Fué en Septiembre de 2016 cuando la empresa Audi abrió sus puertas en el poblado de San José Chiapa, en el Estado de Puebla y desde ése entonces no habría existido huelga alguna hasta el pasado 24 de Enero de 2024, cuando los trabajadores organizados en el Sindicato Independiente de Audi en México decidieron llevar al paro de labores a la empresa, ante la negativa de la patronal de conceder las necesidades que se habían puesto en la mesa de negociación y que incluían el alza de sueldo de un 15.5% respecto a éste.
Ante ésta situación, las patronales y las cámaras de comercio han salido en defensa del capital extranjero, el cual sostienen que es una de las bases centrales para el desarrollo de la región y de las familias, planteando de igual manera que es a partir de la llegada de tal industria que se lograron encontrar puestos de trabajo, sin embargo tales opiniones terminan siendo ajenas a una serie de circunstancias que ponen en tela de juicio el planteamiento de la trasnacional alemana en tierras poblanas, entre las cuales se pueden destacar:
Y claro que en éste momento la falta de voluntad para negociar existente en la representación de la empresa alemana, la cual ha sido denunciada por los trabajadores termina siendo vital para el análisis del caso.
La suma de éstos factores termina postulando que el “desarrollo” de la región se ha establecido desde una serie de concesiones frente a la empresa que prometió sueldos dignos, mismos que trabajadores de la ensambladora se encuentran buscando aumentar y que no es el único caso a nivel mundial, pues en el mismo Estado, Volkswagen recientemente evitó el emplazamiento a huelga con el aumento del 8.1% del sueldo el pasado mes de Agosto, mientras que en los Estados Unidos, el Sindicato United Auto Worker (UAW) garantizó un aumento del 33% en el pago máximo a los trabajadores de su contrato durante la vigencia de su contrato, mientras que un aumento del 11% cayó inmediatamente para aquellos que se encontraban en su primer año de contrato.
Éste tipo de crisis dentro del sector de manufactura lleva a concordar con el mensaje dado por parte de Shawn Faim, presidente de la UAW, quien declaró tras el éxito de la huelga que “Nos subestimaron. Los subestimaron a ustedes. Estas corporaciones no tenían ni idea de lo que se les venía encima” y plantea una ruta para qué la huelga en Audi continúe con la demanda del aumento de salario en el interior de su propia empresa, pues a pesar de que la postura empresarial tiene que ver con el desarrollo de la región, ésta ha recibido cómo tal “desarrollo” la perdida de servicios publicos, la nula captación de impuestos mientras que los trabajadores reciben un pago pauperrimo, el riesgo de ser asaltados en el camino hasta el centro laboral o la posibilidad de que la empresa decida no acercarse a otorgar los beneficios necesarios para el correcto desempeño de las actividades.
Y respecto a la nula información que se encuentra fluyendo en los medios de comunicación Estatales y Nacionales que han reportado los propios trabajadores, es necesario volver a Marx, quien en el Manifiesto del Partido Comunista, escrito en 1872 menciona qué
“El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede enderezarse, sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial”
Y en Puebla, estamos a la expectativa de ver si efectivamente, ésta representación de la clase obrera es capaz de enderezarse y obtener con digna rebeldía el ejemplo frente a la empresa, que prefiere perder las producciones diarias a otorgar el necesario aumento a los trabajadores, a los proletarios.
Ante el conflicto bélico en Palestina, personas solidarias se manifestaron a las afueras de Casa Jalisco. Demandaron acciones concretas al gobernador del estado, Enrique Alfaro, entre ellas la cancelación de contratos con empresas israelíes y un pronunciamiento público que repudie la guerra.
Decenas de personas se congregaron este domingo en la Glorieta La Minerva, donde se llevó a cabo una intervención visual con la consigna ¡Alto al fuego ya! Boicot total a Israel. Posteriormente, las y los manifestantes se dirigieron hacia Casa Jalisco en la ciudad de Guadalajara.
En las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador del estado, Enrique Alfaro, llevaron a cabo un performance que simbolizó el dolor de los miles de fallecidos en Palestina en los últimos meses.
Durante la protesta se leyó un comunicado donde expresaron su consternación por la masacre en Gaza y la urgencia de detener el genocidio en Palestina.
Al Gobernador Enrique Alfaro, le exigieron escuchar el repudio de la ciudadanía y evitar que Jalisco sea cómplice del genocidio.
“Enrique Alfaro, en tu calidad de Gobernador, tienes el deber de escuchar el repudio de esta ciudadanía y cortar el apoyo que desde aquí se da a la barbarie que el Estado de Israel está cometiendo y evitar que ésta sea solapada por el estado de Jalisco.”
