización de esto se pondría en el espacio reactivo a autoridades de derechos humanos como la CDHDF, la CEAV y los Juzgados Tutelares, puesto que las facultades constitucionales de la CDHDF es investigar violaciones de derechos humanos, las de la CEAV coadyuvar a la reparación del daño por dichas violaciones, y las de los Juzgados Tutelares conocer de violaciones de derechos que les pongan en conocimiento las víctimas. Asimismo, se puede ubicar en el mismo espacio a autoridades con obligaciones de derechos humanos como el nuevo Instituto de la Defensoría Pública (InDef), el Ministerio Público o los diferentes Tribunales de la Ciudad (Tribs), ya que en sus materias respectivas podría haber violaciones de derechos humanos de las cuales conocerían.
De forma semejante, en el espacio proactivo se encontrarían autoridades con obligaciones de derechos humanos que deben realizar acciones para la realización de los derechos, como en general son las secretarías del gobierno de la Ciudad de México o las alcaldías; o bien, autoridades de derechos humanos, como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y el Consejo de Evaluación (atendiendo a las consideraciones arriba señaladas).
Por otro lado, también habría que considerar que algunas autoridades pueden tener ambos tipos de atribuciones (reactivas y proactivas) como sucede con el espacio abierto por el Sistema Integral de Derechos Humanos, aunque en general estaría del lado proactivo; o bien, como tiene la CDHDF respecto de sus facultades de promoción.
Un esquema resultante sería como el siguiente.
Como puede observarse, esta Constitución no sólo creó el denominado Sistema Integral de Derechos Humanos (conformado fundamentalmente por autoridades con obligaciones de derechos humanos), sino que también crea otro sistema, el cual no tiene una denominación específica, pero que corresponde al integrado por las autoridades de derechos humanos; cuya función es actuar (proactiva o reactivamente) como garantes de que las demás autoridades asuman plenamente sus obligaciones en esta materia. Estos dos sistemas son el resultado más importante en materia de derechos humanos puesto que sin mecanismos institucionales para exigir y realizar los derechos, no tiene sentido solamente establecerlos en un papel.
Adicionalmente podría señalarse que un mejor modelo de Ombudsman implicaría que la CDHDF (próximamente CDHCM) tuviera un papel proactivo apropiado, con facultades suficientes de supervisión (como se establece el modelo de ombudsman de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad), de modo que se equilibrara su lugar y ocupara plenamente un lugar central en el esquema. Mientras tanto, es necesario fortalecer las articulaciones entre el sistema de las autoridades de derechos humanos y el de las autoridades con obligaciones de derechos humanos.
6. La Constitución de la Ciudad de México fue diseñada con una imposición de representación política del 40% de los diputados, tuvo problemas respecto del derecho a la participación porque no se observaron los mecanismos establecidos institucionalmente para ello, tiene algunas restricciones indebidas a derechos humanos y también problemas relevantes de diseño en cuanto a la articulación de sus instituciones, sin embargo, sin duda ha establecido un parámetro de actuación para sus autoridades que a la fecha representa un avance no sólo para la propia Ciudad sino para el país. Por ello, aun cuando se reconozcan sus problemas de origen, es necesario que lo logrado sea respetado por las autoridades federales (Presidencia, Procuraduría General de la República, Senado de la República o CNDH, quienes están impugnando la Constitución incluso con fines restrictivos de derechos).
Así, por ejemplo, habría que señalar que la CNDH comete un acto inadmisible para el derecho a la reparación del daño cuando ataca el juicio de restitución obligatoria que, de acuerdo con la Constitución de la ciudad, debe interponer la CDHDF si sus recomendaciones fueron aceptadas pero no cumplidas. La acción de inconstitucionalidad de la CNDH en contra de este juicio no puede entenderse sino como un acto contrario a la realización de los derechos humanos.
7. Contrario a este tipo de pretensiones externas al proceso constituyente de la Ciudad de México realizadas desde la federación, en la ciudad necesitamos una adecuada articulación entre las autoridades a fin de que los dos sistemas de derechos humanos queden adecuadamente relacionados, tanto respecto de las funciones reactivas frente a las violaciones de derechos humanos, como respecto de las proactivas para su realización. Los esfuerzos futuros requieren reconocer la importancia de este nivel institucional si en verdad se quiere materializar los derechos humanos.
