Residentes de Cuyutlán y Armería solicitaron al presidente López Obrador detener el proyecto de Fermachem, argumentando riesgos ambientales y sociales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Colima, México – 16 de febrero de 2024.- Integrantes de las comunidades de Cuyutlán y Armería expresaron su preocupación al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la propuesta de instalar una planta de amoníaco por parte de la empresa Fermachem. La solicitud se realizó durante la visita del presidente a los módulos empresariales de la Feria de Colima.
Los residentes presentaron una petición formal, resaltando la importancia biocultural de la zona. Solicitaron la designación federal de Vaso III y IV de la Laguna de Cuyutlán como Áreas Naturales Protegidas y abogaron por cambiar la clasificación del sitio propuesto de uso industrial de alto impacto a agrícola. Junto con la petición, presentaron un pequeño saco de sal de Colima y flor de sal de Cuyutlán como regalos simbólicos.
Las demandas de la comunidad incluyen acciones contra los supuestos abusos de la SEMARNAT hacia los campamentos tortugueros, los ramaderos y los vendedores ambulantes en Cuyutlán. También solicitaron una investigación sobre los preparativos para una planta desalinizadora destinada a suministrar agua a la fábrica de amoníaco, planteando preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales.
El proyecto implica la construcción de una planta desalinizadora y un acueducto, representando riesgos para la salud humana debido a la naturaleza altamente corrosiva del amoníaco. Grupos ambientalistas advierten sobre el potencial daño a los ecosistemas locales, incluido el riesgo de inundaciones y huracanes que exacerban las fugas, poniendo en peligro a más de 15,000 residentes y ecosistemas vitales. Los críticos argumentan que el proceso de desalinización podría dañar la vida marina al aumentar la temperatura del mar y reducir los niveles de oxígeno.
Fermachem defiende el proyecto de $1.5 mil millones como un medio para llenar un vacío en el mercado de fertilizantes de México, con el objetivo de reducir la dependencia de fertilizantes importados y dirigirse tanto a mercados nacionales como internacionales. La planta promete emplear tecnología de vanguardia para un impacto ambiental mínimo, incluyendo una instalación de desalinización para satisfacer sus necesidades de agua sin dañar los ecosistemas marinos locales.
La propuesta ha despertado una amplia oposición, uniendo a residentes locales, activistas ambientales y figuras políticas en una campaña para proteger el patrimonio natural y cultural de Cuyutlán. El resultado depende de las evaluaciones ambientales en curso y la respuesta del gobierno federal ante las exigencias de la comunidad.
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