Ciudad de México, 25 de noviembre de 2016
La palabra pusilanimidad, desde que la recuerdo, me ha parecido muy fuerte y por eso me gusta. La Real Academia de la lengua española la remite a la palabra pusilánime, la cual define como la “Falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas”. Cada vez que la recuerdo me ha dado miedo caer dentro de su significado. En muchas ocasiones me parece que no he podido evitarlo, me he descubierto sin valor o ánimo, y ha sido un gran problema poder transgredir esa situación. Pero tener en mente esta palabra, con su fuerza, me ha permitido verme críticamente, hacer esfuerzos por distanciarme de ella. Si una palabra me ha ayudado a romper mi inmovilismo y mis miedos, a hablar y a actuar, ha sido ésta, cuando la veo en mí o en el entorno.
1. Cuando trabajé por primera vez en la CDHDF observé casos de salud en reclusorios. Me percaté de los silencios sociales e institucionales en torno a los graves problemas que había a su interior sobre corrupción y abusos, pese a la cantidad de personas que se relacionan con ellos y lo saben (abogados, visita familiar, o servidores públicos, incluyendo al personal de las comisiones y a quienes dirigen estas últimas). De vez en cuando, alguien desde el interior pide ayuda, lo denuncia e incluso documenta, pero, poco después, nuevamente reina el silencio. Una o dos palabras de autoridades que simulan atender el problema, a veces también de las comisiones de derechos humanos, y de nuevo se genera el silencio.
Respecto de los años 2004 y 2005, Emilio Álvarez Icaza, en ese entonces presidente de la CDHDF, buscó mostrar aspectos de esta situación a través de dos Informes Especiales. No lo hizo a partir de las conclusiones que arrojaran las investigaciones de los casos, sino de información de otro tipo (como las denuncias iniciales, encuestas o la recuperación de información estadística de otras instituciones). Esto, no obstante, permitió situar un problema, lo que posteriormente ha carecido de reiteración.
No desaparecieron los problemas de extorsión al interior de los centros ni la violencia que se genera por ella ni otros tipos de abuso. Sabemos que, en general, las comisiones de derechos humanos renuncian discrecionalmente a su obligación constitucional de investigar violaciones de derechos humanos (goo.gl/c7yZVW), sujetando su política de atención de los casos a criterios selectivos —así, en 2005 pese a que la CDHDF recibió 9,347 quejas sólo emitió 8 recomendaciones, y en 2015 de 8,437 sólo emitió 18; sin embargo, se logró conocer parte de lo que ocurría dentro; entonces, ¿qué pasó posterior al Informe de 2005 de la CDHDF (durante la segunda administración de Álvarez Icaza, en la de González Placencia o la de Gómez Gallardo) que desde ese momento el tema no volvió a considerarse en términos semejantes pese a su gravedad?
Ese esfuerzo de constatación de la CDHDF no fue suficiente para que en los casos que diariamente se presentan exista la posibilidad de que las personas afectadas tengan una reparación del daño, menos para que se soliciten medidas concretas a fin de terminar definitivamente con este tipo de hechos. Las responsabilidades individuales e institucionales se diluyen. Y el secreto a voces de lo que sucede en reclusorios pervive, es un doloroso grito ahogado en silencio.
2. En lo personal, esta forma de trabajar respecto de reclusorios me hizo sentir la vergüenza de haber sido “parte de”, el resultado fue un cuestionamiento de fondo: ¿cómo es que esto era y es posible? Del cual se ramificaron otras preguntas: ¿cómo es que institucionalmente pueden funcionar de esta forma las comisiones?, ¿por qué este tipo de funcionamiento no era problemático para muchas personas defensoras de derechos humanos?, ¿de qué manera las comisiones de derechos humanos, con sus omisiones, legitiman estados de cosas como las de reclusorios?, ¿qué tan extenso es el problema de lo que se silencia en reclusorios u otras situaciones semejantes?, ¿de qué manera fui “parte de”? Ha sido difícil asumir y actuar.
3. Las responsabilidades respecto de este funcionamiento se comparten en diversos niveles, pero recae fundamentalmente en quienes están al frente de la institución (principalmente quienes fungen como sus presidentes o visitadores generales), pues se trata de una forma de actuación sostenida e impulsada desde arriba en esas instituciones (aunque también muchos trabajadores se hayan acoplado acríticamente), y que se realiza incluso en contra de lo que las leyes, reglamentos e incluso los manuales suelen indicar. Por ello, se necesita evidenciar la ilegitimidad de los discursos que pretendan hacer creer que es correcto un funcionamiento selectivo de las comisiones; así como actuar a fin de que los actores involucrados en esto abandonen estas justificaciones contrarias a los derechos humanos y se posicionen en el sentido de solucionar el problema.
Así, por ejemplo, es necesario interpelar a quienes han dirigido o dirigen estas instituciones (como hemos hecho con la CNDH ante el GANHRI y de lo cual esperamos resultados, goo.gl/gWqLOA) para que cumplan con la responsabilidad de corregir ese funcionamiento. Asimismo, es necesario lograr que en las próximas elecciones de titulares de las comisiones de derechos humanos uno de los requisitos imprescindibles sea que quienes se postulen asuman un compromiso de eliminar la selectividad en la investigación de los casos. Las personas candidatas a la CDHDF en 2017 (quizá ya como Defensoría del Pueblo) y a la CNDH en 2019 deberán responder a esta necesidad (es difícil pensar que puedan ser quienes ahora dirigen si ahora carecen de voluntad para ello).
Atendiendo a que reconocer la actuación previa en torno a estas instituciones suele vincularse a una necesidad de responder por los hechos pasados, para muchas posibles candidaturas será necesario lograr fortaleza personal y hacerse cargo de esos hechos.
4. Es necesario que las comisiones de derechos humanos cumplan plenamente sus obligaciones en materia de investigación de violaciones de derechos humanos. Existen ya elementos en ese sentido, como es el reconocimiento de la obligación de reparar el daño en la Constitución y el reconocimiento de derechos que se hace desde la Ley General de Víctimas a partir de las actuaciones de las comisiones. Pero aún falta el conocimiento por las víctimas de sus derechos en los procedimientos ante las comisiones, así como la voluntad de transformar esta situación por parte de quienes se identifican como parte de la defensa de los derechos humanos. Es posible que ahora sea incómodo reconocer las inercias en que se ha generado un lamentable confort a costa de las víctimas, pero es necesario reconocerlas si se quiere empujar voluntariamente una transformación y no sólo ser parte inconsciente de la construcción de la historia.
La pregunta sobre si los derechos humanos son una buena apuesta para nuestras sociedades sólo puede resolverse tras asumir seriamente los esfuerzos por hacerlos funcionar, es necesario lograr la voluntad para ello.