Resaltaron que, con su silencio, el Gobierno de Jalisco se convierte en cómplice del genocidio en Palestina, y acusaron a las empresas israelíes establecidas en la región de aprovecharse de los recursos locales para financiar acciones militares en Medio Oriente.
“Las y los jaliscienses no queremos que nuestro dinero vaya a convertirse en bombas, y exigimos una investigación a todas las empresas que trabajan con este gobierno y se descarten todas aquellas israelíes y aquéllas integradas en el Consejo Sionista de México. Incluyendo todas las que tienen que ver con el saneamiento de aguas, agricultura, sector inmobiliario, servicios de cyber-seguridad, etc.”
Por ello, demandaron la cancelación inmediata de contratos con empresas israelíes, entre ellas Amdocs, una empresa de telecomunicaciones que se estableció en el estado en el año 2016.
En un tono más enérgico denunciaron la presencia del sionismo en Jalisco, señalando lugares como el Museo Moreshet en Zapopan, donde aparece la figura de Theodor Herzl, fundador del sionismo político y del Estado de Israel.
Recordaron que durante su inauguración estuvieron presentes figuras políticas como: la titular de la Secretaría de Cultura, Lourdes González Pérez; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade; y el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro.
“Políticos que también han participado en diferentes actos con miembros de la Comunidad Hebrea de Guadalajara, quienes en sus páginas y redes sociales se declaran fuertemente comprometidos con el Sionismo y con el Estado de Israel.”Denunciaron.
La protesta culminó con las siguientes exigencias al Gobernador Enrique Alfaro:
Cierre de la oficina consular del Estado de Israel en Jalisco.
Interrupción inmediata de toda relación con empresas de origen israelí.
Negación de permisos para el establecimiento de nuevas empresas de origen israelí.
Prohibición a personas con cargos públicos de participar y promover actos relacionados con el sionismo.
Eliminación de toda relación del sionismo con las universidades públicas.
Inician la construcción de la “Casa-Residencia Artística Gusanos de la Memoria” en La Montaña, Guerrero, espacio que busca generar diálogo entre intelectuales y comunidades indígenas de la zona
Malinaltepec, Guerrero, Mx., 23 de enero 2024. – Con la finalidad de crear un puente entre artistas, intelectuales, investigadores y las comunidades de la zona de La Montaña de Guerrero, nuestra organización Gusanos de La Memoria A.C. iniciamos la construcción de un espacio que servirá como residencia artística donde se impartirán talleres e intercambios de saberes con las juventudes e infancias de esta región, donde se concentra la mayor parte de la población indígena del estado de Guerrero.
El proyecto se anuncia como un espacio que funcionará como Residencia Artística, con la que se busca reforzar el trabajo en las comunidades de la Montaña de Guerrero. La “Casa-residencia Artística Gusanos de la Memoria” se ubicará en la comunidad de Llano de Heno, en el municipio de Malinaltepec, y será un lugar para hospedar artistas, creadores e investigadores de distintas disciplinas, quienes podrán impartir talleres o diferentes intercambios de saberes en torno a la literatura, música, fotografía, pintura, teatro, filosofías, entre otros. Y trabajarán principalmente con jóvenes e infancias de las comunidades cercanas.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer los conocimientos e incentivar a los jóvenes y niñes para que se acerquen, experimenten y aprendan desde diversas materias y les permitan expresarse a través del arte, el idioma propio, la filosofía y otros saberes. Esto en diálogo con artistas y pensadores de amplia y consolidada trayectoria en México y el extranjero. También se impartirán talleres sobre identidad, filosofía, historia, lengua y escritura propia y se mantendrá abierta para trabajar otros temas de relevancia para las comunidades.
Gusanos de la Memoria A.C. Aprovecha este boletín para agradecer a la comunidad de Llano de Heno, por su confianza para realizar esta idea; a las autoridades de Bienes Comunales de Malinaltepec, por la donación de piedras y arena; a Cooperación Comunitaria ONG por su asesoría arquitectónica; y a NDNCollective por la Beca Imaginación Radical.
Compartimos algunas fotografías del avance nuestro trabajo constructivo
En la información pública del “censo” de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que realizó el Gobierno Federal aparecen, por lo menos, 28 registros erróneos de personas que fueron desaparecidas en Jalisco.
Uno de los errores más evidentes es que en los registros se dice desconocer quién reportó la desaparición aunque algunas de estas personas son familiares de quienes encabezan tres colectivos de búsqueda. Incluso, en los registros se asegura que se “ubicó” a personas que aún siguen desaparecidas.
José Luis Arana Aguilar fue desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco. Su madre, Guadalupe Aguilar, es una de las pioneras en la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco.
