Organizaciones de la sociedad civil y científicos expresaron su preocupación por la iniciativa de ley de agua potable y saneamiento presentada en el Congreso del estado de Tlaxcala.
La iniciativa ha sido criticada por no tener en cuenta la devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac, la cual ha sido reconocida como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y por no incluir la preservación de los cuerpos de agua actuales. Además, se ha señalado que la propuesta condiciona el derecho al agua a la existencia de infraestructura, lo que es contrario a lo que debería ser una ley que garantice el derecho al agua para todos.
Por Redacción / @Somoselmedio
Organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas y científicos se manifestaron en contra de la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala que se encuentra en comisiones en el Congreso. Según ellos, la iniciativa presentada no es garante del derecho humano, individual y colectivo al agua, su saneamiento y preservación, por lo que exigen no sea aprobada, sino que se cuente con una ley que realmente garantice este derecho.
El proyecto de ley fue presentado por la diputada Marcela González Castillo, del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante la novena sesión ordinaria del Congreso del estado de Tlaxcala el pasado 14 de febrero. La propuesta fue turnada a las comisiones de Obras Públicas; Desarrollo Urbano y Ecología; Recursos Hidráulicos; y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
En conferencia de prensa las organizaciones manifestaron su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa, entre ellos, que la propuesta no tiene en cuenta que el 80% de los municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, la cual ha sido reconocida como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, con un alto impacto negativo de la contaminación de los ríos sobre la salud de la población.
Otro de los aspectos preocupantes es que la ley no es garante del derecho humano al agua individual y colectivo, ya que en la exposición de motivos se señala que “se trata de regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado”. Es decir, que el derecho al agua se condiciona a la existencia de la infraestructura y a lo dispuesto en la propuesta de ley, y no al revés, como debería ser.
Asimismo, la iniciativa viola el factor de asequibilidad del derecho humano al agua, que indica que los costos del abastecimiento de agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos, que la capacidad de pago de la persona debe tomarse en consideración antes de proceder a la interrupción del servicio, y que en ninguna circunstancia se debe privar a una persona del mínimo indispensable de agua.
El agua no se considera un derecho humano, sino una mercancía que deberá medirse. La ley establece la instalación de medidores, dejando así el agua disponible a quien pueda pagarla, sin considerar que en el ámbito doméstico muchas familias no pueden cubrir los costos de los servicios básicos, y que, en consecuencia, se verán privadas de su derecho al agua.
Por otra parte, las organizaciones insistieron en que la iniciativa no contempla la preservación de los actuales cuerpos de agua, ya sean superficiales o subterráneos que a partir de los procesos de urbanización y particularmente el de industrialización, se ha generado un agotamiento de la disponibilidad hídrica.
Denunciaron que la iniciativa propuesta también enfatiza en la necesidad de tratar las aguas residuales a través de organismos operadores en lugar de dejar la responsabilidad en manos de las industrias, quienes son los que vierten sustancias tóxicas a los cuerpos de agua. Sin embargo, esto también podría generar la posibilidad de concesionar el tratamiento y abrir la puerta a un proceso de privatización en la gestión de aguas residuales.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas y científicos exigieron que la propuesta de Ley presentada en Tlaxcala busque garantizar el derecho humano al agua y su conservación, pero es necesario que se lleven a cabo foros de consulta que incluyan la voz de las comunidades, los comités comunitarios, la sociedad civil y la academia.
Es importante que la ley no responda únicamente al Plan Estatal de Desarrollo, sino a la emergencia sanitaria y ambiental que se vive en la región. Además, se deben establecer mecanismos claros para prevenir y orientar la eliminación progresiva de la contaminación y se debe tener en cuenta la próxima Ley General de Aguas.
Es uno de los temas que urge atender en el estado, no por particular interés sino por la situación climática de nuestro país, ya que si no contamos con leyes que protejan las fuentes de agua actuales, las generaciones que vienen detrás sufrirán la falta de responsabilidad de las autoridades, así que si hay algo en lo que la comunidad civil nos podamos sumar para exigir una ley que atienda necesidades reales en nuestro estado, por favor compartan.