Ciudad de México, 09 de septiembre de 2020. El día 31 de agosto de 2020 el Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Rosarito, en Baja California, condenó a la periodista Carmen Olsen a una pena de seis meses de prisión por el delito de ultrajes a la autoridad, lo que “constituye un grave retroceso contra la libertad de expresión en México y la posibilidad de usar el aparato judicial para acallar el trabajo de periodistas”, lamentó ARTICLE19.
El 4 de enero de 2013, la periodista fue agredida físicamente por los policías Rafael Rodrigo García Robledo y Juan Álvarez Feliciano, quienes trataron de impedir que fotografiara la detención de una persona que realizaban en la vía pública. Olsen, quien se encontraba ejerciendo la labor periodística en ese momento, fue -como consecuencia- detenida arbitrariamente.
Los policías municipales denunciaron a la periodista por el delito de ultrajes a la autoridad y alegaron que la periodista “los ofendió” durante la detención arbitraria, por lo que la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California inició una averiguación previa. Desde entonces, ARTICLE 19 asumió la representación y acompañamiento de la periodista.
La organización defensora de la libertad de expresión recordó que ese tipo de normas restringen ilegítimamente la libertad de expresión, tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta incluso ha declarado la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad” en la Ciudad de México.
“De igual forma, es importante reiterar cómo por medio de sede judicial, año tras año se busca silenciar a periodistas, a través de demandas o denuncias. ARTICLE 19 documentó en 2019, un total de 46 agresiones mediante uso ilegítimo del poder público, de las cuales, 9 han consistido en hostigamiento judicial por la vía civil y 7 por hostigamiento ministerial o judicial mediante la vía penal”, informó la organización.
Las y los defensores precisaron que aunque la periodista no será privada de su libertad con motivo de esta condena, debido a los beneficios que corresponden por ley y el rango de penalidad del delito, la sentencia no deja de ser un precedente muy negativo ya que posibilita a que aquellas autoridades que sean cuestionadas o criticadas puedan denunciar la labor que realizan las y los periodistas. ARTICLE 19 apelará la sentencia condenatoria y continuará trabajando para que Carmen Olsen sea absuelta y los responsables de censurarla sean efectivamente sancionados.
ARTICLE 19 reiteró la exigencia al Congreso de Baja California para derogar los delitos en contra de funcionarios públicos o “ultrajes a la autoridad”, de los que tanto instancias internacionales como nacionales han establecido su carácter pernicioso en contra de la libertad de expresión, contrario a un sistema democrático robusto en donde las autoridades deben estar sujetas a un escrutinio y control ciudadano.
Asimismo, ARTICLE 19 exhortó al Poder Judicial de Baja California a incorporar los más altos estándares internacionales y nacionales en materia de libertad de expresión, al momento de tomar decisiones que puedan afectar el pleno ejercicio de derechos humanos, como en este caso, la libertad de expresión.
Finalmente, ARTICLE 19 conminó a al Mecanismo Federal de Protección a revisar el esquema de protección con el que cuenta la periodista, así como su fortalecimiento, con motivo no sólo de este último hecho, sino también de las diversas agresiones que en estos últimos años ha sufrido la periodista.