Ciudad de México, 02 de abril de 2018
“En su origen el problema es una falta de libertad de expresión” comentó hoy el periodista Ramón Alfonso Sallard sobre su proprio caso de tortura y de secuestro, cual fue cometido por diversos funcionarios de la Ciudad de México en 2011.
Frente a la negativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las graves violaciones en el perjuicio de Ramón Sallard, el constitucionalista y doctor en Derecho, José Óscar Valdés Ramírez afirmó que solicitará medidas cautelares en contra de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, quien según el deben responder de sus actos ante la justicia.
El abogado denunció el rechazo de las comisiones de derechos humanos a hacer una investigación, aunque tienen el material para hacerla. A pesar de reconocer por cierto los hechos, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García declaró que los actos habían quedado “consumadas irreparablemente”.
“No permitimos que la autoridad torture de manera sistemática. […] Mancera esta acusado de dos recomendaciones por tortura, esta es la tercera. Es un delito de lesa humanidad, no puede ser prescripción.” dice Valdés Ramírez quien exige el respeto de la Constitución por parte de las comisiones de derechos humanos.
Para el tribunal, adelantó el abogado, resultó claro que fueron violados diversos derechos fundamentales del periodista Sallard por parte de la CDHDF y de la CNDH, cuales durante tres años se negaron a investigar lo ocurrido a su defendido. Ademas de este rechazo, hubo también una falsificación de los hechos figurando en el expediente penal, cometida por la ex titular de esa institución. El abogado añado que Perla Gómez Gallardo sustrajo y perdió en efecto elementos probatorios que estaban bajo su responsabilidad, y rindió informes falsos ante el juez de amparo por exculpar a los acusados Ebrard y Mancera.
El periodista Sallard quien laboró durante as de 34 años en diversos medios y fue también director general de el Periódico, las cosas por su nombre, exigió hoy en el CENCOS una disculpa pública y reparación del daño por parte del Gobierno de la Ciudad de México, así que una sanción penal a los responsable de los hechos de tortura.
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) también presente hoy acompaño al afectado con atención psicoterapéutica desde 2014. Pero su coordinador Javier Enriquez Sam insistió sobre la intención del colectivo de no solo dar una ayuda psicológica sino abrir una brecha para pedir justicia y obligar a la CDHDF a hacer su trabajo de investigación por los otros expedientes, en un país donde “no se investiga nada”, como deplora Valdés Ramírez.