Por Rodrigo Piña
Fue en el año 2016 cuando sujetos armados irrumpieron en casa de la hondureña Berta Cáceres y la asesinaron a balazos. En ese entonces, la defensora y activista indígena Lenca tenía una trayectoria de más de 20 años luchando y protegiendo a su pueblo y su territorio. Era reconocida mundialmente por organizar campañas eficaces contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y de comunidades indígenas.
Berta Cáceres enfrentó (muchas veces ganando) a madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban el suministro de agua a comunidades indígenas. Su última batalla, antes de ser silenciada, fue contra Desa (Desarrollos Energéticos SA), empresa que construía la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en el Río Gualcarque. De acuerdo con el Tribunal Penal Nacional de Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por 7 hombres contratados por ejecutivos de Desa.
A la activista la mataron por no estar acorde a la concepción de desarrollo que tenían aquellos empresarios, que según su intención, era “mejorar la calidad de vida de las comunidades”. Berta perdió la vida y el proyecto quedó suspendido, pero, ¿valió la pena el sacrificio?, ¿Qué son y para qué sirven las represas? son algunas de las incógnitas que surgen ante los hechos.
Las represas son construcciones de tierra, cemento o roca que se colocan en los ríos para interrumpir su flujo natural y así generar un lago artificial que se llama embalse. Esta agua que queda en el embalse, puede ser utilizada para irrigación, evitar inundaciones o para generar electricidad. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, los impactos negativos suelen ser más que los positivos.
La Comisión Mundial de Represas (CMR) integrada por empresarios, gobiernos, investigadores y sociedad civil, demuestran que las represas han impactado severamente en diversos ecosistemas y, a nivel social, su impacto también es grave ya que se estima que alrededor del mundo el desarrollo de grandes represas ha provocado el desplazamiento de entre 40 a 80 millones de personas de sus hogares (véase en https://dar.org.pe/archivos/publicacion/acuerdo_energetico_peru_brasil.pdf). Aunado a los daños ambientales que las represas provocan por sí mismas, se agrega el impacto del humano en el terreno de construcción: caminos de acceso, campamentos de construcción, líneas de electricidad entre otras actividades industriales.
La CMR menciona que los impactos ambientales siempre son negativos y en muchas ocasiones tiene como resultado la pérdida de especies y ecosistemas, es decir, cambios ambientales irreversibles. Asimismo, los embalses construidos producen gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Empero, el desplazamiento de personas es el efecto más común e inmediato.
En Perú, se han tomado cartas sobre el asunto, debido al Acuerdo Energético entre Perú y Brasil. Este consiste en construir centrales hidroeléctricas en territorio peruano para exportar energía eléctrica a Brasil por 30 años. Sin embargo, existe preocupación por parte de la población peruana, ya que no saben con exactitud si las hidroeléctricas puedan generar la energía suficiente para ambos países y, lo más importante, no están seguros sobre la pertinencia de construir un proyecto de tal magnitud en la amazonía peruana, porque sin lugar a dudas tendría un efecto negativo e irreversible en los ecosistemas de la región.
El río Inambari sería uno de los lugares en donde se construiría la hidroeléctrica que se conectaría a Brasil. De ser así, traería consigo impactos socioeconómicos como el desplazamiento de las poblaciones que habitan el lugar donde se va a construir la represa e impactos ambientales debido a que la vegetación y animales pequeños que habitan el lugar quedarían bajo el agua y también habría desplazamiento y extinción de especies endémicas.
El cañón de Pakitzapango es otra zona en donde se pretende construir otra represa cuyo embalse inundaría territorios ancestrales de comunidades nativas Ashaninkas que se asientan en la cuenca del río Ene. Tal situación, ha provocado descontento a nivel nacional e internacional porque no se toman en cuenta los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, el proyecto no cuenta con un estudio de pre-factibilidad, lo cual podría resultar en una catástrofe.
Así como el caso del río Inambari, la construcción de esta hidroeléctrica en el cañón de Pakitzapango traería consigo un desplazamiento forzado de comunidades Ashaninkas afectando directamente en su cultura y tradiciones, las cuales están estrechamente ligadas a aquel territorio. Asimismo, el impacto ambiental no sería mínimo, pues se habla de la deforestación de 30 mil hectáreas de bosque. “¿Por qué siempre los mismos debemos de pagar los costos del progreso?” se cuestiona Ruth Buendía, Presidenta de la Central de Ashaninka del Río Ene (CARE). “Nos han tratado siempre como peruanos de segunda y nos piden sacrificios de primera” continúa.
Por lo anterior, La Comisión Mundial de Represas, recomienda reducir la demanda de energía e invita a incentivar el uso eficiente de la misma, para que con ello queden cancelados proyectos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y se promuevan opciones alternativas como centrales hidroeléctricas pequeñas que no necesitan represas, o bien, fuentes producción de energía eólica, solar y geotérmica.
Ejemplo de lo anterior es Uruguay, pues en los últimos años transformó su matriz eléctrica. El 97% de la electricidad de este país se genera a partir de fuentes renovables, y si bien la mayor parte es hidroeléctrica, tan sólo en 2018 el 38% de la electricidad generada fue eólica y la demás energía se generó mediante biomasa y energía solar.
Si se sigue el ejemplo de Uruguay, también se pueden evitar catástrofes como sucedió con la represa de Hidroituango en Colombia, que puso en riesgo a miles de personas que corrieron el riesgo de quedar bajo el agua, o bien, como pasó en Brasil con la ruptura de la presa Brumadinho en el año 2019 y que dejó decenas de muertos y centenas de desaparecidos. Casos así hay en todas partes, pues según datos de la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD, por su siglas en inglés), advierte que hay 59,071 represas en todo el mundo, sin sumar las próximas a construirse.
En México, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, informó que revisará el proyecto de la represa Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, el cual tiene como objetivo principal llevar agua a la Ciudad de León, Guanajuato y Guadalajara. Sin embargo, especialistas nacionales, investigadores y pobladores denuncian que el verdadero objetivo es llevar agua a las grandes empresas asentadas en Guanajuato. Además de que se corre el riesgo de inundar a tres pueblos y se corre el riesgo de perder 6 mil hectáreas de tierras cultivables.
