La organización Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC) presentó los resultados de su Diagnóstico Participativo hacia Una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas de Guanajuato el pasado 16 de junio. En él, se habló de las principales amenazas que las mujeres que ejercen el periodismo o son defensoras de los derechos humanos sufren en el estado y cómo la falta de acción gubernamental las pone en situaciones de aún mayor riesgo.

Por Ana Paula Carbonell / @AnaPauCarbonel1 / @ZonaDocs

Fotografías Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC)

Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC) es una organización no gubernamental que se dedica a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Tienen su propia agencia de noticias que busca que el trabajo de las mujeres periodistas sea reconocido, se lleve a cabo en contextos seguros y dignos. Sus dos principales objetivos son potencializar la participación de las mujeres en los medios junto con la erradicación de prácticas machistas dentro de estos espacios. También elaboran registros sobre casos de violencia, donde además de involucrarse con mujeres periodistas, se involucran con activistas y madres buscadoras.

Al final una periodista es también una defensora de los derechos humanos. Por eso nuestra agenda se junta con buscadoras y activistas, todas son mujeres que se ponen en situación de riesgo por velarlos, comenta Cirenia Celestino Ortega, Coordinadora de Estrategias de Comunicación y el Observatorio de Medios en CIMAC, en entrevista con ZonaDocs.

Como seguimiento de sus objetivos, en 2023 CIMAC organizó una investigación para la elaboración de un diagnóstico participativo para la creación de políticas públicas para proteger a las periodistas y defensoras, con enfoques en diversos estados: Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Oaxaca. La primera edición se enfocó en el diagnóstico y comprensión del contexto, la continuación de 2024 en los principales hallazgos y recomendaciones de acción.

Guanajuato, es uno de los estados más peligrosos para ser mujer, en el cual la tasa de feminicidio y de personas desaparecidas ha crecido exponencialmente en el último año, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). El principal hallazgo de este diagnóstico fue que los principales agresores hacia periodistas y defensoras de derechos humanos son los funcionarios públicos. Aquellos que están dentro de las mismas instituciones que deberían protegerlas.

Durante la presentación de los resultados participaron la periodista Verónica Espinoza, que forma parte de la Red Nacional de Periodistas y es corresponsal de Proceso, además de Edith Lendechy, madre que lleva buscando a su hija Bethzabeth Aguilar, desaparecida desde el 2020. Fueron sus experiencias las que formaron el diagnóstico creado por CIMAC.

Este es el primer diagnóstico de este tipo en Guanajuato, yo creo que ese es otro hallazgo importante. No se hizo desde la academia, sino desde las mismas mujeres y sus vivencias. Son sus necesidades e historias plasmadas en el diagnóstico, y lo que se utilizó para crear las recomendaciones, comenta Celestino.

Cirenia explica que la vulneración de derechos comienza desde lo más pequeño: la estigmatización de las mujeres dentro de los medios, la ridiculización, la comparación de sus cuerpos o apariencia física, el desprecio de sus habilidades o hallazgos, por ser mujeres. Si este tipo de actitudes machistas es permitida y hasta celebrada por los medios y quienes los regulan, es como dar un permiso a que se perpetúen actos de violencia más graves, afirma.

En el diagnóstico se especifica que son los funcionarios públicos en el caso de las periodistas, y el crímen organizado en el caso de las buscadoras y defensoras, los principales agresores. Son los que deberían protegerlas los que perpetúan actitudes machistas, hacen menos su situación y se rehúsan a proveer la ayuda necesaria para garantizar su protección en situaciones de vulnerabilidad.

Otro punto importante que se resalta es que las madres buscadoras no son identificadas como defensoras/activistas de derechos humanos ante la ley, a pesar de que es a lo que se dedican (haciendo lo que el Estado debería hacer). Esto significa que son aún más vulnerables cuando van a zonas de alto riesgo en búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos, además de que no tienen protección o ayuda cuando son amenazadas y obligadas a dejar de trabajar o cuidar a su familia.

Una preocupación más es que, a pesar de que en 2019 se instauró en Guanajuato el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este no incorpora la perspectiva de género, ni reconoce la discriminación y violencia que se ejerce desde sus oficinas. Esto deja a un lado a las mujeres que ejercen en el periodismo y necesitan políticas públicas y protocolos que reflejen las problemáticas específicas que atraviesan.

Las periodistas atraviesan tres aspectos que las ponen en riesgo: su profesión, el hecho de que son mujeres y el hecho de que la mayoría de las periodistas que acompañan a víctimas son mujeres. Ellas también van a zonas de riesgo a acompañar a buscadoras, también son amenazadas y viven en peligro por lo que hacen, resalta Cirenia.

La importancia de atacar estás problemáticas recae en las afectaciones físicas y mentales que acompañan a estas mujeres. Entre algunas de éstas se encuentran:  el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, la falta de ánimos y, por ende, mayor riesgo a enfermarse. Aunque, en el peor de los casos, puede significar la muerte.

CIMAC hace varias recomendaciones que se harán llegar a las autoridades para que exista el diálogo adecuado que lleve a la toma de acciones necesarias. Algunas de sus recomendaciones incluyen:

• Al Gobierno de Guanajuato: Reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos, erradicar y combatir los estereotipos de género hacia las defensoras, buscadoras y periodistas a través de campañas de sensibilización, información y concientización.
• Al Consejo Estatal de Protección: Actualizar y dar a conocer el Atlas de Riesgo, elaborar protocolos de desplazamiento seguros, capacitación al personal con perspectiva de género y crear unidades de reacción inmediata ante violencia de género.
• A la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV): dar la calidad de víctima a defensoras de derechos humanos y periodista del estado, coordinación efectiva entre el Consejo Estatal de Protección y la CEAIV para protocolos de seguridad.

Al final, se busca que este diagnóstico sea una herramienta para las mujeres defensoras de derechos humanos, con la finalidad de que las autoridades puedan utilizarla para la creación de políticas públicas que reflejen la realidad en la que viven. Puedes consultar el diagnóstico completo a detalle en la página de CIMAC, donde también lo puedes descargar.

Próximamente se harán las continuaciones de las ediciones de 2023 para el resto de los estados con los que ha estado trabajando la organización. Cada edición se enfoca en el contexto específico de cada entidad, sin embargo,  Cirenia precisa que hay varios patrones que se repiten en cuanto al nivel de violencia e impunidad que impera en estos territorios.  Puedes consultar cuándo serán las presentaciones de resultados en su página web o en su página de Facebook.