En el marco del día internacional de los pueblos indígenas, la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público su informe sobre su visita a México realizada del 8 al 17 de noviembre de 2017.
Una de las entidades federativas que visitó fue el estado de Guerrero, en la comunidad Naua de Tlatzala, municipio de Tlapa de la región de la Montaña. En su encuentro con más de 300 indígenas provenientes de los municipios de la Montaña y Costa Chica del estado expresó con mucha animosidad: “Mi misión es poder estar con ustedes para conocer la situación de los pueblos, los retos a los que se enfrentan y sus buenas prácticas. Comunicaré lo que ustedes me digan a las autoridades de México. Haré extensiva sus propuestas y recomendaciones”.
Haciendo honor a su palabra empeñada, Victoria Tauli-Corpuz ha elaborado un informe que muestra las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas de México.
En su informe manifiesta que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser un tema prioritario que requiere una debida reglamentación, conforme el derecho internacional. Para la experta este es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas. Comenta que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México. Los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales. La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios. Manifiesta que en numerosos casos, los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta.
Es muy ilustrativo su comentario relacionado con el caso de la represa la Parota, en el municipio de Acapulco, Guerrero. Escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) de que “agentes estatales convocaban a asambleas agrarias o creaban padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras comunales para los proyectos”. Tuvo conocimiento de que a pesar que los tribunales agrarios anularon los resultados de asambleas agrarias que aprobaron el proyecto, “los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y a recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas afectadas”. Actualmente Marco Antonio Suástegui y 24 comuneros del CECOP se encuentran encarcelados en el penal de Acapulco, acusados de homicidio. La división comunitaria alentada por el mismo gobierno desde hace 15 años, ha exacerbado la violencia que lamentablemente está cobrado vidas de campesinos a causa de este megaproyecto.
La Relatora Especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y sobre el otorgamiento de permisos forestales. Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaria de Economía (SE) comentó el caso emblemático de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de como los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales. San Miguel “impugno concesiones mineras en su territorio así como la constitucionalidad de la ley minera. El caso fue sobreseido tras la cancelación de las concesiones, lo que evitó que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre la ley minera. Dado que sus territorios pueden ser concesionados de nuevo, la comunidad ha vuelto interponer recursos legales. En esta lucha contra los megaproyectos para la relatora la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización. Esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
En cuanto al tema de la libre determinación y participación política la Relatora destaca, “aunque sea algo de manera excepcional, que algunas propuestas de pueblos indígenas para desarrollar su autonomía y su gobierno hayan sido reconocidas por las autoridades federales y estatales “el Tribunal Federal Electoral reconoció el derecho de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, de elegir a sus autoridades durante elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres. En este informe resalta también a las “comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, que han realizado acciones legales para lograr ese mismo objetivo. En este mismo municipio, el tribunal electoral del poder judicial de la federación validó el proceso de consulta celebrada y permitió que en el proceso electoral local de 2018 se elijan autoridades locales sobre sus usos y costumbres”. Para mayor abundamiento de este informe es importante remarcar otro hecho histórico de los pueblos indígenas de Guerrero, que será una grata noticia para la misma relatora al saber que este 15 de julio, los pueblos na savi y me´phaa eligieron a sus autoridades municipales como ellos y ellas lo determinaron en sus asambleas.
Otro tema relevante y de gran preocupación es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas de México. La Relatora hace un reconocimiento expreso a pueblos y organizaciones que han desarrollado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad. Es de suma trascendencia transcribir lo que comenta sobre una experiencia exitosa en el estado de Guerrero: “desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbre indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativas indígenas”. Tuvo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de integrantes de policía comunitarios, acusados de varios delitos. Lamentablemente la actual legislatura que agoniza su periodo se supeditó a la decisión que tomó el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas, como por el eminente antropólogo Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU, quien en su informe sobre México de diciembre de 2003 reconoció a la policía comunitaria como parte de las autoridades indígenas que garantizan seguridad e imparten justicia.