Ciudad de México, 28 de abril de 2017
El pasado martes 25 de abril, personal del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México negaron el acceso a sus instalaciones a la artista drag queen Mikonika Q, ella denunció por redes sociales que se debió a su apariencia física y la vestimenta que portaba; por ese motivo al siguiente día realizó afuera del museo el performance “Dragcidio” como protesta ante la discriminación sufrida por quienes puntualizan desde su misión y objetivos la importancia de difundir la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos, y asimismo enfatizan el peligro de la indiferencia y la discriminación.
Mikonika Q es parte del colectivo “Dragas en la Calle”, ella busca difundiré exposiciones de museos para que el público en general “se acerque a esa cultura que a veces sentimos que no nos pertenece”, comentó que subió a sus redes sociales para expresar su postura al respecto, y prosigue: “Dragas en la calle parte de esa idea, de que yo con la apariencia que tengo sea de payaso o no, es un atuendo que me permite entrar a una institución para tener el conocimiento de ese lugar, sin fijarme si uso maquillaje, vestido o falta o si soy un payaso.”
Anteriormente ya había ingresado vestida de drag a otros museos para realizar los reportajes para su canal de YouTube sobre diversas exposiciones, como es el caso del Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Soumaya, el Museo del Estanquillo, o el Centro Cultural España. “He entrado a otros museos maquillada, enseñando pierna, totalmente cubierta del rostro, etcétera, y nunca me habían puesto un pero para poder entrar. Es la primera vez que me pasa; ellos argumentaron que no son igual a los demás museos”, comenta en entrevista para Somoselmedio.org.
En el museo Memoria y Tolerancia pretendía visitar la exposición temporal “Feminicidios en México, ¡Ya Basta!” que se presenta desde el mes enero y hasta mayo del presente año, como un recorrido por la dolorosa realidad del feminicidio en nuestro país; sin embargo personal de seguridad la vigilaba mientras se maquillaba en una de las bancas de la entrada. Cuando se dirigía a ingresar al museo la interceptó uno de los guardias y le dijo “así no puedes pasar”, al solicitar las razones, solo le repitieron que “de esa forma no podía ingresar al museo”.
De acuerdo a sus declaraciones, Mikonika Q respetó la decisión de los guardas de seguridad, y se dirigió a la salida de la Avenida Juárez, ahí se encontró a un representante de Comunicación de la exposición del museo, quien al cuestionarle la decisión de los oficiales de seguridad, le confirmó lo que le habían planteado. Algo que llamó sumamente su atención fue que esta persona la invitó a unos coloquios que, próximamente presentarían en el museo sobre diversidad y nuevas masculinidades donde podría hablar sobre su personaje. “¿O sea, que de esa forma si voy a tener el privilegio de entrar al museo vestida y maquillada?”, se pregunta.
“Yo revisé la página de internet del museo y no decía nada del código de vestimenta, me sorprendió porque hay una parte de la página donde habla sobre el cuerpo, sobre la decisión de cómo portes tu propio cuerpo; pero hasta un día después me enteré que sí existe tal cosa. El museo pide que vengas en con una vestimenta solemne, de luto o respeto, por los temas que abordan. ¡Es la primera vez que veo eso!”, asegura.
Es por eso que realizó el performance “Dragcidio” afuera del museo, como una acción de protesta por la discriminación de la que fue víctima. “Fue una intervención simbólica, quise plasmar el cómo me hizo sentir esa situación”, explica. “Quise referenciarlo con los feminicidios, es como matarme por mi vestimenta, es como decirle a una mujer que no use falda o que no use escotes para que no la maten. ¡Me están negando el derecho a la cultura y eso no se le puede negar a nadie!”, asegura.
“Me parece muy triste, yo no me venía a burlar del museo ni de las exposiciones, venía a difundir la idea de tolerancia y de respeto, y es triste que por mi apariencia no pueda entrar. Yo venía con todo el respeto y mi apariencia creo que es lo de menos. En mi familia hemos tenido casos de feminicidios, y obviamente no lo tomo como una cuestión de burla, ni de escenografía para unas fotos, era una cuestión de información, para difundir el problema que a todo mundo nos está afectando”, comenta.
