Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.- La noche de ayer, periodistas de Baja California y de todo el país, exigieron al gobernador del estado, Francisco Vega Lamadrid; a la procuradora general de justicia, Perla del Socorro; así como a diversas instancias; el no desestimar la labor periodística de Luciano Rivera dentro de los posibles móviles del crimen del que fue víctima la madrugada del 31 de julio pasado, en el baño de La Antigua Bar, en la Zona de Playas de Rosarito Baja California. De igual forma responsabilizaron al Gobierno estatal y federal de lo que pudiera ocurrirle al periodista Alberto Elenes, quien después de haber publicado algunas notas que contraponen la versión oficial del móvil del crimen de Rivera, ha sufrido de agresiones e intimidaciones por parte de algunas autoridades estatales.
Luciano Rivera, presentador de noticieros de la cadena CNR TV y director de la Revista Dictamen BC, fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en La Antigua Bar, en la Zona de Playas de Rosarito, Baja California; desde un inicio las autoridades manejaron la versión de que se debió a una riña en el momento en que Luciano defendió a una mujer que había sido acosada por cinco sujetos, de quienes uno de ellos, le disparó directamente al rostro con un arma de fuego; esta versión fue difundida por la Subprocuradora local, Patricia Ortega, y además aseguró que dentro del móvil del crimen no habían indicios de que tuviera qué ver con su labor periodística.
Actualmente existe una persona detenida por el asesinato de Luciano Rivera, misma que se realizó mediante un operativo que llevaron a cabo las autoridades, el presunto responsable, quien estuvo en el lugar de los hechos junto con otras cuatro personas; responde al nombre de Alfredo Ponce Costilla, quien fue detenido mientras conducía un Taxi Libre de la Ciudad de Tijuana, además durante su detención portaba el arma homicida, una calibre 9 milímetros de uso exclusivo del Ejercito, y que de acuerdo a una investigación realizada por la Revista Proceso, está vinculada con “al menos otras tres ejecuciones en el trasiego de droga en Tijuana”.
Alfredo Ponce está siendo procesado por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; el resto de los agresores siguen prófugos y sin ser identificados.
De acuerdo a familiares de Luciano Rivera, “Durante la primer audiencia se descartó la versión de la riña y con base en la declaración de testimonios se logró acreditar que fue un ataque directo, ya que en ningún momento hubo intercambio de palabras entre Luciano y los agresores”. Asimismo el periodista Alberto Elenes, quien ha investigado y ha dado seguimiento puntual al caso señaló que “durante el testimonio de la primera audiencia, se afirmó literalmente que Luciano llegó al bar y 10 minutos después llegaron 5 personas, se sentaron en una mesa cercana a él. Posteriormente, Luciano se levanta al baño y lo siguen tres de esas personas; al regresar del baño los hombres regresan atrás de él y minutos después, uno de ellos realiza una seña con la cabeza y el otro le dispara, por lo que no hubo intercambio de palabras visible.”, esto se constató durante la segunda audiencia realizada el 6 de agosto; lo anterior de acuerdo a la Alerta lanzada por el caso por la organización independiente de Derechos Humanos Article 19, quienes han trabajado para promover lel derecho a la libertad de expresión a nivel mundial.
Por este motivo, periodistas de Baja California y del país, junto con Article 19 exigieron “no desestimar dentro de los posibles móviles del crimen, el trabajo periodístico de Luciano, sobre todo el expuesto en las tres recientes ediciones de la revista que dirigió hasta su muerte, Dictamen BC, en las que abordó temas relacionados con el crimen organizado y con un gremio transportista (de Taxis Amarillos) investigado por actividades criminales”, a través de un manifiesto expresado durante una marcha – vigilia por Luciano Rivera, misma que salió el jueves 10 de agosto, desde La Antigua Bar, lugar donde asesinaron a Luciano, sobre el bulevar Benito Juárez, y hasta llegar a las instalaciones del canal CNR Noticias, para en este lugar llevar a cabo la vigilia.
De las publicaciones de la revista Dictamen BC que hacen mención sus compañeros, una de ellas, la edición del 15 de junio al 15 de julio de 2017, se tituló “Desmantelan a la Mafia Amarilla”, y habla de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Vialidad y Transporte y de Inspección y de Verificación de Tijuana; donde se desmantela a una base de taxistas con gran poder en la localidad, que además han actuado con impunidad y violencia en la región. Al igual en al edición de mayo de 2017 incluyó un artículo titulado “Guerra de narcomenudistas: se matan por controlar las calles”
El gremio periodístico demandó que la Fiscalía Estatal para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), atienda la investigación del asesinato de Luciano, y que asimismo identifique a los responsables de su muerte, los vínculos entre ellos y los móviles detás del crimen.
Del mismo modo, Article 19 expresó su “preocupación frente a la parcialidad y falta de objetividad con la que la investigación se podría estar realizando, dado que fueron las autoridades locales quienes avalaron la versión de la pelea y descartaron el vínculo con su labor periodística desde el principio sin contar con los elementos suficientes y adecuados”.
Incluso la Directora general de la UNESCO, Irina Bokova; representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura; denunció ayer el asesinato de Luciano Rivera y solicitó a las autoridades de su país que sea investigado de forma urgente el crimen; también solicito a México mediante un comunicado que sean aclaradas “las circunstancias en que se produjo y la motivación de (los) culpables.”
De igual forma los periodistas a través de su manifiesto solicitaron a las comisiones Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), así como a la Nacional (CNDH) “abrir expedientes sobre el ataque que hizo el director de Comunicación Social de la Procuraduría estatal, José Manuel Yépiz, mediante sus redes sociales, a la ética profesional del portal de noticias La Jornada Baja California, el cual, como todos los medios de comunicación, tiene por Ley derecho a publicar información con fuentes anónimas o clasificadas, debido al riesgo que puede representarles.”
Responsabilizaron al gobierno de Baja California por la integridad del Alberto Elenes, quien a partir de sus investigaciones, ha contrapuesto la versión de las autoridades referente al asesinato de Luciano, y por este motivo ha sufrido agresiones e intimidaciones por parte de José Manuel Yépiz. Debido a esto, exigieron se garantice la integridad física de Alberto y que se detenga el descrédito de su trabajo.
Hasta la fecha y tan solo durante el 2017 han sido asesinados nueve periodistas en nuestro país: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Brech, Maximiliano Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame y Luciano Rivera. Durante 17 años, del 2000 y a la fecha ya suman 109 asesinados del gremio, siendo 2017 el año más sangriento para nosotros.
Desde Somoselmedio.org nos solidarizamos y nos sumamos a las exigencias de nuestros compañeros por el esclarecimiento y castigo de los asesinatos ocurridos en Baja California y en todo el país, y suscribimos a Gabriela Martínez, periodista del medio Síntesis, al igual que a Article 19, al expresar que “se hace indispensable que las autoridades no minimicen de inicio elementos importantes que deben tomarse en cuenta. No queremos que (las) autoridades desvinculen la actividad periodística de cualquiera de nosotros, con las agresiones que vivimos, sólo para evitarse problemas.”
No se calla la verdad matando periodistas.
