El pasado domingo 21 de julio, el pueblo de Temacapulín recibió a representantes de distintos pueblos de Jalisco, quienes hablaron y acordaron estrategias para luchar contra las malas políticas públicas federales y estatales en cuanto al manejo y preservación del agua.

Como respuesta a la reciente negociación que celebraron los gobiernos de Jalisco y Guanajuato alrededor de la presa El Zapotillo y la redistribución del agua para ambos estados; los pueblos, organizaciones, ciudadanos, investigadores y académicos celebraron el Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de su Agua, el cual desde su lucha y perspectiva dicta la forma correcta que los pueblos darán a este recurso.

A la par exigieron; 1) la aprobación de una nueva Ley General de Aguasque priorice como uso prioritario el consumo humano; 3) Transparentar los estudios científicos-sociales que sustentan el Acuerdo de Entendimiento para la distribución del agua del Río verde, y 3) Precisar cómo se han gastado los más de 10 mil 500 millones de pesos que el gobierno de Enrique Alfaro ha “invertido” en estos primeros siete meses en obras hídricas. 

Por Mario Marlo/@Mariomarlo

El 29 de junio del presente año, en la lujosa Hacienda Sepúlveda, Hotel & Spa en Lagos de Moreno, Jalisco; los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunieron para firmar el Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde. En el documento, el gobernador de Jalisco se comprometió a entregar el 24% del agua del río Verde a la ciudad de León, a través de un acueducto conectado a la presa El Zapotillo; megaproyecto que se encuentra detenido por la controversia constitucional 93/2012, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura.

En este “Acuerdo de Entendimiento” resalta la construcción del Acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, con los puntos de conexión para los municipios de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato, así como la edificación de la presa y sistema de bombeo Purgatorio cuyo objetivo es llevar agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara. En la obra, hasta el momento, se han invertido 35 mil millones de pesos; según expertos e investigadores el costo total del proyecto podría llegar a más de 71 mil 287 millones de pesos.

Respecto a lo anterior, el Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo explica que: “como ha sido costumbre del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Acuerdo de Entendimiento no incluyó la opinión de la ciudadanía y mucho menos la de las comunidades afectadas, Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, pueblos que por más de 14 años han luchado contra la imposición del proyecto, logrando detener su construcción por cinco años.

En protesta por la acción autoritaria de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, y como parte de los acuerdos obtenidos durante el Cuarto Encuentro en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), firmaron su propio: “Acuerdo de Entendimiento para Aprovechar Nuestra Agua”.

La Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio

En la comunidad de Mezcala de la Asunción, Jalisco, el pasado 22 de marzo de 2018, más de 40 pueblos, organizaciones, colonias, especialistas, artista e intelectuales, realizaron el Primer Encuentro de los Pueblos por el Agua, el Territorio y la Vida. El resultadode esta reunión fue la decisión de los participantes de articularse y crear la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST).

Hartos de ver sus territorios contaminados, saqueados, invadidos, inundados, abandonados y despojados por empresarios, apoyados de los gobiernos municipales, estatales y federales; la UPOJAST decidió organizarse para denunciar la situación de agua en Jalisco. Asimismo, determinaron recuperar el control social del agua por los barrios, pueblos, el campo y construir una gestión integral del agua que respete los derechos humanos y la naturaleza y, sobretodo, donde la ciudadanía sea tomada en cuenta en cada una de las decisiones que se tomen.

Las comunidades de Mezcala de la Asunción; San Pedro Itzicán; Agua Caliente; Chalpicote; La Zapotera; San Juan Bautista de la Laguna; Cuexcomatitlán; Cajititlán; San Sebastián; Acasico; Palmarejo y Temacapulín; así como diversas asociaciones de colonos de Arcos de Guadalupe; Tlajomulco de Zúñiga; El Salto; Juanacatlán y Villa de Guadalupe, acompañados por organizaciones e investigadores son algunos de los integrantes de la UPOJAST quienes, durante un año, han trabajado en los temas de derecho al saneamiento; derecho a la salud; contaminación ambiental; corrupción; defensa de su territorio; urbanización; gentrificación; derecho humanos; alternativas y gestión integral del agua.

Desde su creación, la UPOJAST ha realizado cuatro encuentros: 1) En Mezcala de Asunción, los pueblos hablaron y analizaron la contaminación del Lago de Chapala; 2) en San Pedro Itzicán, se abordó la grave situación de salud que viven los pobladores de la ribera de Chapala, quienes ocupan el segundo lugar a nivel mundial en enfermedad renal; 3) En Cajititlán, se analizó la lucha contra la contaminación de su laguna, y, 4) En Temacapulín, el tema central fue lucha contra la imposición de la presa El Zapotillo.