El personaje de Mikonika Q parte de romper estereotipos, de poder acceder a la cultura sin importar la apariencia. De acuerdo a su página de internet, el museo no discrimina ni por preferencia sexual, ni por idioma, ni por cómo se maneje el cuerpo. Además que puntualizan que “la discriminación es la raíz de la intolerancia, implica un trato desigual e injusto que niega los derechos humanos de las personas. Consiste en marginar a un individuo o a un grupo por causa de su género, raza, religión, clase social, ideas políticas o preferencias sexuales, entre otras. Arrasa con los derechos fundamentales, niega oportunidades, trata con desigualdad e injusticia”. Y rematan: “la discriminación deriva de un acto de rechazo.”
Desde un comunicado el museo negó haber incurrido en discriminación a la artista, señalando que no se le permitió la entrada, pues no contaba con un boleto de entrada y que pretendía realizar una sesión de fotos en sus instalaciones. A esto Mikonika aseguró que en efecto, no tenía un boleto de ingreso pues “ni siquiera me permitieron poner un pie en el museo”, además de que su intención sí era tomar video para difusión, pero que en ese momento la cámara la llevaba su acompañante en la mochila y que no se habían hablado de ninguna sesión de fotos. “Respeto los lineamientos del museo, y sí necesito una explicación, porque la actitud que tuvieron fue hacia mi vestimenta”
Por su parte, activistas y organizaciones civiles en defensa de derechos humanos han convocado en redes a una nueva acción de protesta que nombraron “Ven y tómate la foto”, para el próximo domingo 30 de abril, a las 15:30 Hrs., solicitando un código de vestimenta “con labios pintados o falda o tacones o pestañas postizas; cualquier manifestación lúdica en contra del ‘código de vestimenta’ impuesto por dicho museo.”
CDMX, 9 de abril 2017
Vecinos de varias colonias de la delegación Benito Juárez se dieron cita este sábado para clausurar simbólicamente varios inmuebles o torres de departamentos que ya se han construido o están en proceso. Dichas torres contribuyen con un aporte significativo a los 67 nuevos pisos, que dicen los manifestantes, hoy se están construyendo en la demarcación. El grupo –nutrido considerando que lo conformaban personas de una sola demarcación- comenzó clausurando la Torre Mítikah ubicada en Real de Mayorazgo #130 en la colonia Xoco, posteriormente lo hizo con la City Tower Park en Av. México Coyoacán, y por último con dos torres ubicadas en la calle de Popocateptl a la altura del número 500.
Los manifestantes mencionaron diversas problemáticas que han padecido por la construcción de dichas torres, destacando el problema con el abasto de agua. Algunos especificaron que “a partir del inicio de las construcciones, comenzó a disminuir el agua y que, en algún momento han tenido que hacer modificaciones a sus tomas y tanques de almacenamiento, debido a que el agua disponible la consumen los edificios a los que no les es suficiente porque también dependen de pipas para el abasto”.
Y en efecto, durante el mitin salían pipas de los inmuebles, y es que en algunas de esas torres hay albercas, gimnasios y otros “atractivos” por lo que los departamentos cuestan entre 4 millones quinientos mil, hasta y trece millones de pesos según los manifestantes.
Las demandas que expresó el grupo para esta marcha son: Hacer prevalecer el derecho humano de acceso al agua; detener la degradación del paisaje en la demarcación; derecho a que los habitantes sean tomados en cuenta en las decisiones de planeación urbana y la construcción de una ciudad para todos; detener la especulación inmobiliaria, ya que perjudica a la economía los habitantes de la delegación, y frenar la sobreexplotación del manto freático que favorece a las mega construcciones.
La movilización continuó hasta las oficinas de la delegación Benito Juárez, donde se mencionó que el día 27 habrá una audiencia entre vecinos y delegado, y al lugar arribaron también vecinos afectados de la delegación Venustiano Carranza. En esa demarcación, dicen, la promotora Quiero Casa (de los hermanos Shabot Cherem), está construyendo vivienda con grandes impactos ambientales y en prejuicio de los vecinos.
En opinión de diversos especialistas en temas urbanos, la Ciudad de México padece desde hace poco más de 10 años un urbanismo neoliberal que está segregando a amplios sectores de bajos ingresos, que incurre en prácticas como la privatización el espacio público, y sólo busca ganancias a través de la especulación con el suelo urbano a costa del bienestar del amplios sectores. En ese contexto, son muy importantes las expresiones como la del día de hoy, acompañadas de otras acciones puntales en oficinas específicas como las que también se anunciaron para el resto del mes.