Sobre el tema de la violencia, la impunidad y acceso a la justicia la relatora comenta que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad con niveles alarmante de asesinados, de desplazamientos y desapariciones. Vínculo entre el crimen organizado y algunas autoridades a nivel municipal, estatal y federal contribuyen a la corrupción e impunidad. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron en septiembre de 2014, es emblemático. La relatora especial se reunió con padres de estudiantes provenientes de comunidades indígenas y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos”.
Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia. Para ello citó al Alto Comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos, quien en su visita a México en el 2015 comentó que “la militarización de la seguridad pública no es la respuesta y se debería trabajar para el retiro del ejército de sus funciones temporales de seguridad pública, asegurando esa responsabilidad al ámbito civil”. Una situación extremadamente grave que recabó la relatora especial es que “en Guerrero, la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas”. A pesar de ellas las autoridades impulsan estos proyectos sin atender el grave problema de la violencia perpetrada por grupos de la delincuencia organizada.
Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, para la relatora la discriminación histórica y estructural ha profundizado la marginación y pobreza multidimensional, así como la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados. En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Que son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial.
El acceso a la justicia para las mujeres resulta particularmente problemático con relación al aumento de feminicidios en áreas indígenas en un contexto nacional de alta impunidad respecto a estos crímenes. La relatora escuchó varios testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la falta de sensibilidad a las autoridades competentes para investigar y procesar a los responsables, y en tipificar como feminicidios los asesinatos de varias mujeres. Otra grave preocupación es la violencia obstétrica. Varias mujeres denunciaron negligencia, indiferencia y discriminación del personal de salud contra ellas que requerían atención obstétrica y que tuvo como resultado en algunas muertes y graves lesiones. En la comunidad de Tlatzala la relatora habló con algunas mujeres que fueron víctimas de estas actuaciones indolentes de las autoridades de salud.
Sobre la niñez y la juventud señaló que en “Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento de niños y jóvenes por parte del crimen organizado dada la ausencia de políticas de prevención por parte del estado y de oportunidades económicas. En regiones afectadas por el crimen organizado y tráfico de drogas, quedan pocas opciones a los jóvenes, y frecuente mente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturado, desaparecidos o asesinados.
Sobre las discriminación y acceso a la educación, citó que en Guerrero algunas “comunidades indígenas han emprendido algunas acciones legales para exigir la construcción de escuelas o para obtener un numero suficientes de docentes”. En cuanto a los jornaleros agrícolas, constató que la “mayoría proviene de estados sureños que trabajan en campos agrícolas del norte y que enfrentan graves violaciones laborales y humanos”. Sufren graves problemas por exposición de agroquímicos, la falta de seguridad social y servicios de salud, y en el caso de jornaleras, violencia sexual por los empleadores. Preocupa también la discriminación y la inadecuada atención a los centros de salud en el caso de las mujeres embarazadas o de niños que han sufrido enfermedades o accidentes en los campos agrícolas”. Varios casos de la Montaña fueron presentados a la relatora por parte de padres que perdieron a sus hijos al ser aplastados por un tractor cuando dormían en una orilla del campo agrícola.
Por ultimo cabe resaltar uno de sus comentarios finales sobre la población indígena damnificada. Para la relatora especial “los indígenas afectados por desastres naturales enfrentan problemas particulares. Se informó sobre las 16 mil familias indígenas damnificadas por fenómenos meteorológicos que azotó guerrero en 2013. Los pueblos indígenas desarrollaron una propuesta integral que, con la provisión de recursos adecuados, podría brindar alimentos con pertinencia cultural y bajo el control de las mismas comunidades. Sin embargo, autoridades estatales y federales no han tomado esta propuesta en cuenta y continúan promoviendo programas asistencialistas y sin pertinencia cultural”. Este comentario tuvo como fuente los diversos testimonios de indígenas que asistieron a Tlatzala y donde corroboró las condiciones deplorables en las que viven las familias indígenas y la grave crisis alimentaria que se hace más cruenta en esta temporada donde la sequía ha marchitado la planta del maíz.
El presente informe será presentado por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz, en el 39° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizará del 10 al 28 de septiembre del presente año.