En 2013 fundó, junto con decenas de familias, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ); no obstante, los datos del censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que realizó el Gobierno Federal precisan que se desconoce a la persona que puso la denuncia de desaparición de José Luis.
Bajo esa misma categoría de “Se busca reportante” aparece la desaparición de César Ulises Quintero García, quien fue desaparecido el 4 de agosto de 2017 en Ocotlán, Jalisco.
Su madre, Martha Leticia García lo ha buscado desde entonces y, junto con otras madres buscadoras, encabeza el Colectivo Entre Cielo y Tierra, pese a ello el “censo federal” asegura que no se sabe quién reportó la desaparición de César Ulises.
El 18 de mayo de 2021, en la colonia Vallarta, en Guadalajara, fue desaparecido por presuntos policías, el joven Héctor Daniel Flores Fernández. Su padre, Héctor Flores, no ha parado de buscarle.
Junto con diversas familias creó el Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco; no obstante, el censo afirma desconocer que este padre fue quien presentó la denuncia por la desaparición de su hijo.
Aunque cada uno de estos familiares tiene gran presencia pública y en cada acto de exigencia búsqueda y justicia acuden con la fotografía de su ser querido, en la clasificación del censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, se aseguró que no se conoce la identidad de quién reportó la desaparición de José Luis, César Ulises y Héctor Daniel.
Bajo esa misma categoría aparecen otras desapariciones como las de Oscar Antonio López Enamorado quien fue desaparecido el 19 de enero de 2010 entre San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta.
Ana Enamorado, su madre, ha realizado infinidad de acciones de búsqueda y protestas para exigir que se busque a su hijo. Incluso, entre 2020 y 2023, realizó junto a la Comisión Nacional de Búsqueda diversas diligencias para encontrar a Oscar; pese a ello, el registro dentro del censo también es “se busca reportante”.
“Esto es indignante… qué cinismo de la Comisión Nacional de Búsqueda”, precisó Ana cuando al revisar los datos de su hijo en la base pública del censo.
Esta clasificación, como se denunció en el reportaje realizado por Efra Tzuc de A dónde van los Desaparecidos, se hizo fuera de toda normatividad en torno a la desaparición de personas en México, pues en las diversas leyes y protocolos no existen las categorías que empleó el censo.
Las categorías empleadas fueron: “Denuncias confirmadas”, “Personas ubicadas”, ”Con indicios”, “Se requiere información de identidad”, “Con identidad sin datos adicionales” y “Se busca reportante”.
De acuerdo a las autoridades federales, en la versión del censo realizado bajo la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (la cual puede consultarse aquí: https://busquedageneralizada.gob.mx/consulta/) se incluyen los datos de:
Aquellas personas que han sido ubicadas, pero de las que se requiere más información para confirmar una localización,
Las personas confirmadas como desaparecidas y a las que se está dando seguimiento puntual al caso con comisiones y fiscalías.
Pero también aclaran que también hay registros que “carecen de suficiente información, pues no se dispone de datos sobre la persona que realizó el reporte o se trata de informes anónimos”, lo que de acuerdo a las autoridades “impide confirmar la identidad de la persona reportada como desaparecida o no localizada”.
Incluso se afirma que “estos registros ya fueron cotejados con diversas bases de datos nacionales, sin obtener resultados”, lo cual resulta difícil de creer, pues si se coteja la información con otras bases públicas del propio gobierno federal se podría saber que, por ejemplo, Guadalupe Aguilar es la persona que colocó la denuncia por desaparición de su hijo, José Luis, tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Y los errores continúan…
En el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada sobre Jalisco aparecen 12 mil 218 registros, lo que corresponde al 13% de los 94 mil 284 registros totales; de éstos, el trabajo realizado por A dónde van los desaparecidos detectó 24 errores, pero la lista es aún más larga.
En los 24 registros del censo que aparecen en el reportaje “Tiene censo de AMLO… otros datos equivocados”: 16 fueron catalogados como “Se busca reportante”, tres como “Se requiere información de identidad”, y cinco aparecen como “Persona Ubicada”.
Sin embargo, el censo que sólo tiene registros de la desaparición de Ernesto, José de Jesús y Tonatiuh, otorgó a cada caso la categoría de “Se busca reportante; esto a pesar de que por la desaparición de los cuatro hermanos, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió el 6 de enero de 2021 cuatro Acciones Urgentes donde exigió al Estado Mexicano la creación de una estrategia integral para una investigación y búsqueda exhaustiva de los hermanos.
Otro desaparición múltiple que también tiene esta clasificación (“se busca reportante”) es la de los ciudadanos italianos, Antonio Russo, Raffaele Russo y Vicenzo Cimmino, quienes fueron desaparecidos el 31 de enero de 2018 por policías municipales de Tecalitlán.