La organización que encabezó la marcha fue Movimiento de Unidad y Encuentro de Vecinos en Defensa de Benito Juárez (MUEVEBJ).
Por Cuauhtémoc Rueda Luna / @cuhtrl / @efecto_util
Ciudad de México 03 de abril de 2017
El Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) debería permitir al gobierno y a la sociedad conocer sobre la situación de los derechos en la Ciudad de México a fin de tomar las decisiones pertinentes para atenderla. Un verdadero ejercicio de rendición de cuentas de su función constitucional de investigar violaciones de derechos humanos y solicitar la reparación del daño implicaría conocer esa información como la base del Informe.
1. Actualmente el Informe Anual se presenta en cuatro extensos tomos, en ellos no se puede encontrar información sobre las violaciones de derechos humanos y su reparación del daño, relacionadas con el total de quejas que la CDHDF atendió. La institución se reduce a señalar el número de “quejas recibidas” y a analizar éstas. Este dato, que puede ser importante conocer, en realidad es secundario respecto de saber los resultados de sus investigaciones, puesto que las quejas recibidas sólo implican el inicio del procedimiento de investigación.
Esto es, existe una gran diferencia entre reportar la declaración con que da inicio un procedimiento de investigación e informar lo que resultó al final de éste, puesto que en muchas ocasiones el resultado final no concuerda con la apreciación inicial de las personas, y sólo una investigación tiene como resultado atribuir responsabilidades concretas.
Al conocer los resultados de sus investigaciones, se respondería al derecho de la ciudad a saber dónde, cuándo y cómo ocurren las violaciones de derechos humanos, así como qué autoridades tienen voluntad para reparar el daño. Con base en ello, las personas podrían saber en los periodos electorales qué autoridades realmente mantienen un compromiso de respetar los derechos humanos. Ocultar esta información puede favorecer a quienes la poseen y a quienes serían señalados, pero perjudica a la sociedad.
2. La CDHDF ha funcionado así históricamente, ya que desde sus inicios, cuando Luis de la Barreda Solórzano fue su primer Presidente en 1993, se comenzó la política de emitir recomendaciones de manera discrecional y selectiva, lo que tiene como consecuencia omitir la producción de la información que debería darse a la sociedad en el Informe Anual.
Esta política de discrecionalidad y selectividad proviene del modelo con que se originó la CNDH, puede rastrearse en los archivos de ambas instituciones, y fue explícitamente reconocida por Jorge Carpizo, primer Presidente de la CNDH, quien afirmaría que “existen casos en los cuales los proyectos de recomendación se guardan en el escritorio del Ombudsman por no considerarlas oportunas o correctas políticamente, y sólo se expiden si las circunstancias políticas se modifican y se estima que su publicación llevará un beneficio personal o ya es políticamente oportuno”, como documentó Fundar (Lachenal et al, 2009).
Así, la regla es que para la mayoría de las quejas no se emitirán recomendaciones (forzándolas a concluirse de maneras indebidas), y las pocas quejas que excepcionalmente sí tendrán como resultado una recomendación, se sujetarán a la discrecionalidad porque están sujetas al criterio o necesidad política de quien está al frente de estas instituciones. En la CDHDF podemos observar esta dinámica de pocas recomendaciones respecto de miles de expedientes en la siguiente gráfica.
Esta es la caja negra del ombudsman. Quien está al frente de CDHDF, mientras ésta funcione discrecional y selectivamente, tendrá en sus manos información sustantiva sobre violaciones de derechos humanos que puede ser políticamente sensible o rentable; queda en manos de quien dirija la institución informarla o no.
De esta manera, la única información que la CDHDF proporciona anualmente a la sociedad sobre violaciones de derechos humanos y reparación del daño, es la de las pocas recomendaciones que emite. El Informe Anual, que debería ser uno de los documentos más esperados para conocer la situación de derechos humanos, se transforma en un simple trámite en que a lo más se puede observar cómo es tratado políticamente el ombudsman u ombudsperson; esto es, sólo observar si tiene buenos acuerdos con los partidos políticos o no.
