Mientras senadores destacan el potencial económico del Corredor Interoceánico, colectivos y pueblos indígenas denuncian agresiones, despojo territorial y falta de consulta previa.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 12 de febrero 2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), promocionado por el gobierno federal y legisladores como un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico, industrial y social de México, en particular de la región Sur-Sureste, históricamente marginada. Sin embargo, detrás de este discurso de progreso, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas han levantado la voz en diferentes ocasiones para denunciar graves violaciones a los derechos humanos, despojo territorial y daños ambientales.
El día de hoy, el senador Antonino Morales Toledo, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, resaltó que este proyecto busca ser un motor de desarrollo regional, con beneficios que se extenderían a nivel nacional e incluso internacional. Sin embargo, las comunidades indígenas y colectivos ambientalistas cuestionan la forma en que se ha implementado, señalando que se ha ignorado su derecho al consentimiento previo, libre e informado, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos internacionales.
Según la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) Desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023, se han registrado 26 agresiones contra defensores de derechos humanos y territorios indígenas en el marco de la construcción del CIIT. Estas agresiones incluyen intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, violencia física e incluso homicidios. Los perpetradores, según denuncian las organizaciones, son fuerzas públicas, trabajadores de empresas privadas y miembros del crimen organizado.
Uno de los casos más emblemáticos es el del pueblo ayuuk, en la zona de Mogoñe Viejo, Oaxaca, que ha mantenido un bloqueo permanente de las vías férreas durante 28 días en protesta por la imposición del proyecto. En respuesta, el gobierno federal ha estigmatizado a líderes comunitarios y organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), acusándolos de obstaculizar el desarrollo.
Además, ALDEA, detalló que el CIIT se está construyendo sobre territorios ancestrales de 12 pueblos indígenas, entre ellos mixes, zapotecas, nahuas y chontales, sin que se haya realizado una consulta adecuada. Esto no solo viola sus derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo su identidad cultural y sus formas de vida tradicionales.
Según las organizaciones, el proyecto, que incluye la modernización del ferrocarril, la construcción de puertos comerciales, carreteras, un gasoducto y diez polos de desarrollo, afectará directamente a 79 municipios en Oaxaca y Veracruz. Colectivos ambientalistas advierten que estas obras tendrán un impacto irreversible en los ecosistemas de la región, ya de por sí vulnerables.