La denuncia fue interpuesta por Francesco Russo, hijo de Raffaele y hermano de Antonio, pero las autoridades dicen desconocer esta información. Por el caso, incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación (025/2019) donde se acredita la desaparición forzada, pero esta información pública no ha sido suficiente para saber “quién reportó la desaparición” de los ciudadanos italianos.
El resto de las desapariciones que también fueron catalogadas así (“se busca reportante”) son la de Karla Gabriela Macías Cortés, quien fue desaparecida el 17 de julio de 2017 en Tlajomulco de Zúñiga; en este caso, también existe desde el 15 de diciembre de 2022, una Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, la cual se otorgó a favor de María de Jesús Cortés Martínez, madre de la joven.
Enrique Esparza Ochoa, de 21 años, fue desaparecido el 9 de febrero de 2023 en la colonia Providencia en Zapopan. Sus familiares y amigos realizaron múltiples manifestaciones y marchas.
Su madre, Laura Ochoa, tomó varias veces la palabra para exigir la búsqueda de su hijo e, incluso, fue atendida por personal de la Fiscalía, pero en el registro del censo se asegura no tener datos de quien reportó la desaparición de Enrique.
Jesús Daniel Díaz García fue desaparecido junto con sus amigos Javier Salomón Aceves Gastélum y Marco Francisco García Ávalos, el 19 de marzo de 2018 en Tonalá por presuntos policías estatales.
La desaparición de los tres estudiantes del CAAV generó decenas de marchas y acciones públicas. Incluso, la desaparición de estos jóvenes cineastas ocasionó la apropiación de la Glorieta de los Niños Héroes para renombrarla como la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco, espacio donde ahora están colocadas más de 100 losetas de búsqueda.
Pese a la relevancia mediática, nacional e internacional, del caso. El censo también colocó el caso de Jesús Daniel en la categoría “Se busca reportante”. En el censo es el único de los tres estudiantes que aparece en el listado.
En el registro del joven destaca que se le considere como desaparecido, pues en la versión oficial de la Fiscalía del Estado de Jalisco, dado a conocer en abril de 2018, ya no contempla como desaparecidos a los jóvenes estudiantes, pues aseguran que sus restos fueron disueltos en ácido por integrantes del crimen organizado.
Otros casos registrados bajo la categoría de “Se busca reportante” son los de Efrén Alba Martín del Campo, quien fue desaparecido el 24 de marzo de 2020 en Encarnación de Díaz; Miguel Ángel Medina de Niz, desaparecido desde el 8 de febrero de 2018 en Autlán de Navarro; y Pablo Efraín Núñez Ramírez, quien fue desaparecido el 21 de octubre de 2021 en San Diego de Alejandría, de éste la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco sí emitió una ficha de búsqueda.
Desde entonces, su familia le ha buscado; sin embargo, su caso en el registro señala que, a la fecha, no se ha logrado tener información de la persona que presentó la denuncia; en este caso, quien lo hizo fue Vanessa, su madre.
Bajo este mismo tenor se encuentra el registro de Fabiola Regalado Guerrero, quien fue desaparecida en Guadalajara, el 8 de febrero de 2017. En su caso, su madre, Rosa María, y su hermana, Arleen fueron quienes interpusieron la denuncia; sin embargo, aparece como “se busca reportante”.
Una desaparición de mujer con la misma suerte en los registros en el de Erika Berenice Cueto Vázquez, quien fue desaparecida el 12 de noviembre de 2014 entre Puerto Vallarta y San José del Valle, Nayarit. En la base de ella, incluso, aparecen dos registros.
En uno de ellos se precisa que se busca información sobre quién denunció la desaparición y en otro se precisa que “Se requieren datos de identidad”; en cuanto a la búsqueda de Erika, ésta es encabezada desde hace 9 años por Letty Vázquez, quien ha sido una de las madres buscadoras más visibles en el estado.
Quien también aparece con la clasificación de “se busca reportante” es Juan Carlos Zaragoza Gaona, quien fue desaparecido fuera de su propio domicilio, el 26 de mayo de 2015. Sus padres, Juan y Adriana, pertenecen al colectivo Por Amor A Ellxs.
Fueron ambos quienes en diversas instancias, locales y nacionales, reportaron la desaparición cuando ésta ocurrió en Zapopan.
¿Personas ubicadas?
En cuanto a las personas que el registro aparecen como “Ubicadas”, están los nombres de Jorge Ruiz López, José de Jesús Romero Quintero, Manuel Sánchez Juárez, Ramón Gómez Hernández y Karla García Duarte.