Un Acuerdo de Entendimiento entre los pueblos de Guanajuato y Jalisco

Apoyados en el Artículo 39° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que detalla que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Con este sustento legal, los integrantes de la UPOJAST firmaron el “Acuerdo de Entendimiento para Aprovechar Nuestra Agua”, en respuesta a la estrategia emprendida por los gobernadores Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para intentar destrabar el proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo-León, el cual en palabras de Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo, se encuentra prácticamente sepultada por una controversia constitucional; dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y, al menos 10, resoluciones judiciales.

La presa El Zapotillo, que en su proyecto inicial debía concluirse en el año 2012, se encuentra detenida desde hace cinco años, debido a decenas de irregularidades que han sido denunciadas tanto por las comunidades afectadas; investigadores; organizaciones e, incluso, por el mismo gobernador Enrique Alfaro, quien en diferentes ocasiones aseguró que las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, no serían inundadas.

En el Cuarto Encuentro de los Pueblos de Jalisco, por el Agua, el Territorio y la Vida, comunidades del estado de Jalisco y Guanajuato, denunciaron que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato: “no tienen derecho de repartirse el agua del río Verde, -ni de ningún otro río- sin considerar la participación y consulta de las personas, culturas y biodiversidad que habitan esas cuencas hidrográficas y territorios.”

En el Acuerdo de Entendimiento de los pueblos, se solicita la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que priorice como uso prioritario el consumo humano, la protección de los ecosistemas; la soberanía alimentaria y la salud, esto por encima de cualquier otro tipo de uso, sobre todo, el comercial y el industrial.

Sobre el gobierno de Enrique Alfaro, recordaron que a siete meses de estar al frente del gobierno de Jalisco:

“Sólo ha mostrado una política hídríca de continuidad y retrocesos donde predomina la añeja visión ingenieril del negocio de la obra hidráulica y de la construcción: plantas de tratamiento a por mayor, presas y tubos (…) Esa es la solución innovadora frente a la crisis ambiental y el cambio climático, pese a que en Jalisco Enrique Alfaro conformó la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua.”

El Acuerdo resalta que se transparente la inversión de más de 10 mil 500 millones de pesos realizada por el Gobierno de Jalisco en estos siete meses en obras hídricas, lo que ha causado un gran endeudamiento  y en cuya planeación ha quedado fuera la ciudadanía:

“Este es un presupuesto ausente de un ejercicio participativo en el campo y la ciudad para decidir su desarrollo e implementación y que prioriza obra hidráhulica que no responde a un modelo de Gestión Integral del Agua”.

En esta millonaria inversión destacan el saneamiento del río Santiago, el más contaminado en América Latina, así como la construcción de la presa El Purgatorio que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua): “apoyada en el proyecto El Zapotillo, permitirá preservar el Lago de Chapala y contribuir al rescate ecológico de la cuenca Lerma–Chapala”.

Respecto a la afirmación de que con la presa El Zapotillo se logrará abastecer de agua a las Zonas Metropolitana de Guadalajara y León, las comunidades aseguran que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato engañan a la ciudadanía con los supuestos “beneficios” de la presa El Zapotillo.

“El Gobernador de Jalisco habla de un acuerdo histórico con el Gobierno de Guanajuato; sin embargo, el agua del río Verde que se quieren repartir no existe en la cuenca del río Verde y no podrá abastecer el volumen anual máximo que demanda el Decreto de 1997. De acuerdo con el Estudio “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde” (realizado por la UNOPS, en 2017, con un costo de 90 millones de pesos), el río Verde tiene 32% menos de disponibilidad de agua de lo que se afirma en los estudios preexistentes.”

Otro engaño y riesgo que detectan las comunidades e investigadores es que el agua del Sistema Zapotillo–Acueducto Zapotillo-León será para uso doméstico y público urbano, lo cual podría ser asignado a dos gobernadores que, a su vez, podrán dotar con esta agua a inmobiliarias; constructoras; empresas automotrices o a quién mejor pague por el líquido (venta de agua en bloque), pues de acuerdo con los defensores y representantes de los pueblos:

“El agua no será la gente que habita en los Altos de Jalisco, Guadalajara o León (…) El mayor riesgo de este uso es que actualmente no existe ninguna restricción o regulación y los Gobernadores llevarán nuestra agua a sus negocios”.

Los 41 firmantes del Acuerdo de Entendimiento coinciden en que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene la obligación de transparentar los estudios que sustentan el Acuerdo de Entendimiento para la distribución del río Verde entre Jalisco y Guanajuato.

“No queremos discutir sobre la altura de la cortina de una presa, ni sobre aspectos técnicos, le convocamos abrir un debate y revisión sobre su política de agua y las alternativas hacia una Gestión Integral del Agua, aún estamos a tiempo, ya que no hay planeta B”.