Tras el cierre del Parque Revolución -mejor conocido como Parte Rojo- y ante la negativa de las autoridades municipales a ofrecer soluciones, las y los comerciantes que se instalan en este espacio público desde hace cinco años, decidieron tomar una parte de la avenida Vallarta para exigir un diálogo con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, a quien le quieren hacer saber que cerrarles sin previo aviso el espacio es un duro golpe para sus economías familiares.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799/ @ZonaDocs
El pasado jueves 24 de abril de 2025, el Ayuntamiento de Guadalajara comenzó las obras de intervención en el Parque Rojo, esto como parte de las remodelaciones previstas para albergar el FIFA Fan Fest del Mundial 2026, el problema es que para hacer estos trabajos optaron por cercar ambas secciones del espacio público sin tomar en consideración que -desde hace cinco años- todos los sábados cientos de comerciantes -principalmente mujeres- se reúnen ahí para vender todo tipo de mercancías con las que obtienen un sustento importante para sus familias.
Tras una protesta en el Palacio Municipal de Guadalajara, ocurrida el 25 de abril, quienes se instalan en el Parque Rojo se organizaron para hacer un plantón el sábado (26 de abril) a la espera de que las autoridades municipales de Guadalajara les expliquen por qué tomaron la radical decisión de cercar su centro de trabajo.
Ese día, poco antes de las siete de la mañana, las y los comerciantes comenzaron a llegar no sólo con sus puestos o mercancías, sino también con pancartas y consignas. Reunidos sobre Avenida Vallarta -vialidad que divide en dos el Parque Rojo-, protestaron contra el cierre del espacio público que durante cinco años ha sido su fuente de sustento.
A unos pasos, las mallas perimetrales ya cubrían los alrededores del parque, lo que hacía imposible instalar sus emprendimientos como lo hacen cada sábado. Las lonas y estructuras que usualmente daban vida a este tianguis habían sido reemplazadas por rejas con tela café, maquinaria y silencio.
Aunque las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara aseguran que el cierre había sido informado previamente, las personas que dan vida a este tianguis sostienen lo contrario, pues aseguran que, pese a los diálogos que habían sostenido, nunca se les comunicó una fecha específica para su desalojo y, mucho menos, se les ofreció una opción viable para la reubicación de sus puestos.
Karina, una de las coordinadoras del espacio, expresó que no hubo respeto por su “chamba”, ya que sí les habían anunciado una restauración, pero también dijeron que habría diálogo. “De repente, sólo cerraron todo: ¿Dónde quedó ese diálogo del que hablaban?”, señala.
Ella fabrica ropa y vende ahí desde hace casi cinco años, por lo que no sólo es una afectación en la logística, es una gran afectación económica:
“No es lo mismo comprar para revender que fabricar. Ya gasté en telas, en mis toldos, en todo. Y ahora no sé cómo voy a sacar eso: ¿Qué pasa si mi hija se enferma? Yo vivo al día”, concluye.
Se estima que más de mil 200 comerciantes se ven afectados por el cierre del parque. Según Karina, la propuesta del Gobierno de Guadalajara de reubicarlos en espacios como el Tianguis Cultural en el Parque Agua Azul o el Parque El Refugio está lejos de ser una solución viable:
“Nos dijeron ‘escojan ustedes quién sí y quién no’, pues sólo tenían 200 puestos para nosotxs: ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué criterios? Eso no es justo, nos ponen a competir entre nosotrxs por un derecho”, resalta.
Además, subrayó que trasladarse a otra zona implica empezar de cero: “Aquí fue donde empezamos. Aquí están nuestros clientes. Aquí construimos nuestra fuente de ingreso: Nos están desarraigando”.
Otro de los comerciantes afectados es Luis Ramón Zúñiga, quien lleva casi tres años vendiendo en el Parque Rojo, un espacio que se había convertido en el eje de su vida económica y emocional: “Es mi economía base, no tengo otro trabajo más que ser tianguista. Aquí sacaba para la renta, la comida del día siguiente. Somos personas que vivimos al día”.
La pérdida del tianguis, menciona, no sólo es una cuestión de ingresos, sino de identidad, comunidad y protección mutua, pues el Parque Rojo es un espacio seguro para la disidencia y la comunidad LGBT+; así como para colectivos artísticos y sociales, por ejemplo, para Colectiva Hilos que realiza cada domingo un bordado para todas las víctimas de la violencia en México:
“Sí sentimos como que es un borrón para todas las disidencias que estamos aquí. Era un lugar donde podíamos estar tranquilos. Ahora ya no tenemos eso”, señala Luis Ramón.