3. En el colmo, de entre las pocas recomendaciones que emite la CDHDF muchos de ellas responden a casos que llevan tantos años al interior de la institución que a veces prácticamente carece de sentido su emisión, por ejemplo porque la CDHDF llega tarde a pedir la reparación del daño, porque los problemas ya hasta carecen de sentido para las víctimas y no desean ya saber del tema o, en el mejor de los casos, incluso ya fueron resueltos por las autoridades años atrás.
Así, por ejemplo, la recomendación 02/2016 que reportó la CDHDF en este Informe Anual es dirigida a la PGJDF por “irracionalidad del plazo transcurrido en la integración y determinación de averiguaciones previas”, donde destaca que uno de los casos que allí se acumularon corresponde a una queja que la CDHDF tuvo desde el año 2009, cuando la víctima ya se quejaba de una dilación en la PGJDF de 2 años y 8 meses. Lo lamentablemente irrisorio de este caso es que tras más de 7 años en la Comisión, y casi 3 en la PGJDF, la CDHDF indicó en esta recomendación que aquél se trataba de un caso que ameritaba ser resuelto de manera pronta, y que señalaba que “una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación…”. En el caso, cuando la víctima acudió a la CDHDF el daño producido por la violación a sus derechos incluso podía ser restituido ya que se trataba de una cuestión procesal; sin embargo, con los años se volvió de imposible restitución.
De las pocas recomendaciones que emite la CDHDF, muchos casos terminan teniendo problemas para que el daño sea reparado por el tiempo transcurrido entre la violación y la emisión de la recomendación. Además de que en sí misma esta dilación sea violatoria de derechos humanos, sería necesario recordar que por sus características una investigación de violaciones de derechos humanos es en principio mucho más ágil que una investigación penal o una investigación de responsabilidad administrativa, por lo que no sólo es imposible justificar este tipo de dilaciones, sino que es más preocupante que en realidad derive del uso discrecional y selectivo (es decir, político) de las recomendaciones.
4. La ausencia de un dato fue particularmente relevante en este Informe Anual 2016. Desde enero de 2014, a casi tres meses de haber ingresado la actual administración, su titular (Perla Gómez Gallardo), indicó públicamente que se combatiría el “rezago” en la atención de quejas, con que encontró la institución. Por ello, le fue expuesto que el rezago tenía como causa fundamental y estructural que se hiciera un uso discrecional y selectivo de las recomendaciones, pues al sujetar la mayoría de los casos a la política de que no se emitirán las recomendaciones que ameritarían, se les destinaba a ser forzados a concluirse de maneras indebidas, o bien, a quedarse por años en la institución en medio de prácticas irregulares, lo que terminaba por convertirse en lo que llamaban rezago.
Debido a que no se quiso cambiar la política de discrecionalidad y selectividad en la emisión de recomendaciones, pero estaba hecho el compromiso público de combatir el rezago, se cambió también discrecionalmente la forma de medir el mismo en la institución para acoplarlo a sus objetivos. Así, cuando anteriormente se consideraba “rezago” a los casos que tenían más de 6 meses, ahora se consideran así a aquellos con más de dos años. Con base en esto, desde el año 2014, Perla Gómez ha sostenido que ha combatido el rezago, pese a que sus números no indican eso, sino lo contrario. Sin embargo, es necesario observar que más que rezago lo que acontece es un fenómeno de incremento de expedientes en trámite, dentro de los cuales se haya el denominado “rezago”.
Como podrá verse, se tienen datos de este incremento desde el año 2005, y a pesar de haber disminuciones en las quejas en trámite (años 2008, 2009 y 2011), éstas terminan por ser momentáneas, puesto que la tendencia al incremento se reanuda, incluso a pesar de que la CDHDF ha incrementado su personal a más del doble desde el año 2005 (tenía 64 visitadores a cargo de expedientes al comenzar el año 2006 y 143 al comenzar el año 2016), y no recibe sustantivamente más carga de trabajo (el promedio de quejas iniciadas entre 2005 y 2016 es de 8,282).
Como puede observarse, pese a la retórica oficial de la CDHDF, el fenómeno ha continuado, puesto que sin recibir sustantivamente más expedientes de quejas que respecto del promedio, y tener mucho más personal que en 2005, aún se mantiene arriba del número de quejas en trámite que recibió esta administración, pues al finalizar el año 2013 eran 6,236 y el 2016 terminó con 6,832 pese a una importante reducción en este último año, tras haber alcanzado el máximo nivel en 2015.