Destaca que en este listado aparezca el nombre de Karla, quien fue desaparecida el 18 de septiembre de 2020 en la colonia Mesa Colorada Poniente en Zapopan, junto con sus amigos Kenia Pérez Duarte y Jaime Adrián Ramírez Solís. A la fecha, como lo han señalado sus familiares, no se sabe nada de estos tres jóvenes.
En los registros del censo también se catalogó al caso de Kenia bajo la clasificación “Se requiere información de identidad”, lo cual evidencia el sesgo de género que tiene el instrumento federal, pues tanto ella como Karla, son mujeres trans.
En el caso de Jaime Adrián Ramírez Solís éste no aparece en los datos del “censo”.
Estos pescadores y dirigentes de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto denunciaron la construcción del llamado “Hotelito Desconocido”, centro turístico que fue utilizado para lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde su desaparición, familiares y amigos no tienen información de que hayan sido ubicados y/o localizados, como se asegura “el censo”.
Misma sensación es la que se tiene sobre la desaparición de los jóvenes Arturo Muñoz Romo y José Guadalupe Rodríguez de León, quienes fueron desaparecidos el 6 de mayo de 2011. De los menores de edad originarios de Aguascalientes no se sabe nada; en el registro, no obstante, aparecen bajo la categoría de “Se requiere información de identidad”.
Este es el primer análisis que sobre el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que realizaremos en ZonaDocs, esta aproximación permite evidenciar una cadena de errores tanto en la metodología como en el levantamiento de la información, lo cual apunta, como lo ha denunciado el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, más a un proceso de simulación y de manipulación de las desapariciones que a una estrategia real para localizar a las más de 114 mil personas desaparecidas que han sido desaparecidas en México.
Aquí una tabla con los casos en los que hallamos errores en el registro del “censo” para el caso de las personas que han sido desaparecidas en Jalisco.
En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco donde abogó por un cambio urgente en la perspectiva de género en la justicia en el Estado.
Guadalajara, Jalisco, 26 de enero 2023.- La mañana de este viernes, en el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, la defensora Irinea Buendía ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la Sentencia Mariana Lima Buendía, un parámetro para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción y sensibilización con perspectiva de género.
Irinea Buendía, defensora de los derechos de las mujeres, es madre de Mariana Lima Buendía, mujer de 28 años que fue víctima de feminicidio en el año 2010 a manos de su esposo, Julio César Hernández, un ex comandante de la policía judicial del Estado de México.
Durante su exposición, Irinea Buendía detalló la violencia física, sexual, económica y psicológica que Mariana enfrentó a manos de su entonces esposo, y denunció la insensibilidad de las autoridades que, inicialmente, respaldaron la versión de suicidio presentada por el agresor.
La defensora enfatizó la necesidad de aplicar las leyes existentes y de capacitación constante en perspectiva de género para todas las autoridades. Alertó sobre la emergencia nacional que representa la violencia de género y la importancia de actuar para evitar más feminicidios.
Desde finales de 2022, Irinea Buendía, emprendió una Caravana a nivel nacional para visibilizar y exigir que lo dictado por la Sentencia Mariana Lima Buendía se cumpla en cada entidad federativa, promoviendo que existan mecanismos y procedimientos adecuados a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Durante la conferencia, la defensora de los derechos de las mujeres compartió su lucha para hacer frente al feminicidio en México a través de la propuesta de laLey Mariana Lima Buendía, la cual plantea investigar muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género, para establecer si se trata de un feminicidio, incluyendo casos de suicidio y accidentes.
La iniciativa también propone sancionar a los servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias y que obstruyen la investigación y la justicia; así como la reparación integral del daño para las víctimas de feminicidios y sus familias, además de la participación de las familias en el proceso penal.
En su intervención, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, dio la bienvenida a Irinea Buendía y agradeció “el regaño” y llamó a todas y todos los que se encontraban en la Sala a ser mejores servidores públicos.
“Como integrantes del Poder Judicial, no nos enseñan a respetar la norma, pero no implica que como siempre lo hayamos hecho de esa manera sea correcto. En el caso lamentable de Mariana Lima, donde demuestra la negligencia, la omisión, la falta de empatía de entendimiento de un caso, a veces nos volvemos tan fríos que tenemos un expediente en la mano y lo vemos como tal: un expediente, y a partir de ahí sí, podemos dictar una sentencia ajustada a derecho. La pregunta es si es ajustada a la realidad, si realmente estamos aportando y contribuyendo a emitir una sentencia eficaz que resuelva el conflicto que se encuentra detrás del expediente.” Expresó.
Daniel Espinosa Licón se comprometió a integrar en el programa de estudios de maestría una clase sobre la sentencia Mariana Lima Buendía.
