Contaminación, daños a la salud, elusión de pagos y deterioro en las relaciones comunitarias son algunas de las consecuencias después de 12 años de que Minera Cuzcatlán se instaló en San José del Progreso, Oaxaca. Y aunque la mina está situada en esa zona, los municipios vecinos que están asentados en los valles centrales perciben las secuelas de la explotación de la tierra.
Por Sandra Suaste / @regeneracion_r
Autoridades municipales y agrarias de San Pedro Apóstol exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que ponga un freno a Minera Cuzcatlán y les niegue el permiso que necesitan para operar hasta 2033. Señalan que la firma canadiense derramó 1 millón 516 mil litros de residuos tóxicos en el Río Coyote, ubicado en el municipio de Magdalena Ocotlán y desde entonces las condiciones ambientales y de salud se agravaron.
El oro y la sanidad se agotan
Los recursos minerales, principalmente el oro y la plata, están a punto de agotarse. De acuerdo con las primeras proyecciones de la empresa, cuyo nombre canadiense es Fortuna Silver Mines, para 2021 ya no habría recursos. Después solicitaron un permiso por 13 años más en donde se contempla el abandono y cierre de la mina. Esa licencia les permitiría continuar con la comercialización a nivel mundial y prevén que para 2033 ya no habrá minerales para extraer. Desde el año 2016 remueven al menos 3 mil toneladas de tierra cada día.
El río de Magdalena Ocotlán quedó contaminado el 8 de octubre de 2018 cuando se presentaron “lluvias atípicas”. En el agua hubo una presencia elevada de sustancias como el talio, eliminada de algunos países por sus efectos cancerígenos. En Estados Unidos está prohibida desde 1972. Este dato consta en los estudios realizados por Intertek y ABC Analitik, adjuntos en el expediente administrativo PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solicitado por Regeneración Radio.
Los habitantes de Magdalena Ocotlán frenaron la camioneta presidencial con una manta blanca que tenía una demanda: «Cancelación de las concesiones mineras. Fuera fortuna Silver Mines de Oaxaca».
Ese 28 de junio de 2019 los afectados por el derrame le entregaron una carta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en donde le explicaron los motivos para rechazar a la minera. Con un cierre de avenida lo interceptaron en su paso por la carretera federal Oaxaca- Puerto Ángel.
Ese día le mostraron las fotos de agua mezclada con residuos tóxicos grises y le dijeron: «El agua nos sale sucia. Personas que ni son de México nos vienen a engañar», para referirse a las empresas trasnacionales que operan en la entidad. A lo que respondió: «Va a venir una gente de parte mía», pero no habido resolución de la SEMARNAT que fue la instancia delegada para atender el caso.
LOS CONTRASTES DE LA PANDEMIA
En 2020, mientras los oaxaqueños tuvieron carencias de agua para la higiene que se recomienda como medida preventiva ante el contagio del COVID-19, la empresa incrementó sus ganancias debido al alza en el precio de los metales. En ese año reportaron un ingreso de 279 millones de dólares, a pesar de que afirman que fueron afectados por la suspensión de operaciones durante los 54 días de cuarentena. A los hogares de los habitantes de los alrededores de la minera llegó una bolsa azul con el logotipo de la empresa que contenía una botella de cloro y un detergente en polvo .
El nuevo proyecto de la minera se llama San José II y contempla 75 obras nuevas para la operación. La SEMARNAT se comprometió a revisar el caso con las autoridades de San Matías Chilazoa (Ejutla). San Felipe Apóstol (Ocotlán), Texas de Morelos (Ocotlán), San Pedro Apóstol (Ocotlán) y el comisariado ejidal de Magdalena Ocotlán.
En ese encuentro los funcionarios acordaron entregar toda la información referente al caso, realizar nuevos estudios de agua, suelo, aire y lodos residuales en el agua (sedimentos). Otra de las promesas fue entregar una copia de la solicitud de la consulta pública para aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto “San José II”, pero ya no regresaron.
SAN JOSÉ I. “LOS ANTECEDENTES”
Minera Cuzcatlán llegó al municipio de San José del Progreso en 2009 y se instaló por la fuerza, en un operativo conjunto con del Gobierno Federal a cargo de Felipe Calderón Hinojosa y Estatal, con Ulises Ruíz Ortiz. En ese entonces la población manifestó su rechazo. En ese contexto se dio el asesinato de líderes comunitarios como Bernardo Vásquez Sánchez en 2012 y los conflictos municipales se agudizaron.
Los habitantes señalan cómo viven de manera cotidiana las consecuencias de la presencia minera a 12 años de que se instaló en el estado de Oaxaca, particularmente en los valles centrales: “La tierra bajo nuestros pies cimbra constantemente; una capa de polvo blanquecino se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas y se aprecia en los techos y ventanas”.
A dos kilómetros de distancia de la mina, aparecieron peces muertos en 2019, en la presa Benito Juárez. Una habitante señala que el agua presentó espuma blanca, tonalidades cafés y pica al contacto con la piel. Las comunidades que emitieron el comunicado de denuncia el pasado 8 de abril de 2021, señalan “la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes”.
El cambio de coloración en el agua potable, las epidemias de hepatitis y el aumento de enfermedades de las vías respiratorias son algunos de los cambios que se detectaron en la salud de quienes viven en Magdalena Ocotlán, esto después del derrame.
No solo el agua está contaminada. De acuerdo con datos emitidos por la SEMARNAT, Compañía Minera Cuzcatlán S. A de C. V. emitió en el aire 20.39 kilogramos de plomo tan solo en 2018, en forma de respirables, humos o vapores.
Para cancelar el proyecto minero es necesario que la SEMARNAT le niegue a la minera la aprobación de la MIA, por lo que las comunidades exigen que no se ratifique este trámite, pues están preocupadas por los daños en su cuerpo y en sus tierras. Además, exigen a Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, que cancele las concesiones mineras.
A dos kilómetros de distancia de la mina, aparecieron peces muertos en 2019, en la presa Benito Juárez. Una habitante señala que el agua presentó espuma blanca, tonalidades cafés y pica al contacto con la piel. Las comunidades que emitieron el comunicado de denuncia el pasado 8 de abril de 2021, señalan “la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes”.
El cambio de coloración en el agua potable, las epidemias de hepatitis y el aumento de enfermedades de las vías respiratorias son algunos de los cambios que se detectaron en la salud de quienes viven en Magdalena Ocotlán, esto después del derrame.
No solo el agua está contaminada. De acuerdo con datos emitidos por la SEMARNAT, Compañía Minera Cuzcatlán S. A de C. V. emitió en el aire 20.39 kilogramos de plomo tan solo en 2018, en forma de respirables, humos o vapores.
Para cancelar el proyecto minero es necesario que la SEMARNAT le niegue a la minera la aprobación de la MIA, por lo que las comunidades exigen que no se ratifique este trámite, pues están preocupadas por los daños en su cuerpo y en sus tierras. Además, exigen a Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, que cancele las concesiones mineras.