Más aún, aunque para el año 2016 se informó la mayor disminución en la historia de la CDHDF, ésta es problemática, pues los datos indican que es posible que también se estén forzando más que nunca las conclusiones de quejas, como se observa en la siguiente gráfica sobre las causales de conclusión (1).
El incremento de conclusiones adicionales respecto de años previos se dio de manera muy notable en las causales “sin elementos suficientes” y “solucionado durante el trámite”, lo cual significa que éstas fueron las que absorbieron la decisión de reducir al máximo los expedientes de queja en trámite.
Pudiera pensarse que el “solucionado durante el trámite” puede implicar una adecuada voluntad de las autoridades responsables de las violaciones para atender los casos; sin embargo, el contexto de urgencia de la CDHDF por mostrar buenos números (por el compromiso público adquirido y que este es un crucial por el posible relevo de su Presidencia), y el simultáneo crecimiento de la causal “sin elementos suficientes”, unido a la política general de no emitir recomendaciones (o bien, de emitir pocas de manera discrecional y selectiva), muestra con claridad que muchos expedientes están recibiendo una atención más deficitaria de la que de por sí se podía esperar como resultado de la política de no emitir recomendaciones.
5. La actual administración de la CDHDF anteriormente había optado por presionar a las y los visitadores adjuntos para concluir los casos a como diera lugar (lo que usualmente conocemos como carpetazos), incluso mediante amenazas de iniciar procedimientos de responsabilidades en su contra, para lo cual incluso pedía el apoyo del Consejo de la Comisión (https://goo.gl/BOHiWJ); por lo cual no es extraño que finalmente se logre el objetivo de generar este tipo de “disminución” del rezago.
Los problemas de afectación a los derechos laborales que se han generado al interior de la CDHDF como consecuencia de este tipo de actuación tampoco han tenido atención. Incluso, después de que el caso de la trabajadora Carolina Hernández (quien fue víctima de acoso laboral y de haber sido retenida al interior de la institución), obligara desde 2015 a Perla Gómez a comprometer con su personal un Protocolo de actuación interno para este tipo de casos, hasta la fecha no ha existido la voluntad de realizarlo.
Por otra parte, dadas las condiciones actuales, es previsible que no se produzca un protocolo de este tipo; entre otras razones porque si el personal visitador adjunto tuviera garantías jurídicas suficientes para oponerse a que se les presione para cerrar los casos de maneras irregulares (como está sucediendo), y a su vez pudiera presionar para emitir las recomendaciones correspondientes, la política selectiva y discrecional de la CDHDF se vería seriamente mermada. De existir estas garantías, si no se incrementaran las recomendaciones, entonces se incrementarían los expedientes en trámite (el famoso rezago). Para resolver el problema de fondo es necesario que las recomendaciones dejen de estar sujetas a la selectividad y discrecionalidad.
6. Sintéticamente, el Informe Anual 2016 omitió información sobre el rezago, sobre las violaciones de derechos humanos y su reparación del daño. Ambos silencios son resultado de un mismo fenómeno. Sin embargo, esto no deriva de fallas en la normatividad de la CDHDF sino fundamentalmente de que se ha sostenido voluntariamente y por quienes dirigen la CDHDF una política institucional que tiene como base ser esa caja negra de las violaciones de derechos humanos, una especie de nueva arcana imperii que debe eliminarse ya; pues de otra forma la institución no podrá funcionar apropiadamente para los derechos humanos. Esto es lo que la actual administración, pese a tener información suficiente al respecto, y desde el inicio de su periodo, no quiso realizar. Esto es lo que cualquier persona que desee dirigir la CDHDF deberá enfrentar.
7. Muchas organizaciones de derechos humanos se preocupan por que en la elección de la Presidencia de la CDHDF se elija un perfil acorde a lo que ellas consideran apropiado en sus agendas; sin embargo, esto tiene que cambiar. La elección de la Presidencia de la CDHDF que se dará este 2017 debe tener como uno de sus ejes cambiar esta forma de funcionamiento que se ha sostenido en lo estructural a través de décadas, no importa quién haya estado al frente de ella. Todas las víctimas de violaciones de derechos humanos necesitan que se investiguen sus casos y se les repare el daño, no sólo las que les parezcan de casos paradigmáticos.