“Están todos exhortados, insto a todas y todos, tenemos que ser mejores servidores públicos, escuchemos contra la violencia de género. Hoy me comprometo, no es solo mi palabra. Cambiamos el programa de estudios de la maestría para tener la clase específica de la sentencia Mariana Lima Buendía, juzgar con perspectiva de género, magistradas, magistrados, despidos su apoyo para que esta propuesta sea incorporada, desde ya muchas gracias a todas y todos.”
En entrevista con Somoselmedio, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló que en 2023, en Jalisco, se sentenciaron cinco casos como feminicidio, mientras que 12 se encuentran judicializados.
A las doce del día, la defensora Irinea Buendía entregó al Congreso del Estado de Jalisco la Sentencia Mariana Lima para que sea incorporada a la legislación estatal.
Caso Mariana Lima
Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010, a la edad de 28 años.
Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Irinea Buendía Cortés, inició una lucha para lograr el acceso a la justicia por el feminicidio de su hija.
Desde el asesinato de Mariana Lima, Irinea y su esposo iniciaron un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016. Siete años después, en marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a Julio César Hernández Ballinas a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima Buendía.
Durante la búsqueda de justicia, Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Según el OCNF, la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marcó un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México.
El máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones:
Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
En todos los casos, es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia.
La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.
El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en colaboración con nueve Centros Públicos bajo su coordinación, encabezados por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), presentaron de manera oficial el primer Doctorado Nacional en Agroecología (DNA), una iniciativa pionera en México y América Latina.
Este posgrado, que busca avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, tiene como objetivo formar talento especializado capaz de contribuir al desarrollo de sistemas que fomenten la producción de alimentos nutritivos, respetando el medio ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades campesinas.
La recepción de solicitudes para el DNA estará abierta desde el 24 de enero hasta el 23 de abril. El proceso de admisión se llevará a cabo del 29 de abril al 9 de mayo del presente año. Es importante destacar que este doctorado, en línea con las leyes generales de Educación Superior y de HCTI, será gratuito.
Durante la presentación oficial, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó la importancia de la creación de la Dirección de Agroecología como parte de la política ambiental del país. Además, resaltó la inclusión de la agroecología en programas educativos, como en el caso del Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua “José Revueltas” en Islas Marías.
La directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, subrayó la urgencia de transformar la producción de alimentos para recuperar la soberanía y la seguridad nacional en el sistema agroalimentario. Destacó que la agroecología basada en el arraigo campesino ofrece un enfoque único para abordar los problemas fundamentales y proporcionar soluciones a largo plazo.
El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, reconoció la importancia del DNA en el fortalecimiento de las capacidades científicas nacionales para enfrentar los desafíos del cambio climático. Subrayó que la transformación se impulsa bajo principios como la soberanía alimentaria y la centralidad de los sujetos sociales, como el campesinado y los pueblos indígenas.
Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el DNA es una herramienta para impulsar la investigación en la producción de alimentos nutritivos que impacten positivamente en la salud de la población. Destacó la importancia de abordar el problema del sobrepeso y la obesidad, responsables de diversas enfermedades.
La investigadora del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente de Ecosur, Helda Morales, informó que la recepción de solicitudes estará abierta hasta el 23 de abril, y el proceso de admisión se llevará a cabo del 29 de abril al 9 de mayo. La publicación de resultados está programada para el 21 de mayo, y las actividades académicas comenzarán en la segunda quincena de agosto.
El DNA se desarrollará en colaboración con nueve Centros Públicos, los cuales firmaron un convenio marco de colaboración académica para la implementación y desarrollo del doctorado. Este convenio permitirá la realización de cursos, seminarios, intercambios y estancias de investigación.
Este primer Doctorado Nacional en Agroecología, con duración de cuatro años y dividido en 16 trimestres, busca formar académicos capaces de abordar los desafíos actuales del modelo agrícola y alimentario. Con un enfoque tutelar, se espera que los egresados promuevan prácticas agroecológicas y contribuyan a la soberanía alimentaria del país.
Para más información sobre el DNA, se invita a visitar el portal https://bitly.ws/3avz6 o enviar dudas y comentarios al correo electrónico doctoradonacional.agroecologia@ecosur.mx.
La sesión de presentación del primer Doctorado Nacional en Agroecología y firma del convenio marco de colaboración puede consultarse en https://bit.ly/3tLwZ32.
El emblemático boleto magnético del Metro de la Ciudad de México entra en su última fase antes de despedirse tras casi 55 años de historia.
A partir del lunes 29 de enero, los usuarios tendrán la última oportunidad de adquirir el boleto magnético en taquillas, marcando así el fin de una era y el inicio exclusivo de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) como único medio de validación en las Líneas 2 y 3.
