El día de hoy, 7 de Septiembre, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca informaron en conferencia de prensa que, el 31 de Agosto, un comité de los Pueblos entregó la solicitud de expropiación para utilidad pública del inmueble en el cual se encontraba la embotelladora Bonafont en el municipio Juan C Bonilla, Puebla y que ahora es La Casa de los Pueblos.
“Esto con la finalidad de garantizar el proyecto comunitario de La Casa de los Pueblos fuera del marco de la represión y persecución por parte del mal gobierno y las empresas saqueadoras.”
Bordado por mujeres de Pueblos Unidos con lal frase: El maíz se defiende desde el Comal
Pese a que la solicitud de expropiación tiene como fin legalizar la construcción del proyecto comunitario, La Casa de los Pueblos, los integrantes de estas comunidades Cholultecas dejaron claro que no esperan obtener el permiso u autorización del gobierno o las empresas para continuar con los talleres, actividades culturales y encuentros que ya realizan desde el pasado 22 de marzo.
“Mientras tanto los Pueblos Unidos mantenemos en resguardo el inmueble realizando actividades educativas, artísticas y de salud. Esta acción jurídica es sólo una parte de un proceso mucho más grande, que es el camino hacia nuestra Autonomía”
Criminalización de los Defensores del Agua
Durante la conferencia de prensa también se informó de la inminente represión y persecusión política al movimiento y sus integrantes.
Esto debido a que se tiene conocimiento de que la empresa Bonafont ha presentado denuncias ante la Fiscalía del estado, y que ya se preparan carpetas de investigación en contra de integrantes que han participado en la defensa ambiental de la región.
“A pesar de que hemos dejado claro que nuestro único interés es reconstruir nuestras comunidades, la empresa BONAFONT, y su representante Fabrice Salamanca, ha declarado que han interpuesto denuncias en contra de miembros de Pueblos Unidos quienes están siendo perseguidos, vigilados y agredidos por policía municipal, estatal, la Guardia Nacional, así como por vehículos sin identificación y personas vestidos de civil y con uniforme de la empresa Bonafont. “
“Por lo anterior, responsabilizamos a los dueños de la empresa Bonafont, a su representante de asuntos corporativos Fabrice Salamanca; a Joel Lozano Alameda, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla; a Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla; y al presidente Andrés Manuel López Obrador, de cualquier atentado o represión en contra de los miembros de los Pueblos Unidos.”
Entre las acciones que denucian, se incluyen el hostigamiento por parte de funcionarios de la empresa y agentes de seguridad de los tres niveles a personas que atienden las actividades realizadas en La Casa de Los Pueblos, incluyendo a niños, niñas y adolescentes.
El día de hoy, por ejemplo, una participante que atendió el encuentro de Científicos y Científicas que se realizó del 30 de agosto al 4 de septiembre en La Casa de los Pueblos, ha recibido llamadas por parte de la empresa Bonafont.
De igual manera, se denuncia que patrullas municipales, estatales, y de la Guardia Nacional pasan frecuentemente grabando a las personas fuera de la ex-embotelladora. Agentes de seguridad también se han presentando en los domicilios de algunos integrantes de la organización.
Los integrantes de Pueblos Unidos también denunciaron el discurso estigmatizante por parte de la empresa, autoridades y medios de comunicación que nombran a los defendores ambientales como vándalos, flojos, y otros adjetivos denigrantes.
“Para los empresarios somos “vándalos” y “gente sin quehacer”, su racismo y clasismo no les deja ver que la naturaleza vale mucho más que cualquier ganancia económica, nos arrastran al colapso hídrico mientras argumentan que los pueblos son incapaces de entender cómo funcionan los mantos acuíferos.”
Mujer con bordado de Pueblos Unidos
Los Pueblos Unidos exigen que se detenga esta criminalización e informan que ya colaboran con el departamente de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Puebla que esta apoyando el proceso de documentación de las violaciones a los derechos de los Pueblos de esta región así como los actos de represión y persecusión política.