Uno de los primeros indicadores de que la CDHDF se orienta por el camino apropiado será cuando sus informes anuales adquieran la importancia que hoy deberían tener.
@efecto_util
@Cuhtrl
(1) Es relevante señalar que las causales de conclusión no están en una relación de una causal de conclusión por cada expediente de queja, ya que cada causal se asocia a un derecho, con lo cual un expediente de queja puede tener varios derechos asociados presuntamente violados y por tanto concluirse con varias causales. La información, no obstante, muestra las tendencias institucionales.
CDMX 29/marzo/2017.- “Mi nombre es Mario Vergara y busco a mi hermano Tomás, secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 y hasta el día de hoy no lo encontramos, …mientras siga la corrupción y la impunidad, seguirá habiendo desaparecidos, pero aquí estamos los familiares que estamos siendo una amenaza para el gobiernos por desenterrar la verdad”, menciona uno de los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la presentación del documental Guerrero proyectado en la CinetecaNacional por el director Ludovic Bonleux.
Coni, es parte del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y activista social, ella menciona que “Guerrero, es un relato de tres personas; por un lado con en el proceso de la Policía Comunitaria, así como de un compañero en busca de su hermano desaparecido y otro compañero activista en la lucha magisterial en Tlapa, …el documental intenta explicar la situación cada vez más dramática en Guerrero, cada vez más insegura”.
Durante el la proyección, Juan, un joven activista maestro de Tlapa, menciona que ha sido criminalizado por el Gobierno y narra el proceso de resistencia que mantuvieron contra las elecciones del 7 de junio de 2015 “usando el boicot para resistir el control nocivo del Gobierno sobre su pueblo”.
Con aplausos y consignas en la sala, se muestra la resistencia, búsqueda y peligros que han atravesado los diferentes activistas sociales en Guerrero, donde se menciona que la muerte, la sangre, los crímenes y negligencia del Gobierno al encontrar los cuerpos de cientos de asesinados, son un terror constante; “Nosotros hemos madurado, no creemos en las falsas elecciones, hoy en día me interesa más encontrar a mi familiar que ir a votar”, menciona Mario.
Guerrero, muestra un reflejo de la realidad que se vive en dicho Estado a través de tres luchas y resistencias entrelazadas, donde han ofrecido sus vidas por la justicia; para heredar un mundo mejor a la próxima generación.
“Los crimines no se castigan en México, mientras siga la corrupción e impunidad seguirá habiendo desaparecidos ¡No los vamos a dejar de buscar!”
Ecatepec, Estado de México, 25 de marzo de 2017
En las aguas negras del Río de los Remedios en Ecatepec, donde en 2014 se realizó uno de los dragados para buscar restos humanos arrojados ahí por una banda de delincuentes comandada por el ex militar Erick San Juan; se realizó el performance político “Desde los hedores de la injusticia feminicida, ¡Resurgir!”, donde mujeres y hombres activistas de diferentes partes del Estado de México y de la Ciudad de México buscaron humanizar las historias de víctimas de feminicidio arrojadas a canales de aguas putrefactas como las que enmarcan este performance.
La Red Denuncia Feminicidios Estado de México y el Taller Itinerante Mujeres Arte y Política UACM Cuautepec, lanzaron junto con el Colectivo Invisibles Somos Visibles, una convocatoria vía redes sociales, para que participaran mujeres de la entidad interesadas en denunciar la inacción y la opacidad de las autoridades ante cada una de estas historias, la impunidad feminicida y la cancelación del acceso a la justicia para las mujeres del Estado de México.
Cada una de las participantes ataviadas con vestidos desgarrados, cuerpos pintados de negro simulando las putrefactas aguas y flores moradas en las manos como símbolo de lucha y esperanza, representaron el resurgimiento de mujeres arrebatadas del seno familiar, asesinadas y arrojadas a los canales de aguas negras, exigiendo justicia.
“Ofrecemos flores y más flores, para iluminar los caminos por los que sí queremos caminar, hacia una sociedad que no se acostumbre a la indolencia y a las omisiones de la aplicación de la justicia y los derechos de las mujeres”, expresa Dulce Vázquez, participante del colectivo Invisibles Somos Visibles en su pronunciamiento político.