A su lado se encontraban, Anakin y William, quienes definen al Parque Rojo como un ente de crecimiento, aprendizaje, como una comunidad.
“Esto me dio oportunidad porque no podía estudiar, …. yo de aquí me sostengo. Iba a ahorrar para diplomados, porque uno sabe que empezar un emprendimiento no es ganar de inmediato. Primero hay que invertir. Aquí lo logré, pero ahora no sé que voy a hacer” comparte Anakin.
Ambos jóvenes comerciantes coinciden en que este no es sólo un golpe a su ingreso personal, sino a toda una red que depende de este punto para sobrevivir:
“Muchos vivimos con hermanos, con roomies. Esto afecta a nuestras casas, a nuestras familias. Incluso, personas en situación de calle que nos ayudan cuidando carros o barriendo los sábados. Aquí todos nos apoyamos. Les das una moneda, les das comida. Ahora ni eso van a tener”, expresa William.
Pero la afectación, consideran, van más allá del tianguis del sábado, pues las rejas que ahora impiden el acceso al Parque Rojo también interrumpen la vida diaria de la ciudad, por ejemplo, las entregas de mercancía que se hacen ahí entre semana, las reuniones informales y los descansos bajo la sombra de quienes trabajan en la zona.
“La gente cree que sólo trabajamos los sábados, pero entre semana también entregamos aquí productos. Las bancas eran un lugar de descanso y encuentro. Quitarlas también es borrar la posibilidad de convivir”, señalaron Anakin y William.
Para ambos, el colocar una malla es replicar la arquitectura hostil que se ha ido imponiendo en Guadalajara: picos metálicos, rejas, barreras que expulsan a las personas de los espacios públicos, sobre todo a quienes no encajan en los estándares de consumo o estética urbana. Además, Anakin subrayó un punto crucial: esta no es una exigencia por un favor o una excepción, pues lo que buscan es regularización, reconocimiento y trato justo.
“No queremos nada gratis. Sólo que nos regularicen para que podamos trabajar legalmente, pagar una cuota, tener seguridad. Queremos construir algo duradero. Desde nuestro colectivo, Lado Mixto, lo hemos intentado: sacamos permisos, buscamos diálogo, pero siempre ha sido difícil”.
Por su parte, William afirmó que la acción está pensada en el turismo extranjero, pero qué pasa con quienes viven en el estado, con la vida de quienes habitan las calles todos los días y no solo para un evento. El cierre del Parque Rojo, afirman, no es un asunto menor: “Esto no es limpieza, es abandono”.
En su camioneta junto con su familia estaba José Luis Rosales Muñoz, apicultor originario de Atotonilco el Alto, Jalisco, quien llegó al Parque Rojo hace dos años impulsado por la necesidad: su hija estudia en Guadalajara y él buscaba una manera de sostener a su familia desde aquí. En el tianguis sabatino encontró algo más que un ingreso, encontró comunidad:
“Aquí hicimos clientes, hicimos amigos, nos sentimos como familia, pero me da tristeza que el Gobierno de Guadalajara, nomás porque es el gobierno, nos quite sin avisarnos”.
A él, el cierre afecta de forma directa y brutal a su economía familiar, ya que es su sustento principal para las comidas y la vida diaria, y pese a las declaraciones de las autoridades, nunca ha visto que quieran regular el espacio, hasta el día jueves que comenzaron a cercar el Parque Rojo.
El caso de José Luis evidencia que el impacto del cierre de este espacio público va más allá de los números: es un golpe a la red social y comunitaria que se ha construido a lo largo de los años en este espacio.
La situación que atraviesan las personas comerciantes del Rojo no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural en Guadalajara y muchas otras ciudades del país donde existe una: falta de reconocimiento y garantías para quienes integran la economía informal.
De acuerdo con datos del INEGI (2024), más del 55% de la población ocupada en Jalisco trabaja en condiciones de informalidad, y en el Área Metropolitana de Guadalajara, miles de personas dependen del comercio ambulante o semifijo para sobrevivir.
Lejos de ser un obstáculo para la ciudad, la economía informal sostiene una parte importante del consumo diario, especialmente en zonas céntricas. Los tianguis no solo ofrecen productos accesibles para quienes no pueden pagar precios de centros comerciales, también generan redes de solidaridad, empleo familiar y estabilidad económica para sectores tradicionalmente excluidos.