Tras casi 55 años de servicio, el icónico boleto magnético del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro está a punto de culminar su ciclo. A partir del próximo lunes 29 de enero, los usuarios tendrán la última oportunidad de adquirir el boleto magnético en taquillas, marcando así el fin de una era y el inicio exclusivo de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) como medio de validación en las 12 líneas de la red.
La ocasión será conmemorada con la venta de un boleto conmemorativo de edición especial, el cual representa el último tiraje de esta histórica pieza de colección. Con un total de 14 millones de unidades disponibles, este boleto estará a la venta únicamente en las taquillas de las estaciones correspondientes a las Líneas 2 y 3, las últimas en las que se aceptará el boleto magnético.
El diseño de esta edición especial rinde homenaje a los primeros diseños impresos que marcaron el inicio del Sistema de Transporte Colectivo en septiembre de 1969, llevando a los usuarios en un viaje nostálgico por la historia del Metro.
Actualmente, la transición hacia la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) ya se ha implementado en las Líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A y B, donde el pago del peaje se realiza exclusivamente con la tarjeta de prepago. Próximamente, esta medida se aplicará también en las Líneas 2 y 3, completando así el proceso de modernización del sistema de peaje en las 195 estaciones que conforman la red del Metro.
Con esta evolución, la administración del Metro busca mejorar la eficiencia y comodidad del sistema de transporte, permitiendo a los usuarios utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada no solo en el Metro, sino también en los diferentes medios de transporte que forman parte de la Red de Movilidad Integrada (MI). La modernización continúa, marcando un hito significativo en la historia del transporte público en la Ciudad de México.
En el aniversario del asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo, periodista y defensor de los derechos humanos, su familia exige justicia ante el olvido de las autoridades.
Ciudad de México, 26 de enero de 2024 – El pasado 24 de enero se conmemoran nueve años desde el hallazgo sin vida de José Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión: La Voz de Medellín. Su familia, junto con la organización ARTICLE 19, hicieron un llamado a las autoridades federales y del estado de Veracruz para que tomen medidas concretas y garanticen el acceso a la justicia, la reparación de los daños y la prevención de futuros actos de violencia contra la familia Sánchez Cerezo.
Moisés Sánchez Cerezo, defensor de los derechos humanos y comprometido con la denuncia de la violencia en su comunidad, inició La Unión como un modesto panfleto artesanal. Con dedicación y esfuerzo, transformó este proyecto en el Semanario La Unión, la Voz de Medellín, una referencia local para la denuncia ciudadana y fuente de información en Veracruz.
Poniendo en evidencia la inseguridad y señalando la negligencia de la administración municipal, Moisés se destacó como un periodista valiente y activista. Su participación en manifestaciones ciudadanas para exigir atención a temas de seguridad evidenció su compromiso con la comunidad y la verdad.
El secuestro de Moisés por un comando armado el 2 de enero de 2015 desató exigencias y denuncias, pero la respuesta de las autoridades fue ineficaz. El 24 de enero de ese mismo año, su cuerpo fue encontrado con signos de tortura.
Desde el principio, las autoridades minimizaron la labor periodística de Moisés, desvinculando el crimen de su libertad de expresión. A lo largo de los últimos 9 años, la familia ha enfrentado un proceso judicial lleno de irregularidades, enfocado más en la impunidad que en la búsqueda de justicia.
A pesar de algunas detenciones, los procesos judiciales han sido fallidos, como la reciente liberación de Luigui ‘N’, implicado en el homicidio de Moisés. El ex Presidente Municipal de Medellín de los Bravo, Omar ‘N’, aún no ha sido aprehendido.
El caso de Moisés se inscribe en el informe “Veracruz de los Silencios” de ARTICLE 19, que destaca un patrón de violencia contra la prensa en uno de los periodos más letales para periodistas y comunicadores. Amenazas previas, desapariciones y torturas caracterizan este panorama, convirtiendo a Veracruz en el estado más peligroso para la prensa en México.
Por noveno año consecutivo, la familia Sánchez Cerezo y ARTICLE 19 exigieron verdad y justicia. Solicitaron a la Fiscalía General de la República que tome acciones contundentes, al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que persista en la protección, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que cumpla con medidas reparatorias.
El miércoles 24 de enero del 2024 la organización Causa en común OSC dio a conocer un informe en el que revela los índices lamentables de crímenes que pueden considerarse como atrocidades en todo el país durante el año 2023. El informe lleva por nombre “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto enero – diciembre 2023”.
De acuerdo con el informe durante el año 2023 de enero al 16 de diciembre, se registraron un total de 6,378 atrocidades, eventos de violencia de alto impacto, dicha cifra es obtenida con base a la información de los medios de comunicación, el informe señala que sus números son solo los registrados por los medios de comunicación y dichas cifras pueden variar con relación a los reportados por las procuradurías estatales.