En el acto participaron familiares de víctimas de feminicidio; como es el caso de María Eugenia Fuentes, madre de Diana Angélica Castañeda Fuentes de 14 años, desaparecida el 7 de septiembre de 2013 y que un año después de búsqueda por parte de su familia, las autoridades notificaron que los restos de Diana habían sido encontrados en un canal de aguas negras durante los dragados dictados por una juez en Zinacantepec durante la investigación a la banda de “El Mili”, Erick San Juan Palafox, quien era militar en activo y lidereaba una banda en su mayoría con menores de edad dedicada a la distribución de droga y al enganchamiento de adolescentes utilizadas para la distribución de la misma, que posteriormente eran abusadas sexualmente, asesinadas y arrojadas al canal de aguas negras del Río de los Remedios.
Diana Angélica fue brutalmente golpeada, encontraron su cuerpo desmembrado, lo habían tirado al canal por partes en el municipio de Tecamac, aún no hay detenidos por su asesinato. Su madre actualmente se dedica a dar pláticas en escuelas para concientizar a las jóvenes sobre los riesgos que corren.
También participó Lua Zamora Ceballos, hermana de Ruth Abigail, que cuando tenía 14 años, al regresar de la escuela, fue violada, asfixiada y asesinada con diecisiete puñaladas por la ex pareja sentimental de su madre en el municipio de Melchor Ocampo. Después de tres años, el asesino fue capturado, sin que a la fecha haya recibido sentencia por el crimen cometido, pues las autoridades la han ido aplazando sin motivo aparente y los familiares temen que pueda salir libre.
El Estado de México es el de mayor incidencia feminicida dentro del territorio nacional, tan solo en lo que va del presente año han ocurrido 60 asesinatos de mujeres por razones de género y durante el 2016 se suscitaron 263 feminicidios, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU); además que aseguraon que estos asesinatos van en aumento año con año, no obstante que desde hace 20 meses se declararon a 11 de los 125 municipios en emergencia feminicida.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México fue decretada el 28 de julio de 2015 para los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, sin embargo Manuel Amador, coordinador de la actividad, asegura que las acciones que en teoría, se han implementado no están funcionado para disminuir la violencia feminicida que existe en la entidad, agregando que “la muestra es que la violencia que existe cotidianamente no cesa y nos habla de dos realidades distintas, una a partir del discurso que genera el gobierno al decir que existe una AVG y la otra es que los feminicidios siguen en aumento.”
“Lo privado tiene un carácter publico y en la vida publica a las mujeres se nos ha dicho que ese no es nuestro espacio, tenemos que exigirle al Estado nuestro derecho de transitar por las calles de manera segura. El día de hoy en el Estado de México nos estamos volviendo un número más, no es que las mujeres seamos voulnerables, sino que hemos sido colocadas en esa situación”, menciona Laura Camacho, participante del performance.
A su vez, Juan Mauricio Cabañas y a quien acompañaron al performance sus dos pequeñas hijas, encarnanó a Beatriz Alondra Torres Ruiz, quien desapareció el 15 de enero de 2016 en la colonia Morelos, en Toluca misma que cinco días después apareció asesinada, abusada sexualmente y abandonada en un canal de aguas negras; comenta que es importante que los hombres también se sensibilicen sobre el impacto que tiene la violencia feminicida y alcen su voz “en contra del machismo, la impunidad, la opacidad y la corrupción con la que actúa el gobierno en este Estado ausente”, puntualizo.
“Exigimos a Eruviel Ávila Villegas, actual gobernador del Estado de México el esclarecimiento de tantas muertes de mujeres que han quedado en el olvido y la impunidad”, menciona Diana Julián, participante de Ecatepec.
“Insistir en generar acciones para seguir recordando a la ciudadanía y a los servidores públicos, que esta violencia sigue existiendo y que se sigue silenciando a partir del miedo, la impunidad y el machismo criminal, por ejemplo; tenemos que generar acciones que humanicen y que desde ese silencio surjan otra vez las historias que quedaron en la impunidad y en las aguas oscuras como los canales de aguas negras donde a muchas mujeres las asesinan y las arrojan fácilmente en estos espacios”, concluye Manuel Amador quien también es coordinador de la Red Denuncia Feminicidios Estado de México.