“Vamos a denunciar energéticamente la persecusión en todo el país, en solidaridad con todas las luchas ambientales y por la vida en México que también son perseguidas por el Estado.”
“Exigimos también la libertad absoluta para compañeros de esta región, Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, que enfrentan procesos judiciales por la defensa del río Metlapanapa en 2019.”
En el marco de denunciar la criminalización y persecusión de la cual son víctimas todos y todas las defesores ambientales en el país, los Pueblos Unidos anuncian el inició de una “Campaña Global contra la Criminalización de los Defensores de la Vida, el Agua, y el Territorio”, la cual comenzará el 10 de septiembre, fecha importante ya que se celebrará la audiencia de Miguel López Vega perseguido desde el 2019.
Finalmente, los Pueblos Unidos informan que seguirán realizando acciones, encuentros y talleres en La Casa de los Pueblos, dentro de las cuales se encuentras Ferias de Salud, Mesas de trabajo de Educación, Arte y Cultura, espacios de educación, y encuentros con integrantes de otras luchas nacionales e internacionales.
Murales realizados en encuentros organizados pro Pueblos Unidos en La Casa de los Pueblos
Juez condena a empresario por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, tras un proceso judicial marcado por denuncias de obstrucción de justicia en Oaxaca y el testimonio de la madre de las víctimas.
El CEPAD lanza un micrositio de apoyo psicoemocional dirigido a niñas, niños, adolescentes y sus cuidadoras, con herramientas prácticas para gestionar el dolor y la incertidumbre en la búsqueda de personas desaparecidas.
29 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca firman una declaratoria regional para prohibir la minería en sus territorios, exigiendo la cancelación del proyecto minero San José y las concesiones otorgadas sin su consentimiento, en defensa de sus derechos, el medio ambiente y su tejido social.
A 18 años de la masacre en Viejo Velasco, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia. A pesar de la impunidad que persiste, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad, que forma parte de un patrón de violencia sistemática contra los pueblos originarios de Chiapas.
Juez condena a empresario por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, tras un proceso judicial marcado por denuncias de obstrucción de justicia en Oaxaca y el testimonio de la madre de las víctimas.
El CEPAD lanza un micrositio de apoyo psicoemocional dirigido a niñas, niños, adolescentes y sus cuidadoras, con herramientas prácticas para gestionar el dolor y la incertidumbre en la búsqueda de personas desaparecidas.
29 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca firman una declaratoria regional para prohibir la minería en sus territorios, exigiendo la cancelación del proyecto minero San José y las concesiones otorgadas sin su consentimiento, en defensa de sus derechos, el medio ambiente y su tejido social.
A 18 años de la masacre en Viejo Velasco, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia. A pesar de la impunidad que persiste, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad, que forma parte de un patrón de violencia sistemática contra los pueblos originarios de Chiapas.
El nuevo álbum de la icónica banda mexicana celebra 30 años de trayectoria con colaboraciones destacadas y un mensaje de lucha, resistencia y energía renovada.
Egresada de la carrera de ciencias políticas, fotoperiodista, y activista feminista. Documento el movimiento feminista en México, la resistencia de Pueblos Originarios ante proyectos extractivistas y la criminalización en contra de movimientos sociales y activistas.
Juez condena a empresario por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, tras un proceso judicial marcado por denuncias de obstrucción de justicia en Oaxaca y el testimonio de la madre de las víctimas.
El CEPAD lanza un micrositio de apoyo psicoemocional dirigido a niñas, niños, adolescentes y sus cuidadoras, con herramientas prácticas para gestionar el dolor y la incertidumbre en la búsqueda de personas desaparecidas.
29 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca firman una declaratoria regional para prohibir la minería en sus territorios, exigiendo la cancelación del proyecto minero San José y las concesiones otorgadas sin su consentimiento, en defensa de sus derechos, el medio ambiente y su tejido social.
[…] Pueblos Unidos denuncian Criminalización y demandan Expropiación de Bonafont […]