Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo mantienen una lucha en defensa de su cultura y territorio.
Por Tonantzin Montzerrat/@Montzerrat_AT
30 de junio del 2022, CDMX. –Mediante un comunicado, el pasado 27 de junio la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio han demandado que después de un año las autoridades han comenzado con los procesos de despojo de territorio y violación de derechos a la comunidad indígena de Puente Madera, en el municipio San Blas Atempa en Oaxaca, además de insistir en la instalación del Parque Industrial del monte El Pitayal.
Después de un año desde que se realizó una asamblea supuestamente falsa con comuneros que fueron convocados bajo las indicaciones de Antonino Morales Toledo, quien era presidente municipal de San Blas Atempa y actualmente es “mano derecha” del actual gobernador de Oaxaca, lo que se presume ser un proceso arbitrario, la comunidad ha decidido movilizarse en defensa de su territorio.
A pesar de que, anteriormente el gobierno había prometido al pueblo no repetir actos pasados y no actuar bajo el autoritarismo, las autoridades han permitido el despojo y uso de tierras comunes bajo el argumento de la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada, sin embargo, dicho proceso se ha caracterizado de llevar a cabo acciones ilegales, como acarreo de personas, falsificación de firmas, específicamente cerca del 80% de los comuneros, así como las firmas de dos comuneros fallecidos, asimismo la consulta fue realizada de acuerdo a los tiempos de ellos y no de la comunidad, lo impide que sea una consulta demócrata y libre.
Por tal motivo las mujeres y hombres de la comunidad binnizá de Puente Madera han vuelto a movilizarse y han declarado que seguirán y se mantendrán firmes ante la actual violación a sus derechos y el despojo de sus tierras. Además, dentro el comunicado la comunidad también ha declarado que, el gobierno del municipio de San Blas Atempa ha negado la autoridad y derechos que como agencia les corresponden pues no han brindado los recuerdos económicos para la clínica de salud, que por ley son asignados.
Estas acciones son derivadas por el rechazo a la industrialización del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual únicamente traería daños irreparables como la contaminación del agua, acaparamiento de la tierra así como contaminación del suelo y del aire. Además, como forma de intercambio el gobierno les ha ofrecido a la comunidad condiciones laborares precarias y explotación laboral, pues con el megaproyecto desean obligar al pueblo abandonar la tierra, el campo y el zapolote chico, es decir, su maíz nativo el cual es la base de sus totopos, a cambio de la agroindustria, metalurgia e industria textil. Dicha industrialización representaría la pronta escasez del agua como lo es actualmente en Monterrey.
Por otra parte, con la instalación de un Parque Industrial en el monte de El Pitayal, el cual es uno de los diez parques industriales que forma parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico, únicamente ofrece las tierras, bosques, cerros, selvas y mares para comercializar al sector privado, es decir a una población extranjera, principalmente estadounidense y asiática, además, se ha anunciado que dicha zona será una frontera con la región centroamericana, misma que, estará protegida por el ejército estadunidense, es decir, en favor a las empresas y empresarios que buscan explotar e industrializar el territorio.
A pesar de que el gobierno ha vendido la idea de que dicho proyecto garantiza el desarrollo y bienestar, también ha buscado hostigar, criminalizar y reprender a quienes rechazan dichas obras, pues el desarrollo del megaproyecto implica un cambio de estilo de vida de la comunidad binnizá que viola sus derechos, y genera un daño severo e irreparable al territorio.
Finalmente, se hace un llamado a organizaciones indígenas, colectivos, estudiantes, mujeres y hombres que buscan luchar por la defensa del territorio que se unan a las exigencias y a la revisión y cancelación de actas de posesión de tierras en común.