Ante el número de atrocidades la organización define el concepto “atrocidades” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Dentro del informe algunas de las cifras a destacar implican que el promedio de atrocidades por mes fue de 532, un promedio de 17 por día.
Además de un total de 1,789 casos registrados de tortura registrados. El asesinato de mujeres con crueldad extrema ocupa el segundo puesto con un registro total de 935 casos. Seguido por 645 casos de mutilación descuartizamiento y destrucción de cadáveres entre otros casos más como son masacres, fosas clandestinas, violencia contra migrantes, violación agravada entre otros. También se menciona que un mismo caso puede implicar más de una atrocidad esto independiente del número de víctimas pues en un solo caso pueden encontrase más de una de estas definiciones.
En el informe también se destacan los estados donde se registraron el mayor número de atrocidades siendo los tres primeros Baja California el número 1 con 541, seguido de Guanajuato con 510 y Chihuahua con 490.
Con las cifras de este informe 2023 se señala un aumento en los casos registrados en comparación con años anteriores, con un 19% en comparación del 2021donde se contabilizaron 5,334 casos y un 3% respecto al 2022 con un registro de 6,217 casos.
Se conmemoraron los 15 años de la desaparición forzada del ingeniero José Antonio Robledo Fernández el 25 de enero de 2019 en Monclova, Coahuila, resaltando la lamentable falta de avances en la investigación y la pasividad de las autoridades.
Ciudad de México. – El pasado jueves 25 de enero de 2024 se llevó a cabo en un acto de memoria por los 15 años de la desaparición forzada del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, mediante una conferencia de prensa dirigida por su madre: la señora María Guadalupe Fernández en la Casa Refugio Citlaltépetl, para denunciar el desaseo de las investigaciones y la inacción de las autoridades.
Desde hace 15 años de la desaparición del Ing. José Antonio Robledo Fernández en Monclova, Coahuila, el 25 de enero del 2009, su familia ha buscado acceder a la justicia y dar con su paradero, denunciado como responsable a la empresa Constructora “ICA”, donde José Antonio Robledo Fernández fue contratado para el “Proyecto Fénix”.
La periodista María Verza señaló que en el año 2009 el estado de Coahuila estaba tomado por el grupo armado “Los Zetas”, especialmente tomando una cárcel de esta región, en donde cometían acciones de tortura y desapariciones forzadas. Por lo que existían encuentros y vinculaciones entre este grupo armado, la empresa y las autoridades.
Esto fue conocido después de la desaparición de José Antonio Robledo Fernández, mientras que, en gestiones de búsqueda por parte de sus padres en Coahuila, fueron intervenidos y amenazados por integrantes de grupo armado “Los Zetas”, diciéndoles “váyanse, no denuncien, señores sabemos dónde han ido, sabemos toda su información, váyanse de aquí.” Narró María Verza, por testimonios de la Sra. María Guadalupe Fernández
La Sra. María Guadalupe Fernández reveló que, a través de la lucha por la verdad y la justicia de estos 15 años por la desaparición de su hijo, han logrado a través de una averiguación previa personas involucradas sentenciadas e incluso actualmente personas detenidas que están en proceso.
“La desaparición forzada es el mayor acto de humillación contra la vida. Cuando un hijo o una hija desaparecen la vida se torna sin sentido para una familia nuclear, la noticia nos aniquila, al no saber qué hacer, al no saber si está vivo o muerto. Se convierte en una pérdida incierta, inconcreta, difuminada en la posibilidad de que sea tan solo un sueño que se espera despertar”, expresó la madre María Guadalupe Fernández.
Al mismo tiempo lo llama como pérdida ambigua“cuando no hay un certificado de defunción o un cuerpo por enterrar, y se da cuando desaparece una persona por guerra, por tragedias naturales, o situaciones de violencia extrema”, causando gravemente el bienestar psicológico de las familias, enuncia María Guadalupe Fernández.
Se mencionó que como última acción que ha tenido las autoridades, alentado la esperanza de la familia de José Antonio Robledo Fernández en el caso fue en el 2022, cuando una de las personas que está vinculada a proceso dentro del caso, brindó a las autoridades datos sobre el lugar de la desaparición forzada del año 2009, sin embargo, la búsqueda no tuvo éxito.
Finalmente, la señora María Guadalupe Fernández durante la conferencia de prensa denunció la incapacidad del trabajo por los datos faltantes en las cuatro fichas de búsqueda de su hijo José Antonio Robledo Fernández, como su edad, sexo, lugar de origen, hasta señas particulares, durante estos años, donde solo una de ellas contiene una foto, no oficial.