Sin embargo, en nombre del “ordenamiento urbano” y bajo el pretexto de ser sede de un evento internacional como el Mundial de la FIFA 2026, estos espacios suelen ser los primeros modificados y, con ello, ocurren desplazamientos urbanos forzados, pues tampoco se quiere a las personas que se han apropiado de un espacio público que -por unos cuantos días- se convertirá en un espacio comercial para el turismo.
Expertas y expertos en desarrollo urbano han señalado que este tipo de intervenciones, cuando no se acompañan de procesos participativos, diagnósticos sociales o alternativas reales de reubicación, tienden a profundizar la desigualdad y a marginar aún más a quienes ya viven en condiciones precarias.
Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: “la informalidad no es sinónimo de ilegalidad”, pues aunque muchas de estas personas no cuenten con permisos formales, esto no borra su derecho al trabajo ni la obligación de los gobiernos de generar políticas públicas inclusivas.
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“Somos artistas no delincuentes” se leía en la pancarta de Miriam, la cual estaba ilustrada con sus stickers que suele vender en el tianguis que la recibió hace cuatro años. Este espacio para ella fue donde surgió la oportunidad para mostrar y vender su arte: “Yo vendo ilustraciones, stickers, prints, libretas, y pines. Todo lo hago en mi casa. Al principio era un ingreso extra, pero ahora es mi fuente principal”.
Con su arte como única fuente de ingresos, Miriam no sólo ha financiado su propio desarrollo, también ha aportado a su hogar. Y si bien, tiene el apoyo de su esposo, perder este segundo ingreso representa una pérdida fuerte y un reajuste a sus finanzas.
Para ella, detrás de cada puesto hay también procesos creativos, horas de trabajo en casa, estrategias de autoempleo, y un deseo claro de vivir de lo propio. Cerrar el parque es cortar también esas posibilidades de autonomía.
Lin lleva aproximadamente tres años vendiendo ropa personalizada, como diseñadora, ella crea los estampados y realiza el planchado de las prendas: “Vendo desde camisetas nuevas hasta ropa personalizada, enfocada en diseños como Hello Kitty, que son populares entre lxs chavxs”.
Y esta no sólo era una forma de generar ingresos, sino también la manera de sostener sus estudios y su vida independiente.
“Soy estudiante y pago mi renta. No tengo apoyo de mis padres, por lo que todo lo que genero aquí va destinado a mi escuela, mi renta y mi comida. Sin este ingreso, realmente no podría continuar con mis estudios y cumplir mis sueños”.
Al igual que otras, otros y otres comerciantes, Lin puntualizó que la falta de apoyo de las autoridades para regularizar el tianguis ha sido un obstáculo constante:
“Nosotrxs siempre quisimos regularizarnos, nunca fuimos escuchadxs. Y ahora nos enfrentamos a esta situación, que no sólo afecta nuestra economía, sino también nuestra dignidad como trabajadorxs”.
Por su parte, Holly, integrante de una colectiva feminista que ha resistido por casi cinco años, explicó cómo el cierre impacta directamente a las mujeres que dependen de este espacio:
“Este lugar fue tomado como una protesta feminista contra la violencia económica. Muchas de nosotras perdimos empleo tras la pandemia y aquí creamos nuestros proyectos. Ahora, nos afecta directamente la acción represiva del gobierno”.
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Alrededor de la 1:30 de la tarde, los puestos fueron reubicados debido a la constante presencia de la policía y al temor de que les quitaran su mercancía. A pesar del cerco policial, que consistía en al menos seis patrullas de la Policía Municipal de Guadalajara, las autoridades declararon estar allí sólo para garantizar la seguridad de las y los manifestantes; sin embargo, la respuesta fue clara: no abandonarían su lucha.
A pesar de la presión, los puestos permanecieron en la Avenida Vallarta hasta las cuatro de la tarde, cuando, poco a poco, comenzaron a retirarse, dejando la vía libre. Para quienes dan vida al tianguis sabatino del Parque Rojo esta parte de la ciudad quedó vacía, sin vida, como un reflejo de la injusticia que estaban enfrentando.
El cierre del Parque Rojo y las acciones represivas del Gobierno de Guadalajara no sólo afectan la economía de los comerciantes y colectivos, sino que también violan el derecho al espacio público, pues este parque público había sido un refugio para aquellos que lo usaban como un lugar seguro de expresión, encuentro y resistencia.
Al eliminar la posibilidad de un diálogo real y transparente, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, está negando el acceso a un espacio público que debería pertenecer a toda la comunidad.
